En las votaciones para designar a los nuevos secretarios de las secciones 16 y 47, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desempolvó las viejas prácticas intimidatorias para aplastar a los disidentes: le negó el registro a su planilla, controló el acceso a las reuniones y finalmente impuso a sus candidatos Elpidio Yáñez Rubio, en la 16, y Arnoldo Rubio Cárdenas, en la 47; este último es hijo de Arnoldo Rubio Contreras, un maestro jubilado que fue el artífice del “exitoso” operativo.
Durante su IX Congreso Seccional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impuso a los nuevos dirigentes de las secciones 16 y 47: Elpidio Yáñez Rubio y Arnoldo Rubio Cárdenas, respectivamente, en procesos amañados, aseguran los agremiados.
En ambos eventos –el primero fue el pasado 30 de junio en Zapopan; el segundo, el viernes 1 en Puerto Vallarta– el sindicalismo oficial liderado por Juan Díaz de la Torre, el heredero de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, instrumentó una estrategia de intimidación para imponer a sus representantes en esas secciones donde se agrupan cerca de 80 mil maestros jaliscienses.
En el caso de la sección 47, donde las autoridades siempre han ejercido un férreo control en sus procesos internos, la corriente oficialista desconoció a la planilla Dignidad, encabezada por Moisés Guerrero Rincón, integrante de Bases Magisteriales, con el argumento de que no cumplía con los requisitos que marcan los estatutos del sindicato.
En Vallarta se utilizó de manera burda todo el aparato gubernamental para detener el avance de los maestros independientes. Eso causó un profundo malestar en el gremio, sobre todo por las difíciles condiciones laborales que enfrentan y por la imposición de una reforma sujeta a exámenes de orden punitivo, comenta Guerrero Rincón.
Pese a que impuso a sus representantes, el SNTE sale deslegitimado, en particular en la sección 47, donde la antidemocracia es la norma, dice la maestra Silvia Arévalo Gutiérrez, integrante de Movimiento Magisterial Jalisciense.
Ella asegura que lo ocurrido en Vallarta es un acto de barbarie política y de total falta de respeto a la dignidad de los maestros disidentes, pues, dice, “fue una acción al más puro estilo de lo que pasaba en la época de gloria de la maestra Gordillo Morales, cuando se imponía por la fuerza a los candidatos oficiales y a todos se les obligaba a cerrar filas”.
Su colega Florentino Moreno Beltrán lamenta la exclusión de la planilla de Guerrero y se lanza contra el SNTE, el principal aliado de las autoridades federales para imponer la reforma educativa.
Los representantes del SNTE, sostiene, “necesitan voces oficiales que ayuden al gobierno federal a convencer a los maestros y a la población que nada puede parar la aplicación de los exámenes a los maestros, sin importar que se trata de evaluaciones punitivas y de reforma que no es educativa, sino laboral”.
Sin embargo, los resultados demuestran que prevalece una raquítica legitimidad y se aplicó una burda estrategia para imponer a los candidatos oficiales, como en Vallarta, donde Guerrero y sus seguidores –alrededor de 50– decidieron abandonar la reunión.
De marzo a la fecha, comenta, en Jalisco fueron despedidos de manera injustificada 183 docentes, de los cuales 15 fueron restituidos “en forma parcial”; es decir, sólo imparten algunas materias.
E insiste, las autoridades federales “quieren que el magisterio en occidente se mantenga ajeno a lo que pasa en los estados del sur, donde la inconformidad dio paso a una de las movilizaciones más importantes de México, sobre todo a raíz de la agresión del 19 de junio pasado contra los manifestantes en Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron nueve personas”.
Elección bajo control
La sección 16, la misma que dirigió Díaz de la Torre entre 2000 y 2003, fue severamente impactada por maestros disidentes, aglutinados también en torno a la planilla Dignidad, comenta Guerrero Rincón, cuyo grupo fue descalificado en las votaciones de la sección 47.
Férreo opositor a la reforma educativa implementada por el presidente Peña Nieto, Guerrero Rincón dice que en la sección 16 la representación de los maestros independientes fue superior a 30%, pese a los obstáculos impuestos por la representación oficial. Al encuentro, realizado en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara en la zona de La Primavera, en Zapopan, asistieron alrededor de 900 delegados.
Sin embargo, relata, el acceso fue controlado por hombres vestidos de civil que portaban armas, y no hubo ningún representante de los medios de comunicación. Los organizadores advirtieron a los delegados no afines a la corriente oficial que la única forma de ingresar al congreso era a bordo de los camiones contratados.
Pese a todo, los disidentes obtuvieron al menos ocho carteras en el comité que ahora encabeza Yáñez Rubio, un maestro que por más de dos décadas ha formado parte de la sección 16, que tiene cerca de 43 mil afiliados.
En las reuniones de Zapopan y Vallarta el SNTE recibió el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales para contener cualquier posible brote de violencia o protesta de los opositores.
