La automotriz Kia planeó instalar una planta industrial en Nuevo León y para ello pactó con el anterior gobernador, Rodrigo Medina. Pero la actual administración, la del Bronco, ha encontrado un cúmulo de irregularidades en la negociación: se le dieron a la compañía sudcoreana todas las facilidades, todas las prebendas, más allá de lo que dictan las leyes y el sentido común. “¿Por qué lo haría?”, se pregunta ahora el gobierno nuevoleonés. Y el exmandatario priista deberá aclarar las cosas.
MONTERREY, NL.- Cuando Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, llegó al gobierno de Nuevo León, una de sus primeras tareas fue desenredar el polémico contrato de incentivos que su predecesor, el priista Rodrigo Medina, firmó con la automotriz sudcoreana Kia.
Fernando Turner Dávila, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), revisó el contrato y encontró que era irregular y, además, en las cláusulas había ilegalidades que actualmente son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción (FA) de Nuevo León.
Turner halló que el paquete de apoyos era desproporcionado, pues ninguna contraprestación era ofrecida por Kia Motors de México, empresa cuya planta se instaló en el municipio rural de Pesquería, 30 kilómetros al norte de esta capital.
Pese a las inconsistencias en el contrato –el cual, según el gobierno estatal, carece de validez–, el actual secretario federal de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, es posible que haya conocido y validado su contenido, y hasta que se haya ofrecido como gestor para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por Nuevo León con la armadora, según un documento encontrado en los archivos electrónicos de la Sedec por el equipo de transición.
Se trata de una carta con membrete de la Secretaría de Energía (federal), sin firma y dirigida a Kia y al gobierno estatal. Proceso tiene copia de la misma. El texto se refiere a las gestiones que se harían: “En particular, me refiero a los fondos para la adquisición de los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto, de aproximadamente 500 hectáreas, así como los costos de la construcción de la nueva infraestructura, así como la mejora de las ya existentes, planteadas en el documento y sus apéndices”.
Turner detectó además que Medina dio el terreno como donativo a Kia con una argucia legal: lo cedió por medio de un fideicomiso, con lo cual evitó someter su entrega a la aprobación del Congreso local, como lo establece la ley.
Una fuente del gobierno de Rodríguez Calderón informó que de los 11 mil 500 millones de pesos (mdp) pactados como estímulos para Kia, los negociadores estatales buscan restarle por lo menos 5 mil. A partir de la nueva cifra, las partes iniciarían una renegociación del convenio que, para El Bronco, es inexistente. La FA estatal ya anunció que llamará a Medina a declarar al respecto.
Más que ventajoso
El 8 de diciembre de 2015, poco más de dos meses después de que El Bronco tomó posesión como gobernador, Turner acudió al Congreso local para explicar a detalle cuál era el estado del convenio que suscribieron el gobierno de Nuevo León y Kia.
La empresa ya tiene construida una nave en la que invirtió 3 mil millones de dólares; su objetivo: crear 14 mil nuevos empleos y ensamblar 300 mil unidades al año. Se pensaba iniciar la producción el primer semestre de 2016, pero la infraestructura no está lista.
En sesión pública, transmitida vía internet, el titular de la Sedec expuso desde la sede legislativa que en el centro de la discusión está el cumplimiento de la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo (LFIE) de Nuevo León, violentada por la firma que estamparon el 27 de agosto de 2014 Medina y el presidente de Kia Motors de México, Seong Bae Kim.
En ese tiempo el secretario estatal de Desarrollo Económico era Rolando Zubirán Robert, actual director de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional en la Secretaría de Economía. En su perfil, en la página de esa dependencia, se menciona que “fue pieza clave para la llegada de la armadora automotriz coreana Kia Motors”.
Turner les explicó a los diputados que el artículo 28 de la LFIE establece como tope máximo de incentivos el 5% del monto de la inversión. En casos excepcionales se pide un incremento en los apoyos, que debe ser aprobado por el Consejo Estatal de Promoción a la Inversión en la entidad, presidido por el gobernador.
Medina se comprometió a entregar incentivos por hasta 11 mil 500 mdp, correspondientes a 27.8% del total de la inversión. De esa cantidad, 7 mil 279.31 mdp eran para obras de infraestructura y 4 mil 242.12, para incentivos fiscales.
