En medio de la creciente inseguridad que padece el estado y con la policía trabajando en condiciones precarias, los únicos que disfrutan de protección personal son quienes pueden pagarla… pero no lo hacen, porque para ellos es gratuita.
Mientras la mayoría de la población teme por su seguridad ante la ola constante de robos y ejecuciones, los empresarios protegen sus bienes e incluso su bolsillo al contratar gratuitamente policías estatales como escoltas, a pesar de estar obligados a pagar por el servicio que costaría un mínimo de 15.4 millones de pesos anuales.
De hecho la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) contempla el pago por el servicio de custodia, no obstante, para la Fiscalía General del Estado (FGE) esa retribución no es necesaria.
El 3 de octubre de 2015, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez reconoció que 93 de sus policías estaban comisionados como guardaespaldas de particulares.
Según el Reglamento Interno de la Sepaf, ésta sería la responsable de recibir el pago por el servicio de custodia, como admitió el propio fiscal. Sin embargo, la secretaría no tiene registro de ningún ingreso por ese concepto.
El pasado 27 de febrero, apelando a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se solicitó a la Sepaf (expediente UT-SEPAF-249-2016) que informara los montos que recibe por el servicio de vigilancia, custodia y seguridad prestado por elementos de la FGE.
En su respuesta, el director general jurídico y titular de la Unidad de Transparencia de la Sepaf, Gerardo Castillo Torres, menciona que se envió la petición a la Coordinación de Asistencia al Contribuyente, las direcciones de Contabilidad y de Gasto de Operación y de Obra, las cuales respondieron que “el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no cuenta con la información específica de acuerdo con las características solicitadas”.
Además, la Sepaf informó que “dentro del catálogo de cobros existe un concepto denominado ‘Ingresos de Sria. de Seguridad Pública por Serv. Especiales de Policía’. Sin embargo, se tiene como ‘No Facturable’, es decir nunca se ha utilizado”.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, en el tabulador se menciona que un policía tiene un sueldo de 13 mil 850 pesos; con grado segundo aumenta a 14 mil 672 pesos, mientras que un suboficial percibe 16 mil 568 pesos.
Con base en lo anterior, considerando 93 escoltas y la percepción más baja, se puede estimar que el Ejecutivo eroga al menos cada año 15 millones 456 mil 600 pesos para que empresarios tengan seguridad, sin gastar ni un solo peso. Por el contrario, si se toma el sueldo más elevado de un elemento, el gasto público en cuestiones privadas rondaría los 18 millones 489 mil 888 pesos.
El 15 de agosto de 2013, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval publicó un acuerdo en el que establece, en su primer punto, que el fiscal general “será el funcionario competente para autorizar la prestación del servicio de escoltas, tanto a exfuncionarios como a funcionarios de los tres poderes del estado, así como personalidades de la sociedad civil, quienes de conformidad a sus funciones o actividades destaquen en el área que participan y requieren estos servicios”.
Prosigue el acuerdo: “Este servicio podrá comprender funciones de protección, vigilancia, custodia y seguridad tanto de forma intramuros como extramuros. Este servicio podrá extenderse a los familiares directos de la persona a proteger, de conformidad a la opinión que el comisionado de Seguridad Pública incluya en el dictamen respectivo”.
A la FGE se le solicitó el pasado 16 de marzo que informara cuál es el área de la dependencia que se encarga de recibir y documentar los pagos por el servicio de los policías comisionados como escoltas y la periodicidad con que los recibe (expediente administrativo LTAIPJ/FG/471/2016).
La titular de la Unidad de Transparencia de la fiscalía, Adriana Alejandra López Robles, respondió que el comisionado de Seguridad Pública del Estado y la dirección general de Coordinación Jurídica y Control Interno mencionaron que “no reciben pagos por los servicios de seguridad preventiva personal, ya que dichos pagos se realizan ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno del estado. Sin embargo, la Inspección General de Policías de Proximidad y Complementarias, dependiente de la Comisaría Preventiva del Comisionado de Seguridad Pública, es la encargada de recibir copia del trámite correspondiente, a fin de agregarla a los archivos específicos”.
