En Tlajomulco de Zúñiga los delitos de robo a vehículos de carga, negocios, personas y casas habitación van al alza. El alcalde Alberto Uribe Camacho, del partido Movimiento Ciudadano, tampoco ha podido controlar las privaciones ilegales.
En 2014, según el portal de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), en ese municipio se presentaron 614 denuncias por robo a casa-habitación; al año siguiente la cifra se elevó a 756. En ese mismo periodo, las averiguaciones por el robo a vehículos de carga crecieron de 56 a 67; mientras que los asaltos a negocios pasaron de 317 a 321, y el de personas se elevó de 255 a 261.
El comisario de Seguridad Pública municipal, César Navarro Esparza, en funciones desde octubre de 2015, sostiene que las cifras se elevaron porque ahora hay más denuncias, gracias a que la autoridad municipal invita a los ciudadanos a presentar sus quejas ante los ministerios públicos itinerantes de la fiscalía.
“Queremos que la gente tenga cultura de denuncia”, expone, pues eso facilita la labor de las autoridades para ejercer una acción jurídica contra los delincuentes.
Admite que en las denuncias por robo a transporte de carga hay empate, si lo vemos desde una “perspectiva lógica y operativa”. A mediados de mayo, dice, fueron asaltados tres tractocamiones: uno llevaba computadoras; otro sorgo, y el tercero, productos alimenticios diversos. Los tres fueron recuperados.
“La delincuencia nos pega, pero recuperamos los vehículos. A eso me refiero con empate”, reitera.
Respecto del robo a casas-habitación, según Navarro, “disminuyó dos puntos porcentuales, digamos que también es un empate técnico, pues en 2015 teníamos 65 puntos y hoy estamos en 64.8”.
En su edición 596, Proceso Jalisco publicó un reportaje en el que recogía el testimonio de un residente del fraccionamiento Villas Terranova que denunció el robo a la casa que rentaba.
Sus vecinos le informaron que unos policías que llegaron en las patrullas TZ-143 y TZ-152, así como una camioneta Ford blanca y otro vehículo con los logotipos y colores oficiales se llevaron sus pertenencias. Poco después, el afectado se enteró de otros tres robos en esa zona.
Navarro comenta que su personal acudió al fraccionamiento para conocer las necesidades de los vecinos, pero encontraron “mucha apatía” entre ellos.
“Una señora nos dijo que vio cuando los delincuentes estaban cargando cosas de su vecino, pero como no le habla, no llamó a los agentes”, comenta el comisario. Además, es normal que los ladrones aprovechen que las personas de los fraccionamientos populares no tienen recursos para colocar protecciones, lo que les permite ingresar a los domicilios sin problemas.
La dependencia organizó mesas en las que los vecinos propusieron instalar botones de pánico o una sirena, para activarla en el momento de que se cometa algún ilícito. Los vecinos de Casablanca, Villas Terranova, Etapa 11 de Santa Fe y etapa 17 de Chulavista estuvieron de acuerdo.
Navarro presume que Tlajomulco es el único municipio que tiene un mapa criminológico y uno de calor. “La diferencia entre ellos –dice–, es que el último permite conocer el tipo de delito, su incidencia y propone una ruta”. La información geográfica sobre los ilícitos permite atacarlos con mayor precisión, indica.
Hoy, Tlajomulco ocupa el cuarto lugar en materia de homicidios y las denuncias por narcomenudeo han ido a la baja, asegura. En 2014 se abrieron 331 averiguaciones y el año pasado se redujeron a 196, según datos de la FGE. Además, la Fuerza Única realizó varios operativos exitosos y logró capturar a 20 presuntos narcomenudistas en zonas aledañas a las escuelas.
A finales de abril, por ejemplo, fue intervenida la telesecundaria Manuel Sandoval Vallarta a petición de los padres de familia y los profesores. Sin embargo, cuando la reportera consultó a varios padres de familia sobre los resultados de esa acción, dijeron que nunca se enteraron.
