En los últimos meses, algunos afiliados a la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se han enfrentado a los caprichos de su representante sindical Jesús Lepez Ponce y sus incondicionales. Cuatro de los afectados relatan a Proceso Jalisco los excesos de su líder, quien no sólo les suprime sus beneficios laborales o les quita sus plazas, también suele darlos de baja de manera ilegal.
El viernes 10, cuatro auxiliares de enfermeras y un abogado de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), sección 28 Jalisco, en la que los acusan de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Los denunciados –Jesús Lépez Ponce y José Guadalupe Ramírez Robledo, secretario general y líder moral del sindicato, respectivamente– presuntamente presionaron para que el abogado Julián Claudio García fuera despedido, mientras que a las cuatro auxiliares de enfermeras les arrebataron su base en el Hospital General de Occidente.
En su querella, las afectadas: Blanca Esmeralda Elías Ortega, Erika Real Fierro, Lucero Edilbertha Galván Tovar y Mónica Isabel Centeno García exponen que aun cuando tienen un documento que avala su nombramiento del 1 de julio de 2015, tras participar en un proceso de formalización de la SSJ, Lépez Ponce les arrebató su base.
El 16 de diciembre siguiente, relatan, Lépez les llamó por teléfono para comunicarles que quedaron fuera del proceso de formalización. Las cuatro visitaron al dirigente sindical para aclarar su situación laboral. Sin embargo, frente al doctor Ramírez Robledo, Lépez les reiteró que estaban fuera del proceso.
Las afectadas acudieron a las oficinas de la SSJ para preguntar por qué invalidaban su nombramiento. En Recursos Humanos, la empleada Carolina Buenrostro les comentó que sus plazas fueron canceladas por orden del secretario general del SNTSA.
Cinco meses después, el pasado 16 de febrero, dos de las enfermeras – Erika Real y Lucero Galván– viajaron a la Ciudad de México para entregar un escrito ante la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas.
Las atendió Mario González, quien tras revisar sus expedientes les confirmó que ambas “estaban registradas como trabajadoras formalizadas en el sistema nacional”; incluso les comentó que Lépez carecía de facultades para quitarles sus plazas.
La querella
En su querella presentada ante la fiscalía, las inconformes dicen haber cumplido los requisitos para obtener su base, por lo que consideran injusto que su dirigente sindical intente despojarlas de su nombramiento laboral. También cuestionan a Lépez por violentar los lineamientos del proceso de formalización de la SSJ.
Según Erika Real y Lucero Galván, el propio dirigente del SNTSA firmó los oficios SEFLTS.JAL288 y SEFLTS.JAL304, fechados el 2 de septiembre de 2015, para informarles que resultaron beneficiadas en el proceso de formalización laboral como auxiliares de enfermería nivel “A”.
En ellos les se explican sus derechos y beneficios laborales, que incluyen prestaciones como seguro de vida institucional, así como uno colectivo de retiro y de riesgo profesional que incluye a médicos y enfermeras.
Los escritos también están firmados por Jaime Agustín González Álvarez, entonces director de la SSJ; y por el director general de Recursos Humanos de la dependencia, Édgar Rojas Maldonado.
Y como Lépez no ha querido responderles por qué les quiere quitar sus nombramientos de base, el 10 de marzo pasado tres de las cuatro afectadas –Blanca Elías, Erika Leal y Lucero Galván– solicitaron a la Unidad de Transparencia de la SSJ, cuyo titular es Jesús Alberto Borroel Mora, les explicara su situación laboral o, en su defecto, les dijera a quiénes se les reasignaron las plazas.
La Unidad de Transparencia les respondió mediante el oficio U.T. 488/2016, en el que les comunica que ninguna había sido beneficiada con el proceso de formalización laboral, “por lo que resulta imposible remitir el nombramiento o designación como trabajadoras formalizadas”; por lo tanto, “se desempeñaban como personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud”.
