La querella de divorcio y pago de pensión alimenticia interpuesta el 12 de diciembre de 2012 por Marcela López Amezcua contra el empresario dulcero Jaime Enrique Michel –con quien procreó cinco hijos– detonó una serie de demandas y contrademandas. Hasta ahora, el inculpado no sólo ha incumplido, sino que se jacta de ser amigo del gobernador Aristóteles Sandoval, el fiscal Eduardo Almaguer y otros funcionarios. Peor aún, intenta encarcelar a su expareja.
Protegido por funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo estatal, el empresario dulcero Jaime Enrique Michel Velasco evade la justicia y se niega a pagar la pensión alimenticia a sus hijos, que procreó con Marcela López Amezcua, con quien estuvo casado durante 36 años.
López Amezcua, quien durante su matrimonio se dedicó al cuidado del hogar y a la crianza de sus cinco hijos (Marcela, Germán Enrique, Susana, Jacobo y María Fernanda), comenta que sólo ha recibido maltrato de Michel a raíz de que presentó una demanda de divorcio necesario y pidió pensión para ella y sus hijos.
Michel Velasco se niega a proporcionarle a la demandante el apoyo económico de 190 mil pesos al mes –monto que estableció un juez– porque sus ingresos mensuales, dice, sólo ascienden a 49 mil pesos. López Amezcua sostiene que eso es falso.
Y pone ejemplos: cada año organiza fiestas onerosas. El 1 de agosto de 2014, cuando cumplió 63 años, Michel invitó a 800 personas a su convivio en los jardines de la fábrica de dulces De la Rosa, una de sus empresas, afiliada a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que encabeza su amigo Alfredo Barba.
La cantante Yuri amenizó la fiesta, mientras los asistentes degustaban botanas, tortas ahogadas, arracheras marinadas y postres, informó la revista Gente Bien en su edición del 8 de agosto siguiente.
En 2015, el empresario contrató a la cantante Alejandra Guzmán. La celebración duró más de 12 horas y se realizó en la terraza El Laguito. Fueron 600 los invitados, según consignó la revista Club días después.
Michel no sólo se niega a pagar la pensión alimenticia, sino que también amenazó con encarcelar a López Amezcua el menos en dos ocasiones, presuntamente con la ayuda del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer Ramírez.
La primera ocurrió el 21 de enero pasado, cuando el demandado acusó a López Amezcua de falsedad de declaración. Ese día, una caravana de 15 vehículos de la dependencia rodeó la residencia de la presunta inculpada para cumplir la orden de aprehensión.
La segunda fue el 15 de mayo, cuando López Amezcua acudió a la fiscalía a ratificar una denuncia. Tras realizar el trámite, cuando se dirigía a su camioneta BMW X6, elementos de la misma dependencia amenazaron con arrestarla por el presunto robo de una unidad similar a la suya, pero modelo X5.
Los agentes rodearon su vehículo, cuenta, so pretexto que era una revisión de rutina, pero llevaban una grúa. Un policía le confesó que estaban recibiendo órdenes “de muy arriba”. Ella le preguntó si se trataba del fiscal Almaguer; “él se rió y me dijo que sí”, cuenta López Amezcua.
Influyentismo
El jueves 2, López Amezcua se enteró que la Fundación Honoris Causa entregó a Michel Velasco un doctorado honoris causa por su labor humanista –una de sus empresas declarada libre de rezago educativo–. Ese mismo día, ella entregó un escrito a Proceso Jalisco en el que expone: “No es posible encubrir a sociópatas disfrazados de filántropos generosos y humanitarios; no es posible que me haya destruido y me siga destruyendo y que la sociedad lo proteja y lo premie”.
Y se lanzó contra la institución que galardonó a Michel: “Esta fundación avala que la mujer sea invisibilizada, que sea vilipendiada y que por exigir sus derechos sea etiquetada como una criminal, encerrándola en prisión, porque su aún cónyuge tiene mucho dinero”.
Al final, López Amezcua destaca que dentro del juicio sumario 451/2015, radicado en el Juzgado Séptimo Penal del estado de Jalisco, está siendo procesada “por decir la verdad y exigir mis derechos”.
