Hace cinco semanas, la consultora Farell advirtió que el Instituto de Pensiones de Jalisco tiene un déficit de 57 mil millones de pesos, lo que desató las críticas. El martes 7, alrededor de 2 mil afiliados a la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios salieron a las calles a exigir la renuncia del presidente del consejo de administración del organismo, Francisco Ayón, y a exigir cambios a la ley de pensiones para evitar que sus fondos se esfumen.
La Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), que afilia a 22 mil burócratas del estado y ayuntamientos, presentará en los próximos días varias denuncias de carácter penal contra quienes resulten responsables del despojo de tierra a los comuneros del ejido José María Morelos.
De acuerdo con Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario de esa federación no alineada al Ejecutivo, ese despojo se inició la década pasada mediante operaciones ilícitas financiadas con el dinero que los trabajadores aportan al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y en ellas están presuntamente coludidos algunos servidores públicos.
Dice que los 90 millones de dólares aportados por el instituto en 2009 para el proyecto turístico Chalacatepec –promocionado por el entonces gobernador Emilio González Márquez como el nuevo Cancún–, salieron de las arcas del organismo sin el respaldo debido, pues se trató de una transacción basada en informes falsos y escrituras apócrifas, según las pruebas documentales que tiene la FGTEM.
“Hay escrituras falsas –insiste Peña Cortés–. Están tratando de despojar al ejido José María Morelos (donde se desarrollaría ese proyecto turístico) de 4 mil 500 hectáreas, dentro del cual están las mil 200 de Chalacatepec.”
En su sitio oficial, el Ipejal admite que invirtió el 5% de su patrimonio para el desarrollo de un proyecto turístico sustentable en la Costa Alegre de Jalisco, con una extensión de mil 200 hectáreas y casi ocho kilómetros de playa.
Cuando el entonces gobernador González Márquez anunció el proyecto dijo que contaría con 14 mil cuartos de hotel y se crearían 300 empleos directos y 6 mil indirectos (Proceso Jalisco 274).
El Ipejal rechaza que haya afectado tierra ejidal y explica que el propósito de la inversión de sus fondos es incrementar el patrimonio del instituto a fin de garantizar el otorgamiento de los servicios y las prestaciones a las que tienen derecho sus afiliados, pensionados y beneficiarios.
Sin embargo, la comunidad de José María Morelos, donde se ubica la mayor parte de la superficie afectada, acusan a su comisario ejidal, Ricardo Vázquez Nájar, de haber cedido a las presiones del gobierno estatal y de la empresa Rasaland. Sus vecinos del ejido de Campo Acosta aseguran incluso que por cada hectárea vendida recibieron una cantidad ínfima.
La inversión del Ipejal se hizo mediante un fideicomiso en el que el instituto aportó recursos financieros y la iniciativa privada participó con terrenos y dinero para impulsar el proyecto turístico Chalacatepec. El Ipejal participa con 48.5%, mientras la iniciativa privada participa con 51.5%. Las inversiones son administradas por Banco Monex.
Peña Cortés asegura que se han puesto de acuerdo funcionarios de diferentes dependencias para articular el fraude y acusa directamente a los miembros del consejo de Pensiones del Estado, del área de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.
“La mala administración de los fondos de Pensiones existe. Sabemos que no hay independencia para investigar estos asuntos y los temas son políticos, pero hay pruebas contundentes sobre la intervención de Vladimir Avilés, responsable de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, para despojar a los ejidatarios de sus predios y favorecer los intereses especulativos de desarrolladores y funcionarios.
“Tenemos testimonios y relación de ejidos donde ponen comisariados a modo. Es el caso del ejido de Santa Cruz de la Soledad y José María Morelos. Hay otros ejidos donde ponen comisariados para que entreguen la tierra a desarrolladores”, expone Peña Cortés.
El dirigente de la FGTEM está consciente de que la mayoría de las denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General del Estado no prosperan, pues es controlada por el gobierno estatal, por lo que también se presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Los trabajadores tienen derecho, dice, a saber cómo se manejan sus fondos y a denunciar cuando se detecte alguna anomalía.
Existe una sospecha fundada en documentos de que un grupo de funcionarios e inversionistas se están enriqueciendo con los fondos de los trabajadores. “Lo hacen en perjuicio de nosotros; ellos privatizan playas o diseñan proyectos para pensionados extranjeros (como en Chapala) con esquemas especulativos que sólo se sustentan en el papel”.
Una reforma perjudicial
El empresario Guillermo Martínez Mora, con amplia trayectoria en cargos públicos: fue director del Ipejal y luego titular de Educación durante el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, después diputado local y actualmente regidor en el ayuntamiento de Zapopan, recuerda cuando el instituto gozaba de buena salud financiera y era un modelo a seguir.
Martínez Mora también tiene experiencia en el ámbito fiduciario y bancario, pues fue miembro del consejo de administración de Bansí durante 13 años.
Consultado sobre el proyecto de Chalacatepec, comenta que fue un fraude a las finanzas públicas de Pensiones desde sus inicios: “Yo no había conocido un fideicomiso donde un solo socio –Ipejal– tenía que cargar con los gastos operativos, pero aquí el contrato así lo establece. Desde el principio sabían que era un negocio que estaba condenado al fracaso”.
De los 2 mil 800 millones de pesos que Pensiones del Estado colocó en inversiones diversas, incluidos bancos en el extranjero, el dinero en Suiza es el que más posibilidades de utilidad representa, porque se compró en dólares a valor menor al actual, sostiene Martínez Mora.