Las enfermeras se quejan también de que Lépez les quitó los beneficios relativos al concepto 30, que se otorga al personal que labora en áreas donde las condiciones de higiene son precarias. Comentan que incluso tienen una grabación en la que se escucha a Carolina Buenrostro cuando le informa a una de las afectadas –Mónica Centeno– que se le retiró esa prestación por mandato de Enrique González, representante de la Comisión de Higiene del SNTSA.
Presiones políticas
Julián Claudio García, quien lleva 23 años en el servicio público, subraya que se le abrió un proceso administrativo –“plagado de irregularidades”, dice– porque presuntamente acumuló 11 faltas.
Argumenta que el pasado 13 de abril, cuando aún era titular de la SSJ, González Álvarez mandó un escrito al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, en el que le informa que el abogado fue dado de baja “por presiones sindicales”.
El proceso contra García fue abierto el 15 de febrero último por Rigoberto Hernández Lomelí, administrador del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José Guerrerosantos”, a la que está adscrito el afectado como personal de apoyo administrativo en salud A-6.
Según el documento, García incurrió en 11 “faltas injustificadas no consecutivas dentro de un periodo de 30 días naturales”, entre noviembre y diciembre de 2015, y no presentó ningún justificante.
Pese a que en seis de los 11 días mencionados existe un registro de entrada y salida, García presuntamente “se ausentó de su lugar de trabajo, según se desprende informaron Beatriz Adriana Vázquez Ruvalcaba y Jesús Francisco Bravo Casas, encargados de supervisiones de la dirección de Recursos Humanos”.
Según ellos, para justificar sus ausencias en el turno vespertino, García dejó pases de salida que “no contaban con el visto bueno ni de su jefe inmediato, ni de la oficina de Recursos Humanos ni de la Subdirección Administrativa”.
Norma Guzmán González, encargada de Recursos Humanos, fue una de las testigos de cargo en el proceso administrativo que se abrió contra Julián Claudio. Ella “confirmó” la versión de los supervisores.
García tenía cinco faltas injustificadas y los pases de salida, que debió entregar en un plazo no mayor de cinco días a Recursos Humanos –nunca lo hizo– carecían de las firmas del superior inmediato y del subdirector administrativo; además, tampoco registró las horas en que se mantuvo ausente, expuso Guzmán González.
En la audiencia de defensa realizada el 18 de febrero pasado, García entregó un documento signado por su superior jerárquico, Pascuala Solís Zavala, jefa del Departamento de Archivo Clínico del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, dirigido al director del organismo, en el cual consta que García sí tenía autorización para ausentarse seis días.
Luis Javier Barbosa y Janeth Elizabeth Flores Pelayo, compañeros de García, rindieron sus testimonios favorables a él, lo mismo que Juan Manuel Escamilla Novela, representante sindical de los trabajadores de la sección 28. Él declaró que en el turno vespertino “no hay autoridades y la mayoría de las autorizaciones se ejecutan de manera verbal”.
Los tres expusieron que García obtuvo el permiso para ausentarse vía telefónica de Solís Zavala, su jefa inmediata.
García alegó que sólo tenía cuatro y no las 11 faltas que se le atribuían. Dijo también que los supervisores nunca solicitaron a Solís Zavala las autorizaciones de salida que ella firmó.
Además, expuso, el procedimiento en su contra ya había prescrito, pues según el artículo 106 de la Ley para los Servidores Públicos de Jalisco, el plazo para abrir un proceso a partir de los hechos presuntamente irregulares es de 30 días
Sin embargo, el 22 de marzo de 2016, Fernando Letipichia Torres, director de Asuntos Jurídicos de la SSJ, notificó a García su “cese definitivo del empleo, cargo o comisión”, según la resolución P.R.L./05/2016 mediante el oficio DAJ/DC/593/2015.
El dictamen de resolución venía firmado por González Álvarez, quien 18 días después de enviar el escrito a López Lara en el que le decía que García “fue dado de baja por presiones sindicales”, finalmente reculó.
El martes 14, García y otros afectados por el SNTSA intentaron encadenarse en las bancas de la plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia laboral. Sin embargo, desistieron, luego de recibir una llamada del secretario general de Gobierno, quien les propuso dialogar, Hasta el cierre de edición el encuentro con el funcionario aún no se realizaba.