En contraste, el mismo jueves 2 y el viernes 3 varias empresas y el ayuntamiento de Guadalajara publicaron 20 desplegados en los principales diarios locales para felicitar a Michel por el reconocimiento de que fue objeto. Lo mismo hicieron sus familiares, entre ellos su hija Marcela.
El martes 7 los sindicatos afiliados a la CROC, que encabeza Alfredo Barba, y el de los Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 28 hicieron lo propio.
Uno de ellos explicaba que dulces De la Rosa da trabajo a casi 8 mil empleados, de los cuales 100% tienen la primaria terminada, 98% la secundaria, 75% la preparatoria, 4.6% cuenta con carrera técnica y 3.8% una licenciatura, “gracias al apoyo que gestiona Michel Velasco para impulsarlos en su crecimiento personal”.
Sin embargo, López Amezcua habla de la incongruencia del galardonado pues, dice, instó a su hijo Jacobo a interrumpir sus estudios. Le dijo que él sólo había concluido la secundaria y era millonario.
Argucias legales
El 12 de diciembre de 2012, López Amezcua acudió a la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del estado (CJ) a presentar la disolución del vínculo matrimonial por la causal de infidelidad sexual y abandono del hogar contra el empresario Michel, propietario de la fábrica de dulces De la Rosa y otras empresas. Pedía la liquidación de la sociedad matrimonial legal, así como una pensión alimenticia.
También expuso que Michel procreó una niña con una de sus empleadas llamada Claudia Liliana Oliman Anguiano, a la cual reconoció el 16 de marzo de 2011 ante el Registro Civil número 3 de Zapopan.
Expuso López Amezcua: “Ante esta infidelidad comprobada por parte de mi aún esposo, Jaime Enrique Michel Velasco, le reclamé su proceder, mi cónyuge se alteró de sobremanera y en forma por demás ilógica me reclamó por qué me metía en sus cosas y aún más, que él vería la manera de dejarme en la calle y que si yo intentaba ventilar su infidelidad a la sociedad, me arrepentiría, pues de inicio enajenaría o dilapidaría todos nuestros bienes que hemos adquirido.
“Él ha tenido el tiempo suficiente para cambiar todas sus acciones a otros bienes, con tal de que yo no vea nada; además, se ufana que tiene muchas palancas o influencias con personas importantes en el gobierno para ganar el juicio por la separación de bienes y que va a hacer que se alargue con la intención que yo no reciba nada de patrimonio familiar y que si él llegara a morir antes del fallo a su favor, ya tiene arreglado con su hermano Miguel Ángel para que yo no vea ni un solo peso.”
La demanda se canalizó ante el juez Cuarto de lo Familiar con el número de expediente 2235/2012. Sin embargo, según José de Jesús de la Mora Álvarez, uno de los defensores de López Amezcua, por “argucias jurídicas” de los abogados de Michel, el expediente estuvo fuera del juzgado durante un año 10 meses. Al final, como el juzgador no emitió una sentencia interlocutoria, el caso quedó sub judice.
Alberto Abaroa Ortiz, José Antonio Pérez Vázquez y Guillermo Ogarrio, abogados del empresario, “presumen que son muy amigos del gobernador y que tienen mucho contacto con la gente de poder. Nosotros no tenemos una prueba que diga eso, pero en lo jurídico se refleja que están logrando lo que ellos quieren.
“Ellos se jactan de ser amigos del gobernador y de la clase más alta del poder en Jalisco. Obviamente, por la cuestión de quien estamos hablando, sabemos que sí lo es”, sostiene De la Mora.
No obstante, a instancias de su cliente, el 2 de mayo de 2014 interpuso otra demanda ante la oficialía de partes del CJ que quedó asentada en el expediente 816/2014 “sólo por la cuestión de alimentos”.
El asunto se turnó al Juzgado Séptimo de lo Familiar, a cargo de Édgar Rizo Garnica, quien le asignó el expediente 816/2014. El juez emitió una sentencia interlocutoria y fijó una pensión alimenticia provisional de 122 mil 472 pesos y ordenó el embargo de bienes.
