Según cálculos del gobierno estatal, este año se recaudarán más de 500 millones de pesos por concepto de multas de tránsito, una descomunal cifra que casi se duplicó en los últimos tres años. Lo peor de todo es que se desconoce a dónde va ese dinero que, en rigor, debería devolverse a los municipios. El diputado José García Mora impulsa una iniciativa en la que propone recuperar esos fondos y que se destinen, entre otras cosas, a fomentar la movilidad no motorizada.
Las infracciones a conductores de vehículos automotores por faltas al reglamento de tránsito, incluidas las fotomultas, le han dejado ganancias exorbitantes al gobierno estatal en los últimos 15 años: mil 594 millones de pesos.
La mayoría de las infracciones son ilegales, sostiene Francisco Jasso Méndez, un motociclista que en marzo de 2012 fue multado por un agente de tránsito. Dice que las sanciones e infracciones deben sustentarse en un convenio jurídico entre el gobierno estatal y la autoridad municipal que, según la información que obtuvo, no existe.
Al solicitar datos sobre la materia a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf), Jasso se enteró que los montos acumulados en esos 15 años presuntamente habían sido devueltos por el gobierno estatal a los 125 municipios de la entidad por medio de convenios que estaban vigentes y se renovaban cada trienio, con el cambio de administración.
Las autoridades le dijeron que no existía información sobre esos convenios, por lo que él deduce que en realidad ese dinero nunca regresó a los ayuntamientos, comenta a Proceso Jalisco.
Jasso comenzó a interesarse por las multas aplicadas por el gobierno estatal en materia de movilidad, a raíz de que lo multaron “por no llevar debidamente bien sujetado su casco de motociclista”.
“Hice la solicitud directamente a la Secretaría de Vialidad (hoy Semov) y me respondieron que nada más tienen los convenios de tres o cuatro municipios de aquel tiempo, pero ya están vencidos; que era información inexistente”, dice el afectado.
Ante la negativa, presentó una queja contra el Ejecutivo estatal por infraccionarlo “sin tener competencia para ello” y solicitó la cancelación de la multa. Las autoridades le respondieron que sí estaban facultadas y no le devolvieron su dinero.
Jasso insistió. Interpuso una demanda de nulidad que se radicó en la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo (expediente 264/12). La resolución llegó el 10 de abril de 2013 pero tampoco le favoreció. Luego solicitó un amparo directo, que le fue concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, pero aún no logra recuperar su dinero.
Se queja porque, dice, entre daños y perjuicios ha perdido 250 mil pesos y aunque ha presentado quejas tanto en la PGR como en la Fiscalía General del Estado, nadie le hace caso.
Y refiere: en su artículo 115, fracción III, la Constitución Política señala que los ayuntamientos “tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: agua potable, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines, así como seguridad pública y tránsito”.
La norma aclara también que, si el municipio no puede hacerse cargo de alguno de esos servicios públicos, deberá existir un convenio de colaboración con el gobierno estatal.
En el caso de Jalisco, según Jasso, el gobierno estatal debe firmar un convenio en materia de tránsito con cada uno de sus 125 municipios. “Es un trámite ineludible –dice–. Primero debe ser aprobado por los ayuntamientos desde sus cabildos y posteriormente sometido para su notificación al Congreso del estado; éste, a su vez, informará al Ejecutivo estatal sobre la vigencia de esos acuerdos. De lo contrario, el gobierno se enfrenta a una situación donde carece de personalidad jurídica y se reconoce de tácito como autoridad no competente para sancionar”.
Convenios inexistentes
Por medio de la Ley de Transparencia,
Jasso solicitó copias de los convenios a la Secretaría de Gobierno y a la Semov, así como a 25 ayuntamientos, pero ninguno los conoce.
En las alcaldías de Tlajomulco, Autlán, Zapopan, Tonalá, Tepatitlán, Tlaquepaque, Atotonilco el Alto y Guadalajara le respondieron que entre 2013 y 2016 no firmaron ningún convenio con la Semov ni con la Sepaf.
Eso quiere decir que, al no haber ningún convenio de los ayuntamientos con el estado, no pueden hacerse infracciones ni cobros como lo hacen las dos dependencias estatales; no están autorizadas.
Lo curioso es que, según la información obtenida por Jasso, entre 2000 y 2015 tan sólo por concepto de licencias expedidas, la Semov obtuvo mil 472 millones de pesos, que sumados a los mil 594 millones por concepto de infracciones ascienden a 3 mil 66 millones de pesos que no ingresan en las arcas de los municipios.
Esa cantidad representa casi 2.7 veces el presupuesto otorgado para este 2016 a Puerto Vallarta –mil 291 millones de pesos–, uno de los municipios más importantes de Jalisco.
Como no obtuvo la información sobre los presuntos convenios para saber si el dinero de las infracciones fue devuelto a los municipios, Jasso interpuso un recurso de revisión de su solicitud (expediente 323/16) al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei). El miércoles 8 el pleno del instituto aprobó su petición y pidió a Finanzas informar al peticionario sobre el estado de esos convenios.
Francisco Jasso considera que los ayuntamientos del estado no hacen valer sus facultades por ignorancia de la disposición legal o porque reciben su diezmo o mochada para evitar los citados convenios.
Hasta ahora, comenta, “nadie sabe dónde quedan los recursos obtenidos por las infracciones a los conductores ni la forma en que se gastan”.
José García Mora, diputado del Partido Nueva Alianza e integrante de la Comisión de Movilidad en la LXI Legislatura de Jalisco, presentó recientemente una iniciativa de ley para acabar con la discrecionalidad en el uso de recursos provenientes de las multas y reglamentar que ese dinero sea etiquetado.
Según el legislador, en menos de tres años los recursos obtenidos por el concepto de multas se incrementaron en casi 100%, en gran medida por el sistema de monitoreo y cámaras para las fotoinfracciones. Tan sólo para este año, el gobierno de Jalisco calcula ingresos superiores a 500 millones de pesos precisamente por multas.
En 2013, el Ejecutivo estatal recaudó 280 millones de pesos por multas vehiculares; al año siguiente fueron 340 millones; en 2015 superaron 400 millones, y para este año, según los cálculos, podrán elevarse a 506 millones.
García Mora propone destinar 45% de la recaudación por multas para impulsar la movilidad no motorizada y fomentar el uso de la bicicleta; otro 45% sería para el desarrollo de educación y cultura vial, y 10% para ofrecer becas a alumnos sobresalientes para que terminen su formación educativa.
Sobre la propuesta de Jasso acerca de los convenios en materia de tránsito que deben firmar el gobierno estatal y los municipios, los asesores del legislador aseguran que no son obligatorios. La aplicación de las multas e infracciones se sustentan en el artículo 197 de la Ley de Movilidad en Jalisco; por lo tanto, dicen, los cobros no son ilegales.
Además, para la ejecución de los denominados convenios en materia de tránsito vehicular, el cabildo deberá redactar un acta en la cual se autorice el acuerdo temporal con el Ejecutivo estatal y notificar por escrito al Congreso local o, en su defecto, avisar cuando no se concrete.
