Sin atender los problemas de fondo del actual sistema de prisiones, la autoridad estatal realiza periódicamente operativos en el Centro Penitenciario de Puente Grande para decomisar celulares, armas y drogas. Sin embargo, diversas voces coinciden en que esas acciones sólo disfrazan la impunidad del autogobierno, que hace negocio con alimentos, teléfonos, visitas familiares e incluso con el horario de la cárcel.
A pesar de los operativos y del compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) de recuperar el control del complejo penitenciario de Puente Grande, allí predomina aún el autogobierno, que representa un gran negocio.
Por norma, el centro penitenciario no debe rebasar los 2 mil internos pero acoge a más de 7 mil. Ese grave problema se convierte en una gran oportunidad de negocio para quienes controlan el penal.
José Antonio Pérez Juárez, presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, considera que las “zorras” o cateos en las celdas, supuestamente para decomisar objetos y sustancias prohibidas, únicamente son simulaciones de la autoridad estatal:
“El autogobierno se ve reflejado principalmente en que la autoridad es un cero a la izquierda en la operatividad del penal. En el interior priva el autocontrol absoluto: en las horas de visitas, en los horarios y en el uso de las instalaciones. Por ejemplo, darse un baño tiene un costo, igual que hacer una llamada telefónica y ver televisión. Todo tiene un costo que definitivamente no contempla la ley y (ese comercio) no es una actividad que desarrolle la autoridad.
“La estructura del autogobierno opera a través de una cadena de varios eslabones o niveles, donde la cabeza tiene a sus ejecutores y cuenta con alguien que administra, por ejemplo, los abarrotes. Se cuenta con personas que administran los teléfonos. Hasta el transitar en el interior del reclusorio, de una sección a otra, tiene un precio.”
–¿Cuáles son las cuotas que pagan los reos? –se le plantea al litigante.
–Es muy difícil establecer eso. Si fuera uno solo el costo, podríamos calificarlo, pero por hacer uso del teléfono vas a pagar 10 pesos, no pasar lista cuesta entre 10 y 30, el uso del baño anda en 20, el cambio de dormitorio en horas hábiles también por los 20, y son un sinúmero de servicios que no tienen razón de cobrarse.
–¿El uso de alguna chamarra, cobija o colchoneta también tiene costo?
–Nada es gratis en el reclusorio. La comida que ellos sirven, el llamado “toro”, es incomible, nauseabundo, y obliga al interno a consumir lo que le llevan sus familiares o puede sufragar. Otra cosa que no han querido hacer pública es que existen restaurantes de mariscos, pizzerías, comida china… existen muchos negocios dentro del reclusorio.
Al respecto, testigos que purgaron una pena en ese reclusorio confirman que allí un cigarro cuesta de dos a cuatro pesos; un jitomate, entre cinco y seis; y una manzana, más de ocho. Los refrescos oscilan entre 10 y 20 pesos, según marca y tamaño. El pan que se hace en el penal se vende a cinco pesos la pieza; el de fuera, si es dulce, 10 pesos, y el bolillo a siete. Las hamburguesas son un lujo de 60 pesos.
Para contar con una mesa y cuatro sillas en la terraza durante los días de visita, se pagan 40 pesos; un vaso o plato desechable cuesta entre 50 centavos y un peso, a pesar de que varios de esos artículos provienen del reciclado de la basura, y un refresco puede rebasar los 20 pesos.
La cuota por mantener abierta la puerta de la celda hasta las nueve de la noche (por reglamento se cierra a las seis de la tarde) es 110 pesos semanales y el pago se divide entre los que comparten ese espacio.
También tiene un precio el servicio de pantallas planas, se rentan en 150 a la semana. Los aparatos sólo tienen capacidad de recepción de siete de los 14 canales abiertos que transmiten en la zona metropolitana.
El uso de teléfonos celulares “desechables” está totalmente restringido por las autoridades penitenciarias, pero es común encontrarlos en la prisión a un precio que va de 800 a 2 mil pesos, pese a que en las tiendas de la ciudad no rebasan los 200 pesos. Además del aparato, se cobra una renta de 250 a 300 pesos semanales, pero el comprador debe adquirir el tiempo de aire por medio de sus conocidos afuera de la cárcel.
La FGE ha admitido que algunos reclusos llaman a los ciudadanos desde Puente Grande con el fin de extorsionarlos. Pero un testigo que estuvo en el reclusorio afirma que la autoridad penitenciaria también permite el tráfico y venta de todo tipo de drogas en distintas zonas del complejo penitenciario.
Varios testimonios recogidos por este semanario coinciden en que la posición económica del recluso determina si su permanencia se limita al “Barrio Chino”, a “Beverly Hills” o a la zona “VIP”, donde sólo entran los “señorones” de esa cárcel.
Los presos que no tienen para pagar una fianza se quedan en el “Barrio Chino”, donde comparten una celda hasta con ocho compañeros. Algunos tienen que dormitar sentados en el excusado y suspender su “descanso” cuando otro interno debe desahogarse frente a todos. Un exrecluso, que pide reservar su identidad, relata:
“Nunca en toda mi vida pensé en la importancia que representa para cualquiera el poder gozar a tus anchas de la libertad que te concede el uso del baño para ti solito, en tu casa. Eso, que parece insignificante, es algo que todos los que llegamos a esa cárcel terminamos por apreciar. En el penal pierdes la vergüenza y el pudor.”