Días después, el 27 de mayo, De la Mora interpuso un incidente de ampliación de pensión alimenticia para su cliente. Para el 10 de junio de 2014 se dictó una sentencia interlocutoria que condenaba al acusado a pagar a López Amezcua 201 mil pesos mensuales por concepto de alimentos provisionales.
Sin embargo, un juez de Distrito estableció que la suma se redujera a 190 mil. Michel se rehusó a pagar y el 8 de julio de 2014 interpuso un amparo –el número 702/2014– que se ventila ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil contra la decisión del juez Séptimo de lo Familiar. El 27 de febrero de 2015 se le concedió de manera definitiva.
Cascada de quejas
El 29 de octubre de 2014 Michel presentó también una denuncia –AP 15459/2014– contra el juez Rizo por presunto abuso de autoridad, al admitir “indebidamente un incidente de aumento de pensión alimenticia provisional”. Además, pidió la reparación del daño por el detrimento económico causado, pues consideró excesiva la cantidad que le impusieron por concepto de alimentos provisionales.
También presentó una queja ante el CJ contra Rizo por negarse a remitir el procedimiento a su homólogo del Juzgado Cuarto. El CJ, encabezado por Luis Carlos Vega Pámanes, aprobó por unanimidad que se “instaure procedimiento administrativo de responsabilidad” contra Rizo “y hecho lo anterior, turne el expediente a la Comisión de Vigilancia para que realice el proyecto de resolución y lo someta a consideración de los integrantes de este honorable pleno”.
Michel expuso: “Sin darle vista a la parte actora, y sin que medie solicitud de petición de parte de la señora Marcela López o sus abogados patronos (Rizo) ordena arbitrariamente de nueva cuenta girar oficio al director del Registro Público de la Propiedad a efecto de inscribir el embargo en contra del suscrito sobre las acciones de la empresa Mazapán de la Rosa que supuestamente son de mi propiedad, toda vez que no se tiene certeza del tráfico (sic) que han sufrido dichas acciones”.
Por su parte, el pasado 6 de enero la defensa de López Amezcua acusó ante el CJ –queja número 17/2016– al juez Sexto de lo Familiar, Agustín Flores, de ser parcial y de cometer faltas administrativas. Una de ellas, dijo, es que el 5 de agosto de 2015 la defensa de Michel solicitó a Flores dictar sentencia interlocutoria de alimentos provisionales; al día siguiente la fijó en 10 mil pesos, cuando ya existía otra con un monto mayor.
El 26 de febrero de este año se presentó otra querella penal –averiguación previa 295/2016– contra Flores por delitos contra la administración de la justicia. Curiosamente, anota el abogado De la Mora, todas las apelaciones recaen en la Séptima Sala Especializada en Materia Civil, cuyo presidente es el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador Aristóteles Sandoval.
Intimidaciones
El 21 de agosto de 2015, el empresario presentó una denuncia contra López Amezcua por presunta falsedad de declaraciones, y la hizo extensiva a su hermana Laura López Amezcua y a una amiga llamada Cristina Rivas.
Meses antes, el 23 de marzo de ese año, Laura y María Cristina declararon que Michel –“una persona poderosa”, dijeron– abandonó el hogar y no aportaba dinero para la manutención de su esposa desde hacía cuatro años. Y agregaron que si llegaba a sucederles algo, responsabilizarían a Michel.
El 9 de septiembre, Michel Velasco ratificó la denuncia que quedó radicada con el número de averiguación previa 5645/2015. El 5 de noviembre, la FGE acordó citar a las tres mujeres implicadas para el día 13 de ese mes a fin de tomarles sus declaraciones ministeriales. Ninguna se presentó.
La Agencia del Ministerio Público número 7 volvió a citarlas para el día 17; tampoco acudieron. Y aunque la fiscalía afirmó que les envió la notificación, ellas aseguran que nunca recibieron los citatorios. Pero el demandante expuso los testimonios de dos de sus hijos –Germán Enrique y Jacobo– para desmentir a López Amezcua.
