Interesados –o desesperados– por influir en el diseño de las políticas culturales de la nueva Secretaría de Cultura, algunos artistas, promotores e indirectamente galeristas y coleccionistas han organizado plataformas públicas y en línea, que evidencian la vergonzosa dependencia que existe entre el gobierno y un amplio sector de las artes visuales. Acostumbrados a un trato preferente que se fortaleció a partir de la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari, algunos protagonistas se han organizado para manifestar desacuerdos, peticiones e incipientes discusiones.
Creado a iniciativa del exitoso pintor Sergio Hernández, el Observatorio Cultural Ciudadano (OCC) hizo su presentación pública el pasado 5 de abril. A diferencia de los objetivos de los observatorios culturales europeos que, con base en la especialización de su personal, incluyen la sistematización de fuentes de información, la investigación del desarrollo cultural, el asesoramiento a organismo públicos, y el análisis y propuesta de políticas culturales, el OCC se ha limitado a expresar inquietudes que no pueden considerarse como políticas culturales.
Entre ellas, la creación de secretarías de Cultura en estados donde no existe la figura y la creación de cuerpos directivos colegiados y renovables cada tres años para museos. Si bien esta última podría ser una norma acertada hasta en la Ciudad de México, el perfil del Observatorio devela un gran desconocimiento de los modelos políticos que definen la relación gobierno-sociedad civil.
Con mayor conocimiento de los procedimientos que tiene la ciudadanía para influir en la definición de políticas públicas, el Patronato de Arte Contemporáneo (PAC) dedicó la treceava edición de su Simposio internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo (SITAC), a la exposición de circunstancias relacionadas con los efectos de la gestión neoliberal de las artes visuales. Realizado los días 15 y 16 en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México, el evento destacó por el doble discurso de sus contenidos. Severo en la crítica a las consecuencias que ha ocasionado el predominio del mercado en la creación, institucionalización y producción de valor en el arte contemporáneo, el simposio omitió informar que sus organizadores han sido, desde el año 2000, responsables de esas circunstancias.
Vinculados con el mercado y la difusión museística gubernamental, los miembros del PAC han logrado homologar promoción institucional con comercial. Con muy pocas participaciones críticas –como la de Heriberto Yepez que denunció el trato blando que ha dado la “dictadura priísta” a los intelectuales que le sirven, como Enrique Krauze–, el simposio sobresalió por la mesa que, con el título de ¿Cultura del beneficio común?, coordinó el exfuncionario priista y panista Osvaldo Sánchez. Vinculada con los nuevos modelos de la economía del arte, la mesa evidenció que en México no existe la filantropía del arte ni la promoción artística se ha independizado del dependentismo gubernamental.
Si bien Dolores Béístegui –directora del Museo del Niño perteneciente a la iniciativa privada– exaltó la necesidad de generar ingresos con base en la excelencia de los servicios, omitió informar que, en 2014, recibió una subvención de 150 millones del gobierno de la Ciudad de México. Una cifra obscena si se considera que, en la ciudad capital, existen museos gubernamentales que operan con aproximadamente un millón de pesos. Ante este panorama, qué es el SITAC XIII: ¿Una astuta simulación de promoción contestataria y alternativa?
