Antonio Alcaraz Ascencio, El Zar de los Juegos de Azar, donó a su concubina Magdalena Ramírez una casa en Guadalajara en 1985, pero tras la muerte del controvertido personaje en 2001 ella y su hija han enfrentado presiones y amenazas de otros familiares del finado, quienes se valen de policías, jueces y abogados que han llegado a amenazarlas en nombre del magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador, y del famoso narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
El intento de despojo de una vivienda ubicada en la calle Mar Egeo, de Guadalajara, a su legítima propietaria, puso en evidencia que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó a personajes ligados con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.
La casa –una de las cientos de propiedades de Antonio Ernesto Alcaraz Ascencio, El Zar de los Juegos de Azar– ha sido objeto de un litigio que implica además a políticos priistas, como el regidor de Tlaquepaque, Luis Córdova, y el magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador Aristóteles Sandoval.
Además de su control de los juegos, Alcaraz Ascencio era considerado “uno de los más destacados jefes criminales”, refiere James Kuykendall en la página 26 de su libro Plata o plomo, en el cual aborda el secuestro y asesinato del agente antidrogas estadunidense Enrique Camarena.
El autor afirma que Alcaraz Ascencio era “amigo cercano y compadre del director de la Policía Judicial estatal, Carlos Aceves Fernández; operaba varias casas de apuestas ilegales y tenía negocios de peleas de gallos en Guadalajara”.
Una hija de ese personaje, María Guadalupe Alcaraz Ramírez, se atrevió a dar más detalles sobre las actividades de su padre –quien falleció intestado– en una carta que dirigió al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, para denunciar que su medio hermano Jaime Alfonso Alcaraz Aceves pretendía despojar a su madre, Magdalena Ramírez Aguirre, de la finca donde ésta vivió con Alcaraz Ascencio: precisamente la ubicada en Mar Egeo 1316, fraccionamiento Country Club, de Guadalajara.
Dice la carta: “Quiero hacer de su conocimiento hechos que considero delictuosos de delincuencia organizada por competer al fuero federal, los cuales no me atrevo a denunciar ante la delegación de la Procuraduría General de la República, Jalisco, debido a la poca confiabilidad que le tengo debido la filtración de información y la conexión que hay con policías y servidores públicos (…) temo de que al enterarse traten de ocasionarme un daño o quitarme la vida o de mi señora madre.
“Soy hija del extinto mal llamado Zar de los Juegos de Azar en el estado de Jalisco, de triste memoria, el señor Antonio E. Alcaraz Ascencio, el cual usaba indistintamente los nombres de Antonio Álvarez Ascencio y en DF y Cuernavaca, general Genaro Barajas Hidalgo. Con el fallecimiento de mi padre, el día 16 de noviembre de 2001, empezó un viacrucis o calvario para nosotras.
“Debido a la vida que éste llevó, procreó varios hijos, la gran mayoría de ellos se dedican a actividades ilícitas (…) Debido a las actividades ilícitas de mi finado padre, logró amasar una inmensa fortuna en inmuebles, vehículos, alhajas y dinero, que debido a los negocios turbios, muchos de ellos están con prestanombres de quienes le ayudaban a lavar el dinero.”
Entre los supuestos prestanombres están Carlos Moreno Padilla, quien era chofer de Alcaraz Ascencio; sus concubinas Carmen Ofelia Aceves Ruiz, Norma Susana Wong Rosas y María del Rocío Yolanda Ceballos Monraz. Ésta última se dice comadre de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.
Como presuntos prestanombres se cita asimismo a los medios hermanos del Zar: Jaime Alfonso, Roberto Javier y Martha Alicia Alcaraz Aceves, así como Luis Antonio Alcaraz Mora, Jesús Ramírez y los hijos de éste, Jesús Ángel, Julio Emilio y Carlos Alonso Ramírez García.
En su carta, la señora María Guadalupe también explica que ha denunciado ante la autoridad estatal varias amenazas y atentados que ha recibido, “pero no pasa nada”.
Cartas a Aristóteles y Peña Nieto
Ante el nulo avance del juicio para que se le permita conservar la propiedad de Mar Egeo que, asegura le donó su concubino Alcaraz Ascencio el 24 de diciembre de 1985, y para enfrentar todo tipo de presiones de Jaime Alfonso Alcaraz, la señora Magdalena Ramírez Aguirre envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Aristóteles Sandoval.