Turner explicó que el incremento de los incentivos procedía de un engaño. El gobierno de Medina argumentó que la cantidad había sido fijada con base en un estudio hecho por el Tecnológico de Monterrey, el cual indicaba que, como lo había dicho el mandatario, la proveeduría sería 100% local.
La recomendación del Tecnológico fue que le entregaran a Kia 3 mil 800 mdp o un máximo de 11% de la inversión total. El funcionario explicó que, a diferencia del ofrecimiento inicial, la empresa decidió traer proveedores de otros lugares, lo que reducía considerablemente la integración local al plan.
El gobierno del Bronco, al revisar el convenio, encontró otra irregularidad. En sesión extraordinaria, fechada el 2 de mayo de 2014, el Consejo de Inversiones autorizó por unanimidad un aumento de incentivos por encima del límite de 5%. Sin embargo, Kia presentó su solicitud de incentivos el 26 de agosto de ese año.
Turner explicó que lo normal es que las empresas primero pidan los incentivos y luego el gobierno fije su entrega.
Los incentivos desproporcionados fueron mostrados a los diputados locales en un comparativo en el que se presentaban otras empresas similares establecidas en diversos puntos del territorio nacional, las cuales recibieron incentivos de 6% en promedio.
La Sedec explicó que la ley fija siete pasos de un procedimiento legal para obtener incentivos estatales: presentación de solicitud; evaluación de la integración de la solicitud; calificación de la inversión; propuesta de aprovechamiento del interesado; elaboración de dictamen final de recomendación; resolución de otorgamiento, y elaboración de convenio. Kia sólo cumplió con los puntos 1, 3 y 7, por lo que el contrato era, en automático, inexistente, enfatizó Turner.
En el último punto, precisó, se firmó un convenio, pero no se hizo, como era obligatorio, de acuerdo con el artículo 29 de la LFIE.
Explicó que el gobierno de Medina presentó un convenio que fue rechazado por Kia Motors de México. En lugar de ese documento, la armadora presentó un agreement (acuerdo), que fue firmado por las autoridades locales. Sin embargo, este contrato no preveía ninguna obligación para la empresa y forzaba a Nuevo León a entregar unilateralmente un cúmulo de beneficios.
Con el agreement, Kia se comprometió a generar 2 mil empleos en nueve años y a invertir mil millones de dólares. Era todo.
Nuevo León, en cambio, accedió a donar el terreno, nivelar sus plataformas, reubicar un gasoducto que pasa por debajo de la planta y a dar conexiones de agua potable e industrial, de gas natural, de energía eléctrica y de drenaje sanitario y pluvial.
También ofreció construir una planta de tratamiento industrial y residual, un tanque elevado, una espuela de ferrocarril, un centro de entretenimiento, carreteras y puentes, oficinas temporales, estación de bomberos, becas de capacitación e idiomas y apoyo en trámites y procedimientos.
Asimismo dispuso que costearía una ceremonia de inauguración y eximiría a la empresa durante 20 años de Impuesto Sobre la Nómina (ISN) e Impuesto Sobre la Renta, por adquisición de activos. Además le condonaba el pago de impuestos municipales durante cinco años.
Sin valor legal
Ante los diputados locales Turner expuso que el agreement es inválido pues, de fondo, es unilateral y no cumple los requisitos de ley.
En el documento, el área legal de la Sedec encontró 28 inconsistencias violatorias de la ley, entre las que destacan: sujeta al estado a una jurisdicción en el extranjero (no se especifica a qué país), disposición prohibida por el artículo 52 de la LFIE. También establece un acuerdo de confidencialidad que viola el artículo 10 de la Ley de Transparencia de Nuevo León.
Omite los compromisos que Kia Motors de México asume en contraprestación de los incentivos que le ofrecieron, y se desentiende de las obligaciones que presentó para obtenerlos.
El acuerdo incluye incentivos prohibidos por las leyes y por el Consejo de Inversiones de Nuevo León; además ampara a proveedores extranjeros de la compañía, lo cual es contrario a la práctica normal de incentivar a las empresas tractoras y no a las secundarias.
También en cuestión de forma hay apartados ilegales.
