El caso de un juez acusado de maltrato infantil en Atotonilco El Alto muestra que, además del abuso de autoridad, el presunto infractor dispone de mecanismos para intimidar a sus denunciantes y permanecer impune.
El responsable del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Atotonilco El Alto, Luis Enrique Razo Jiménez, enfrenta una demanda penal, una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y otra en el Consejo de la Judicatura por lesiones cometidas contra su hijastro de nueve años.
En la averiguación presentada el 20 de abril de 2016 el juez es señalado como presunto agresor (expediente 964/2016); sin embargo, el Ministerio Público ha realizado maniobras para entorpecer la denuncia, afirma Yonathán Hazael Landín Alonso, padre biológico del menor.
Una enfermera, que funge como testigo, narra que el pasado 7 de abril atendió al niño porque presentaba huellas de violencia, como hematomas en un brazo y una lesión en la parte superior del párpado. “Incluso le tomé fotografías”, dijo. Con esa evidencia el padre del menor acudió ante el agente del Ministerio Público (MP) a presentar la denuncia.
Añade que al preguntarle qué le había pasado, el menor “se agarró llorando y yo le agarré su carita y le dije que por qué lloraba, y entonces me dijo que le hablara a su papá”.
La mujer dice que tras insistir, el infante reconoció que lo había agredido “el señor con el que vive, refiriéndose a la pareja de su madre”, es decir el juez Razo Jiménez.
La testigo declaró también que en febrero pasado el niño le comentó que “el señor Enrique lo había agarrado de su cara o de abajo del cuello y lo había levantado, y que incluso lo había amenazado que si le decía algo a alguien le iba a ir peor y lo volvería a golpear”.
La enfermera puntualiza que el menor le manifestó su temor de que le pudiera suceder algo a ella por enterarse de su situación. Al final de su declaración, la testigo responsabiliza al juez Razo Jiménez de “cualquier cosa que le pudiera ocurrir a ella o a su familia”.
Cinco días después de presentar la denuncia y tras una serie de trabas interpuestas por el MP para tratar de obstaculizar el levantamiento de la averiguación, la madre del menor y su pareja sacaron al infante de la escuela donde estudiaba.
Landín Alonso, el padre biológico, afirma que el 13 de abril fue a ver a su hijo a la escuela, pues hacía tiempo que no tenían contacto. “Me vio y en empezó a pegar de gritos de felicidad –describe–: ‘¡Mi papi, mi papi!’, decía, y una maestra de la escuela me dijo que no podía estar ahí porque existía una orden de restricción para impedir que yo me acercara al niño, pero mi hijo le dijo a la profesora que yo no era como Enrique, que yo no le pegaba”. Después Landín Alonso comprobó que dicha orden de restricción no existía.
Recuerda que gracias a los vecinos se enteró de las agresiones del juez contra el niño. Entre éstas figura una vez que el menor tenía un chipote en su cabeza, pero entones nadie le sacó fotografías.
Amigos “buenos y malos”
La abogada de Landín Alonso, Laura Irina González Gastélum, quien radica en la ciudad de Aguascalientes, le entregó a su cliente una carta en que relata la forma en que fue tratada por Razo Jiménez cuando fue a su despacho el 9 de mayo:
“Entré a la oficina del juez, me presenté y le comenté que estaba ahí para tratar de arreglar el asunto (de su hijastro), que queríamos hacer un convenio, y pude darme cuenta que en la oficina tenía cámara de vigilancia y que probablemente me estaba grabando con su computadora.”
Posteriormente, el juez le dijo “que estaba enterado del asunto”. Esa simple referencia le pareció extraña a la abogada, porque no debía estarlo “si la averiguación previa se estuviera haciendo de la forma debida”.
Razo Jiménez le respondió “que mi cliente Yonathán Hazael era un ‘patán’ y que (me) estaba utilizando para obtener sus fines, que justo en ese momento estaba por salir a Lagos de Moreno a ver a unos amigos para sacarle un susto a mi cliente, que lo iba a demandar por alimentos y abandono de hogar”.
González Gastélum menciona que Razo Jiménez mencionó que “tenía amigos buenos y malos” y añadió “que los golpes que se aprecian en las fotos del menor anexadas a la averiguación previa, no se los ocasionó él”.
Según la abogada, esas palabras del juez demuestran que tuvo pleno acceso a la averiguación previa en su contra, por lo que considera que el proceso judicial está plagado de irregularidades.
Finamente, el juez le comentó que el niño “tenía problemas de conducta y que en la escuela sufría de bullying por parte de otros compañeros, dando a entender que los niños eran quienes lo golpeaban”, razón por la que, a decir de Razo Jiménez, él y su pareja estaban llevando al menor a terapias con unos psicólogos muy buenos en Aguascalientes.
