En 2012, Ramón Lara Rodríguez fue despojado de su parcela Los Coyotes mediante argucias jurídicas y falsificación de su firma. El caso implica a su antiguo representante jurídico, Alipio Mercado, así como a varios funcionarios del ayuntamiento de Tala y al entonces alcalde Antonio López Orozco. Los primeros avalaron los trámites ilícitos, mientras que López Orozco, quien actualmente es diputado local por el PRI, dio luz verde para que en ese predio se construyera el fraccionamiento Tierra Blanca.
Ramón Lara Rodríguez acusa al priista Antonio López Orozco, quien fue presidente municipal de Tala en el trienio 2012-2015, de ser partícipe en el despojo de su parcela denominada Los Coyotes, del ejido de Tala, para construir ahí el fraccionamiento Tierra Blanca.
Plácido Navarro Ramírez, representante legal de Lara Rodríguez, asegura que éste se encuentra discapacitado desde febrero de 2010 a causa de un infarto cerebral.
Relata que el 5 de mayo de ese año, José Luis Montes López y José Gómez Limas, presidente y tesorero de la asociación vecinal Fraccionamiento Tierra Blanca, respectivamente, presentaron una solicitud ante el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Jalisco, José Antonio de la Torre Bravo, con el fin de cancelar el certificado número 82796, correspondiente a la parcela 595Z1P4/4 del ejido de Tala, perteneciente a Lara Rodríguez.
En el documento, que fue recibido el 14 de mayo siguiente, Montes López y Gómez Limas pedían se les expidiera un nuevo título de propiedad agrario con el fin de vender el terreno. El trámite quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, pero los solicitantes falsificaron la firma de Lara Rodríguez.
Navarro Ramírez aclara que su cliente es analfabeto, por lo que suele usar su huella o una X en lugar de firma cuando se trata de validar algún documento. Asimismo, muestra una denuncia presentada por Lara Rodríguez el 30 de octubre de 2012 ante el agente del Ministerio Público de Tala contra Alipio Mercado Sandoval, el anterior representante legal de Lara Rodríguez, por abuso de confianza, fraude específico y administración fraudulenta (AP 593/2012-V).
En su querella penal, Lara Rodríguez expuso: “En virtud de que no puedo valerme por mí mismo otorgué una carta poder a Alipio Mercado, con fecha 11 de octubre de 2011, ante el notario público número 1 de Tala, Eleno Vega Guerrero, pero me defraudó, nombrando un comité de colonos (para el fraccionamiento Tierra Blanca)”.
El comité se constituyó el 29 de abril de 2012 y quedó integrado por Montes López, como presidente; Teresa de Jesús Jiménez Hernández, como secretaria; Gómez Limas, como tesorero, y Zaul Flores Gutiérrez y Martha Macías Macías, como sus suplentes.
Mercado vendió “lotes de mi terreno, sin darme dinero alguno; por tal motivo revoqué el poder que le había otorgado”, expuso Lara Rodríguez, por lo que el trámite quedó invalidado en agosto de 2012.
Sin embargo, Mercado le está cobrando a Lara Rodríguez 350 mil pesos “por concepto de pago de representación y gastos que realizó ante las autoridades municipales”, sostiene Navarro.
Dice que investigó en la Dirección de Catastro municipal que en la cuenta del terreno que le despojaron a su representado había un adeudo por el predial de 243 mil 640 pesos correspondientes al año 2012.
El denunciante indica que en 2010 autorizó a Mercado vender dos lotes para cubrir “adeudos y gastos” y contratar al topógrafo Gustavo Godínez Solano para regularizar el fraccionamiento.
Sin embargo, Mercado conformó el comité de colonos Tierra Blanca, cuyos integrantes vendieron a terceras personas esa superficie de Lara Rodríguez, falsificando su firma, “respaldándose en el poder que le entregué y copia del título de propiedad agrario”, expuso el afectado.
El RAN les entregó el título con el número 000000007930 el 10 de febrero de 2011. Montes López, Gómez Limas, Mercado y Manuel Gutiérrez Reynaga –propietario de una parcela aledaña– lo inscribieron ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio dos semanas después, el 25 de febrero, con el folio real 2589618, bajo el concepto de cesión de derechos por parte de Lara Rodríguez.
El trámite quedó estipulado en el acuerdo DG/40/2010, firmado por la coordinadora del área de la Propiedad, Miriam Araceli García Gómez.
El 25 de septiembre de 2012, tras enterarse de las intenciones de despojo, el afectado presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Tala por el robo del título de su propiedad. La querella fue recibida por María de Jesús González.
Lara Rodríguez se enteró que la asociación vecinal del fraccionamiento Tierra Blanca –constituida ante Carlos Fabián Mercado Rodríguez, entonces secretario general de Tala– comenzó a vender su propiedad por medio de lotes. Posteriormente, sus integrantes acudieron con el acta constitutiva en mano ante el director de Desarrollo Urbano del mismo municipio, Mario Édgar Mata Sigala, quien autorizó la venta.
