Con prisas, improvisaciones y un reparto escandaloso de las plazas de jueces orales, el Poder Judicial del estado echó a andar el último día de mayo el Sistema de Justicia Penal Adversarial. Además, lo hizo con el pleno respaldo de la funcionaria federal encargada de la implantación de dicha modalidad, María de los Ángeles Fromow.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial (NSJPA) entró en vigor en la entidad el pasado 31 de mayo, en medio de improvisaciones, discursos festivos, cifras maquilladas, capacitaciones “al vapor” de policías y la designación de parientes y amigos de altos funcionarios judiciales como jueces orales.
La reforma constitucional de 2008 marcó el 16 de junio como fecha fatal para la instauración del nuevo sistema en todo el territorio nacional.
El presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, especializado en asuntos penales, denuncia que ese arranque se hizo con prisa, lo que agravará los problemas para que funcionen los nuevos juicios:
“Hay municipios donde lo primero que se descubre es que hasta 70% de los policías, y lo digo con todo respeto, son personas analfabetas, que más allá de estar al pendiente de la capacitación para juicios orales requieren aprender a leer y escribir.”
Considera que este es el lado oscuro del estado al momento de instaurar los juicios orales, pese a lo cual esos policías serán una pieza clave para el funcionamiento de ese sistema.
Como otro ejemplo del apresuramiento por cumplir con la fecha fijada, menciona las obras de los juzgados orales en el núcleo penitenciario de Puente Grande, donde se realizaron trabajos hasta el último día de mayo.
Agrega que en el caso del juzgado oral de Ciudad Guzmán, de cuatro expedientes que han llegado sólo uno concluye en juicio, lo que muestra la lentitud con que se trabaja.
Sin embargo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Luis Carlos Vega Pámanes, destacó en el acto protocolario del 31 de mayo que muchos expedientes que se presentan como juicios orales ahora se turnan para su desahogo a través de la Justicia Alternativa y gracias a ello se reduce el número de expedientes que debe atender un juez.
Una semana antes de la puesta en marcha de los últimos cuatro distritos judiciales en materia de oralidad, el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, reconoce en entrevista que este organismo requiere de un aumento presupuestal de 100% para satisfacer la demanda de servicios al entrar en vigor el NSJPA.
Indica que se necesitan más peritos y psicólogos para realizar estudios y peritajes que le reclaman diversas áreas de procuración e impartición de justicia y diversas instituciones. A decir de Cotero Bernal, los 150 millones de pesos que actualmente ejerce el IJCF son insuficientes.
Costos de la improvisación
Desde marzo de 2015 el Consejo de la Judicatura (CJ) designó a 95 jueces orales en un proceso desaseado, en el que prevaleció la selección de parientes, familiares, novias y amigos de magistrados, de consejeros de la Judicatura, así como recomendados de los poderes Legislativo y Ejecutivo (Proceso Jalisco 538).
Entre los beneficiados con la entrega de un juzgado oral sobresalen dos familiares del presidente del STJ y el CJ: su hermano Horacio Vega Pámanes y su hijo Luis Carlos Vega González. Además, fue designada juez oral Martha Temores, secretaria de Luis Carlos Vega Pámanes.
Por su parte, la consejera Carmela Chávez Galindo acomodó como juzgador en esta modalidad a Cuauhtémoc Plazola Chávez, sobrino del fallecido exsecretario General de Gobierno y exsenador panista Héctor Pérez Plazola.
El 17 de abril de 2005 Plazola Chávez acabó con la vida de Marisol Casillas, una joven maestra de gimnasia, cuando el abogado conducía su auto bajo los efectos del alcohol y se impactó contra el vehículo donde iban Marisol y su novio, en el cruce de Arcos y la avenida Vallarta, en Guadalajara (Proceso Jalisco 543).
El también consejero del CJ Alfonso Partida Caballero impulsó a su hermano Leopoldo; el magistrado Antonio Fierro anotó a su hija Samanta, y el secretario de Gobierno Roberto López Lara se reservó espacios para dos de sus sobrinos. El reparto de las plazas no fue cuestionado por ninguna autoridad.
En la prisa por echar a andar los juicios orales, en el último tramo del plazo se brindó a mil 800 policías una capacitación de tres días, con una duración total de 21 horas, reveló a este semanario un uniformado que participó en el curso.
