Los empleados del área de Vectores de la Secretaría de Salud estatal se exponen todos los días a las sustancias peligrosas usadas para combatir al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya sin equipo protector ni uniforme. Algunos han sufrido caídas de azoteas, mordeduras de perro y otros accidentes, pero tienen un bajo salario y ninguna prestación laboral. Sin embargo, ni la autoridad estatal ni la federal mejoran sus condiciones de trabajo.
Trabajadores de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) que están bajo contrato en los programas Vectores y Patio Limpio, algunos con más de una década de antigüedad, denuncian que la dependencia no les ofrece las prestaciones de ley, paga un sueldo ínfimo y ni siquiera tienen un contrato permanente a pesar de que constantemente arriesgan la vida.
Su precaria situación los llevó a enviar cartas a distintas autoridades para solicitar seguridad laboral. Una de ellas, fechada el 5 de octubre de 2015 y que incluyó un listado de mil 200 trabajadores, la dirigieron al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, a quien le reclamaron porque no fueron considerados en los dos últimos procesos de basificación en la SSJ.
“La gran mayoría de nosotros contamos con antigüedad que justifica nuestra exigencia y recientemente nos enteramos que existe personal regularizado con códigos de vectores pero haciendo otras funciones, y nosotros en esa ocasión no fuimos apoyados”, exponen.
Algunos de ellos afirmaron en entrevista que, en cambio, Karla Vanessa Castillo Estrada –sobrina de Enrique Castillo Estrada, jefe de distrito en programas de salud de la SSJ– aunque o tiene base está contratada para laborar como supervisora de brigadistas en el área de Vectores, aunque en realidad se desempeña como capturista desde 2012.
Afirman que su labor no es sencilla: “Estamos expuestos y utilizamos insecticidas los 365 días del año, sin protección alguna, y nuestra jornada laboral en campo la llevamos a cabo cuando la radiación solar es emitida con mayor fuerza, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel”.
Explican que el área de Vectores tiene dos secciones: Patio Limpio, que ofrece a los ciudadanos asesoría para evitar las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti, mientras que en Control Larvario manejan insecticida en polvo sin guantes ni mascarilla, y quienes fumigan lo hacen con una motomochila que no funciona bien, por lo que su cuerpo y su ropa terminan mojadas en los fuertes químicos que aplican. Los fumigadores no cuentan con trajes protectores ni con regaderas.
Este semanario publicó que la campaña de la SSJ para reforzar mediante nebulizaciones el combate al mencionado mosquito, transmisor de dengue, zika y chikungunya, puede ser letal porque utiliza componentes químicos que en varios países se han prohibido por ser de alta toxicidad, cancerígenos y abortivos. El año pasado, la autoridad sanitaria invirtió casi 95 millones de pesos en equipo y pesticidas tóxicos que no logran acabar con el mosquito (Proceso Jalisco 592).
Para colmo, señalan los trabajadores contratados por la SSJ, el lugar donde se preparan los herbicidas para aplicarlos es el mismo donde comen y ahí están los dispensadores de agua potable.
“Tuvimos la visita de la comisión de higiene y prevención del Sindicato (Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, sección 79), pero el jefe operativo, Enrique Castillo Estrada, y la doctora Ángeles Gómez, (directora de Zoonosis) nos sacaron del área. No sabíamos de la visita y a los choferes les dieron la orden de que no llegaran hasta que la comisión se fuera. Todo, para que no nos preguntaran en qué condiciones trabajamos”, dice el empleado Humberto Díaz.
Gabriel Espinosa agrega que la autoridad sanitaria está obligada a aplicarles un examen de colinesterasa dos veces al año “para detectar la contaminación que se tiene, pero en siete años y medio sólo lo han hecho una vez, en noviembre pasado”.
Aunque se les mostraron los resultados de tal estudio de laboratorio en una hoja del programa Excel, la respuesta de Sergio Zaragoza Mestas, director de la región sanitaria X, cuando le solicitaron copia de los mismos fue “que no era útil que los tuvieran”.
Para Humberto Díaz, la SSJ incurre en una gran injusticia porque no los considera como sus trabajadores pero sí aplica sanciones como si fuesen servidores públicos: “Tenemos obligaciones, pero no derechos”.
Petición a Sandoval Díaz
En su carta dirigida al gobernador, que también entregaron al Congreso local el 6 de octubre del año pasado, los trabajadores relatan: “Se han presentado varios casos en que compañeros han sufrido accidentes laborales o han fallecido, y ellos o los familiares quedan sin nada, ya que no contamos con alguna seguridad social”.
En la entrevista, citan el caso de Mariana Villa, quien falleció el 18 de agosto de 2015, a los 37 años. Era madre soltera y laboraba como brigadista, pero enfermó de lupus y murió. Al no contar con seguridad social, dejó a su hijo en el desamparo.
En otros dos casos, Luz Elena Zaragoza y Noé Antonio Pérez se lesionaron al caer de azoteas en diferentes fechas, cuando aplicaban polvo para evitar la reproducción de larvas. La primera interpuso una demanda para presionar a la SSJ a para que continuara haciéndose cargo de los gastos médicos tras su accidente, que ocurrió el 9 de junio de 2009. Pérez sigue trabajando con las secuelas de su caída, el 24 de marzo de 2014.