La FGE añade en su respuesta que los pagos se realizan ante la Sepaf conforme el artículo 53, fracción V de su Reglamento Interno, el cual establece que la Subsecretaría de Finanzas, por conducto de su titular, tiene la facultad de “recaudar, concentrar, custodiar, vigilar, situar e informar periódicamente al secretario de los fondos proveniente de la aplicación de la Ley de Ingresos y los que por cualquier concepto el erario estatal tenga derecho a administrar por cuenta propia o ajena (…), estableciendo la mecánica de recaudación y vigilancia”.
En la misma respuesta, la Unidad de Transparencia de la FGE precisa que “la fecha de pago por los servicios de elementos operativos comisionados se debe realizar de acuerdo con los estipulado en el contrato correspondiente”.
Pero la propia dependencia se contradice al referirse al acuerdo del ejecutivo de agosto de 2013, pues considera que si alguien recibe custodia de la fuerza pública no se genera una obligación legal de retribuirla al estado. “Se brinda la protección respectiva sin que del citado acuerdo (publicado por Sandoval Díaz) se desprenda que la prestación de dicho servicio se encuentre supeditada al pago de contraprestación, ya sea económica o en especie”.
Este semanario publicó que un grupo de policías, inconformes con las malas condiciones en que realizan su trabajo, denunció que empresarios como el dueño del diario El Informador, Carlos Álvarez del Castillo, y cuando viene a Guadalajara, el propietario de Promomedios de Occidente, José Pérez Ramírez, cuentan con escoltas estatales (Proceso Jalisco 550).
Otros a los que se les presta el servicio son el corredor de autos Sergio Pérez y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
Contra lo que pudieras pensarse por ese trato a la élite, el resto de la población no tiene asegurada la vigilancia mínima, ya que sólo se cuenta con un policía por cada 864 habitantes, es decir, con 8 mil 500 policías.
La Unidad de Transparencia de la FGE sistemáticamente rechazó corroborar quiénes son los personajes beneficiados con vigilancia policiaca, argumentando razones de seguridad. Sin embargo, este semanario averiguó algunos casos.
Uno de los afortunados que cuentan con protección policiaca constante es Eduardo Almaguer Ureña, hijo del fiscal general y quien preside la asociación Civilidad para Transformar, cuyas oficinas se ubican en la calle Francia, colonia Moderna. A unos metros del edificio suele estacionarse la patrulla estatal CE 537.
“Es un desperdicio. Están sin moverse y allá se meten a robar a las casas”, se queja una vecina.
El cardenal Juan Sandoval Íñiguez reveló que en 1999 fue víctima de dos intentos de envenenamiento, uno de los cuales estuvo a punto de costarle la vida. A partir de entonces, se vigila al prelado las 24 horas y gratuitamente. Afuera de su domicilio, Morelos 244, en San Pedro Tlaquepaque, es común observar una patrulla municipal y una camioneta de la FGE.
Según información obtenida vía transparencia (expediente LTAIPJ/FG/143/2016), la FGE no confirma cuántos de sus elementos vigilan al jerarca religioso, pero reconoce que lo protegen policías, policías segundos y suboficiales sin costo para el beneficiado ni para la Iglesia.
Aun si considera sólo un elemento de cada jerarquía y se suman sus percepciones marcadas en el tabulador, un año de seguridad para el también arzobispo emérito le cuesta al erario al menos 541 mil 80 pesos.
El patrocinio a la seguridad del cardenal también carece de asignación formal, puesto que no hay un oficio interno a partir del cual se haya autorizado el encargo.
En contra esquina de la casa de Sandoval Íñiguez permanecen apostados uniformados municipales, pero el gobierno de San Pedro Tlaquepaque rechazó que sean sus guardaespaldas; se trata, informó, de la vigilancia normal de las oficinas de la Tesorería, ubicadas a unos metros de la residencia del prelado.
Según la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del ayuntamiento de Guadalajara, 27 de sus elementos tienen la encomienda de proteger a particulares.
Una de las beneficiadas con la vigilancia municipal es la madre del gobernador, Sagrario Díaz. En la colonia Independencia, a unos metros de la residencia de la señora, se corroboró la presencia de la patrulla G 1078 en funciones de custodia.
Al llegar al cargo, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer que 681 elementos policiacos tenían el encargo de laborar como custodios personales, sin que su servicio fuera retribuido a las arcas públicas e incluso habían sido asignados “extraoficialmente” por la anterior administración. Desde entonces ordenó que los operativos regresaran a sus función de proteger a la población. l
