El encargado de la protección institucional de los derechos humanos en la entidad, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, será demandado por la directiva de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Los cargos son usurpación de funciones, desvío de recursos públicos y falsedad de declaraciones en perjuicio de esa asociación de litigantes.
Como presunto responsable de delitos de usurpación de funciones, desvío de recursos públicos y falsedad de declaraciones, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, será demandado por la vía penal en su noveno año al frente del organismo.
El abogado Juan Francisco Alcaraz García, quien se presenta como el representante legítimo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (Concaam), que agremia a más de 37 mil litigantes en el país a través de 300 agrupaciones, anuncia que también denunciará a José de Jesús Naveja Macías por usurpar su liderazgo.
Además la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, encabezada por Juan Manuel Estrada, pidió al titular de la CEDHJ que renuncie a una liquidación superior a 5 millones de pesos que recibiría en 2017, al concluir su segundo periodo al frente de la comisión. Ese monto es casi ocho veces mayor que el finiquito de 600 mil pesos que obtuvo Guadalupe Morfín Otero al salir de la CEDHJ en 2001.
Alcaraz García fue designado presidente de la Concaam para el periodo 2013-2016 en su XLI Congreso realizado en Chihuahua, en sustitución de Óscar Juárez Cárdenas. Según él, Naveja hace usufructo de las siglas y el nombre de la Concaam pese a que fue expulsado el 26 de marzo de 2014 en Puerto Vallarta, junto con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y José Pablo Mercado. El trío fue echado por pretender pasar por encima de las determinaciones de la asamblea general y negarse a reconocer a la representación electa.
Según Alcaraz García, desde 2014 Naveja ha incurrido en al menos 30 acciones de usurpación de funciones, por lo que se promueve una demanda de orden penal. Destaca que desde hace más de un año se pidió la nulidad de cualquier intento de registro que promueva Naveja Macías, ya que carece de sustento legal.
La dirigencia del gremio de litigantes estima que el ómbudsman y Naveja Macías incurrieron en usurpación de funciones, falsedad de declaraciones, desvío de recursos públicos y otros cargos.
Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco (CCAEJ) y vicepresidente de la Concaam, José Luis Tello Ramírez, cuestiona el turbio desempeño de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y de Naveja:
“No estamos dispuestos a permitir que se aproveche, con todo y con los cargos públicos que ostenta, para que desvíen recursos públicos en beneficio de actividades diferentes a las que ostenta como servidor. Buscamos la legitimidad, democracia y legalidad, no vamos a permitir la desunión ni que se denigre a los profesionistas y violenten la vida interna de la organización.”
Acusa al ómbudsman de Jalisco de carecer de respeto hacia su organización: “Lamentablemente el señor Naveja se autonombra presidente de una confederación, la cual en realidad no representa. Tanto Felipe Álvarez como él tienen pleno conocimiento de causa de que el presidente legal y legítimo es Juan Francisco Alcaraz y ellos usan nuestro logotipo y el nombre para lucrar, en perjuicio de la comunidad jurídica. Promueven cursos y diplomados, hacen diligencias en nombre del organismo, y no se vale”.
Añade que “Álvarez Cibrián se entromete en la vida interna de la confederación y busca dividir a nuestro organismo”. Recuerda que el ómbudsman fue expulsado de la Concaam desde 2014 y ahora está boletinado por “conducta desleal y rebeldía hacia la asamblea”.
Los dirigentes del gremio de abogados recuerdan que Álvarez Cibrián intentó competir por la presidencia de la confederación en 2013, pero se denunció y evidenció que presentó documentos apócrifos.
Nueve años de críticas
En menos de una década, el sueldo del presidente de la CEDHJ se incrementó más de 70%. Al iniciar su gestión, en agosto de 2007, ganaba 85 mil pesos; nueve años después cobra 148 mil, sólo 18 mil menos del salario del gobernador Aristóteles Sandoval.
En enero de 2012, Álvarez Cibrián convenció a la clase política de reelegirlo al presentar 224 cartas de apoyo de instituciones públicas, privadas y de organizaciones civiles o de abogados, así como al menos 10 instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Guadalajara.
Poco antes de que se aprobara el segundo periodo, más de 20 organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos promovieron un amparo federal contra la reelección, pues argumentaban que la mayoría de las cartas de respaldo presentadas por Álvarez Cibrián provenían de organizaciones fantasma, o bien políticos y académicos que firmaban a cambio de plazas en la comisión (Proceso Jalisco 459).
Entre los críticos a la gestión de Álvarez Cibrián estaban la Red Jalisciense de los Derechos Humanos; el Congreso Ciudadano de Jalisco, encabezado por Margarita Sierra; la Coordinadora 28 de Mayo y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-Jalisco).
Esas y otras agrupaciones promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se repusiera el proceso de designación del presidente de la CEDHJ, al considerar que se violó la ley vigente desde 2011 para la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las comisiones locales, específicamente en la obligación de realizar consultas ciudadanas.
Sin embargo, consiguió la reelección con el apoyo de los partidos políticos: el 24 de enero de 2012 Álvarez Cibrián obtuvo el voto favorable de 34 de los 39 diputados de la LX Legislatura local.
Activistas de las organizaciones mencionadas protestaron el día de la designación de Álvarez Cibrián para su segundo periodo en la CEDHJ. Denunciaron que el proceso de reelección estuvo lleno de trampas y anomalías, como el uso de recursos públicos para agasajar a la clase política y académica, igual que el reparto de plazas de la comisión. En resumen, acusaron sus detractores, fue una compra de adhesiones.
Tras el éxito de su maniobra, Álvarez Cibrián pretendió “exportar” el esquema en la Ciudad de México para lograr que Raúl Plascencia Villanueva repitiera como presidente de la CNDH. Por encima de sus obligaciones al frente de la CEDHJ, hizo proselitismo por Plascencia en Colima, Nayarit y Sonora, denunció la Concaam, encabezada en 2012 por Juárez Cárdenas.
En entrevista, Juárez Cárdenas señaló que Álvarez Cibrián maneja a algunos presidentes de asociaciones, entre ellos a Rodolfo Armando Casanova, de la Federación Jalisco de Abogados. Este semanario averiguó que Casanova fue responsable de la Unidad de Transparencia de la CEDHJ.
Álvarez Cibrián presume en su noveno año de gestión que la CEDHJ ha recibido casi 15 mil quejas. Sin embargo, a decir del vicepresidente de la Concaam, el abogado Tello Ramírez, los resultados han sido “mediocres” e insatisfactorios para la sociedad y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En efecto, las actuaciones más cuestionadas de la CEDHJ han sido las relativas a la desaparición de personas, la tortura de ciudadanos por los cuerpos policiacos y el homicidio de jóvenes a manos de militares, como recientemente ocurrió en Tepatitlán con el asesinato de dos presuntos delincuentes.
El pasado 17 de marzo, en su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos Jalisco 2015, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señaló que la CEDHJ es ineficaz en su obligación de prevenir las violaciones de los derechos humanos, así como en la sanción y reparación de los daños de las familias afectadas.
Dicho centro añade que particularmente la gestión de Álvarez Cibrián se caracteriza por la “impunidad, la corrupción, la indiferencia y la ineficacia de todos los que trabajan en el servicio público”. l