Algunos comentaron que el 13 de mayo, durante la celebración del Día de las Madres, el director del plantel llamó a una patrulla para que detuvieran a uno de los delincuentes de la zona, pero los uniformados no llegaron.
Corrupción policiaca
El pasado 25 de febrero por la noche, un motociclista de 16 años circulaba por la calle Doctor R. Michel, en El Zapote, cuando fue embestido por el automovilista Jesús Zamora Ávila, quien conducía en estado de ebriedad.
La patrulla TZ-235, con dos agentes a bordo –un hombre y una mujer– llegaron al lugar del accidente. Y aunque el motociclista tenía una herida grave en la pierna derecha, los policías no dieron aviso al Ministerio Público ante la solicitud del hijo del causante del accidente, Víctor Manuel Zamora.
Los familiares del afectado aseguran que Víctor Manuel se dirigía a los uniformados con claves que utiliza la policía. Asimismo, le propuso a uno de los hermanos del motociclista firmar un escrito en el cual Víctor Manuel se comprometía a pagar los gastos médicos del accidentado y a reparar la motocicleta, con la condición de que no se presentará la denuncia y deslindara a los uniformados. Y él aceptó.
Firmado el documento, la mujer policía se lo quedó y posteriormente lo entregó a Víctor Manuel, quien ahora trata de desconocer el acuerdo. Sin embargo, la madre del motociclista presentó una denuncia ante la FGE contra Jesús Zamora, que quedó asentada en la averiguación previa 1775/2016.
En ella, la señora expone que, según los testigos, su hijo circulaba en su carril a una velocidad prudente, y no pudo esquivar a la camioneta que salió en reversa de un terreno baldío ubicado enfrente del domicilio de Jesús Zamora.
El joven sólo alcanzó a pitarle al automovilista para que se detuviera, pero éste aceleró y lo embistió. El joven fue recogido por una ambulancia que lo trasladó a la Cruz Verde de Santa Fe.
La señora incluyó en su denuncia a los tripulantes de la patrulla TZ-235 porque, expuso, “no detuvieron al causante del accidente”. Además, trataron de proteger al conductor de la camioneta, quien se encontraba alcoholizado. Eso “hace presumir que (los policías) actuaron de manera irresponsable, negligente” ante la lesión de su hijo.
Cuando la reportera le expone este caso, el comisario responde: “Me gustaría que (la señora) los señalara (a los dos policías) para iniciar el procedimiento interno y que sepa que cuenta con el apoyo jurídico”.
Asimismo, se le recuerdan a Navarro los señalamientos contra el comandante José Echavarría González, El Chilango (Proceso Jalisco 596), quien presuntamente pide dinero a sus compañeros para dejarlos usar las patrullas, así como a los comerciantes del sector por vigilar el entorno.
“El Chilango está sin patrullar. Su contacto con la ciudadanía es mínimo y se le abrió un proceso. Está en observación –dice–, pero se necesita que lo señalen.”
Y reitera que la administración de Uribe no tolera ningún acto de corrupción. Y pone el ejemplo de los dos policías a quienes a principios de su administración se les comprobó que estaban extorsionando a un ciudadano, “y se fueron”, apunta.
Según Navarro, hay 10 procesos abiertos contra policías acusados de lesiones, robo, amenazas, maltrato y extorsiones. “No vamos a solapar a nadie, llámese como se llame: director, subdirector; quien sea. Aquí no tiene cabida ningún corrupto. Si a alguno se le comprueba el delito, se le consigna ante el Ministerio Público para que responda ante la autoridad: se le abre un proceso penal y se le separa del cargo”.
Con relación a los 45 policías de Tlajomulco que reprobaron las pruebas de control de confianza, dice que están acuartelados. Y adelanta que entre julio y agosto se entregarán uniformes y chalecos antibalas a los policías, así como 50 patrullas. El propósito, reitera, es “disminuir el tiempo de respuesta, reforzar la seguridad y tener más proximidad con la gente”.
