Denuncias penales por la venta ilegal de permisos para taxi evidenciaron que este delito, del que se acusa a funcionarios de la pasada administración estatal, sigue vigente. La Secretaría de Movilidad ya se comprometió a investigar y sancionar a quien resulte responsable, pero el legislador panista Miguel Ángel Monraz señala que ahora están implicados en ese negocio ilícito funcionarios del actual gobierno priista.
Los dirigentes de la agrupación de taxistas Francisco Silva Romero, afiliada a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), José Antonio Álvarez González, José Luis Vázquez Rolón y Francisco Silva de la Vega, fueron implicados en una denuncia penal por vender permisos de taxi irregularmente.
El artículo 99 de la Ley de Movilidad establece que el gobierno del estado debe emitir una convocatoria para otorgar permisos de taxi por un periodo de 10 años. La más reciente se lanzó en 2000. Y el artículo 123 estipula que las concesiones se otorgarán a “quienes acrediten reunir los requisitos de esta ley y tener la capacidad necesaria para prestar el servicio conforme a su modalidad y clase”.
El 25 de agosto de 2015, Hilario Díaz Rodríguez presentó una denuncia penal por el delito de fraude contra los líderes de la asociación civil de choferes, concesionarios, permisionarios y arrendatarios en taxis “Francisco Silva Romero”, afiliada a la CROC.
En la denuncia de hechos presentada en la Agencia 13 de Delitos Patrimoniales No Violentos, de la que este semanario tiene copia, Díaz Rodríguez expone que es jubilado y que los mencionados líderes gremiales lo despojaron de los ahorros reunidos en años de trabajo (averiguación previa 5715/2015).
Narra a la Fiscalía General del Estado (FGE) que en 2013 y 2014 Silva de la Vega y otros, “quienes son o se dicen dirigentes y vocales de la asociación de taxistas”, le ofrecieron a un hermano suyo venderle dos permisos de taxis. Cada uno se expediría a favor del comprador por 400 mil pesos; debía entregar la mitad como anticipo para costear el trámite y el resto a la entrega del documento. “Así las cosas, (el hermano) adquirió y le fueron entregados en tiempo y forma con las formalidades debidas los permisos para explotar comercialmente los dos vehículos de sitio”, detalla Díaz Rodríguez en su denuncia.
En total entregó 200 mil pesos en efectivo, un cheque por 50 mil pesos y un auto Nissan 2014, con valor de 139 mil pesos, al que según el acuerdo se le pondrían placas y taxímetro, además de rotularse para dar servicio público.
Díaz Rodríguez presentó una copia del documento con la firma de Álvarez González, en el que hace constar que el 18 de febrero de 2014 recibió 200 mil pesos en efectivo “como anticipo de un permiso de sitio nuevo vendido en 400 mil pesos, restando 200 mil”.
Asimismo, aportó el respaldo del banco donde el 3 de marzo se cobró en ventanilla el cheque número 70 de su cuenta, por 50 mil pesos, a favor de Vázquez Rolón.
Al preguntarle en entrevista a Díaz Rodríguez por qué accedió a esa compra, ya que los permisos para el servicio de transporte público no se deben comercializar, pues son concesiones que solamente generan gastos administrativos, el denunciante señala que “es de todos conocido” que en el mercado dichos permisos alcanzan un alto valor comercial.
Argumenta que son una inversión atractiva, ya que generan ingresos superiores a otro tipo de negocios: “Ni una casa te da tanto rendimiento. Ahorita un chofer liquida 350 pesos por turno de 24 horas. Cuando entregué el dinero (en 2014) eran 300 pesos diarios. Un permiso con carro te deja tranquilamente 8 mil pesos al mes.
“Todos sabemos que en el gobierno todo te lo venden, que hay que recurrir a los sindicatos porque son los que tienen la relación, que los permisos de sitio no son para los verdaderos trabajadores o sindicalistas.”
Aclara que decidió adquirir el permiso a través de la asociación civil Francisco Silva Romero (es el nombre del padre de Silva de la Vega) porque la consideró una vía segura, ya que los dos permisos ofrecidos a su hermano se le entregaron y hasta la fecha sus taxis operan sin problemas.
Entre febrero y agosto de 2014, es decir entre la fecha en que entregó los 200 mil pesos y el día que presentó la denuncia en la fiscalía, Díaz Rodríguez vivió ilusionado con la versión de que “ya merito” le realizaban el trámite.
En una de tantas llamadas a Álvarez González para preguntar cuándo salía el permiso a su nombre, fue citado en una de las oficinas de Silva de la Vega, donde atestiguó que éste vende abiertamente los permisos.
En la agencia Nissan donde Díaz Rodríguez adquirió el vehículo que pretendía emplacar no lo podían guardar más de 30 días, por lo que Álvarez González le indicó que lo llevara a la agencia de gestoría ubicada en Federalismo número 2027, propiedad de Vázquez Rolón.
Como siguieron postergando la entrega del documento, Díaz Rodríguez fue a la agencia de gestoría para corroborar el estado de su auto y pidió facilidades para instalarle cubreasientos. “Aunque me dijeron que sí, siempre había pretextos para no hacerlo”, asienta en la denuncia. De pronto la agencia cambió de domicilio sin avisarle, por lo que solicitó la devolución de su auto. No se lo dieron.
