En 1990, el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri firmó un convenio con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para que el río Verde abasteciera de agua al estado. Desde entonces se ha planteado la construcción de diversas presas para llevar el líquido de ese cauce a Los Altos y la zona conurbada de Guadalajara. Pero las millonarias inversiones se han dilapidado en proyectos faraónicos y con enormes costos sociales que los hicieron inviables. Se calcula que hasta la fecha se han invertido en ellos 10 mil millones de pesos y, sin embargo, el área metropolitana no recibe ni una gota del río Verde.
En los últimos sexenios el gobierno de Jalisco ha dilapidado cerca de 10 mil millones de pesos en proyectos fallidos o cuestionados para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara de agua del río Verde, que nace en los límites de Jalisco y Guanajuato, sin que hasta ahora el área conurbada cuente con “una sola gota” de ese cauce, dice a Proceso Jalisco el presidente de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Manuel Villagómez Rodríguez.
Considera que es un verdadero escándalo, si se toma en cuenta que muchos expertos urbanistas y el propio gobierno estatal han enfatizado la posibilidad de que dicha zona enfrente, en menos de 20 años, una de sus peores crisis por la escasez de agua. Entre quienes han advertido de esa amenaza está el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Arturo Gleason Espíndola.
Entre los proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua que han surgido desde 1992 destaca el de la presa de Arcediano, que empezó a construirse en el fondo de la barranca de Huentitán. Ahí el Ejecutivo estatal invirtió alrededor de mil 100 millones de pesos, acabó con un poblado de decenas de familias y removió un puente con valor patrimonial en la orilla de la ciudad, recuerda el empresario Villagómez.
Contra esa obra se levantó uno de los más importantes movimientos sociales en los últimos tiempos, en el cual una sola mujer, Guadalupe Lara, demostró a autoridades que no podían transgredir la ley impunemente.
Los primeros en señalar que ese proyecto carecía de viabilidad fueron algunos empresarios, que cuestionaron la construcción de la presa sobre una falla geológica. Otra debilidad del proyecto de Arcediano que le valió serios cuestionamientos era que para su operación debía bombearse el agua que se encontraba a 600 metros de profundidad del embalse para enviarla a la zona urbana.
Otro proyecto seriamente criticado es El Purgatorio, otra presa, aún inconclusa, que pretende aprovechar las aguas del río Verde. Según la información oficial, será a finales de 2017 cuando comience a operar su sistema de almacenamiento y bombeo para enviar 13 metros cúbicos por segundo a la zona metropolitana.
Aunque el costo establecido es de 680 millones de pesos, a juicio de Villagómez en realidad la inversión final superará 10 veces dicho monto, es decir que alcanzará aproximadamente 6 mil millones de pesos.
En cuanto a la presa El Zapotillo, fue impugnada desde que se conoció el plan, ya que implicaba la inundación de las poblaciones de Acasico, Temacapulín y Palmarejo, así como la reubicación de sus pobladores. Éstos constituyeron un aguerrido movimiento social para difundir las arbitrariedades de la autoridad en su empeño, dijeron, de beneficiar con la presa al estado de Guanajuato.
La investigadora Libertad Díaz Vera, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (Imdec), refiere que en 2009 se aseguraba que El Zapotillo tendría una inversión de 7 mil 700 millones de pesos, mientras que para enero de 2012 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimaba que la obra costaría 12 mil 854 millones de pesos.
El 8 de abril de 2014 el gobierno federal informó que la inversión en El Zapotillo, como parte del Plan Nacional de Infraestructura, superaría los 13 mil millones de pesos.
La investigadora Díaz Vera señala al respecto que “la construcción de la presa El Zapotillo y del acueducto que permitirá el trasvase del agua a la ciudad de León, representan un negocio importante de privatización del agua”. Para ella, los principales beneficiarios serán constructoras trasnacionales, como FCC y Abengoa, así como las empresas mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes, éstas últimas pertenecientes al polémico empresario y político priista Carlos Hank Rhon.