Ante el temor de la pérdida de control, el charrismo sindical pidió el respaldo de fuerzas de seguridad y de grupos de choque; incluso convocó a exintegrantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) –sobre todo en Vallarta– para enfrentar a los maestros democráticos ante posibles manifestaciones, comenta el profesor Aldo Santana Alcalá.
Ahí aparecieron como delegados los exfegistas Gustavo Orozco, Alejandro Buenrostro, otro apodado El Burras, así como personajes cercanos a Mayo Ramírez, antiguo dirigente de la federación. Muchos de ellos son protegidos de la Secretaría de Educación, donde incluso están incluidos en la nómina como maestros, sobre todo de secundaria, o como prefectos.
Mano negra en Vallarta
Respecto de las labores de vigilancia y control de posibles manifestantes en Vallarta, según Santana Alcalá, había agentes de la Marina y la Fuerza Única Regional, así como policías municipales. “Era un grupo poco numeroso. Sus integrantes, de pelo corto y apariencia militar, no se mezclaban con los de otros cuerpos de seguridad ni con los demás asistentes”, asevera.
Para Guerrero, el IX Congreso Seccional en Vallarta fue una farsa: “Según los estatutos –aclara–, el único requisito para ser integrante de una planilla es estar registrado como miembro activo del SNTE, tener cinco años de servicio y haber sido representante en cualquier nivel”.
Pero en el caso de la planilla que él encabezó, el presidente de la mesa sometió a votación si se aceptaba o no su registro. Eso fue una trampa, pues la mayoría de los delegados habían sido designados a modo por los líderes charros del SNTE para imponer al candidato de la planilla Unidad, Rubio Cárdenas, hijo de Arnoldo Rubio Contreras.
Rubio Contreras ha sido líder del sindicato, diputado local por el PRI, regidor en Guadalajara durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz y, según publicó Milenio Jalisco en su edición del pasado 25 de junio, gana más de 124 mil pesos al mes como maestro pensionado.
La maestra Arévalo Gutiérrez insiste: fue una jugada burda; sus compañeros tuvieron problemas incluso para hospedarse. Guerrero asegura que Rubio Contreras dio toda una cátedra sobre cómo permitir el ingreso a los disidentes al congreso y cómo anular a la planilla Dignidad:
“Uno de los enviados del CEN del SNTE incluso nos ofrecía entrar a formar parte de la planilla de Unidad y nos adelantó que nos iban a entregar varias carteras en el nuevo comité, pero que la condición era apoyar la planilla de los charros y evitar registrarnos por nuestra cuenta.
“Les dijimos que nosotros no íbamos por posiciones políticas, sino a contender con nuestra propia planilla… pero violaron los propios estatutos del sindicato para excluirnos a pesar de que Emigdio (Coronado) Bússani, secretario general de Sonora, se había comprometido a respetar el registro de nuestra planilla.”
Entre los que ofrecieron puestos, plazas y hasta dinero a los disidentes, Guerrero menciona a Daniel Marroquí, inspector de Educación Primaria en una de las zonas de Jalisco, y al propio Emigdio Coronado Bússani.
Ante las “mapachadas” registradas en Vallarta, asegura, él y sus compañeros interpondrán una denuncia ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje del Estado de Jalisco.
Según los integrantes de la planilla Dignidad, Rubio Contreras, maniobró para posicionar a su hijo. Desde antes del congreso, afirman, los Rubio decían a sus seguidores que todo estaba controlado, mientras otros maestros ligados a la secretaría general del gobierno de Sandoval Díaz presumían que la vigilancia estaba garantizada en torno al Centro de Convenciones de Puerto Vallarta.
En la sección 47, una de las corrientes oficialistas es la de Juan Alcalá Espitia. En vísperas del congreso sus integrantes decían a los cuatro vientos que buscaría acuerdos con los disidentes, comenta el profesor Aldo Santana.
Dos días después del nombramiento de los nuevos dirigentes de las secciones 16 y 47, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó el Complejo Panamericano de Voleibol, en los límites de Guadalajara y Zapopan, donde se hizo la presentación de los proyectos de robótica de escuelas de Jalisco y otras entidades. Ahí enfrentó las muestras de repudio magisterial.
Antes, estuvo en el Centro Universitario de Tonalá, en un evento encabezado por el excandidato a la alcaldía de Guadalajara, Ricardo Villanueva, integrante del llamado Grupo Universidad y excolaborador del gobernador Sandoval Díaz.
En ese centro, el responsable de la seguridad universitaria, Montalberti Serrano Cervantes, obstaculizó el trabajo de Sergio Morales, colaborador de la empresa MLmedios.com, pese a que previamente se había identificado.
Santana, quien es responsable del espacio digital donde colabora Morales, sostiene que las autoridades estatales tienen plenamente identificados a los activistas sociales y a quienes colaboran en los medios de comunicación.
“Nos queda claro –dice– que todos estamos fichados. Estoy seguro que tanto Proceso Jalisco como nuestro sitio en internet son constantemente monitoreados; lo mismo pasa con quienes hacen uso del micrófono o publican materiales impresos.”