Cuestiona que no se difunda la información sobre esas transacciones. Tampoco lo hace el consejo de administración del Ipejal, encabezado por Francisco Ayón López, en el caso de las Villas Panamericanas, un proyecto incompatible con las legislaciones aplicables.
“Recuerdo que ni siquiera estaban asentados en los contratos los apartamentos que les correspondían, simplemente se hablaba de un número de departamentos. Desde allí quedaba claro que no se buscó la protección del trabajador”, refiere Martínez Mora.
Para deshacerse de una inversión de esta naturaleza, dice, con dificultad se recupera lo que se invirtió; “ya no hablemos de ganancias”.
También apunta que los trabajadores de Zapopan no tienen representación ante el consejo de administración del Ipejal –actualmente sólo están los trabajadores del ayuntamiento de Guadalajara y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, que encabeza Juan Pelayo–, por lo que propondrá al Congreso las modificaciones correspondientes para que los entes de gobierno con más de 5 mil trabajadores también tengan un asiento en esa instancia.
Para Martínez Mora, la gran desgracia para Pensiones data de la gestión de Óscar García Manzano durante el sexenio de González Márquez; a él se le atribuye la modificación de la ley del Ipejal.
“Veo muy difícil su recuperación. García Manzano en lugar de darle lustre (al organismo) utilizó su capacidad para otros fines. Pero dado que no recibía ingresos, no creo que pueda fincársele responsabilidad alguna. Él es el gran destructor del sistema de Pensiones del Estado”, puntualiza Martínez.
Compañero de Martínez en el Congreso local durante la Legislatura anterior, Víctor Sánchez, quien hoy es diputado federal de Movimiento Ciudadano, considera urgente modificar la ley del Ipejal.
Es fundamental, dice, que el Congreso sancione las operaciones del instituto en la compraventa de inmuebles, ya que le regresaría la facultad de velar por el patrimonio de los trabajadores y reducir la discrecionalidad que la ley actual propicia.
Que todos los empleados coticen
La FGTEM también buscará reformar la Ley de Pensiones para evitar que el dinero del fondo de sus miembros se invierta de manera especulativa, como ocurre desde 2009, cuando se modificó la legislación para favorecer inversiones, con el pretexto de obtener mayores rendimientos.
De hecho, la federación presentó a la pasada Legislatura un proyecto de reforma, que envió de nueva cuenta a los diputados actuales.
Luego de que a finales de mayo se hiciera público un estudio de la consultora Farell sobre la proyección de las finanzas del Ipejal, en el cual se estima que ya opera con déficit –que asciende a 57 mil millones de pesos–, Peña Cortés puntualiza que lo más importante en este momento “es cerrar la llave” en el Ipejal y castigar a los responsables del manejo desaseado de los últimos años.
En 2011, durante la administración de González Márquez, el consejo de Pensiones invirtió 340 millones de pesos del fondo de sus trabajadores en las Villas Panamericanas, pese a que por orden judicial no se pueden comercializar ni cuentan con habitabilidad del municipio, pues se violan leyes y normas de carácter urbano y ambiental.
En 2015, durante la gestión del priista Aristóteles Sandoval, el consejo del Ipejal destinó 604 millones de pesos a Abengoa (una empresa española que está al borde de la bancarrota), que obtuvo la concesión del acueducto que llevará agua de la presa El Zapotillo a Guanajuato.
En su edición del pasado 23 de mayo, El Diario NTR publicó los resultados del estudio de Farell, solicitado por el Ipejal, en que señala que para 2029 los recursos económicos serán insuficientes para cubrir los compromisos con los pensionados.
No obstante, la consultora Farell califica la situación actual como favorable, con relación a otros institutos estatales en el país, y recomienda que las aportaciones de los trabajadores activos se incrementen de 32% de su salario como tope previsto por la ley para 2017, a 38.5%.
La aportación de los trabajadores es de 24.5% desde 2014 y se elevará a 32% el año entrante, según establece la ley. Esto permitirá al instituto fortalecer sus finanzas y amortiguar el impacto de la demanda de pensiones por la cantidad de trabajadores que llegan a la edad de retiro, principalmente.
La firma consultora también recomendó vigilar los gastos de prestaciones ajenas al sistema y los de administración, aumentar la edad de jubilación, la tasa de interés de los préstamos y el periodo de salario regulador para las pensiones (de tres a 10 años), así como disminuir la pensión máxima y las prestaciones.
Las propuestas de la consultora son
inaceptables, dice el dirigente de la FGTEM, e insiste en que el déficit de sus finanzas obedece a la forma “desastrosa” en que se maneja el Ipejal, y que las inversiones que se hacen no garantizan los rendimientos esperados.
Y concluye: “Estas recomendaciones no se sustentan. En la ley que proponemos se establece que todos coticen. Así, el déficit bajaría, incorporaríamos a importante número de trabajadores que no cotizan; son de todos los ayuntamientos y también de la Secretaría de Educación y del Tren Ligero, donde cada vez más el gobierno decide contratar con la figura de asimilados (a salarios) que no generan prestación”.
El martes 7 por la tarde, alrededor de 2 mil trabajadores marcharon desde el cruce de Avenida Chapultepec de Hidalgo hasta Palacio de Gobierno para exigir transparencia en el manejo de sus recursos del Ipejal y la salida del presidente del consejo de administración, Francisco Ayón López, a quien responsabilizan del quebranto del organismo.
Al final entregaron un pliego petitorio dirigido al gobernador, Aristóteles Sandoval, en el que piden devolver el dinero de las inversiones en Abengoa, Villas Panamericanas y Chalacatepec, además de una nueva Ley de Pensiones que democratice al consejo de administración del Ipejal.
