La sustracción de computadoras de las escuelas públicas de la zona metropolitana de Guadalajara preocupa a directivos, profesores y alumnos, estos últimos los más perjudicados por la falta de equipo. Hoy, según las estadísticas oficiales consultadas por Proceso Jalisco, ocurren 1.2 robos al magisterio cada 24 horas, sin que las autoridades detengan a los delincuentes.
En los últimos cuatro años, los robos al magisterio –sobre todo sustracción de mobiliario y computadoras de las escuelas– se han multiplicado en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, según las denuncias documentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En 2013, por ejemplo, hubo 431; al año siguiente fueron 405; en 2015 descendieron a 389, y en el primer cuatrimestre de este 2016 sumaron 148. Total: mil 373 denuncias, de las cuales 640 afectaron a planteles de Guadalajara, gobernada por el emecista Enrique Alfaro Ramírez.
En el bienio 2014-2015 el gobierno federal invirtió 25 millones 333 mil pesos para instalar computadoras en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de los municipios de la zona metropolitana, para acercar a la comunidad estudiantil en el uso de tecnologías de la información, pero el programa se malogró precisamente por el delito de robo al magisterio, uno de los de mayor incidencia. Hoy, se registran 1.2 cada 24 horas.
En los dos últimos años, la tercera parte de esos ilícitos fueron precisamente de los equipos de cómputo, de acuerdo con la FGE. En 2014, 39.4% correspondían a sustracción de computadoras; al siguiente año disminuyó a 27%.
Por lo general, las autoridades ministeriales no atrapan a los delincuentes y la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) se muestra indolente, pues no resarce los daños. Eso obliga a los profesores y padres de familia a conseguir equipo nuevo con sus propios recursos para que los niños completen su educación básica.
Los robos en los planteles de Guadalajara ocurren sobre todo en periodos vacacionales, los fines de semana y los cambios de turno; a veces la precaria infraestructura de los inmuebles propicia la sustracción del material didáctico y mobiliario, dicen los maestros.
En 2013, cuando el priista Ramiro Hernández García estaba al frente del ayuntamiento tapatío, se levantaron 235 querellas, en 2014, 171; en 2015, 168; y hasta abril de este año se habían acumulado 66.
Según la información obtenida por Proceso Jalisco, la mayor incidencia delictiva se da en las colonias Morelos y La Normal (ocho cada una), la Olímpica (seis), Miravalle, Ferrocarril, Polanco y del Fresno (cinco cada una), mientras en el resto del territorio tapatío se ha documentado al menos una incidencia de enero de 2013 a abril de 2016.
El personal docente se muestra preocupado por la falta de ayuda, pues de los recursos que reciben del gobierno estatal son insuficientes para atender sus “urgencias funcionales y estructurales” de las 11 mil 226 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de la entidad.
Desprotección total
De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 12.8% de las aulas públicas jaliscienses tienen cuarteaduras en techos, muros y pisos; 14% presenta filtraciones de agua, 17.5% de los vidrios de las ventanas de los salones están rotos.
Peor aún, carecen de recursos para instalar cámaras de videovigilancia, o un servicio de seguridad, que cuesta entre 4 mil y 21 mil pesos. Y en cuanto a recursos humanos, el Presupuesto de Egresos 2016 apenas consideró la apertura de 13 plazas de velador y nueve de vigilante para reforzar la estructura educativa estatal.
“Cuando un velador se jubila ya no reponen la plaza, igual pasa con los intendentes, aunque la escuela se caiga”, cuenta una exdirectora de la zona escolar número 130, al sur de Guadalajara, quien pide omitir su nombre.
En 2012, relata, una familia vigilaba el inmueble y sus bienes a cambio de que se les permitiera resguardarse durante las noches. Sin embargo, a partir de un conflicto laboral entre el personal docente, un auditor de la SEJ decidió echar a esas personas.
Su argumento fue absurdo: “No quiero a nadie que no sea trabajador (en el plantel) –dijo–. A la secretaría no le importa si a la escuela la roban. Lo que quiere evitar es una demanda porque alguien no trabajó (oficialmente) aquí”.
A raíz de esa “solución” del auditor, comenzaron los robos de material del salón de cómputo, precisamente por la falta de vigilancia, según la exdirectiva.
En 2013, cuenta, ella denunció el primero de los robos en el plantel: “Ni los candados dejaron… Eso da coraje, rabia, pues le quitaron (a los niños) instrumentos valiosos para su formación. Hoy, el plantel se quedó sin un sólo equipo”.
De los 370 robos al magisterio cometidos en los últimos de enero de 2014 a abril de 2016, sólo han sido consignadas cuatro personas.
El profesor Édgar Santana, de la primaria Manuel López Cotilla, ubicada en la calle 10, colonia Ferrocarril, en Guadalajara, tuvo un desencanto similar cuando fue a denunciar un robo de material de cómputo:
“No sabe uno qué hacer en esos casos, simplemente va y manifiesta su inconformidad. La tristeza es que esas máquinas les van a hacer falta a los niños, que estaban actualizadas. Lo único que pudimos hacer fue la denuncia, pero no vi que (personal de la FGE) fuera a investigar.
Y de la SEJ, ni hablar, es poco factible que se interese en ese tipo de problemas y busque resolverlos.
Según el Reglamento Interno de la SEJ, las acciones relativas a equipamiento, rehabilitación y reposición de mobiliario, así como equipo de las escuelas son responsabilidad de la Dirección de Atención a la Infraestructura Escolar, la de Recursos Materiales, la de Adquisiciones y la de Control de Muebles e Inmuebles.
La última, en particular, tiene la obligación de “llevar a cabo periódicamente pruebas selectivas a fin de garantizar el adecuado resguardo y custodia de los bienes existentes” y “vigilar el adecuado destino, uso y conservación de los activos fijos”, según las fracciones VII y IV, respectivamente, del artículo 81 de la dependencia.
En el caso de la escuela Manuel López Cotilla, los padres de los alumnos se coordinaron con los vecinos para hacer rondines en las calles aledañas al plantel, incluso durante las vacaciones, para evitar los robos.
A su vez, el personal docente organizó una kermés para recaudar fondos, si bien sólo alcanzaron para resguardar los instrumentos de trabajo necesarios para expedir documentos oficiales.
