El país tiene una larga tradición de canales radio-televisivos que corresponden al Estado. Desde que se fundó el Once, el crecimiento de la opción cultural siguió con altibajos hasta la fecha. En aquel tiempo la ley preveía tres figuras: canales educativos-experimentales, concesiones y permisos. Esta última estaba reservada a las emisoras sin fines de lucro, el 100% de las cuales eran públicas. Ahora eso ha cambiado con la Reforma constitucional de 2013 y la ley de 2014. La totalidad pasa a ser concesión, aunque se mantienen las diferencias entre ellas según el objetivo y las prohibiciones de cada una. Están las comerciales, las comunitarias, las de uso social.
Para actualizar el status de las emisoras públicas el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está llevando a cabo el traslado de los permisos a concesiones. Este mes autorizó a 69 estaciones televisivas y a 26 de radio a transitar a concesión de uso social, el plazo es de 15 años con posibilidad de renovar.
Destacan en este proceso los canales 11, 22, TVUNAM, Canal del Congreso en la Ciudad de México. También en la capital el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) con su red y el canal 30 pasan a ser concesiones. En los estados, la Universidad de Guadalajara con su Canal 44 y la emisora del gobierno de Nayarit, entre otras. A Capital 21 se le había entregado concesión para tener acceso a la multiprogramación.
De acuerdo con la ley, las concesiones de uso social no pueden “usar, aprovechar o explotar con fines de lucro” la señal. El Estado seguirá proporcionándoles presupuesto para operar, aunque de manera discrecional, y además podrán recibir donativos del sector privado.
Existen en el Registro Público de Concesiones 821 permisos, cantidad que se alcanzó gracias al nuevo otorgamiento de frecuencias. Sin embargo, varias de éstas corresponden a asociaciones civiles detrás de las cuales se parapetan grupos comerciales. Con dicha fórmula bloquean la frecuencia y logran desviar sus impuestos en forma de “donativo” para la emisora de uso social.
Quizá la nueva ley no fue pensada para redistribuir el espectro, abrir nuevas opciones y darle pluralidad sino para reforzar lo existente con nombres diferentes. Habrá que ver si además del título se apoya a los medios públicos con presupuesto suficiente para que desempeñen su labor de manera eficiente, sin repetir hasta el cansancio lo que tienen en bodegas desde hace diez años o más. El tiempo que va de este sexenio ha sido de penurias para las televisoras, reducciones, apagón analógico, intentos de captura por Gobernación, censura. Y no se ve mejoría alguna.