En ésta pide investigar a Jaime Alfonso Alcaraz, al Azul, a Luis Armando Córdova Díaz –actual regidor en San Pedro Tlaquepaque– y a su presunto cómplice Antonio Chávez, por delincuencia organizada.
La carta que envió a Peña Nieto el 15 de abril de 2014 fue recibida por la Secretaría Particular del Presidente, Dirección General de Atención Ciudadana, y se le asignó el número de folio GR-2200097754-17.
La respuesta de dicha oficina fue: “Le informo que hemos recibido la comunicación enviada al C. Presidente de la República mediante la cual solicita se investiguen a las personas que refiere en su misiva posiblemente relacionadas con el delito de delincuencia organizada. Asimismo, le comunico que su escrito ha sido turnado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que sea atendido a la brevedad posible, de acuerdo a los tiempos y procedimientos correspondientes”.
A su vez la PGR, por medio de la directora de Servicios a la Comunidad, Elia Patricia Neri Guajardo, canalizó la denuncia el 17 de junio de 2014, mediante el oficio SDHPDSC-DGPOSC-DSC-1692/2014, al titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE).
En el escrito dirigido a Fernando Ramírez Hernández, secretario particular del fiscal general Eduardo Almaguer, se menciona que tras recibirse la carta de la señora Ramírez Aguirre al presidente, en la cual “manifiesta la comisión de hechos probablemente constitutivos de delito (…) se desprenden actuaciones que son de la competencia de esta Fiscalía General del Estado de Jalisco (…) para que se le dé el trámite que conforme a derecho corresponda”.
En tanto, el 26 de mayo de 2014 Ramírez Aguirre entregó el escrito en la oficialía de partes de la Secretaría Particular del gobernador del estado. Lo recibió una mujer que firmó sólo como Sandra.
En esa misiva la señora le explica a Sandoval Díaz que fue pareja de Antonio Alcaraz Ascencio, con quien procreó tres hijos, dos de los cuales ya fallecieron. Recuerda que a la muerte de su concubino, el vástago de éste, Jaime Alcaraz Aceves, El Pingo, “me amenazó para despojarme de lo único que poseo y en repetidas ocasiones de muerte; cometió actos delictuosos en mi bien inmueble, haciendo simulaciones de actos jurídicos, mediante artimañas en confabulación de su abogado, Bernardo Manuel Sánchez Ávalos”, y de Marco Antonio Chávez Villaseñor (hijo de “otro delincuente que se encuentra desaparecido”, Antonio Chávez Cortés), quien con “argucias legales se apoderó del inmueble”.
Asegura que El Pingo le pidió a El Azul “amedrentarme, asustándome con que me van a levantar y que la casa de Mar Egeo es de Mario Zambada; esto pasó el día 7 de abril de (2014)”.
En su documento, la afectada pide que la Fiscalía investigue a las siguientes personas: Chávez Cortés, Córdova Díaz, Chávez Villaseñor, Esparragoza Moreno, Sánchez Ávalos y Jaime Alfonso Alcaraz. Este último, dice, también es conocido como Jaime Álvarez Aceves y fue acusado ante el Juzgado Décimo de lo Criminal por la muerte del italiano Massimo Paolosy el 24 de febrero de 1992 (expediente 275/92-D), pero no “ingresó a la penal”.
Sin embargo, recuerda que Roberto Javier Alcaraz Aceves, hermano de Jaime, sí fue encarcelado por apoderarse de varios inmuebles mediante argucias legales. Su forma de cometer el delito fue “revivir” a su concubino, Antonio Alcaraz, y a su hijo, Alfredo Alcaraz, para que le “vendieran” varias propiedades después de 2001, cuando el primero falleció ese año y el otro en 1990.
“Toda la corrupción comienza desde la FGE con las malas integraciones (de la averiguación previa) y en seguida con los jueces y luego los magistrados, ya que les gustan mucho las dádivas; haga que todo esto cambie”, le pide la viuda al gobernador.
En ese escrito Ramírez Aguirre sostiene que su hija María Guadalupe Alcaraz se reunió el 23 de enero de 2014 con el entonces diputado federal Luis Armando Córdova Díaz –actual regidor en San Pedro Tlaquepaque–, quien es “amigo, socio y cómplice de Antonio Chávez”, así como su abogado.
