El humilde municipio de Nuevo Balsas, cuyos habitantes viven de la agricultura y la pesca, despertó la codicia de varios poderes –mineras canadienses, políticos y bandas del narcotráfico– por su subsuelo rico en oro. Y si bien desde el año pasado cuentan con vigilancia policiaca y militar a raíz de una protesta por el secuestro masivo de pobladores, el grupo delictivo Guerreros Unidos sitió ahora a la comunidad para obligarla a pagar cuotas por la venta de productos pesqueros.
CHILPANCINGO, Gro.- Desde la semana pasada la comunidad Nuevo Balsas, del municipio de Cocula, se halla prácticamente en un estado de sitio impuesto por el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Aunque integrantes de la organización criminal levantaron la medida que impusieron desde el 24 de mayo, la población de ese lugar en la ribera del río Balsas, en el norte del estado, sigue sin salir. Tampoco está recibiendo servicios básicos de salud y educación.
La gente tiene miedo de ser atacada por negarse a pagar al menos 40 mil pesos al mes por la explotación pesquera de la zona a Guerreros Unidos, banda afincada en Iguala, donde se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El año pasado esa comunidad se vio obligada a crear un grupo de autodefensa para enfrentar a otro grupo delictivo, La Familia, tras el secuestro masivo de algunos vecinos a quienes pretendían extorsionar porque –señalaron los delincuentes– se beneficiaban de la explotación de la mina de oro Media Luna, propiedad de la empresa canadiense Torex Gold.
Los sujetos armados que los pobladores identifican como integrantes de Guerreros Unidos se contactaron el miércoles 1 con líderes comunitarios para decirles que ya pueden vender su producción de mojarra en el centro del país porque, indicaron, “ya estaba todo arreglado”, presuntamente con el gobierno.
No obstante, los pobladores denuncian que el sistema de transporte público sigue suspendido y ellos no pueden salir por temor a ser atacados por los criminales. Tal situación provoca escasez de alimentos. Además, ni los maestros ni los médicos van a la comunidad, porque nadie puede garantizar su seguridad.
En contraste, reprochan algunos vecinos entrevistados, los tres niveles de gobierno y el Ejército mantienen una vigilancia extrema en las instalaciones de Torex Gold y escoltan a los directivos de la empresa, así como los cargamentos de oro, para evitar que caigan en manos de los delincuentes.
Algunas personas consultadas, que pidieron el anonimato, denunciaron que el gobernador priista Héctor Astudillo no hace caso del problema y que sospechosamente las autoridades se niegan a restablecer el orden en la franja de la entidad donde Guerreros Unidos opera impunemente, aunque después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa se incrementó la presencia de las policías de los tres niveles y el Ejército.
El 21 de mayo, policías comunitarios de Nuevo Balsas detuvieron a cinco personas, tres mujeres y dos hombres, cuando libreta en mano les cobraban una cuota a pescadores y comerciantes.
Los pobladores golpearon a los presuntos delincuentes que iban de Iguala, los rociaron con gasolina y trataron de lincharlos, pero después de ocho horas los entregaron a la Policía Federal y al Ejército, que intercedieron por los inculpados.
Las autoridades ministeriales de Iguala liberaron a los detenidos casi en seguida, a pesar de la denuncia y las pruebas que presentaron las víctimas del intento de extorsión.
Cuatro días después, el 25 de mayo, los pescadores y transportistas de Nuevo Balsas tuvieron que suspender sus labores porque fueron amenazados de muerte por los mismos sujetos, que les hicieron llegar el mensaje: “Si vienen a Iguala los vamos a matar y quemar sus unidades de transporte”.
Luego, dicen, Guerreros Unidos impuso el estado de sitio.
Dinero fácil
La banda de pistoleros reclama un peso por cada kilo de mojarra que los pescadores venden a acaparadores del producto en la Ciudad de México y Morelos, así como el norte y el centro de Guerrero.
Los pobladores explican que la pesca asciende a 11 toneladas de mojarra al mes en promedio y los narcos exigen aproximadamente 40 mil pesos en el mismo periodo. “No estamos dispuestos a mantener a delincuentes”, expresaron.
Una semana después, el 1 de junio, operadores de Guerreros Unidos contactaron a líderes comunitarios. Los pobladores suponen que los criminales hicieron un pacto con el gobierno, pues les notificaron que los comerciantes mayoristas ya van a poder regresar a Nuevo Balsas para comprar la mojarra. Sin embargo, no se confían porque no existen garantías para comercializar sus productos.
Recordaron que en febrero de 2015 tuvieron que cerrar los accesos de la minera canadiense Media Luna para que el gobierno interviniera en el caso de un secuestro masivo de habitantes de Nuevo Balsas, que ocasionó la formación de un grupo de autodefensa en la zona.
Contaron que desde hace cuatro años al menos 70 agentes del Instituto de la Policía Auxiliar de Guerrero, mediante un convenio con el gobierno estatal, protegen a los ingenieros, contratistas y trabajadores de Media Luna que viajan diariamente de Iguala a Nuevo Balsas.
Además de su vocación minera, agrícola y pesquera, esta franja se considera un corredor estratégico del narcotráfico para transportar la heroína y la mariguana que se produce en la sierra.
Tras el secuestro masivo de sus vecinos y familiares, los pobladores y su policía comunitaria cerraron las oficinas de la minera canadiense. Un líder de los inconformes exigió “que el gobierno brinde seguridad a todos y no sólo a los trabajadores de la minera”.
Esto obligó a los directivos de la empresa a ceder para que los uniformados estatales que realizan funciones de seguridad privada también resguarden al resto de la población.
Como parte del compromiso del gobierno estatal para garantizar la seguridad de la zona, a cambio de la liberación de las instalaciones de la minera, una partida militar se instaló en el poblado. Con todo y eso, Nuevo Balsas volvió a ser víctima de la delincuencia organizada.
La semana pasada Astudillo anunció otra inversión millonaria en la franja del río Balsas para la extracción de minerales en el área, considerada “el cinturón de oro” del país.
Incluso, reveló que la minera canadiense Torex Gold, asentada en Nuevo Balsas, tiene una inversión hasta el momento de 14 mil millones de pesos y dijo que no hay otra inversión parecida más que la que se hizo para construir la Autopista del Sol.
A principios de marzo, este semanario publicó el reportaje Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero (Proceso 2054), en el cual se indica que los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que prevé el gobernador Astudillo están enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, es decir, donde la sociedad padece extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso económico local.
De las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde está la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Igualmente, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango.
La franja donde Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos está bajo el control de la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico.
