Lo que empezó siendo una inconformidad del gremio disidente del magisterio, la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la torpeza de las autoridades lo convirtió en un conflicto complejo y de difícil solución. La población del sur del país ha tomado en sus manos la defensa de sus mentores y el gobierno no encuentra la fórmula para desinflar la postemilla que su intolerancia generó. Conviene revisar el contexto del lío, para entender mejor lo que ocurre ante nuestros azorados ojos. Según los entendidos, son tres los distingos que hacen chocar a esa población con las pretensiones obtusas de la autoridad constituida: 1) la dinámica política SNTE-CNTE, 2) los jaloneos laborales y 3) la pugna por los recursos naturales.
1) El gobierno, sea priista o panista, ha trabajado del codo con los profes por décadas. Han sido sus eficientes máquinas controladoras de votos, acarreadoras de voluntades para la sanción positiva del gobierno en turno. Se aglutinaron siempre en el SNTE, el sindicato más numeroso de América Latina. Hace tres décadas se formó un grupo disidente que ha crecido en presencia y en influencia.
Los grupos disidentes suelen ser incómodos para toda dirección sindical. La CNTE lo es para el SNTE. Por eso, la camarilla oficial del SNTE, siempre de buenos oficios con el gobierno, se replegó y esperó a que éste le hiciera el trabajo sucio, marginando, anulando o desapareciendo a sus disidentes. Siempre les había funcionado esta dinámica. Ahora les está fallando. Los que ocupan los puestos del gobierno aparecen como políticos bisoños, torpes e ignorantes.
El poder, la SEP y el SNTE trabajan al alimón en contra de la CNTE para desinflarla o desaparecerla. Uno de los semilleros naturales más fuertes para la coordinadora viene siendo el de las normales rurales. Desde esta perspectiva, se puede juzgar que el lío de Ayotzinapa no resulte ajeno al conflicto presente. Los estudiantes luchan a brazo partido para evitar que el Estado cierre las normales rurales.
En la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2008-2009 Elba Ester Gordillo pidió a Felipe Calderón: “Queremos que las normales sean instituciones para técnicos en turismo, técnicos en actividades productivas. No olviden –remachó– que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros. Si no las cerramos, van a seguir con lo mismo”.
El 23 de junio de 2011, en el Quinto Congreso Nacional de Educación, al lado del presidente de Mexicanos Primero y de Fundación Televisa, Claudio X. González, precisó: “En el país existen muy pocas buenas escuelas normales, pues la mayoría son mediocres y unas que son un hervidero de política y de grilla… Hay que hacer un cambio estructural. Traerá problemas políticos. Esas normales ya no funcionan”.
Ahora declara el gobierno que pretende recuperar la rectoría de la educación. Reconoce el abandono en que la tenía. Abandono de un lado y empoderamiento de las camarillas del SNTE. La CNTE ha buscado infructuosamente cambiar estas reglas de juego. Su prédica ha prendido en el sur del país. La manzana de la discordia se designa con el concepto clave de “reforma educativa”. Esta compone, junto con la energética, la fiscal y la laboral, el paquete de las reformas estructurales que blandió Peña Nieto como la banderola de su “salvación de México”. En el famoso Pacto por México, suscrito por los tres partidos mayoritarios, la educación ocupa los puntos del siete al 15. La evaluación se encuentra en el siete y el ocho. El 12 es el del Servicio Profesional Docente. El 13 habla del fortalecimiento de la educación inicial de los maestros y el 14 alude al incremento de la cobertura en educación media superior y superior.
El plan Escuela al Centro se lleva aplicando en la Ciudad de México tres ciclos escolares. Sus acciones no son novedosas ni originales. Las seis líneas de acción de que consta son copia –en muchos casos textual– de las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentes en el documento Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México (https://goo.gl/m2ATLf). Inicialmente fueron incorporadas, sin crítica alguna, al Pacto por México. Poco después, en septiembre de 2013, las directrices fueron incluidas en la Ley General de Educación. Finalmente, el 7 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 717, donde se emiten lineamientos que deben seguir las autoridades educativas para formular los programas y acciones de gestión escolar destinados a fortalecer la autonomía de las escuelas de educación básica. (“Educación, el arte de la simulación”, Luis Hernández Navarro, La Jornada, 2 de febrero de 2016)
2) Otro punto clave de resistencia se encuentra en el conato del régimen por desinflar ya no las disidencias de los sindicatos, sino directamente a todos los sindicatos, independientes o alineados. Véase lo hecho en contra de los electricistas del SME, del IMSS, del de Mexicana y de tantos más. Viniendo a los derechos consagrados para los docentes, ¿por qué conceptos como el ingreso, promoción, reconocimiento y separación aparecen en el artículo tercero constitucional, si antes eran temas laborales? Ahora son de materia administrativa. Argumenta la SEP que fue para impedir favores, ventas de plazas, herencias, canonjías, identidades y militancias políticas. No se niega la existencia de estos vicios, pero ¿por qué hacer a un lado al sindicato, anular las condiciones generales de trabajo y amartillar a la base trabajadora con el señuelo de limpiar la práctica laboral? ¿No podían proceder sin tanto golpeteo y sobre todo que no fuera selectivo, precisamente en contra de la CNTE, si se trata de un cáncer que mantiene postrado a todo el magisterio nacional?
Esta afectación golpea directamente a todo el gremio, no sólo a los disidentes. Incluso se aplica a los docentes de organismos descentralizados en educación básica y media superior estatales y federales, que aparecen protegidos en el apartado A del 123 constitucional con derecho a un contrato colectivo de trabajo y a ser representados sindicalmente. Ahora en el ingreso, promoción, reconocimiento y separación desaparecen los derechos individuales y colectivos de bilateralidad laboral.
Los voceros gubernamentales dicen que no es cierto que se desconozca la calidad del trabajador, porque el artículo 83 menciona la existencia de las relaciones de trabajo. Pero no explican que la ley docente acaba con la bilateralidad, con el derecho a ser representado sindicalmente, a sus condiciones generales de trabajo, a su estabilidad en el empleo. ¿De qué sirve que se diga que el docente es trabajador si se cancelan sus derechos fundamentales? Pareciera que sólo los trabajadores que se amparan en la CNTE entendieran esta espada puesta contra su cuello, o que sólo a ellos se la quiso aplicar el gobierno. Lo que no es parejo es chipotudo.
3) Como en el trasfondo de este conflicto también late la voluntad de los pueblos originarios por oponerse a la rapiña de sus recursos y la vieja lucha por la tierra, estamos ante un capítulo más complejo. Quede entonces este tercer punto para una siguiente reflexión, por cuestión de la tiranía de los espacios.