El mismo día que se reunió con Luis Córdova, a las 7:30 de la mañana tres sujetos golpearon violentamente la puerta de la casa en Mar Egeo y gritaron que venían de la FGE. Los vecinos llamaron a la policía y los hombres se retiraron. Según Guadalupe Alcaraz, dos de ellos regresaron a las 12 del día, esta vez en un auto blanco y con dos mujeres.
Sus vecinos y el encargado de la seguridad de los colonos le informaron que el día anterior, el 22 de enero, uno de aquellos hombres había pedido información sobre ella y su familia.
Presentó una denuncia ante la FGE “debido a que tengo temor fundado de lo que pueda pasarme a mí, a mi familia y a mis bienes”. La querella sólo quedó asentada en el acta de hechos 426/16, levantada en la Agencia 9 de Delitos Varios.
Implican al magistrado
El 26 de abril de 2015, Guadalupe Alcaraz envió un correo electrónico al entonces dirigente del PRI, César Camacho Quiroz, al cual anexó una carta donde su madre expuso que el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador, ha intervenido en su litigio por la finca de Mar Egeo.
La señora Magdalena Ramírez Aguirre explicó que Leonel Sandoval protege a Jaime Alfonso Alcaraz Aceves, “hijo del finado capo Antonio Alcaraz Ascencio, quien era conocido como El Zar de los Juegos de Azar en el estado de Jalisco, así como a Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul”.
Según la señora Ramírez Aguirre, el magistrado “ha metido mano negra” en el expediente 234/2014, que se encuentra en el Juzgado Décimo Tercero Civil del Primer Partido Judicial, así como en el acta de hechos 426/2014, radicada en la Fiscalía Central.
Menciona que, tras apelar el juicio civil y enterarse de que el magistrado ayuda a la contraparte, ella y su hija Guadalupe acudieron en enero de 2015 a la oficina de Leonel Sandoval para solicitarle que se abstuviera de intervenir en el asunto. “Fuimos atendidas por su secretario particular, y después de unos minutos entró Bernardo Manuel Sánchez Ávalos, abogado de Jaime Alcaraz”.
Las mujeres le informaron al secretario particular que Sánchez Ávalos, “en una diligencia conciliatoria, nos había ofrecido unos pesos, diciéndonos que más vale que agarremos ese dinero porque de otra forma no agarraríamos nada, ya que se habían arreglado con el magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador. El secretario dijo que no era cierto, que no conocía al abogado Bernardo y que todas las personas que iban con el magistrado primero las atendía él”.
Sin embargo, la señora Ramírez Aguirre concluyó su correo electrónico con una petición al entonces dirigente nacional del PRI: que solicitara al magistrado para que actuara apegado a derecho y al gobernador para que “detenga a su padre”.
Posteriormente, la señora Ramírez Aguirre presentó de nuevo su querella por delincuencia organizada ante la delegación de la PGR Jalisco, donde –a diferencia de las oficinas centrales– sí fue recibida y se le asignó el número de averiguación previa 676/2015.
El 26 de mayo de 2015 Ramírez Aguirre amplió por escrito su denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Agencia 2, Mesa 1 de la PGR para solicitar protección ante las amenazas recibidas y reiterar que en una audiencia conciliatoria Jaime Alcaraz, mediante su abogado, le ofreció dinero y que “lo agarrara, pues ellos ya se habían arreglado con el magistrado Leonel Sandoval”.
Recuerda que su hija Guadalupe Alcaraz intentó hablar con el magistrado, quien buscará la ratificación en su cargo el próximo 12 de noviembre, para pedirle que no interviniera en su proceso legal, pero hasta la fecha no les ha respondido.
Finalmente, la delegación de la PGR también canalizó la denuncia a la FGE pese a contener señalamientos de presunta delincuencia organizada.
Desalojo a la mala
Luego del fallecimiento del Zar de los Juegos de Azar, Magdalena Ramírez y su hija presentaron ante el Juzgado Familiar del Primer Partido judicial la sucesión intestamentaria de Antonio Alcaraz Ascencio (expediente 1506/02).
Recuerda que entre sus múltiples propiedades se encontraba el inmueble de Mar Egeo 1316, adquirido por Alcaraz Ascencio el 7 de febrero de 1983 a la inmobiliaria Minerva de Occidente, según consta en la escritura 12395.
