A pesar de las fosas clandestinas localizadas en Jalisco durante los dos últimos años y medio con decenas de cadáveres –la mayoría sin identificar–, las autoridades estatales no han detenido a ninguno de los criminales implicados directamente en esos casos. Proceso hace un repaso de lo que sucedió con los 108 cuerpos exhumados en ese lapso en los municipios de La Barca, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.
Tras dos años y medio de indagatorias sobre las narcofosas localizadas en los municipios de La Barca, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga con los restos de 108 personas, la mayoría de las cuales no fueron identificadas, las autoridades no han detenido a ninguno de los presuntos autores de esas ejecuciones.
Hasta ahora sólo han sido arrestados delincuentes relacionados con la venta ilegal de estupefacientes, pero ninguno de los implicados admite su responsabilidad en las 108 ejecuciones, aunque proporcionaron información que permitió la ubicación de las narcofosas.
El primer hallazgo fue el 9 de noviembre de 2013 en La Barca, y las indagatorias se prolongaron durante más un mes. Al final, las autoridades municipales extrajeron 74 cuerpos en avanzado estado de descomposición, muchos de los cuales estaban mutilados.
Se presume que entre ellos estaban los policías federales René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago, asignados a la delegación de la Procuraduría General de la República en Zamora, Michoacán. Ambos fueron levantados el 3 de noviembre anterior en la zona limítrofe con Michoacán por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderados por Omar Espejo Flores, El Toro.
Él coordinaba a los grupos de informantes, operadores y células del cártel en Michoacán y Jalisco. Una de las células la encabezaba un sujeto conocido como El Chulo, quien vendía mariguana y cocaína en Vista Hermosa y La Barca y controlaba a más de 30 distribuidores e informantes que se desplazaban en motocicletas de bajo cilindraje (Proceso Jalisco 578).
Meses después, el 18 de diciembre de 2014, El Toro fue aprehendido durante un operativo coordinado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Marina y remitido al Penal Federal de El Rincón, en Nayarit. Según las investigaciones, él ordenó el plagio y ejecución de Rojas Márquez y Quijadas Santiago por sus presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios.
El caso de los agentes federales implicó al comandante Enrique González Hernández, de la Policía Municipal de Vista Hermosa, Michoacán, y 22 subalternos, acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro y portación de armas.
Su caso se ventiló en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Puente Grande y, gracias a su información, se detectaron las primeras narcofosas. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2015 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo –el 250/2015– a González Hernández y sus subalternos por fallas al debido proceso.
Por ello tuvo que reponerse todo el juicio y se desestimaron algunas pruebas, puesto que la mayoría de los testimonios de los detenidos se hicieron mediante tortura, por lo que los inculpados podrían ser absueltos.
Los policías revelaron que el CJNG corrompía a varios de sus compañeros, así como la forma en que la organización criminal eliminaba a sus rivales de Los Caballeros Templarios, Los Zetas y La Familia Michoacana que invadían sus territorios.
Semanas después del hallazgo de las fosas de La Barca, el 3 de diciembre de 2013, en el poblado de Palo Gordo, en Zapopan, fueron localizados 17 cadáveres gracias a información de los integrantes de una célula del CJNG, quienes fueron capturados luego de que emboscaron a Arturo Emmanuel Villafuerte Hernández en el estacionamiento de la Unidad Habitacional Fovissste Estatuto Jurídico, por presuntos problemas de venta de droga.
La ejecución de Villafuerte Hernández fue el 28 de noviembre y en ella participaron José Francisco Villa Alonso, el líder de la célula delictiva encargada de la venta y distribución de droga en Tesistán; Héctor Gustavo Arellano Ortiz, quien también se hace llamar Francisco Javier Aguilar Casillas, así como Domingo Daniel Peña Rodríguez y Marco Antonio Fregoso Ramírez, quienes finalmente fueron remitidos al juez Décimo Primero.
Durante su arraigo admitieron el homicidio de Ulises Humberto Haro Lozano, ocurrido el 20 de octubre de 2013 en la colonia La Estancia, en el poblado de Tesistán, por problemas personales. Asimismo, se les imputaron los de Manuel Navarrete Piedra, Andrés Humberto Palafox Palafox y Luis Ramón Lara Gamiño; los dos últimos en la calle Las Lomas, colonia El Roble, en Zapopan.
