El ejidatario Félix Monroy Rutilio, quien vive en una comunidad nahua de Ayotitlán, relata a Proceso Jalisco el capítulo más reciente de su lucha contra la minera Peña Colorada, que poco a poco se apropió de una extensa franja de un terreno que se disputan los gobiernos de Jalisco y Colima. Hoy, dice, el poblado Los Potros ya no tiene habitantes, pues huyeron a causa de la contaminación provocada por los desechos que arroja la empresa en esa zona.
El pasado 1 de febrero, el ejidatario Félix Monroy Rutilio, de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, envió un escrito al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz para denunciar la invasión de su propiedad por parte de la minera Peña Colorada, con copia a la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Xóchitl Yin Hernández, y el titular de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez.
Monroy Rutilo, de origen nahua, expuso que personal de esa empresa introdujo maquinaria al rancho Los Potros, ubicado en la franja limítrofe de Jalisco con Colima, y comenzó a derribar árboles para emparejar el terreno. El propósito, dice, es convertir la zona en tiradero de desechos de la minera trasnacional.
Ya pasaron cuatro meses y aún no recibe ayuda, relata Monroy, de 60 años, uno de los dos habitantes que quedan en Los Potros. Esa invasión, cuenta, provocó la desaparición de por lo menos una decena de poblados y el éxodo de los lugareños.
Está solo en esta lucha contra la voraz empresa que obtiene millonarias ganancias con la extracción de los recursos naturales y la ocupación de tierras, por las que paga una ínfima renta a los ejidatarios. Monroy es dueño de 45 hectáreas que cuida con denuedo desde hace varias décadas. Durante ese periodo ha visto morir a su padre y a uno de sus hijos.
–¿En qué año mataron a su hijo? –se le pregunta.
–Hace como 20 años, en el 96. Tengo su acta de defunción… Primero mataron a mi papá, Abelino Monroy Sandoval, y poco después (como a los dos años) a mi muchacho, Alejandro Monroy Benítez.
–¿Quién lo mató?
–La empresa Peña Colorada.
–¿Por qué?
–Lo que pasa es que (los pistoleros) se equivocaron. Yo ya investigué bien por mi cuenta… Al que querían matar era a mí, para sacarme de las tierras que tengo en posesión para que ya no le estorbara a la minera Peña Colorada. A mi papá también lo mataron unas gentes de Minatitlán.
“El asesor de la empresa les dijo (a los pistoleros) que nos quitaran de esas tierras… Todo eso pese a que el predio pertenece a Jalisco. Las autoridades jamás nos llamaron para hablar o demostrar que ellos eran los presuntos dueños del terreno.”
Hace 19 años, recuerda el entrevistado, la minera y el entonces alcalde de Minatitlán, con apoyo de la policía judicial, quemó entre siete y nueve casas. Sus propietarios tuvieron que salir sólo con lo que traían puesto
“A los afectados les dieron casa, y a mí no me dieron nada –cuenta–. Me dijeron que qué quería: si 40 mil pesos o que me hicieran mi casa. Yo les dije que no quería nada porque habían matado a un hijo mío y a mi papá.”
Complicidades
Durante la más reciente invasión, personal de la minera Peña Colorada envenenó mantos freáticos y aguas superficiales. Semanas después, con el apoyo de la empresa Prodigit Consultores, deforestó más de siete hectáreas de la sierra de Manantlán, considerada como zona protegida.
Prodigit Consultores es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia “enfocada en ofrecerle al sector público y privado las mejores soluciones en cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente”, según la promoción de su portal electrónico. Su director general es Rogelio Zizumbo Villarreal, cuyas oficinas se encuentran en El Trapiche Cuauhtémoc, Colima.
De acuerdo con Monroy, la consultora obtuvo sus permisos federales para la tala de árboles en Colima, pero nunca informó a las autoridades de Jalisco. Como esas acciones son ilícitas, el 26 de abril él presentó una denuncia ante la delegación de la Profepa Jalisco contra quien resulte responsable de la tala inmoderada y la afectación al medio ambiente.
Se queja también por los criterios arbitrarios de la autoridad. Cuenta que el año pasado, él derribó varios árboles secos para reforzar la construcción de su vivienda y ahora enfrenta las consecuencias, pues le están cobrando como 7 mil pesos por eso.
Peor aún, dice, lo mandaron a Minatitlán, Colima, a pagar esos 7 mil pesos, pero allá le quisieron cobrar 300 mil pesos y le exigieron sembrar 350 árboles, “nada más por esos palos secos que corté. No entiendo de qué se trata”. En contraste, la minera ya destruyó como seis o siete hectáreas en sus tierras y nadie dice nada; nadie llega a poner orden, comenta.
