Chiapas se convulsiona por los conflictos postelectorales, las movilizaciones magisteriales y campesinas para pedir la destitución del gobernador Manuel Velasco Coello. A ese clima de inestabilidad se suman las quejas de los empresarios y los proveedores que exigen el pago de sus servicios… pero el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dice que en el estado no hay ingobernabilidad.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Ganar la gubernatura le resultó fácil a Manuel Velasco Coello –obtuvo 1 millón 300 mil votos en los comicios de 2012–, pero lo suyo no es precisamente gobernar. Durante los tres años de su administración, la entidad se convirtió en un polvorín.
Los conflictos sociales estallan por doquier y se suman a los que heredó de su antecesor, Juan Sabines Guerrero. Hoy, son cada vez más los gremios que exigen su renuncia, mientras otras organizaciones, las más radicales, piden incluso la desaparición de poderes en el estado.
Si bien Sabines Guerrero dejó a Chiapas en la bancarrota, lo que provocó que en 2013 se colapsaran las finanzas públicas, Velasco Coello no supo atender los reclamos de la burocracia chiapaneca, que no sólo exigía mejoras salariales, sino que llegó a denunciar la precariedad laboral, pues ni siquiera había papelería oficial para imprimir actas de nacimiento o licencias de manejo.
Luego tuvo que enfrentar a los proveedores que reclamaban los pagos por sus servicios prestados a las dependencias públicas. Las quejas se centraron en el mexiquense Daniel Sandoval Jafif, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y hombre de todas las confianzas de Velasco Coello, a quien algunos columnistas políticos consideran inamovible.
Durante los últimos meses, organizaciones sociales, campesinas y religiosas, así como los maestros, no han dejado de expresar su descontento mediante marchas, tomas de alcaldías y bloqueos de carreteras, lo que afecta al turismo y al sector empresarial, que ya expresó su malestar. Muchos de los problemas, en particular el magisterial, se están saliendo de control.
El pasado 31 de mayo, en Comitán, seis maestros disidentes, entre ellos varias mujeres de la tercera edad, fueron vejados por presuntos miembros de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata –liderada por Santiago Calvo López–, quienes los calificaron de traidores. Los agresores los hicieron caminar descalzos y posteriormente los raparon. Poco después Calvo López fue detenido.
La caseta de la autopista que comunica a Tuxtla y el Centro de Chiapas con San Cristóbal de Las Casas y la región Altos y Selva ha sufrido los embates de los inconformes, quienes suelen cobrar el peaje a los automovilistas que circulan por la zona.
La carretera que va de San Cristóbal de Las Casas a Ocosingo y Palenque –la zona de mayor afluencia turística– ha sido bloqueada varias veces por los lugareños, lo que afecta al turismo y a los transportistas. En la comunidad de Mitzitón, en San Cristóbal de Las Casas, muchas familias dejaron sus propiedades por diferencias religiosas; y en varios municipios los conflictos postelectorales aún no se resuelven.
Descalabros municipales
Uno de los escándalos más recientes es el del pasado 25 de mayo, cuando un grupo de tzotziles encapuchados irrumpió a la curia diocesana de San Cristóbal de Las Casas y se llevó a Chenalhó a los diputados Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Arturo Penagos Vargas.
Ramírez Aguilar, presidente del Congreso estatal y presidente del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM), y Penagos Vargas, coordinador de la fracción parlamentaria del mismo partido, se encontraban ahí junto con varias diputadas para discutir con un grupo de indígenas de Chenalhó, quienes pedían la renuncia de la alcalde Rosa Pérez Pérez –postulada por el PVEM y a quien acusan de corrupción– para poner en su lugar al síndico Miguel Santiz Álvarez.
El mediador del encuentro, el párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Gonzalo Ituarte, no pudo detener a los inconformes. Los detenidos estuvieron 18 horas en la plaza central de Chenalhó. Durante ese lapso, los diputados discutieron con los inconformes y al final les entregaron la constancia oficial del Congreso estatal del nombramiento de Santiz Álvarez como nuevo alcalde.
Pese a ello, los indígenas no querían liberar a Ramírez Aguilar ni a Penagos Vargas, pues insistían en que se les devolvieran los 50 millones de pesos que malversó la alcaldesa Pérez, así como el pago de 4 millones que su movimiento presuntamente invirtió durante su jornada de protestas, que incluyó varios bloqueos carreteros.
