Los profesores que no se presentaron a la evaluación que establece la reforma educativa no sólo fueron cesados, sino también se les retuvo el sueldo de la primera quincena de marzo y la prima vacacional. Sin embargo, los afectados denuncian que la medida se aplicó de manera arbitraria y que pretenden sustituirlos con profesores recomendados o que tampoco presentaron examen alguno.
El magisterio de Jalisco prepara acciones jurídicas y movilizaciones para el 15 y el 30 de abril como protesta por que 473 profesores fueron cesados al no presentarse a ninguna etapa de la evaluación de desempeño docente.
El pasado 28 de marzo, el organismo adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Frente Magisterial de Jalisco (conformado por Movimiento de Bases Magisteriales, la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco y otras más) acordó, entre otros puntos, crear las condiciones para un paro nacional indefinido.
Además, el Frente Magisterial pedirá a todas las organizaciones sindicales y sociales que publiquen desplegados, manifestaciones de solidaridad, así como apoyo económico para los docentes cesados, quienes “fueron privados de su medio de subsistencia”, a fin de que continúen “en la lucha por la defensa de la educación pública y el derecho laboral”.
Profesores entrevistados por este semanario concuerdan en que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) les retuvo de manera irregular su sueldo de la primera quincena de marzo, aunque sí laboraron, y tampoco se les entregó su prima vacacional. Si se considera un promedio de 10 mil pesos por cada sueldo retenido, son casi 5 millones de pesos en manos de la autoridad educativa. Los perjudicados señalan que dicha retención es una clara violación del contrato y cuestionan quién se quedó con esos recursos.
El 28 de marzo, docentes del Movimiento Magisterial Jalisciense (MMJ) presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por trato discriminatorio de las autoridades educativas, “lo cual quedó manifiesto en la retención ilegal del pago de la primera quincena de marzo. ¿Por qué se le pagó a los demás maestros y no a los docentes del MMJ si laboramos esa quincena igual que los demás?”.
El MMJ anunció que presentará una denuncia penal por fraude “porque es obvio que alguien se está beneficiando del dinero que no depositaron, aunque emitieron los talones de pago y engañaron a varios docentes para firmar la nota”.
Integrantes del Frente Magisterial de Jalisco coinciden en que a pesar de no recibir el pago quincenal ni la prima vacacional a algunos los obligaron a firmar la nómina, aunque otros no lo hicieron.
Uno de los docentes que se negó a firmar acudió a la Coordinación de Administración de la SEJ para conocer el motivo de la retención salarial. Una empleada de la SEJ identificada como Rosi Mata le informó que “la federación dio la orden de que no se liberaría el pago para ningún maestro hasta que no se alcanzara un acuerdo”.
A finales de febrero, el secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño, declaró que los profesores no tendrían derecho a liquidación ni una tercera oportunidad para ser evaluados.
El pasado 17 de marzo el secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón López, informó que 76 maestros perderán su plaza al no haber presentado la evaluación establecida en la Ley General del Servicio Docente. Sin embargo, esa cantidad sólo corresponde a los profesores cesados en la zona metropolitana de Guadalajara, no en la entidad, dicen los inconformes. Precisan que tan sólo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej) fueron despedidos 295 académicos.
Francisco Ayón aceptó públicamente que se les retuvo el sueldo a los profesores que no presentaron la evaluación y anunció que la separación de su cargo sería efectiva a partir de este mes.
En todo el país serán cesados 3 mil 360 docentes.
Argumentos jurídicos
Según los profesores, otra irregularidad es que a los profesores de nuevo ingreso que no aprobaron la evaluación los están contratando para seguir impartiendo clases, contraviniendo la Ley General del Servicio Docente. También se les está asignado materias a mentores externos que no presentaron el examen.
Dicen los inconformes que en total detectaron 17 irregularidades, las cuales fueron informadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo locales, así como al subsecretario de Educación Media Superior Federal, Rodolfo Tuirán, pero no obtuvieron ninguna respuesta.
El secretario general del Sindicato Único de Académicos del Cobaej (Sucobaej), Epifanio Méndez Rojas, recuerda que tras la manifestación que realizaron el pasado 17 de marzo frente a Palacio de Gobierno para exigir la restitución inmediata de los profesores cesados, sólo consiguieron que la directora general del Colegio de Bachilleres, Idolina Cosío Gaona, se comprometiera a pagarles su prima vacacional y su quincena, pero ni eso cumplió.
