En el ámbito privado, cualquier compra hecha a sobreprecio es legalmente inatacable, siempre y cuando se realice con el consentimiento del comprador, pues cada quien puede disponer a su antojo de lo que es suyo. Pero las cosas cambian cuando esa compra inflada ocurre en la administración pública, y ello porque en la medida en que equis funcionario o funcionaria hace un mal uso o comete un abuso (que no es lo mismo, pero es igual) de los fondos públicos que se le confiaron, está robando a los contribuyentes.
Ni más ni menos, eso es lo que fue descubierto a fines del mes pasado (Mural y El Informador, 28 de mayo) con la compra a sobreprecio de la mayoría de las 15 nuevas piezas que de manera poco responsable –por no decir, descuidada– fueron adquiridas por parte de funcionarios de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) dizque para “actualizar” la llamada Colección del Pueblo de Jalisco (CPJ).
En este caso no se está exagerando al hablar de robo al erario, en el entendido de que ni siquiera se necesita que alguno(s) de los funcionarios de marras se embolse(n) parte de esa transacción, pues basta y sobra con que haya(n) autorizado, incluso de buena fe, una compra inflada. En el lote de esas obras adquiridas a sobreprecio, muy explicablemente el caso más escandaloso es el de Estrella de mar, un cuadro de mediano formato de Jorge Martínez y el cual se terminó comprando a por lo menos un ¡1 mil por ciento más! de su cotización real, pues mientras existen otras pinturas similares del mismo autor en el mercado del arte, cuyo estimación va de los 120 mil a los 150 mil pesos, los cocos pensantes de la SCJ pagaron ¡un millón 624 mil pesos! por el cuadro antes mencionado.
Las explicaciones, que no justificaciones, dadas por los funcionarios de la mencionada dependencia, comenzando por su titular Myriam Vachez, van de la ignorancia supina a la ingenuidad más conmovedora. Así, por ejemplo, la administradora estatal de las musas dice que para ella, aun por encima del precio mercado se encuentra el que establecen “los dueños de la obra”; además, agrega, le parece de muy mal gusto regatear: “Es muy feo cuando llegas con un artista a decirle, ‘sabes qué, esos 400 mil pesos, pero más Iva, ¿no podrías bajarte tantito, nos puedes hacer una consideración?’” (El Informador, miércoles 1 de junio).
Ni hablar. Como economista, hace mucho que madame Vachez hubiera quebrado las finanzas del gobierno de Jalisco o de cualquier empresa (pública o privada), en la medida en para ella parece ser más importante la valoración subjetiva, interesada y eventualmente arbitraria de quien vende una obra que los parámetros objetivos de la realidad económica. Pero más allá de que la titular de la SCJ en lo personal pueda estar en desacuerdo con la ley de la oferta y la demanda que también impera en el mercado del arte, como servidora pública no puede sustraerse a ello y menos aún si es para despilfarrar a su antojo el dinero de los contribuyentes. Y eso es precisamente lo que ella y sus colaboradores hicieron con más de 6 millones de pesos de fondos públicos.
El origen de esta historia, según la propia Vachez, se remonta a 2014, cuando tenía apenas un año en su actual cargo. En ese momento se habría visto ante la disyuntiva de tener que devolverle al gobierno federal 6.1 millones de pesos que no había podido ejercer (de un programa llamado “fondo de subsidio PISO de la Secretaría de Hacienda”), o pedir al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), dependencia que a fines del año pasado fue reconvertida en Secretaría de Cultura del gobierno federal, que intercediera, a fin de que ese dinero pudiese ser utilizado en la adquisición de obra artística. Según la versión oficial, el CNCA les habría autorizado la última opción, pero con un límite de tiempo para ejercer dicho monto.
En seguida Vachez y sus funcionarios del ramo (Mónica Ashida, a la sazón directora o coordinadora de Artes Visuales, y Rubén Méndez, encargado del área de exposiciones del Instituto Cultural Cabañas) discurrieron que sería una buena cosa poder emplear esos 6.1 millones de pesos en “actualizar” y “refrescar” la llamada Colección del Pueblo de Jalisco (CPJ), un acervo artístico que se comenzó a formar durante el gobierno de Juan Gil Preciado (1959-1964), acervo que había sido concebido para ser la colección permanente de un proyecto aún más ambicioso: el Museo de Arte Moderno de Jalisco.
Dicho proyecto no logró concretarse ni entonces ni después, por lo que los cuadros y algunas esculturas que conforman la mencionada CPJ quedaron al garete y durante varias décadas pasaron de una dependencia estatal a otra –sirviendo a veces como parte de la decoración de la oficina de equis funcionario y, lo peor, con el extravío de varias obras– hasta que a mediados de los años ochenta encontraron un lugar para su resguardo, que no para su exposición permanente, en el recién creado Instituto Cultural Cabañas.
Vale decir que las primeras piezas de la CPJ –que en su mayoría eran y siguen siendo de un alto valor artístico –fueron adquiridas en condiciones muy ventajosas para el erario, a nombre del pueblo de Jalisco, por la persona que el entonces gobernador Gil Preciado designó para encabezar el mencionado proyecto museístico: Carmen Marín de Barreda, en cuyo palmarés estaba el haber sido nada menos que directora del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Y la adquisición fue ventajosa porque la comisionada para el proyecto tuvo la buena idea de proponerles a muchos artistas jaliscienses que residían en la capital del país (el Dr. Atl, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, Carlos Orozco Romero, Jesús Guerrero Galván, Juan Soriano, Chucho Reyes Ferreira…) que a cambio de que el gobierno de su estado natal les compara una obra a cada uno a precio de mercado, ellos donaran también de manera individual una obra más para el acervo permanente del pretendido museo de arte moderno de su patria chica. La propuesta fue bien vista y en la mayoría de los casos se cumplió.
Algo muy distinto, por no decir que lo opuesto, es lo que hicieron las autoridades culturales de Jalisco, pues lejos de proponerles a los autores seleccionados una donación parecida a la de los primeros integrantes de la CPJ, la mayoría de las piezas fueron comparadas a precios inflados y en algunos casos a precios más que desproporcionados.
Otra cosa que ha venido a exhibir la muy cuestionable adquisición del lote más reciente para la CPJ es la ignorancia supina de los mencionados funcionarios de la SCJ, quienes han venido repitiendo una especie falsa: que antes de la compra realizada por ellos, habían transcurrido “30 años sin que se hubiera adquirido ninguna nueva pieza” para la mencionada colección. Tal afirmación falta a la verdad, pues en la década de los noventa se sumaron varias obras a la CPJ, entre ellos un cuadro de Roberto Montenegro (Retrato de Francisco Rojas González), donación hecha por Francisco Rojas Lozano, hijo del escritor retratado, así como un par de excelentes óleos de Rubén Mora Gálvez (Composición con chicalote y Retrato de dama tapatía), que el entonces titular de la SCJ, Juan Francisco González, le compró al gran fotógrafo Juan Víctor Arauz a un precio muy por debajo de su cotización en el mercado.
¡Qué diferencia con lo que acaban de hacer ahora las autoridades de la SCJ, quienes en este caso en particular procedieron de una manera tan anómala que, a quererlo o no, simple y llanamente permitieron que se robara al erario! la
