A decir del director de Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Arturo Jiménez, el incremento de las denuncias por tortura contra las policías municipales se debe a que, por norma, el organismo debe aceptarlas y realizar las indagatorias ante la sola presunción de ese delito. El testimonio de una víctima de ese “método de investigación” muestra cómo la tortura se asocia con otros ilícitos cometidos por agentes, como el robo y la fabricación de culpables.
El 18 de octubre de 2015, el abogado José Guadalupe Ramírez Villa llamó al número de emergencia 066 para reportar el robo de la camioneta de su padre, Enrique Ramírez Torres. En vez de ayudarlo, la Policía de Tonalá lo detuvo junto con su progenitor y dos hermanos: Martín Israel y Víctor Jesús. Después los cuatro fueron torturados para que se declararan culpables de delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.
José Guadalupe relata que en esa fecha, “cerca de las 10 de la noche se metieron a robar a mi cochera la camioneta de mi padre, haciendo un par de detonaciones. Hice la llamada al 066 para levantar el reporte y posteriormente llamé a la aseguradora. Al estar yo con el ajustador del seguro llegó la patrulla de Tonalá y me subieron a ella, detenido.
“A mi hermano Víctor, quien salió a ver qué pasaba, también lo subieron. Nos llevaron abajo del puente entre Periférico y La Barca y nos empezaron a golpear y dar toques en los genitales. Posteriormente, en mi casa, sacaron también a golpes a mi padre y a mi hermano Martín.”
Además, añade, “vi cómo uno de los elementos sacó de mi cochera mi automóvil Volkswagen (Jetta) gris, que él mismo se llevó manejando”, y fue en ese vehículo donde los policías afirmaron haber encontrado armas y drogas.
Explica que antes que los uniformados los remitieran a la Procuraduría General de la República (PGR), los exhibieron ante los medios de comunicación en la Comisaría de Tonalá como presuntos narcomenudistas. En la fotografía sobre su detención, los municipales muestran una bolsa negra con mariguana y dos armas de fuego, así como las llaves del Jetta gris.
En esa foto se observa a los cuatro detenidos mirando al frente. El padre, Enrique Ramírez, es el que presenta el rostro más dañado. Al respecto, José Guadalupe Ramírez dice:
“En realidad a todos nos golpearon. A mí y a mi hermano Víctor nos dieron toques en los genitales con una chicharra, pero esas lesiones no se aprecian. A mi padre y hermano Martín, a quienes sacaron de mi casa, fue a los que más golpearon de forma visible.”
El entrevistado muestra dos partes médicos que prueban la tortura a la que fueron sometidos él y sus familiares, además de evidenciar que los policías mintieron sobre la manera en que los detuvieron.
Mientras que los patrulleros municipales declararon que la detención se realizó a las cuatro de la madrugada del 19 de octubre, un parte médico emitido por la Cruz Verde Tonalá y dirigido al Ministerio Público registra que los detenidos ingresaron a las 2:25 y acredita las marcas de violencia física.
Esos documentos tienen la firma de los médicos José Luis Arriaga Rosa y Juan Pablo Sánchez García y los números de folio son 032964, 032965, 032967 y 032968.
Como la hora de detención que los uniformados registraron no concordaba con la de ingreso a la Cruz Verde, rompieron los primeros partes médicos y decidieron llevarlos a hacer otro en la Cruz Roja de Guadalajara a las 6:39 de la mañana. Así pudieron ingresar a los detenidos a la PGR a las siete.
Esta nueva valoración médica con los números PL15OC00, terminación de 421 al 424, también mencionaba que los detenidos presentaban contusiones en rodillas, hemitórax, brazos y cabeza.
Prosigue el abogado Ramírez Villa: “Quizá los policías nunca se imaginaron que podríamos conseguir el primer parte médico como prueba para nuestra defensa y conseguir la libertad. Suena hasta tonto el cómo y por qué nos detuvieron: nosotros reportamos un robo y resultamos detenidos. Creo que tampoco se imaginaban que las autoridades federales se darían cuenta de la golpiza que nos pusieron”.
Las declaraciones de los policías de Tonalá ante el Ministerio Público, integradas en la averiguación penal 5113/2015, indican que alrededor de las cuatro de la madrugada del 19 de octubre los Ramírez circulaban entre las calles Tonila y La Barca, colonia Jalisco, a bordo de un Volkswagen gris (el Jetta).
Al ver la patrulla, aceleraron. Esto provocó la sospecha de los policías, que los interceptaron y les hallaron dos armas de fuego, así como una bolsa con mariguana. Aseguran que durante esa misma mañana del 19 de octubre entregaron a los detenidos a la autoridad federal por delitos contra la salud y portación de armas de fuego sin licencia.
No obstante, tras 48 horas de su arresto se les otorgó la libertad bajo caución a los Ramírez por dudas razonadas sobre su detención, así como las lesiones que presentaban.
Los Ramírez presentaron la denuncia 707/2015 contra los policías de Tonalá, que se turnó a la Agencia 5 del área de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado por los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones en su contra para fabricarles un delito, exhibirlos ante los medios como criminales, irrumpir en su domicilio sin autorización y sustraer su automóvil.