“Justifican ese no pago porque ya están cesados, pero con base en la ley tienen ese derecho adquirido”, argumenta Méndez Rojas.
Cosío Gaona también prometió a los profesores cesados del Cobaej que el gobernador Aristóteles Sandoval hablaría con la autoridad federal para ofrecerles una solución.
El líder del Sucobaej agrega que “curiosamente a quienes más les están pegando son sus compañeros que ya tienen mucha antigüedad, además de que fueron el origen de cada plantel del Colegio de Bachilleres (…) El Ejecutivo del estado se lava las manos, dice que no generó la ley. Pero sí la ejecuta. Nadie se quiere hacer responsable del costo social que está generando esta situación”.
Méndez Rojas apunta que dentro del contrato colectivo vigente –depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA)– negarse a realizar la evaluación no es causal de despido de los profesores del Cobaej. Incluso afirma que el reglamento interno del colegio incluye un transitorio que especifica que la ley no puede ser retroactiva. Méndez Rojas considera que en la primera semana de abril los afectados acudirán a la JLCA a entregar un pliego petitorio, que esperan se cumpla.
Por su parte Fernando Carapia, profesor desde hace 11 años y delegado sindical del plantel 10 del Cobaej, ubicado en San Sebastián El Grande, en Tlajomulco de Zúñiga, señala que 13 docentes de esa escuela fueron afectados, por lo que apunta: “Pedimos el respeto a nuestros derechos laborales, no más”.
El maestro José Luis López Pineda, con 16 años de antigüedad en el plantel 2 del Cobaej, ubicado en la colonia Miramar, de Zapopan, menciona que en su lugar de trabajo fueron cinco los profesores cesados a partir del 16 de marzo. En la misma fecha se notificó al resto de los afectados.
Indica que a la autoridad “no le interesa la calidad. Estábamos en exámenes del primer parcial cuando fuimos cesados. Y las actas las tenemos nosotros, va en perjuicio de los propios alumnos, pero no por nosotros. ¿Quién va a poner esas calificaciones? Posiblemente se preste a la corrupción y los mismos encargados de direcciones o el propio director les ponen calificaciones”.
En tanto Juan Campo Suárez, docente y delegado del Emsad (Educación Media Superior a Distancia, dependiente del Cobaej) número 69, que se encuentra en Atotonilquillo, comenta que ahí se dio de baja a cinco de los 12 profesores.
El profesor, que tiene cuatro años laborando dentro del Cobaej, señala que “el mismo colegio ya está solicitando maestros. Nos corren por una ley y la están violando para la contratación de profesores. Se supone que debería haber una lista de prelación y con base en eso ofertar las plazas, pero están convocando a cualquier interesado a cubrir las horas que quiera”.
Añade que los padres de familia y los alumnos estaban preocupados desde el inicio del semestre por la falta de personal docente en dos materias. Pero ahora la situación empeoró, pues sólo contarán con menos de la mitad del profesorado.
“Cuando no había quien cubriera esas dos materias se metió una propuesta de personal calificado del colegio, pero la omitieron y metieron a Juan Gabriel Maldonado, un recomendado de Jonathan Kefren Fierros Abundis, auxiliar del responsable del centro y también sobrino del anterior director general del Cobaej. Están violentando la ley, debió concursar para estar ahí”, recalca.
Alfonso Martínez Ochoa, profesor del Cobaej 7 de Puerto Vallarta y su fundador hace 16 años, comenta que se rehusó a hacer la evaluación “porque soy abogado y no me someto a una ley injusta. Tenemos la razón; desafortunadamente ellos tienen el poder”.
Precisa que la SEJ cesó a siete docentes de su plantel, todos con horario completo. “De por sí ya no se estaban dando 130 horas y ahora estamos hablando de 35 horas por cada maestro: se dejarían de dar más de 500 horas en este Colegio de Bachilleres”.
Apunta que la Secretaría de Educación Pública “no es mi patrón; es una entidad que creó el Colegio de Bachilleres, pero éste es autónomo. Entonces mi patrón es una junta directiva que está integrada por un representante del gobernador, la directora, representantes de la iniciativa privada y el secretario de Educación, por lo tanto no pueden cesarme”. Recuerda que él ni siquiera fue notificado de manera personal que debía presentarse a la evaluación.
“Para mí es un despido injustificado. Tengo que ir a la Junta Local de Arbitraje para demandar la reinstalación, porque me despidieron de manera injustificada. La única forma en que me pueden despedir es por una causal del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad para el patrón. El no presentarme a una evaluación no es causal”, insiste. l