Ambos declararon que tras la separación conyugal, su padre continuó haciéndose cargo de la manutención de López Amezcua; afirmaron también que ellos eran quienes le entregaban el dinero; algunas veces era en efectivo, otras mediante cheque.
Añadieron que su progenitora tenía una cuenta mancomunada en dólares en Estados Unidos y rentaba varios inmuebles; incluso entregaron una copia simple de declaración de impuestos federales de López Amezcua de enero a abril de 2014 por 42 mil pesos.
Adriana Arreola, abogada de López Amezcua, comenta que la averiguación previa por falsedad de declaración contra su clienta y las otras dos testigos se integró “sólo con pruebas documentales, lo que es una violación al debido proceso; es decir (las autoridades ministeriales) consignan sin escuchar; además, no estuvo ni siquiera la declaración de los hijos”.
Según Arreola, el juez debió advertir a Jacobo y a Germán Enrique que “estaban exentados” de declarar puesto que “los involucrados eran sus padres”. Puntualiza que los jóvenes declararon falsamente al decir que su padre les da dinero para mantener a su madre.
Precisa que la cuenta en el extranjero es para uso exclusivo de la manutención de una casa que tienen en San Antonio, Texas. Comenta también que, el hecho de que su clienta haya obtenido el auto de libertad, no significa que haya sido absuelta.
López Amezcua considera que sus hijos fueron manipulados por su padre para que declararan contra ella, por lo que decidió ampararse ante el juzgado para evitar ser detenida; incluso, dice, entregó pruebas que confirman el abandono familiar por parte de Michel.
Asimismo, asegura, tiene grabaciones en las que sus hijos se desdicen, pero admite que se puede desahogar la prueba por la negativa de Germán Enrique y Jacobo a comparecer para carearse con ella.
Hasta ahora, refiere la abogada, no han podido desahogarse las pruebas a favor de su clienta porque la contraparte presentó varios recursos, entre ellos varios amparos y quejas.
Otra demanda de Marcela
El 17 de febrero de 2015, López Amezcua presentó una denuncia contra Michel (AP 087/CJM/2015), que se radicó en la agencia 4 de la Unidad de Investigación Contra Delitos de Trata de Personas, Mujeres, Menores y Delitos Sexuales. Y la ratificó el día 25 del mismo mes.
El Ministerio Público envió la querella al Juzgado Décimo de lo Penal del Primer Partido Judicial (expediente 176/2015-C). El 21 de abril siguiente, el juez libró la orden de aprehensión contra Michel.
Sin embargo, la denunciante asegura que desde el juzgado presuntamente le avisaron al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, sobre esa decisión y él se comunicó con el inculpado, quien, apoyado por sus escoltas y gente de gobierno, evadió a la justicia.
Poco después Michel se presentó ante la autoridad jurisdiccional con una suspensión provisional que le otorgó el juez Segundo de Distrito en el estado de Colima dentro del juicio de amparo 601/2015 el día 27. Para recibir las pruebas del presunto inculpado, el 29 de mayo siguiente el titular del juzgado decretó el auto de libertad de Michel por falta de elementos para procesarlo.
Y aunque la resolución fue apelada por el agente del Ministerio Público, el 18 de septiembre de 2015 los magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia dentro del toca de la apelación penal 1085/2015 confirmaron la resolución dictada por el juez de origen.
La abogada Arreola comenta que aunque su cliente se amparó contra esa resolución, la autoridad competente aún no resuelve el caso. Cuando “ellos (la contraparte) ya sabían que se iba a confirmar la sentencia, me habló un hijo de la señora y me dijo que su papá ya la había librado en lo federal”.
Con relación a los supuestos ingresos que recibe López Amezcua por la renta de inmuebles, Arreola admite que sus hijos abrieron una cuenta bancaria sin que ella se enterara. Cuando lo supo –el pasado 16 de febrero– su cliente presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (AP previa 283/2016-B). Michel se enteró de la querella, que aún no está integrada, por lo que “mandó decir que no se iba arreglar ni a dar ni un cinco porque presentaron la denuncia ante la PGR”, sostiene Arreola.