Los demandantes dirigieron su procedimiento penal contra los policías municipales de Tonalá Cuauhtémoc Ramírez Fregoso, Francisco Javier Casillas Díaz, Salvador Ruiz Monsiváis, Raúl Eduardo Hurtado, y su supervisor Miguel López Santiago. Paralelamente, presentaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) la queja 598/2015 por abuso de autoridad, tortura y detención arbitraria.
“Se incrementaron las quejas”
Las quejas por tortura presentadas ante la CEDHJ en contra de las corporaciones de seguridad pública se incrementaron el año pasado. Según las estadísticas del organismo autónomo, de las 188 que se presentaron el año pasado, 43 corresponden a policías municipales de la zona metropolitana de Guadalajara: 21 a la policía tapatía, 12 a la de Zapopan, cinco a la de Tlaquepaque, tres a la de Tonalá y dos a la de Tlajomulco de Zúñiga.
La comisión informó que durante 2013 se recibieron cinco quejas por tortura, ninguna atribuida a las policías del área metropolitana, pero el siguiente año se registraron tres de esos recursos, una contra uniformados de Zapopan y el resto contra los de Guadalajara.
En el presente año, hasta el pasado 30 de abril, la CEDHJ había recibido 52 quejas por tortura, 15 de ellas contra corporaciones del área conurbada: seis de Zapopan, tres de Guadalajara y otro tanto de Tlaquepaque, una de Tlajomulco y una de Tonalá.
Consultado al respecto, Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas, Orientación y Seguimiento de la comisión, explicó que el incremento de ese tipo de denuncias se debe a que el año pasado entró en vigor la Ley Estatal para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura:
“La ley dice que los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la simple manifestación de la palabra tortura, deben iniciar queja y las personas deben hacer una denuncia a la fiscalía. Entonces, cuando viene una persona aquí y nos narra que su familiar fue torturado, sin que le conste, se levanta queja, se le elabora una denuncia penal que se presenta ante la fiscalía.”
Precisa que la recepción de una queja no implica en sí misma que en realidad se haya cometido un acto de tortura: “Se reciben bajo el principio de la buena fe, sin que nos conste a nosotros si están realmente golpeados o no, o coaccionados psicológicamente”.
Aclara que no todas las quejas que se presentaron en 2015 fueron ratificadas y en algunas no se encontró evidencia de tortura. “No tengo una estadística de cuáles sí y cuáles no, porque yo simplemente turno las quejas; la investiga la respectiva visitaduría”.
Se considera tortura cuando un elemento policiaco agrede física o psicológicamente a un detenido para forzarlo a declararse culpable de un delito, ya sea que lo haya cometido o no; o bien para que inculpe a otro.
“Si en ese trato median golpes o una coacción psicológica o bolsa de plástico, toques eléctricos (…), la comisión lo que hace en el curso de la investigación, que no me toca a mí como director, sino que le toca a los visitadores generales, es hacer un dictamen psicológico para determinar si hay o no algún efecto traumático, más el examen médico. Una vez que se tiene eso, el visitador está en posibilidades de analizar si hay o no tortura”, refiere Jiménez Jiménez.
Indica que por instrucción del actual titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, la investigación de una queja no debe exceder de 10 meses.
Los métodos de tortura más comunes presentados a la comisión estatal son la asfixia con bolsas de plástico, ahogamiento con agua y la aplicación de toques eléctricos.
El director de Quejas de la CEDHJ puntualiza que hasta el momento se han emitido dos recomendaciones por tortura contra corporaciones municipales: una a Degollado y la otra a Tala. En cuanto al resto de las investigaciones por señalamientos de tortura en contra las policías municipales del área metropolitana de Guadalajara presentados el año pasado, indica que aún no se ha vencido el plazo de 10 meses.
“No le puedo decir cuántas van a terminar en una recomendación –indica el funcionario–, pero sí le puedo dar una estadística de dos periodos de la comisión. De 1998 a 2006 se recibieron en total 813 quejas por tortura; en ese periodo de nueve años sólo hubo 13 recomendaciones por ese delito. En la administración del ómbudsman actual, Felipe Álvarez Cibrián, se han recibido 190 quejas y en ocho años se han emitido 41 recomendaciones.”
Comenta que cuando los familiares acuden a presentar una queja, por lo general desconocen dónde se encuentra el detenido, “entonces se inicia con una labor de localización. El año pasado localizamos a 175 personas. Se continúa con la gestión de un pase para que la persona sea entrevistada por un familiar o por un abogado. Una vez que eso sucede, si nos reportan que está lastimado, de inmediato le destinamos un médico y un abogado a fin de hacer una verificación en el cuerpo de la persona (…) y se levanta el parte médico. Posteriormente vendrán los dictámenes médicos y psicológicos”.
Finalmente, especifica que estadísticamente son los hombres quienes sufren más torturas: “Yo diría que de 10 casos, una víctima es mujer”.