Se queja del acoso de las autoridades de Colima: “Me acaba de llegar un papel donde me quieren cobrar por un domicilio de Minatitlán llamado El Mango que no es mío. Yo he vivido todo el tiempo en Los Potros, en el municipio de Cuautitlán, que pertenece al estado de Jalisco. El día que quieran les muestro mi credencial y mis documentos. Todos son de Los Potros”.
A pesar de las denuncias de algunos comuneros por las tropelías de la minera Peña Colorada, ninguna autoridad de Jalisco ha intervenido en el conflicto, lamenta Félix Monroy.
Desde que la minera inició actividades, la deforestación, el desmonte de cientos de árboles y la obstrucción de mantos freáticos afectaron al medio ambiente. Eso se refleja en la muerte de decenas de vacas, chivos y perros, lo que causa un foco de infección que pone en riesgo la salud de los pobladores.
En el sitio donde vive, conocido como El Puestecito de Las Parotas o Los Potros, rumbo de la barranca del Ajuatoso, algunos de sus familiares se empezaron a enfermar. “Todavía tengo un muchacho enfermo. Los doctores dijeron que, como estamos en la parte baja de un escurrimiento, los desechos de Peña Colorada estaban perjudicando al joven.
“Ya no se puede vivir aquí. Hace 19 años nos incendiaron las casas; entonces había 17 familias. Éramos como 50 personas, pero muchos no aguantaron y se fueron, los niños se enfermaban a cada rato.”
–¿Qué tipo de desechos eran?
–Aparentemente era sólo el agua que venía de la parte de arriba, pero eran aceites y otras sustancias. Después descubrimos que nos pusieron debajo de un basurero. Todavía tengo la foto con la que puedo demostrar que estábamos debajo de tiradero.
“Ahorita nos están llegando botellas de plástico hasta mi casa. Mi familia ya se salió de ahí, nada más me quedé yo con una tía y con mis animales.”
Diferendos territoriales
Félix Monroy, quien paga sus contribuciones al municipio de Cuautitlán, acusa al comisariado ejidal de Ayotitlán de entregar terrenos en renta a la mina de manera irregular sin informar a los posesionarios. Así lo ha hecho desde 2005, “por eso la empresa se cree dueña del predio”, dice.
Potros era un rancho de la comunidad indígena nahua reconocido dentro de Cuautitlán de García Barragán, en la región Costa Sur de Jalisco. Sin embargo, el gobierno de Colima reclama 40 hectáreas de esa superficie desde hace lustros.
Activistas como Óscar González Garí, representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, denuncia que a raíz de la presión de la minera Peña Colorada han desaparecido más de una decena de poblados, entre ellos La Astilla, Cortapico, Chanquiagui, Cerro Prieto, La Naranjera, La Piedra, Changavilan, San Antonio, Plan de Méndez, El Platanar y La Coconal.
El 27 de septiembre de 1995, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 122/1995, en la cual pedía a los gobiernos de Colima y Jalisco establecer un acuerdo definitivo para resolver el problema de límites territoriales y se recomendaba buscar una resolución definitiva a través del Congreso de la Unión.
Hasta ahora, ni el Poder Legislativo federal, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que intervino a raíz de que el gobierno de Jalisco presentó una controversia– han resuelto ese diferendo.
En su recomendación, el ómbudsman nacional pedía el establecimiento de acuerdos de coordinación entre ambas entidades para dotar de servicios de salud, educación, seguridad y comunicaciones a los lugareños mientras se buscaba una resolución definitiva al conflicto.
La propuesta no prosperó. Según los afectados, viven una especie de “guerra de baja intensidad” pues la minera se ha apoderado de tierras ricas en recursos naturales –hierro y otros minerales– que se encuentran a flor de tierra. La disputa ha costado la vida a cerca de 30 o 25 personas, incluidos el padre de Monroy y uno de sus hijos.
–¿Se aclararon los asesinatos de sus familiares?
–Sí. Aquí tengo las fotos del compa que mató a mi muchacho. Sé que vino de Tierra Blanca, Veracruz. Es un trabajador de Peña Colorada. De los otros pistoleros no supe mucho porque se fueron.
El activista González Garí critica la negligencia del gobierno de Jalisco frente a ese problema. Recientemente los familiares de siete jóvenes desaparecidos interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República. La investigación fue derivada al municipio de Autlán sin notificar a los denunciantes. l