Proyectos fallidos
En 1990 se firmó el primer acuerdo entre el gobierno federal encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y el gobernador de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurri para abastecer con agua del río Verde al estado. En esa ocasión se firmó un convenio para realizar estudios y análisis sobre la calidad del agua en ese cauce y la conveniencia de su extracción.
Cuatro años después, en 1994, cuando el mandatario local era Carlos Rivera Aceves, se acordó la siguiente distribución de 504 millones de metros cúbicos del líquido provenientes del río Verde: para la zona conurbada de Guadalajara y la región de Los Altos, 384 millones de metros cúbicos, y para la ciudad de León, Guanajuato, 120 millones de metros cúbicos.
De la cuota correspondiente a Jalisco, 300 millones de metros cúbicos serían para uso doméstico y 84 millones para uso agrícola y pecuario.
En 1996, cuando gobernó el primer mandatario del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, pidió cambiar el uso de la cuota jalisciense para destinar otros 12 millones de metros cúbicos al uso pecuario.
En noviembre de 1997, por un acuerdo entre Cárdenas Jiménez y el presidente Vicente Fox Quesada, el volumen del líquido asignado a Jalisco se redujo en 12 millones de metros cúbicos y quedó en 372 millones anuales. El suministro a León se mantuvo intacto.
En 1999 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) hizo estudios preparatorios para el proyecto conocido como Loma Larga, que tenía el objetivo de tomar 300 millones de metros cúbicos de agua del río Verde. Al año siguiente, ya bajo la administración de Francisco Ramírez Acuña, Loma Larga se canceló y en su lugar se empezó a promover la presa en Arcediano, en el fondo de la barranca de Huentitán, justo en la confluencia de los ríos Santiago y Verde, entre los municipios de Guadalajara e Ixtlahuacán del Río.
En 2003 el Poder Legislativo aprobó que el gobierno estatal solicitara un crédito por 6 mil 700 millones de pesos, de los cuales 3 mil 700 serían para obras de abastecimiento del río Verde y 3 mil para trabajos de saneamiento.
De 2004 a 2007 la LVII Legislatura de Jalisco y Guadalupe Lara Lara, la última habitante de Arcediano, se ampararon para defender la localidad y consiguieron frenar la obra, considerada como un perjuicio económico y ecológico para el estado (Proceso Jalisco 1).
El gobierno del estado firmó el convenio para construir la presa de San Nicolás en 2004, pero meses después la suspendió a causa del descontento de los habitantes. En mayo de 2005 Ramírez Acuña propuso cambiar el proyecto a El Zapotillo y dotar a la presa de una cortina de 80 metros de altura y una capacidad para almacenar 400 millones de metros cúbicos.
En 2007 se decidió aumentar la altura de la presa en 25 metros, supuestamente para incrementar la dotación de agua a la ciudad y con ello disminuir la extracción de la laguna de Chapala, a fin de reducir la sobreexplotación de pozos y manantiales. Según los planes oficiales, elevar la cortina permitiría acumular 911 millones de metros cúbicos, a costa de inundar las tres poblaciones aledañas.
Apenas unos días después surgió la primera agrupación de ciudadanos que se opusieron al proyecto de inundar sus hogares y sus tierras: el Comité Prodefensa de Temacapulín. El movimiento recibió el pleno apoyo de varias organizaciones no gubernamentales. Después de una intensa lucha jurídica, los opositores consiguieron un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la cortina de la presa se alzara los 80 metros del plan original, recuerda Villagómez Rodríguez en la entrevista.
Responsabilidad compartida
El investigador de la UdeG Arturo Gleason califica como improvisaciones las iniciativas del gobierno jalisciense en materia de agua: “Son proyectos superficiales, sin sustento técnico, sin la seriedad debida, sesgados. Aquí con uno o dos análisis superficiales se decide invertir montos multimillonarios en obras que carecen de sustento técnico”.
E ilustra la gravedad de la situación: “Imagine, decidir sobre 800 o mil millones (de pesos) sin saber bien de qué se trata y con fallas técnicas sustanciales. Hay que checar los perfiles de los que están tomando las decisiones y cuándo se actualizaron la última vez. Esto es lamentable”.