Los entrevistados añaden que con frecuencia los brigadistas son asaltados o golpeados, y cuando reportan a la SSJ la zona donde ocurrió la agresión, la dependencia simplemente envía a otros trabajadores a esos lugares “como si no existiera ningún riesgo”, comenta Humberto Díaz.
Los inconformes indican que desde hace cuatro años ganan 5 mil 200 pesos mensuales netos y demandan un aumento. Igualmente solicitan contar con seguridad social. Para ellos, el Seguro Popular no cuenta como prestación laboral porque todos los ciudadanos tienen ese derecho.
Además, refieren que dicho seguro no les garantiza buena atención médica, como lo comprobó el brigadista Gabriel Espinosa, a quien un perro mordió en el pie. Cuando llegó al Hospital General de Occidente le pidieron una copia de su alta del Seguro Popular como requisito para curarle la herida.
Espinosa no llevaba el documento y se le negó la atención. Aun después de que se identificó como trabajador de la SSJ, pasó al menos una hora y media para que lo atendieran.
Por todo eso, los entrevistados solicitan al gobernador que gestione una ampliación presupuestal ante la autoridad federal “para que con ella se realice una formalización laboral para los trabajadores de Vectores en nuestro estado”.
El documento se entregó con copias para Raúl Torres Reyes, líder nacional de Vectores; el entonces secretario de Salud Jaime Agustín González Álvarez; la presidenta de la comisión de Higiene y Salud Pública en el Congreso local, María del Consuelo Robles Sierra; y el secretario general de la Sección 79 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSJ, Gabriel Ojeda Meléndrez.
Negativa federal
El líder sindical Ojeda Meléndrez envío el oficio 162/2015 al secretario González Álvarez, cuya oficina lo recibió el 5 de noviembre, a fin de exponerle las necesidades de los trabajadores por contrato del área de Vectores, que desglosó en 12 puntos.
Entre éstos destacan la dotación de equipos protectores adecuados a cada función de cada trabajador. También solicitan que se les proporcione atención médica, vehículos oficiales en buenas condiciones y con los gastos cubiertos, incluido el combustible; la entrega de “medidas de año” como aguinaldo y vales de despensa y un espacio digno para la alimentación del personal operativo.
Sin embargo, el núcleo de sus demandas es que se formalice la relación laboral.
El 19 de noviembre del año pasado, el director de Recursos Humanos de la SSJ, Edgar Rojas Maldonado, envió el oficio SSJ.DGA.DRH.PL.195.2015 a González Álvarez, en el cual informa que se solicitó “a la Subsecretaría de Administración y Finanzas y/o a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud federal abrir la posibilidad de incorporar a los trabajadores de Vectores y Patio Limpio en la base de datos para que éstos puedan participar como candidatos a la tercera y última etapa del proceso de formalización o, en caso de ser posible, la apertura de una cuarta etapa destinada a beneficiar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en los programas en comento financiado por el Ramo 12”.
El mismo día González Álvarez dirigió el oficio SSJ.DGA.DRH.PL.197.2015 a la titular de la Secretaría de Salud federal, Mercedes Juan López, para informarle sobre la situación que vive el personal de Vectores y de Patio Limpio.
“En mi calidad de secretario de Salud y director general del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, tengo a bien solicitarle se considere la inclusión de dichas prestaciones al personal de Vectores y Patio Limpio en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, lo anterior para encontrarnos en posibilidad de otorgar unas mejores condiciones laborales a dichos trabajadores quienes constituyen el fuerte en la prevención en salud del estado de Jalisco”.
El 14 de enero pasado, la SSJ recibió el oficio DGRH-5443-2015, dirigido a González Álvarez y firmado por la directora de Recursos Humanos de la Subsecretaría Administración y Finanzas de la dependencia federal, Graciela Romero Monroy, quien afirma:
“La posibilidad de incluir todas y cada una de las prestaciones que refiere en el presupuesto de Egresos de la Federación al personal de Vectores y Patio Limpio no se encuentra dentro de las atribuciones de la Secretaría de Salud, en virtud de que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, como lo establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Se agrega en el escrito que “respecto a la pretensión de incluir al personal que refiere en el programa de Formalización Laboral, la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las entidades federativas emitió el acuerdo número CNFLTSEF/001/14 de fecha de 26 de marzo de 2014, que en su cláusula tercera establece que el personal que forme parte de los programas de Caravanas de la Salud, Desarrollo Humano, Oportunidades y cualquier otro programa en el que las remuneraciones de los trabajadores sean cubiertas con recursos del Ramo 12, y su contratación sea con carácter de temporal, no podrán participar en este proceso”.
Precisa que no se tiene contemplada una cuarta etapa en el proceso de formalización laboral, como quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de noviembre.
En cuanto a la integración de los trabajadores a un esquema de seguridad social, Romero Monroy respondió que en el proceso de Formalización Laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas que fueron contratados “en forma precaria”, se pretende que gocen de las “prestaciones establecidas en la legislación laboral vigente y de seguridad social”, pero, de nuevo, no podrá participar el personal de los programas remunerados con recursos del Ramo 12.
En un nuevo intento, el pasado 26 de enero los afectados enviaron una carta a Romero Monroy, para solicitarle que intervenga para que se les basifique, ya que no se les tomó en cuenta en los dos últimos procesos de formalización. Hasta la fecha la funcionaria no les ha respondido.