Existe una posición intermedia para personas que se dan ciertos lujos, como rentar una parrilla eléctrica con capacidad para preparar alimentos suficientes para seis personas. Además, sus visitas no tienen que perder hasta dos horas para ingresar la comida que llevan y pueden realizar fiestas sin ser molestados.
El testigo refiere que todos huyen del “toro”, la desagradable comida oficial para los presos: “Sólo los que hemos comido eso sabemos lo que significa tragar lo que produce asco (…) te la comes o te chingas. Pero si tienes los medios para comprar o preparar tu propia comida, ya la libraste”.
El integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Alfonso Partida Caballero, señala al respecto que la manutención –es decir, la custodia y los alimentos– le cuesta al erario cerca de 290 pesos diarios por cada reo, es decir, se gasta en ello más de 2 millones de pesos al día. Por eso, enfatiza, urge que las autoridades estatales lleven a cabo una transformación profunda de la administración del penal.
Los operativos fallidos
En febrero y abril pasados la FGE, con apoyo de otras fuerzas policiacas, realizaron operativos en el Centro Penitenciario de Puente Grande, en el primero de los cuales participaron militares. Eso permitió asegurar cientos de armas punzocortantes, aparatos electrónicos, dosis de droga en diferentes presentaciones y dinero en efectivo.
Sin embargo, los testigos que han estado en esa prisión afirman que los decomisos no privan a los reos de la mayor parte de los objetos prohibidos que circulan entre ellos.
El abogado Pérez Juárez también cuestiona la eficacia de los operativos: “Lo que trasciende es que esas zorras son cantadas, son anunciadas, e incluso consensuadas. A la hora que se realizan, los mismos internos dejan a la vista aparatos inservibles, televisores, celulares, puntas metálicas que son utilizadas como armas, para llenar una cuota y justificar una tarea que debe ser más seria, más responsable, pero que no es así. Entonces los operativos no significan ningún avance, porque de todo lo que aparece en los medios de comunicación como decomisos, te garantizo que más de la mitad es inservible”.
–¿Quiénes encabezan el autogobierno? ¿Es el crimen organizado o un jefe de los presos que tiene mucho poder? –se le pregunta al litigante.
–Definitivamente tiene que ser alguien ligado a estos grupos, porque si no, en primer lugar no estaría ahí; en segundo no tendría el poder, pero obviamente nada de esto se puede dar sin la complicidad de la autoridad.
–¿La llegada de una directora que se presume de mano dura al Reclusorio Preventivo, como es la señora Carmen Cárdenas Ramírez, garantiza que algo pueda cambiar?
–Momentáneamente, sí. Lo hemos visto en toda la evolución del sistema penitenciario en México. Estas manos duras, como en su tiempo fueron Juan Pablo de Tavira y Antonio Sánchez Galindo, sólo fueron a exasperar más el estado anímico de los internos y llegó un momento en que fueron incapaces de sostener esta rigidez inicial y al final aflojaron. Esto nos lleva a que todo vuelva a ser igual.
En 2012, casi para finalizar la administración del exgobernador panista Emilio González Márquez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya advertía de las posibles consecuencias del autogobierno, pero algunos analistas sostienen que es lo que ha evitado un estallido de violencia mayor en el penal de Puente Grande.
Consultado al respecto, el abogado Pérez Suárez considera que el autogobierno mantiene cierta estabilidad:
“Hacia el interior del penal los presos son vigilados y nadie puede pasar por encima de ese esquema de gobierno fincado por la fuerza. Robar algún artículo entre los presos tiene sus consecuencias inmediatas a través de castigos”, menciona. Sin embargo, apunta, “lo grave es que esto provoca un vacío de autoridad y los reclusorios definitivamente no cumplen su objetivo de readaptar”.
La madre de un preso coincide en que las revisiones policiacas no son eficaces: “Siempre que viene un operativo, el autogobierno ya lo sabe y se mueve más rápido que las autoridades”. Por su parte, dice que en cada visita a su hijo gasta más de 600 pesos, entre el transporte, la comida y el poco dinero que le deja.
Un exchofer de transporte público que da servicio a los familiares de los reclusos asegura que el autogobierno hace sentir su poder hasta afuera del penal. Relata que se han suscitado pleitos entre familiares de los internos y el orden se restableció desde el interior, con advertencias a los presos.
La CNDH elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, el cual dio a conocer en septiembre del año pasado. En su análisis refiere que en el Centro de Reinserción Social del Estado de Jalisco (Puente Grande) y el Reclusorio de Prisión Preventiva, ambos bajo la autoridad estatal, existen el autogobierno y sobrepoblación.
El organismo indicó que esa situación no garantiza la integridad física ni moral del interno, existen deficiencias en servicios de salud y en el funcionamiento de la prisión, incluido el orden; tampoco hay celdas dignas.
A menos de un mes de la plena entrada en vigor del Sistema Penal de Justicia Adversarial o juicios orales en el estado, el consejero de la Judicatura Partida Caballero reconoce que Puente Grande opera en condiciones críticas y que el nuevo esquema obligará a la despresurización de la cárcel y muchas personas acusadas por delitos menores podrán alcanzar su libertad.
Estima que al entrar en vigor la reforma sobre el uso del consumo de la mariguana y la posibilidad de portación de 28 gramos de esa droga, muchos de los reos acusados por posesión de ese enervante y que sólo son consumidores, quedarían libres. Por el momento, considera que el problema de la saturación en Puente Grande es un foco rojo, y no descarta posibles hechos de violencia, si no se atiende el tema, tal como lo recomienda la CNDH.