Ante su insistencia, Álvarez González y Silva de la Vega le dieron el domicilio particular de Vázquez Rolón, en la colonia Independencia. Díaz Rodríguez logró entrevistarse con el gestor para exigirle que le devolviera el auto, a lo que éste amablemente se comprometió. Le dijo que pasara el día siguiente a las 15:00 horas. Pero cuando el denunciante llegó, lo recibió la esposa de Vázquez Rolón con la historia de que lo había echado de su casa con ayuda de “patrullas”. Era otra falsedad. “Me enteré de que le dicen lo mismo a toda persona que lo llega a buscar”, indica el afectado en su denuncia ante la FGE.
Guillermo Martín Díaz Prudencio, abogado de Díaz Rodríguez, afirma que acreditó debidamente los hechos criminales constitutivos de fraude. Su defendido renunció a los métodos alternos de solución de conflictos y pide al fiscal que tras la investigación correspondiente se consigne al juez para ejercer la acción penal y la relativa a la reparación del daño.
“Complicidades”
La Secretaría de Movilidad (Semov) y la FGE han sido omisas para resolver el problema de los taxis pirata y sancionar las conductas delictivas de trabajadores, funcionarios y dirigentes sindicales involucrados en la venta de permisos, afirma Miguel Ángel Monraz Ibarra, legislador panista de la Comisión de Vialidad.
Se estima que poco más de 10% de los taxis que circulan en la entidad son piratas, ya sea porque operan sin el permiso correspondiente o con documentos alterados.
El diputado local critica que la Semov no tenga cuenta clara del padrón de taxis, pese a que se han invertido más de 20 millones de pesos en dicho rubro y se contrató a una empresa para elaborar ese instrumento, cuando debió realizarlo personal del gobierno. Hoy se habla de más de 10 mil vehículos que dan el servicio, pero el dato preciso se conocerá hasta que concluya la revisión, indica el legislador.
La Semov tiene registrados a 12 mil 471 taxistas y por lo menos hay mil autos de sitio circulando en condiciones irregulares.
“Queremos saber de forma clara cuántos permisos hay y quiénes son sus propietarios”, señala el legislador, pues desde su punto de vista el estado no mejora la movilidad, hay opacidad y colusión de las autoridades con los prestadores del servicio que incumplen algún requisito.
Señala que hasta ahora la administración de Aristóteles Sandoval no ha mostrado voluntad política para sancionar a los responsables de las irregularidades.
“Hacemos un llamado a la Semov y al gobierno del estado para que apliquen la ley. El gobierno sabe dónde están esos taxistas que no están apegados a la ley. No se puede llamar de otra forma: hay complicidad y opacidad del gobierno”, dice Monraz.
Agrega que el Congreso del estado ha aprobado varios acuerdos para solicitar información acerca de los propietarios de dichos taxis irregulares y no hay respuesta del gobierno. Considera que esto puede atribuirse a que algunos funcionarios están coludidos en ese negocio.
A esto atribuye la preocupación que causó la iniciativa que él presentó para que los permisos se taxi se otorgaran a quienes demostraran haber trabajado por una década:
“De entrada iba a cortar el negocio y acaparamiento del mismo durante muchos años por ciertos actores. Espero que el gobierno no complique esa propuesta a través del reglamento correspondiente a la ley.”
A decir de Monraz Ibarra, el grupo parlamentario del PAN pide que se investigue a todo aquel funcionario o exfuncionario involucrado en irregularidades, que se entre a fondo en la regularización de las concesiones del transporte, particularmente en el área de taxis, y se sancione a quienes resulten responsables de las anomalías.
Más de mil taxis irregulares
Hace unas semanas la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco denunció la entrega irregular de permisos al término de la pasada administración estatal. Señaló particularmente a funcionarios de la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte (SVT), encabezada por Diego Monraz Villaseñor, actual coordinador general de Servicios Municipales de Guadalajara.
Dichos burócratas del área de taxis estarían involucrados en la venta de permisos por 400 mil pesos cada uno –cifra que coincide con la denuncia de Díaz Rodríguez– en sitios de la zona metropolitana y foráneos.
La organización de taxistas reveló que tan sólo en el Sitio 95, asignado a ella, existen 113 autorizaciones irregulares. Añadió que se venden ilegalmente permisos a través de un anuncio en la página electrónica segundamano.mx, en la que se ofrecen “permisos de taxi baratos” con sólo “presentar folio de Vialidad”, por 375 mil pesos.
Monraz Villaseñor rechazó estar implicado y envió a la FGE una solicitud para que le informen si existe alguna investigación, querella o averiguación previa contra él por ese motivo.
“Con el ánimo de esclarecer y tener certeza formal sobre dicha situación, ya que tuve el cargo de secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco del 1 de marzo de 2010 al 28 de febrero de 2013 y, a la fecha, ni al suscrito ni a ninguno de los excolaboradores que participaron en mi gestión hemos sido convocados a declarar ante ninguna autoridad administrativa, ministerial o judicial”, dice en el documento fechado el 17 de junio pasado.
Por su parte, la Semov indica que la presunta irregularidad en la emisión de permisos de taxis será aclarada y sancionada conforme a la ley cuando concluyan los trabajos de la Comisión de Transparencia para la modernización de ese transporte público.
En tanto, la FGE emitió un boletín el pasado lunes 4 para dar a conocer que la noche anterior se aprehendió a un hombre acusado de vender permisos para taxis.
En enero de 2012, el presunto responsable vendió dos de esos documentos en 300 mil pesos cada uno, mismos que anunciaba a través de un portal en internet. El afectado presentó la denuncia en la fiscalía estatal después de que agentes viales lo detuvieron por la portación de permisos falsos.