Los indígenas vistieron a Ramírez Aguilar con una blusa y una falda tradicional de las mujeres tzotziles de Chenalhó, una práctica común para exhibir a quienes no cumplen su palabra. Finalmente, los dos legisladores del PVEM fueron liberados tras el pago de 300 mil pesos para la fiesta del pueblo y Ramírez Aguilar se comprometió a ser padrino en ese evento.
Pero los problemas continuaron. La misma tarde que los diputados recuperaron su libertad, seguidores de Santiz Álvarez fueron emboscados por seguidores de la alcaldesa destituida. En la refriega murió la menor Adriana Méndez Gutiérrez, de 12 años, y dos de los presuntos responsables fueron capturados.
Rosa Pérez interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en el que arguye que la obligaron a pedir una “licencia indefinida”.
En Chenalhó se repitió el esquema de Oxchuc, donde los indígenas tzeltales lucharon varios meses hasta que lograron la destitución de la alcalde María Gloria Sánchez, también del PVEM.
En Ixtapa, el alcalde Roberto Jordán Aguilar Pavón, del PVEM, aún no despacha en su oficina. En Tila y Chanal, Fabiola Vázquez Ortiz y Olga Gómez López, respectivamente, dejaron las alcaldías a sus esposos: Javier Velasco Bautista y Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez; y en Frontera Comalapa la alcaldesa Josefina Pereyra fue retenida a finales de mayo por grupos disidentes.
Efervescencia magisterial
Las movilizaciones magisteriales se reactivaron a finales de mayo pasado. El 27, más de la mitad de los 122 municipios de la entidad registraron movilizaciones no sólo de docentes, sino de miles de madres y padres de familia, quienes salieron a las calles a expresar su respaldo a la lucha de los maestros.
Cuatro días después, los acompañaron a la toma de decenas de ayuntamientos para pedir a los empleados apoyo al movimiento magisterial, la salida de las fuerzas federales de Chiapas y apertura al diálogo. Aprovecharon la jornada para reiterar su exigencia de que renuncie Velasco Coello y desaparezcan los poderes en el estado.
El mes pasado, agremiados de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinas organizó un bloqueo carretero de dos días para exigir la renuncia del gobernador. A su vez el grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados, que aglutina a diversos proveedores del gobierno y es encabezado por Rafael Jiménez Aréchar, le reclamaron a Velasco Coello el pago de facturas, algunas de las cuales datan de la administración de Sabines Guerrero.
En el sector salud, varios médicos y enfermeras reclaman aumento de salario e insumos médicos para poder trabajar. Asimismo, en Tonalá, Tuxtla, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas y otros municipios, los pacientes se quejan por el mal estado de los nosocomios y, junto con sus familiares, han organizado varias protestas.
En Chicoasén, los ejidatarios se quejan de la persecución judicial, luego de que la Comisión Federal de Electricidad los despojó de sus tierras para construir la hidroeléctrica Chicoasén II.
Los concesionarios del transporte de carga y pasaje no dejan de exigirle al gobierno de Velasco Coello que combata el pirataje en Chiapas. En Tuxtla y Comitán, donde se concentran los actos de protesta que incluyen paro del servicio y bloqueos en las principales arterias, el gobierno decidió atender los reclamos para evitar el paro del pasado 30 de mayo.
2016, el clímax
Enoch Gutiérrez Cruz, presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se queja de las marchas y bloqueos porque aceleran la “descomposición del clima de negocios (pues) impactan de manera negativa en los niveles de desarrollo y empleo”.
Habla del saqueo de tiendas de autoservicio y de la toma de autobuses de la empresa Cristóbal Colón, así como de la quema de dos unidades de la compañía AEXA y de las pérdidas que ha tenido Acuagranjas Dos Lagos por los bloqueos.
Acuagranjas, filial de Regal Springs, tiene presencia en México, Honduras e Indonesia. Está ubicada en el ejido Bajo Amacoite, municipio de Ostuacán; durante 2015 exportó más de 25 mil toneladas de mojarra tilapia, de las cuales 65% se vendió a Estados Unidos y el resto en el mercado nacional, lo que generó una importante derrama económica en la región.
La empresa pidió el apoyo de la Coparmex para llevar sus demandas al gobernador. “Se tiene que atender el origen de las problemáticas antes que se generen conflictos mayores que desemboquen en la acción de la fuerza pública, que ha sido contraproducente”, comenta Gutiérrez Cruz.
Cuestionado sobre el grado de ingobernabilidad que prevalece en la entidad, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, señala que no hay tal. En Chiapas, dice, hay una “agenda de conflicto” que se atiende en tiempo y forma.