Recuerda la litigante: “Me dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que a fin de cuentas él no estaba en el puesto en el que está por pendejo, que ya tenía más de 20 años de servidor público y que yo no lo no iba a ‘meter al bote’ y sacó un fajo de billetes de 500 pesos”. La litigante no aclara si le ofreció el dinero o sólo hizo alarde de su riqueza.
“La mayor parte del tiempo me limité a escucharlo, y sólo le dije que de ninguna manera queríamos perjudicarlo, que lo único que estábamos peleando era el bienestar del niño, que esa era nuestra única finalidad, a lo que me respondió que no podía entregarme al niño en ese momento, que nos esperáramos al fin del ciclo escolar a ver si el niño se quería ir con su papá, o sea mi cliente Yonathán, me dijo que se lo comentara a mi cliente y que después hablaríamos, entonces me levanté, me despedí y me retiré”, finaliza la abogada. Tras este encuentro, González Gastélum dejó el caso.
Lesiones
Después del encuentro entre su abogada y el juez, Landín Alonso promovió una queja en el Consejo de la Judicatura de Jalisco el pasado 15 de junio por la conducta de Razo Jiménez y sus amenazas.
El denunciante señala que el 12 de diciembre de 2015 se enteró del maltrato del juez a su hijo, gracias a que una persona cuyo nombre omite le envió fotografías de las lesiones.
En la queja indica que en las fotos el niño muestra hematomas e hinchazón en diferentes partes. “Mi hijo con mucho llanto me dice que lo saque de su casa porque le tiene mucho miedo a Enrique”, dice en el escrito que entregó en la Secretaría General del Consejo de la Judicatura.
Relata que el 25 de abril, cinco días después de que presentó la denuncia penal, la madre de su hijo y pareja del juez Razo Jiménez dieron de baja al menor de su escuela y exigieron los documentos del infante. Una secretaria de la escuela notó que el juez portaba una pistola “en su cangurera”.
Landín Alonso también presentó en la CEDHJ la queja 6295/16/III por los mismos hechos. Acompañó su escrito con el testimonio de una maestra del niño, quien confirma que el alumno llegaba a la escuela con lesiones.
En su declaración, tomada el 13 de junio, la profesora relató en las oficinas de la comisión en la región Ciénega que en septiembre de 2015 observó que el menor “llegaba con lesiones visibles”. Preocupada por ello, le preguntó las causas, pero él mostró “temor y resistencia para profundizar sobre el tema”.
Según ese testimonio, el menor al fin reconoció que las lesiones “se las había provocado su amigo, en alusión a su padrastro”. Añade que al regeso de las vacaciones de Semana Santa el niño llegó con nuevas huellas de violencia.
Landín Alonso explica que su exesposa, con quien estuvo casado cinco años, no denuncia el maltrato porque tiene una relación de pareja con Enrique Razo y juntos quieren impedir que él vea a su hijo.
Dice que antes de fungir como juez en Atotonilco, Razo Jiménez ocupó un cargo similar en Teocaltiche, donde conoció a su la madre del niño. Ella estudió para abogada en la Universidad de Guadalajara, en San Juan de los Lagos, y prestó su servicio social en el juzgado que encabezaba Razo Jiménez en Teocaltiche. Incluso “él, en su calidad de juez, fue quien firmó la sentencia de nuestro divorcio”, comenta Landín Alonso.
“Casi inmediatamente después de que se firma la sentencia del divorcio –prosigue–, ellos se trasladan a Atotonilco el Alto, Jalisco, donde tuvieron una niña y eso pasó como año y medio después”.
–¿En la sentencia de divorcio se señala quién tiene la patria potestad?
–La custodia la tiene ella pero la patria potestad es compartida. En vacaciones, días festivos y cumpleaños, la custodia también es compartida.
–¿Se respeta ese acuerdo?
–Ese es uno de los asuntos de mi denuncia: van aproximadamente dos años y medio que no se ha respetado esa parte de la sentencia.
Afirma que en la actualidad su exesposa no le permite ver al hijo con el pretexto de que no aportaba la pensión, pero indica que hace más de un mes depositó 45 mil pesos y en días pasados otros mil 300 para la manutención de su hijo.
Hasta el cierre de la presente edición no se había conseguido contactar al juez Razo Jiménez para obtener su versión sobre los señalamientos en su contra. Nadie responde el teléfono de su despacho en el juzgado de Atotonilco.
Al indagar en el Consejo de la Judicatura sobre el curso de la queja que presentó Landín Alonso contra Enrique Razo, el área de Comunicación Social de ese organismo respondió que no existe ninguna queja contra ese juez y que se trata de un asunto entre éste y el particular.
Sin embargo, este semanario tiene en su poder copia del escrito, dirigido a la dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades, que se registra como recibido el 15 de junio a las 13:18 horas por la Secretaría General del Consejo de la Judicatura.
