Antes de que terminara el primer trimestre de este año, por lo menos 14 jefes policiacos habían sido destituidos por carecer del perfil profesional, según los datos oficiales. En las próximas semanas serán dados de baja cientos de policías de a pie porque, según las autoridades, no aprobaron sus exámenes de control de confianza. Para el litigante Ismael Luna González eso constituye un riesgo para la seguridad de los jaliscienses, pues muchos de los uniformados son calificados y podrían pasarse a las filas de la delincuencia organizada.
Durante el segundo semestre, cientos de servidores de seguridad pública serán dados de baja por reprobar los exámenes de control de confianza, entre ellos algunos que ya concluyeron su ciclo profesional o bien padecen alguna discapacidad derivada de su trabajo.
El abogado laboralista Ismael Luna González llama la atención sobre los riesgos que implican esos despidos, pues muchos de los elementos cuentan con la capacitación en el uso de armas, manejo de tropa y conocimiento de los protocolos policiacos. Lo realmente grave, puntualiza, es que terminen trabajando para la delincuencia o el narcotráfico.
“El riesgo es muy alto: en primera, porque conocen los protocolos; en segunda, porque conocen las actividades de los grupos operativos, lo que facilita la operación a los cárteles de la droga o a las bandas del crimen organizado. Por ende, el asunto que se torna en un riesgo para la seguridad nacional; es un asunto que no están valorando las autoridades”, sostiene Luna González.
Los exámenes de control de confianza comenzaron a aplicarse desde 2004 como un instrumento unilateral en los tres niveles de gobierno, para dar de baja a policías, bomberos y elementos de seguridad considerados no aptos para el servicio.
Además, dice, muchos de esos exámenes tienen sesgos, sobre todo en el aspecto socioeconómico. Cuando los agentes revelan sus bajos salarios, su vivienda y el entorno en el que se desenvuelven –muchos de ellos viven en casas precarias, otros pagan renta en colonias marginadas– los aplicadores suelen discriminarlos.
Y pone como ejemplo el caso de un policía al que defendió su bufete: “Vivía en el Cerro del 4, una colonia popular, con un alto índice de violencia y marginación. Con base en eso, las autoridades consideraron que no era apto para desempeñarse como agente de vialidad”, comenta el abogado.
En Jalisco, la mayoría de los ceses y las demandas laborales se intensificaron en 2013, en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. Según sus estimaciones, 70% de los reclamos por despidos injustificados corresponden al gobierno encabezado por el priista.
Hasta ahora, comenta, las autoridades estatales no han ofrecido una alternativa a los cesados en los últimos años por motivos de salud, su edad avanzada u otra circunstancia no justificada. Muchos de los afectados han tenido que buscar apoyo en organizaciones civiles en el ámbito nacional.
Despidos a la orden
En la Secretaría de Movilidad –antes Secretaría de Vialidad y Transporte–, aproximadamente 400 agentes que no pasaron los exámenes de control y confianza perderán su trabajo. Y en la Fiscalía General del Estado, según datos extraoficiales, serán afectados entre 300 y 400 elementos.
Según la Ley Nacional de Seguridad Pública, la evaluación incluye seis exámenes: psicológico, psicométrico, médico, toxicológico, el del polígrafo y el de entorno social.
Luna aclara: “Aplicar exámenes de control de confianza no es inconstitucional, pues lo prevén la Constitución en su artículo 123 apartado B, así como las leyes federal y estatal de Seguridad. Por lo tanto, el amparo no procede contra la aplicación de esos exámenes, pero sí contra los resultados de esas pruebas”.
Lo paradójico es que se defienden legalmente y por lo general ganan: “Existe un 90% de factibilidad de ganar el juicio contra los resultados de confianza. Pero, ojo
–subraya–, cuando un policía municipal no pasa sus exámenes de control y confianza, el presidente municipal puede solicitar una revaluación. Mientras, los afectados pueden desarrollar tareas de tipo administrativo”.
Si en su segunda oportunidad aprueban, deben ser reinstalados en sus cargos, refiere. Se queja del Centro Estatal de Evaluación porque niega los informes y resultados a los implicados; les dice que la información es sólo para el gobierno.
“Nosotros nos hemos ido al amparo para que, a través de un juez federal en materia administrativa y del trabajo, le entreguen los resultados al quejoso, pero también en ese nivel hay problemas”, asegura.
Pone el caso del Juzgado Octavo en Materia Administrativa donde a los abogados ni siquiera se les puede permite ver esos resultados. Quizá sea a la falta de certificación vigente del Centro de Estatal de Evaluación. Pero, si no cuenta con él, entonces los exámenes que aplique serán inconstitucionales.
Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza cinco casos de policías de Jalisco que reclaman su reinstalación. Existen tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según las cuales la no reinstalación de los cuerpos operativos y de seguridad a nivel nacional es constitucional.
Sin embargo, “de acuerdo al control de convencionalidad, México ha ratificado varios convenios y tratados internacionales, por lo que debe alinearse a las disposiciones de la Corte Interamericana; es decir, las disposiciones nacionales no pueden tener más fuerza que las sentencias internaciones”, asegura el litigante.
Confía en que tarde o temprano una sentencia del organismo internacional obligará a México a cambiar la disposición del artículo 123 apartado “B”, en lo que atañe a los policías, bomberos y cuerpos de seguridad.
En 2014, más de 4 mil agentes de Jalisco reprobaron la certificación, lo que lo colocó en segundo lugar en ese rubro, sólo por debajo de Veracruz.
Hasta mediados de 2015, alrededor de 30% de los gendarmes jaliscienses habían reprobado los exámenes de confianza. A finales de ese año e inicios de 2016, 92% de los policías enlistados habían aprobado la certificación, según los datos del Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo.
Antes de que terminara el primer trimestre de este 2016, el gobierno estatal informó sobre la destitución de por lo menos 14 jefes policiacos que carecían del perfil para el que fueron contratados.