El aval de López Orozco
El 4 de diciembre de 2012, la asociación vecinal solicitó al entonces presidente municipal, el priista Antonio López Orozco –hoy se desempeña como diputado local–, ingresar el fraccionamiento Tierra Blanca al programa para la regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos irregulares en propiedad privada en el estado de Jalisco, conforme al decreto 20290, expedido por el Congreso local.
En el escrito entregado a López Orozco los representantes vecinales sostienen que el fraccionamiento se ubica en la parcela de Lara Rodríguez, cuya superficie no es de 7.6 hectáreas, sino de 81 mil 564 metros cuadrados.
De acuerdo con Navarro, López Orozco prometió a los posesionarios del fraccionamiento Tierra Blanca que el ayuntamiento les escrituraría bajo el decreto 20290 –regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos irregulares en propiedad privada en el estado de Jalisco–, para lo cual cada uno tendría que pagar de 3 mil a 10 mil pesos.
En su artículo 3, el decreto establece que el beneficio es para los titulares de predios que se localicen en áreas de reserva urbana a corto plazo, progresiva o de renovación urbana o estén incluidos en el inventario integrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano o por la Procuraduría de Desarrollo Urbano, que sea aprobado por los respectivos ayuntamientos.
El artículo también especifica que “los titulares de lotes o predios podrán comparecer en cualquier momento ante el ayuntamiento de su localidad, a fin de solicitar la inclusión del fraccionamiento o predio en dicho inventario para lograr el beneficio de este decreto, siempre y cuando acrediten con documento idóneo su existencia anterior al 31 de diciembre de 2000 y que cuenten con una ocupación habitacional de 50% como mínimo”.
A pesar de no reunir esos requisitos –el predio se ofreció como fraccionamiento a partir de 2012 y de los 223 lotes sólo se han construido 23 casas–, López Orozco dio su aval para que se registraran.
En enero de 2013, Navarro acudió con Mata Sigala para informarle que Mercado ya no era el representante legal de Lara Rodríguez, y le expuso que él se encargaría de los trámites relacionados con el predio Los Coyotes. El funcionario le mostró al abogado un acta del comité vecinal en la cual sus integrantes afirmaban que ellos eran los encargados de fraccionar Tierra Blanca.
Proceso Jalisco consultó una copia del aviso de transmisiones patrimoniales –folio COMUR 13-II/2013– emitido por la Tesorería y la Dirección de Catastro de Tala, en el cual se especifica que el 10 de septiembre de 2015, mediante la resolución administrativa, el decreto 20920 del Congreso estatal, se transmite por contrato privado de compra-venta el predio urbano número 11, con una superficie de 339 metros cuadrados.
Según el documento, el transmitente fue el “ayuntamiento de Tala, Jalisco, con fundamento en el decreto 20920 del Congreso del estado de Jalisco”. En la parte inferior, en el apartado de “nombre y firma del notario”, aparecen la rúbrica de López Orozco y el sello de la Presidencia Municipal.
El 11 de marzo de 2014 Lara Rodríguez presentó una queja –la 7643/14/III– ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra el agente del Ministerio Público de Tala. El organismo resolvió el 27 de marzo de 2015, según quedó asentado en el oficio 175/2015, que no existían “elementos suficientes que acrediten actos violatorios de derechos humanos”.
Para su investigación, la CEDHJ solicitó al Ministerio Público rendir un informe de sus actuaciones dentro de la averiguación previa 593/2012-A. El 9 de diciembre de 2014, el organismo recibió el oficio firmado por Pedro Rodríguez Ornelas, agente del Ministerio Público de Tala, según el cual la querella fue ratificada por el afectado el 15 de noviembre de 2012.
También mencionó que el 11 de diciembre de 2012 Mercado declaró que fue contratado por Lara Rodríguez en octubre de 2010 “para arreglar asuntos en la Procuraduría Agraria”. Aceptó que vendió el terreno donde ahora se construye el fraccionamiento Tierra Blanca en 250 mil pesos, y que cuando la esposa del afectado le pidió rendir cuentas de su trabajo, él informó a Lara que le debía 350 mil pesos por concepto de gastos y representación.
El matrimonio se negó a pagar esa cantidad, por lo que Mercado se quedó con el dinero producto de la venta.
El 21 de febrero de 2013, según el Ministerio Público, se notificó a Lara Rodríguez que se presentara a declarar en torno a los hechos investigados en compañía de dos testigos. No compareció.
La CEDHJ le recomendó a Lara Rodríguez acudir a la Procuraduría Social del estado para recibir asesoría legal de manera gratuita.