El terreno donado a Kia es un área en disputa. Sus 325 hectáreas tenían un costo aproximado de mil millones de pesos y fue vendido al gobierno nuevoleonés, de acuerdo con una denuncia pública, por personas cercanas a Medina.
Turner explicó que la LFIE, en su artículo 17, dispone que un terreno puede donarse en 50% de su valor. En este caso, el predio fue regalado al 100%. El funcionario agregó que la entrega del polígono se hizo a través del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola de Nuevo León, para eludir la supervisión del Congreso local.
Además, el ISN sólo puede donarse en 95% de su valor durante un máximo de cinco años. Aquí Medina se lo entregó entero para 20 años, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León.
La misma ley señala que los incentivos estatales deberían ser establecidos en un Fondo Económico de Incentivos a la Inversión y la reposición debía ser incluida en el presupuesto estatal, condición que fue omitida, por lo que no contó con aprobación del Congreso local.
Concluyó Turner: “Consecuentemente, en base a violaciones evidentes a las disposiciones de la ley en cuanto a monto, forma, procedimiento y desproporción de los incentivos otorgados, nuestro Departamento Legal concluye que el gobierno estatal anterior actuó contraviniendo la ley, omitiendo información y presentándola de manera parcial.
“El agreement, firmado en idioma inglés, sin seguir las formas correspondientes a lo que marca la ley y sin establecer condiciones para la empresa receptora, no es legal ni vinculante, por lo que sería un delito si la presente administración lo ejecuta en su contenido.”
Por ahora el gobierno de Nuevo León renegocia un acuerdo legal, justo y transparente, pues le interesa que Kia se instale en la entidad y entre en funciones a tiempo, comentó.
La Sedec ya promueve consensos con la SE para acordar que baje el costo de las obligaciones estatales sin lesionar a la empresa. Por su parte, el subprocurador especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, anunció que llamará a declarar a Medina.
El subsecretario de Energía de Nuevo León, Gregorio Canales Ramírez, reveló que el terreno donde fue edificada la nave industrial de Kia está en el fondo de una hondonada, por lo que necesitará de la construcción de un drenaje pluvial especial para evitar riesgos de inundaciones.
“No sabemos por qué la administración anterior ofreció ese terreno a Kia, porque ese sitio tiene la forma de un plato que, si no tienes un sistema de drenaje, se inunda. Requiere un sistema de drenaje en el que estamos trabajando.
“El terreno tenía todas las razones por las cuales no era un terreno elegible para tener una planta de esta naturaleza. Sin embargo llegó ahí. ¿Por qué razón? No sabemos. ¿Quién se benefició de eso? No sabemos”, dijo Canales Ramírez en entrevista.
El terreno está en medio de la polémica, pues se rumora que Medina participó en su venta por conducto de un intermediario.
Que Guajardo sabía
Aparentemente el secretario federal Ildefonso Guajardo estuvo enterado desde un principio del contrato que firmaron Nuevo León y Kia. Por lo menos eso deduce el gobierno del Bronco, basado en un documento electrónico encontrado durante el periodo de transición en los archivos de la Sedec.
Es la ya citada carta sin fecha presuntamente enviada por Guajardo al gobierno estatal y a Kia Motors Corporation. “Por medio de la presente les confirmo que conozco en su totalidad el contenido y alcance del documento firmado por ustedes, denominado ‘Memorando de entendimiento para la inversión y construcción para una planta de manufactura automotriz localizada en el estado de Nuevo León’, documento y los apéndices que lo acompañan, firmado el día 30 de mayo del 2014.
“Al respecto, manifiesto que la Secretaría a mi cargo respalda y otorga el apoyo incondicional al proyecto descrito en dicho documento y sus apéndices y acepta el compromiso de gestionar y obtener ante las autoridades competentes, de índole administrativo y legislativo, los recursos federales para que se logre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el estado de Nuevo León.”
Guajardo mencionó que el contrato con Kia no se reestructurará, como ha dicho Turner. En marzo señaló que el gobierno de Nuevo León busca crear un adéndum con los cambios al acuerdo inicial.
Y recientemente se anunció que la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, llegará a México en visita de Estado este lunes 4. Se cree que negociará directamente con Enrique Peña Nieto las condiciones para abrir la planta de Kia en Nuevo León.