Al respecto, el presidente de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Villagómez Rodríguez, señala que el principal conflicto en la presa El Zapotillo no es contra el gobierno del estado, sino contra la trasnacional española Abengoa, que también representa intereses de las autoridades estatales y está a punto de quebrar.
Abengoa tomó 606 millones de pesos en bonos de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y los municipios a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), a fin de invertirlos en las obras hidráulicas. Todos esos recursos ahora se encuentran en riesgo, lamenta Villagómez Rodríguez.
Sin embargo, el gobierno del estado tiene otra responsabilidad aparte de permitir el uso del dinero de las pensiones. Explica Villagómez Rodríguez: “Abengoa dijo que, si le quitan el negocio, los trabajadores no van a recuperar ni un solo peso. Es un chantaje. Que alguien nos explique dónde se metió el gobierno de Jalisco”.
Agrega que “Abengoa tiene de plazo hasta octubre para que las autoridades españolas la salven, le den vida, y en este momento está tomando dinero de pensiones de Monterrey, de pensiones de Guanajuato y de todos lados: Banobras tiene ahorita una solicitud de crédito por mil millones de pesos”.
Para el empresario, la única solución para que el estado obtenga los 300 millones de metros cúbicos de agua anuales que requiere es hacer que se respete el acuerdo de 1994 con el gobierno federal.
En tal escenario, dice Villagómez, se requiere que el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, reclame el agua del río Verde que le corresponde a la ciudad. “El camino jurídico es presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indica.
Y ante la falta de congruencia de las administraciones estatales, considera que “Alfaro Ramírez tiene la obligación de defender el agua de Guadalajara; mientras no meta una solicitud como esa, no va a pasar nada”.
Para Gleason Espíndola, más que hacer gastos millonarios en proyectos fallidos, lo que urge en Jalisco es inyectar agua en los mantos freáticos de la zona metropolitana, porque se están secando. De esa forma se evitaría la crisis del abastecimiento que se prevé en menos de dos décadas.
“Yo dejaría ese tipo de inversión monstruosa y faraónica y buscaría organizar bien el gasto –insiste el académico–. Con ese dinero prefiero infiltrar el agua a los mantos acuíferos. Discutir cuánto me cuesta un proyecto para infiltrar el vital líquido al suelo, además de definir con precisión dónde, cómo, y qué tipo de tecnologías hay que utilizar para ese fin.”
Lamenta que ningún proyecto de esa naturaleza forme parte de las políticas públicas del gobierno del estado ni de los municipios.
“Lo que yo quiero dejar muy claro, y lo pongo con letras mayúsculas, es que urge recargar los acuíferos ante la crisis que se avecina. El principal acuífero sobre el cual estamos parados todos los tapatíos se está secando, esto es una lamentable advertencia para toda la sociedad y los gobiernos: hay una baja alarmante en la disposición del agua porque estamos extrayendo demasiada del subsuelo y no estamos inyectando nada.
“En menos de dos décadas podrían verse las consecuencias de esa grave omisión, estamos inminentemente transitando hacia una escasez y a una sequía que impactará en los próximos 20 años.”
Sostiene que mientras el desabasto de agua se incrementa en algunos sectores de la zona metropolitana de Guadalajara, la falta de estudios técnicos serios obstaculiza los planes alternos para aliviar y prevenir la escasez que se avecina.
“En la zona metropolitana el volumen de agua de lluvia que cae cada año es del orden de los 300 millones de metros cúbicos. Toda esa agua se va directamente a la alcantarilla sin ser aprovechada; esa cantidad de lluvia anual equivale al volumen de agua que consumen los habitantes de la zona conurbada”, dice Gleason.
Calcula que un sistema doméstico de captación de agua de lluvia tiene un costo aproximado de entre 3 mil y 5 mil pesos por casa-habitación, mientras que un sistema urbano que separe el agua limpia de lluvia de la que fluye por los drenajes costaría cerca de 20 mil millones de pesos.
Añade que los ciudadanos necesitan una mayor cultura para el cuidado del agua en los hogares, las escuelas y los espacios públicos.