No obstante, señala, previamente cada policía firmó una carta compromiso en la cual reconocía haber recibido un curso de ocho días y un total de 40 horas, aunque en otras entidades, como Tamaulipas, la capacitación se impartió durante ocho meses.
La autoridad estatal no se refirió a esta improvisación; destacó las primeras 14 carpetas de investigación por diversos delitos que se integraron el mismo día de la entrada en vigor del nuevo sistema, como dio a conocer en un comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE).
La titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, defendió el avance de Jalisco en la materia. Afirmó que en la entidad se capacitó a más de 14 mil personas para los juicios orales y se mostró incómoda ante los reporteros que cuestionaban las improvisaciones y el retraso con que Jalisco hizo efectivo el proyecto.
También argumentó que no estaba informada sobre la selección amañada de los jueces y declinó opinar al respecto, pero negó que Jalisco llegara tarde a la implementación de juicios orales en comparación con otros estados, pues señaló que fue el estado número 16 en aplicarlos.
De igual forma rechazó que se haya improvisado la capacitación a los policías y restó importancia a la denuncia de que muchos de los elementos municipales son analfabetos:
“Por eso el curso que hicimos fue práctico, sabedores de que necesitaban ese conocimiento de manera diferente, visual, práctica, que les enseñara paso a paso. Fueron grupos de 30 personas con instructores que eran policías que conocían la operación en las calles; esa fue la riqueza de este curso de 40 horas. Es un primer paso, vuelvo a decir. Tenemos que seguir profesionalizando y capacitando a los policías, que es uno de los eslabones: no deja de ser el más débil, pero hoy ya tiene un instrumento más de trabajo.”
Aunque descalificó las críticas, destacó que “se están haciendo correcciones a los modelos de operación, se está profesionalizando donde se encuentran deficiencias de conocimientos para que el sistema vaya fortaleciéndose y llegue a una consolidación”.
Y explicó: “Todos los países han iniciado con esta fase de fortalecimiento y consolidación, porque son ideas nuevas, ordenamientos novedosos que han implicado hasta un cambio cultural de nuestros países. Entonces, hasta los abogados particulares se tienen que capacitar”.
–¿Sabe usted que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses requiere del doble de psicólogos que tiene y doble presupuesto? –se le plantea.
–Tenemos un informe, estamos trabajando. Ya dijeron que se están buscando las plazas necesarias. El reporte de cómo están cada uno en las instancias que requiere este sistema, lo tiene el propio gobierno lo tiene el Poder Judicial, y se está buscando la manera (de resolver las necesidades). Por eso es tan importante lo que dijo el fiscal de la reorganización que se hizo en la FGE, de la necesidad de buscar personal en otras instancias que puedan incorporarse al nuevo sistema, y que ese reporte lo estamos trabajando no sólo para eso, sino para buscar un mejor equipamiento de esta instancia.
–¿La Secretaría de Gobernación tiene un diagnóstico amplio de lo que corresponde a Jalisco?
–Nosotros tenemos cerca de 560 indicadores para la implementación de juicios orales, vemos estos indicadores con cada una de las instancias y vamos ayudándolas a superar los retos que tienen. Conocemos qué se requiere hacer y hemos estado trabajando durante toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto directamente con los estados, con cada una de las instancias operadoras.
En el acto protocolario del 31 de mayo, en las instalaciones de Palacio de Gobierno, llamó la atención la ausencia de funcionarios de los poderes estatales, como el gobernador Aristóteles Sandoval, que estaba en una gira de acercamiento con la comunidad de jaliscienses radicada en Estados Unidos.
Tampoco acudió el integrante del CJ Alfonso Partida Caballero, quien ha criticado el escaso apoyo de la administración estatal para la instauración de ese sistema y la falta de claridad en el uso de recursos para capacitación del personal y el desarrollo de la infraestructura de los juicios orales (Proceso Jalisco 479).
En 2014, Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, calculaba que los juicios orales requerían una inversión de 3 mil 400 millones de pesos para aplicar los cambios en las instituciones ligadas al Poder Judicial.
Dos años después, Fromow Rangel dijo que se invirtieron 20 mil millones de pesos en la implementación del NSJPA en todo el país, y que para el caso de Jalisco se requirieron más de 986 millones de pesos. Con esos recursos se construyeron 29 salas orales y se consolidaron 12 distritos judiciales en todo el estado. La inversión representa casi 10% de los recursos destinados en el país y menos de 30% de lo que estimaba el académico Zepeda Lecuona. l