La señora Ramírez Aguirre afirma que el 24 de diciembre de 1985 Antonio Alcaraz le donó la casa: “Mi concubino entre 1986 y 1990 no asistía mucho a esta ciudad. A su muerte empezamos a investigar en el Registro Público de la Propiedad y Comercio y nos encontramos que el inmueble aparecía a nombre de Rosa Carranza Bolaños”.
La propiedad le fue vendida el 9 de mayo de 1989, según la escritura 635, ante el fedatario público suplente número 48, Salvador Peguero Hernández.
La afectada refiere que el 27 de febrero de 2004 Jaime Alcaraz consiguió que el Juzgado Noveno Civil lo nombrara albacea de la sucesión de los bienes del finado(expediente 517/03), por lo que ella inició un juicio civil para anular las escrituras que se emitieron a favor de Rosa Carranza, pero perdió.
Entonces, ella y su hija presentaron el 8 de julio de 2004 una denuncia por la compraventa irregular de la propiedad (averiguación previa 280/04). “Ahí se desprendió que las firmas autógrafas de mi finado concubino no pertenecían al mismo (…) de acuerdo con el dictamen grafoscópico 27806/2004/12CE/01DC”, dice Ramírez Aguirre.
No obstante, Rosa Carranza le entregó a la hermana del Zar de los Juegos de Azar, María Elena Alcaraz Ascencio, un poder general para pleitos y cobranzas sobre el inmueble de Mar Egeo que tramitó ante el notario público número 15, Alejandro Navarro Flores. En su calidad de apoderada, María Elena Alcaraz vendió la casa el 14 de octubre de 2002 a Antonio Chávez Cortés ante el notario público 99, José Mora Luna.
Por medio de Luis Córdoba, el nuevo propietario Antonio Chávez presentó ante el Juzgado Noveno de lo Civil (expediente 313/04) una demanda para que Rosa Carranza entregara la posesión de la finca. No lo consiguió.
El 29 de marzo de 2013, el Juzgado Décimo de lo Familiar en el expediente 246/2013 declaró ausente (desaparecido) a Antonio Chávez Cortés, por lo que a su hijo Marco Antonio Chávez Villaseñor, unos meses después, el 18 de junio, ante la fe del notario público 79, Guillermo Vallarta Plata, se le entregó un poder general.
A su vez, Chávez Villaseñor nombró a Jaime Alcaraz como su apoderado y éste presentó un juicio para que Magdalena Ramírez y su hija entreguen la vivienda; el recurso se radicó en el Juzgado Décimo Tercero, encabezado por Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez (expediente 234/2014).
El juez dio la razón a Jaime Alcaraz y condenó a las demandadas a desocupar y entregar la finca, así como a pagar más de 1 millón de pesos por las costas. Las afectadas apelaron e incluso consiguieron que el 29 de abril de 2016 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito les concediera el amparo 59/2016 para invalidar la sentencia adversa.
No obstante, el 29 de marzo de 2016 personal del Juzgado Décimo Tercero, encabezado por Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, en compañía de Jaime Alcaraz y de Marco Antonio Chávez, así como de policías de Guadalajara, entraron a la casa de Mar Egeo cuando Magdalena, su hija y su nieta no se encontraban y realizaron un desalojo irregular.
Las afectadas señalan que en el inmueble guardaban diversos objetos de valor, como joyas, así como dinero en efectivo.
Pese a que ninguna de sus querellas avanza en esa instancia, Magdalena Ramírez y su hija presentaron ante la Fiscalía Central una denuncia por robo, despojo y abuso de autoridad en contra de Marco Antonio Chávez y de Jaime Alcaraz. Posteriormente, el 18 de abril, Ana Lilia Moreno, nieta de Magdalena Ramírez, presentó una querella similar que se integró al expediente 592/2016.
El 12 de mayo pasado las tres mujeres presentaron otra denuncia ante la Fiscalía contra el juez Miguel Ángel Cárdenas y el secretario ejecutor Ana Bertha Sierra por abuso de autoridad.
El 6 de abril la señora Ramírez Aguirre interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado contra Miguel Ángel Cárdenas por el desalojo irregular y por el ocultamiento del expediente 234/14, ya que le retienen el expediente de su caso con el pretexto de que se encuentra en firma. “Todo esto me causa agravio, de momento no puedo aportar ninguna prueba debido a que no me dan acceso”, argumenta.
