En nuestro artículo anterior “A sangre y fuego vs los maestros”, Proceso Jalisco 609) mencioné tres puntos clave en los cuales ha de centrarse la atención de la confrontación del magisterio disidente con el gobierno. Ondea como bandera de resistencia la consigna contra la reforma educativa. Pero el trasfondo es más profundo y hay que buscar desentrañarlo. Ya pasamos somera lupa a la dinámica política SNTE-CNTE y a sus jaloneos laborales, señalados como dos de los tres puntos clave.
Veamos ahora qué encontramos del tercero, referido a la pugna por los recursos naturales. En este tercer rubro se contiene un grado de mayor complejidad, pues nos lleva al entramado de nuestro México profundo. Hemos de buscarle las hebras sensibles que nos permitan entender por qué nuestros pueblos originarios sacan las viejas hachas de guerra para enfrentar la discordia visible, con la que se sienten amenazados.
Es bien conocido que con la reforma al artículo 27 de la Constitución, en 1992 se dio el banderazo inicial para poner a funcionar a nuestro campo al ritmo de las tocatas neoliberales. Los propios voceros del régimen aceptan que la esperanza abrigada por estos próceres neoliberales con tal reforma no cuajó en la avalancha privatizadora de fundos y predios agrícolas esperada. “Es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre la tierra”. Esto declaró la señora Mireille Roccatti hace tres años, siendo la abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el 19 de julio de 2014.
En el capítulo minero de dicha reforma se había establecido la prioridad a favor de la actividad extractiva por encima de cualquier otra en el campo mexicano. Nuestros genios economistas graduados en universidades extranjeras, incrustados en el gobierno federal, no se explican, como vemos, la atonía que domina a los campesinos mexicanos. Piensan de seguro que no han captado la solfa. Por ello decidieron meter el acelerador a fondo.
En su reforma estructural estrella de hace tres años –la energética–, estipularon que ahora las actividades asociadas con el petróleo y la electricidad tienen prioridad sobre todas las demás. Esto viene siendo un clavo de remache aún más pesado a la vieja modificación, que ya atentaba contra la posesión, el dominio y el usufructo de los recursos naturales de nuestros campesinos. El atentado en contra de la propiedad social se ha descarado completamente. Los pueblos originarios se sienten de nuevo agredidos. Es natural que se organicen para defenderse.
La gente del campo soporta la expoliación de muchas maneras. No sólo enfrenta el embate del despojo territorial que es el más visible. Con la presencia y dictámenes del poder federal topan de pronto en sus espacios a compañías y piquetes de trabajadores que exigen que se les franquee el paso para explotar minas, construir presas, carreteras, ductos, urbanizaciones y desarrollos turísticos. Se les roba el agua de sus fuentes ancestrales. Se las excluye de áreas de valor ambiental, a pesar de que casi todas han estado bajo su cuidado por generaciones. Han perdido el control de sus simientes y se las contamina con transgénicos.
El campo mexicano subsidia desde hace casi un siglo el supuesto desarrollo industrial. Los mecanismos para el despojo de la riqueza generada por su trabajo, para trasladarlo a los libros citadinos, no han variado un ápice en cuanto al coyotaje, los despojos y el sometimiento a los intereses de las firmas trasnacionales. La mercantilización de los productos del campo muy poco ha favorecido a los trabajadores agrícolas, por decirlo de manera eufemística. Ahora, con la extendida presencia del manto del narco, o lo que se da en llamar crimen organizado, la sujeción autoritaria y el abandono han venido a profundizar todas estas desigualdades e injusticias.
En las negociaciones que el gobierno federal realizó con el EZLN en los llamados “Acuerdos de San Andrés” por 1996, se establecía para los pueblos indígenas el acceso a los recursos naturales de sus tierras, su hábitat. Se dejaba a salvo lo que estuviera bajo dominio directo a la nación. Los senadores y diputados eliminaron gran parte de la propuesta. Fue muy poco lo que se llevó a la Carta Magna. Esto no es imputable al EZLN, sino a los poderes Ejecutivo y Legislativo que los traicionaron. El EZLN insistió en señalar la falta de solución al problema agrario, la necesidad de anular la reforma salinista del artículo 27 constitucional, para retomar el espíritu de Emiliano Zapata. Esto quedó plasmado en el documento que el EZLN denominó Punto y seguido.
En el estado de Guerrero se han dado importantes movilizaciones contra las concesiones mineras en territorios indígenas. Según lo reportó Aída Hernández Castillo (La Jornada, 16 de febrero. 2016), ahí se encuentran 42 yacimientos mineros, listos para ser explotados. Los lugares donde se permite la minería coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas nahuas, me’phaa y na savi. Estos pueblos de La Montaña y Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de estas concesiones.
En otro reportaje puntual sobre estos mismos asuntos, Pedro Matías y Arturo Rodríguez (Proceso 2069) refieren dos estudios de Educa, para señalar la existencia de 35 proyectos mineros en activo, aunque hay 407 concesiones mineras que aún no se explotan. En tales estudios se documenta también casi medio centenar de proyectos hidroeléctricos. Es inventario que se suma a los parques eólicos que saturan la fisonomía del paisaje del istmo de Tehuantepec. No sólo el istmo, como se observa, sino también la Mixteca y los Valles Centrales de Oaxaca han sido convertidos en escenario activo del despojo.
Al revisar la geografía nacional, salta de inmediato a la vista que entre los estados, a los que la agresión del capital nacional e internacional lanza el guante, destacan Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. ¡Qué curioso que coincidan tales espacios con la efervescencia de oposición y resistencia desplegado por la CNTE en pie de lucha! ¿Por qué la CNTE? Pues porque los maestros de estas zonas son la gente mejor enterada y la más decidida a defender los derechos de nuestros paisanos.
Para cumplirle el capricho a los ricardos, el gobierno busca doblegar a los defensores de los intereses populares. Según sus propias proclamas, ha decidido dialogar con el frente de resistencia magisterial. Habrá que tomar con pinzas sus declaraciones. Se bambolea al caminar. Para entablar acuerdos, sube al estrado al SNTE, la parte charra del gremio. Éste no ha formulado, hasta el momento, una sola postura crítica sobre el conflicto. ¿Con qué cartas de presentación entonces toma el guante?
La actitud conciliadora del gobierno pierde total credibilidad con la designación de Gerardo Gutiérrez Candiani para encabezar los proyectos económicos del programa de Desarrollo de Zonas Económicas Especiales. Se trata de un directivo empresarial de línea dura, fanático neoliberal, del perfil de Aurelio Nuño. No entienden.