También se les atribuyó la ejecución de Santiago Alfaro Navarro, El Güero Camarón, jefe de acopio y distribución de droga en el municipio de Magdalena y parte de la región Valles. Los inculpados refirieron conocer un sitio en el que fueron localizados varios cuerpos que posteriormente fueron exhumados, aunque comentaron que ellos no participaron en los homicidios.
El tercer caso de fosas clandestinas ocurrió el 19 de febrero de 2014 en un terreno rústico en la delegación La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga. Una persona que pasó por el lugar observó un cuerpo que salía de la tierra y llamó a la policía. Los forenses que acudieron a inspeccionar el lugar encontraron 19 cadáveres.
El hallazgo coincidió con la captura de Gerónimo Ibarra Alcaraz, La Momia, un joven de 23 años considerado el jefe de plaza en el municipio. Se le aseguraron mil 115 kilogramos de mariguana, 38 de drogas sintéticas, armas de fuego con cartuchos útiles y vehículos con reporte de robo. Durante los interrogatorios, Ibarra admitió que contaba con la protección de policías municipales y mencionó el sitio donde fueron localizados los 19 cadáveres.
Y aun cuando no se le imputaron esos homicidios, La Momia enfrenta un proceso ante el juez décimo cuarto de lo Penal por el secuestro de Carlos Esteban Pimienta, un restaurantero que distribuía droga de Los Caballeros Templarios y fue asesinado por sicarios del CJNG. Su cuerpo fue exhumado precisamente en el predio de La Calera.
El detenido –quien fue torturado por policías estatales durante su arraigo, por lo que sus familiares interpusieron un amparo– habló también sobre una casa de seguridad en el fraccionamiento Campo Sur, en Tlajomulco, donde las autoridades aseguraron una granada de fragmentación, así como equipo táctico, bolsas con tiros útiles de diversos calibres y dos camionetas con reporte de robo.
Cuando el personal judicial llegó a ratificar el juicio contra Ibarra no pudo entrar al domicilio donde estaba arraigado porque ese día sus custodios lo habían sacado para torturarlo, aunque no registraron la salida en el libro de control.
Y aunque hoy se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Puente Grande, donde sigue siendo sometido a tortura para arrancarle declaraciones e información, Ibarra obtuvo un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal (el 894/2015), en el que se insta a las autoridades penitenciarias de Jalisco a cesar las torturas y agresiones y respetar la integridad del detenido.
En febrero pasado, la Procuraduría General de la República entregó al Senado un reporte en el que indica que de agosto de 2006 a octubre de 2015 se localizaron 201 fosas clandestinas –de las cuales 37 estaban en Jalisco– con 662 cuerpos, la mayoría en estado de descomposición avanzado. De ese total, según el documento, sólo se identificaron 117 cuerpos.
El 6 de abril de 2014, El Informador publicó un listado de las fosas clandestinas localizadas en Jalisco a partir del 10 de abril de 2013:
Una en un predio cercano al rancho El Martín, sobre la carretera Guadalajara-Tala, con tres cadáveres (10 de abril); otra en las inmediaciones del rancho Las Palmas, a tres kilómetros del fraccionamiento Arvento, en Tlajomulco de Zúniga, con restos de tres personas (mayo); la tercera, en el rancho La Estancia, municipio de Ejutla, con siete cuerpos, cuatro de ellos calcinados (30 de junio); la cuarta, en un terreno de la delegación de San Gaspar, en Tonalá, con los restos de una mujer y dos menores (22 de agosto).
Una veintena más con al menos 76 cadáveres en un predio ubicado en los márgenes del río Lerma, en el municipio de La Barca (7 de noviembre); varias más en el predio La Cumbre, ubicado sobre la brecha al poblado de Palo Gordo, en Zapopan, con 17 cadáveres (26 de diciembre).
El 20 de febrero de 2014 las autoridades localizaron otra fosa clandestina en un terreno de La Calera, a la altura del kilómetro tres de la carretera Guadalajara-Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con 19 cuerpos, y el 2 de marzo de ese año tres más en el cerro El Gato, entre los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, con seis cuerpos.
Hasta ahora, ha habido pocos avances para darle nombre e identidad a las decenas de cuerpos localizados en esas fosas, como se observa en los casos de La Barca, Palo Gordo y La Calera.
