La legislación contra el feminicidio y la violencia contra la mujer, así como la alerta de género que, tras una obstinada resistencia, declaró al fin el gobernador Aristóteles Sandoval el 8 de febrero, son letra muerta ante la ineficacia y los vicios de la Fiscalía General del Estado. La historia de Patricia puede ser la de cualquiera de las ocho de cada 100 mujeres que se atreven a denunciar las agresiones de su pareja: tras recomendarle que se declarara madre soltera, el personal del Ministerio Público “extravió” dos veces su querella.
“Presenté una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por violencia intrafamiliar en 2014 y la extraviaron; en 2015 presenté otra y la volvieron a perder. El mes pasado tuve que hacer una nueva y me dijeron que esta vez ya no la perderían”, señala Patricia, una mujer de 26 años.
Fija la mirada cada vez que menciona el nombre del agresor: Gustavo. Relata que conoció al padre de su hijo cuando ella entró a la universidad. Gustavo Rojas Barbosa era su profesor de Bioquímica en el Centro Universitario de Especialidades (Une) en Guadalajara, donde ella cursaba el primer semestre de la licenciatura en enfermería. A los pocos meses se enamoraron, se casaron y que ella quedó embarazada. Acordaron que ella dejaría la universidad para que él pudiera seguir trabajando, pero a los pocos meses de irse a vivir con la familia de su esposo comenzó el infierno para Patricia.
El 14 de julio de 2014 presentó la primera denuncia ante la FGE, encabezada por Eduardo Almaguer, por el delito de violencia intrafamiliar y abandono de hogar, la cual se registró bajo el número 6926/2014 en la Agencia 6 del Ministerio Público. En su primera declaración la joven detalló los cuatro tipos de violencia que cometió su esposo contra ella durante su embarazo: psicológica, sexual, económica y física:
“Me ofendía mucho; siendo que él es nutriólogo profesional, quería que no engordara durante mi embarazo. Una vez le dije que quería ir a casa de mis padres y bajándonos del camión me dijo que me fuera caminando, porque necesitaba hacer ejercicio y que si yo engordaba mucho, él ya no me iba a querer. Así que tuve que caminar casi una hora hasta llegar a casa de mis padres y tampoco me dejaba pararme, incluso si quería ir al baño.”
Posteriormente vino la violencia económica: dejó de aportar a los gastos del hogar y ella tenía que pedir dinero a sus padres. A la mitad de su embarazo los jaloneos, empujones y golpes formaban parte de la rutina. Si ella se rehusaba a tener relaciones sexuales con él, Gustavo la obligaba y la sometía, no sin antes pedir que ella se bañara a media noche. Las ofensas y el maltrato se hicieron cotidianos, hasta que un día él decidió sacarla de su casa para abrirle la puerta a alguien más.
Acompañada de su madre, Patricia tuvo el valor de denunciar a su agresor. Creyó que se haría justicia.
“Antes de hacer mi denuncia, el personal del Ministerio Público me dijo que me recomendaban que pusiera que yo era madre soltera, pues de lo contrario, si él se enteraba que yo había puesto una denuncia en su contra me podía quitar a mi hijo. Al terminar mi denuncia, me dijeron que lo más seguro es que no le hicieran nada al denunciado por falta de pruebas, pero que ellos me llamarían en cuanto supieran algo.”
Ahí empezó el desaliento. A los tres meses Patricia llamó para ratificar su denuncia y le dijeron que no encontraban su averiguación; que habían cambiado de personal pero que lo mejor sería arreglarse con el marido por justicia alternativa. Ella accedió, pero su cónyuge indiciado nunca se presentó.
A los pocos meses de haber tenido a su hijo y no saber nada del padre, Patricia presentó el 12 de diciembre de 2015 otra denuncia por violencia intrafamiliar, acumulando esta nueva averiguación al expediente de la primera denuncia perdida, pues Patricia tenía copia de la misma. Esta vez la denunciante contaba con un abogado particular, pero eso no bastó para que su acusación procediera. Las citas para ratificar su denuncia le fueron canceladas sin previo aviso, y entre los planes de la agencia 6 de mudarse a una nueva dirección, “extravió” de nuevo la denuncia de Patricia.
“Los pretextos más comunes de los titulares de la fiscalía y secretarios de acuerdos para no trabajar es decir: “Lo siento, no encuentro su denuncia. Hoy no vino el actuario; está incapacitado, está de vacaciones, está en junta con el fiscal. Cambiamos de personal, nos vamos a cambiar de domicilio’. No hay voluntad política en Jalisco para proteger a la mujer frente a su agresor”, ratifica el abogado de Patricia, Jesús Becerra Cárdenas.
A principios de este mes, la titular de la Agencia del MP de violencia intrafamiliar le confirmó que la denuncia se encontraba ahora en el Centro de Justicia para las Mujeres y serían ellos quienes se harían cargo de su caso. Ahí mismo el coordinador del centro, Omar Valdez Hermosillo, informó que al centro se presentan 250 querellas diarias y que existe un rezago de 280 mil denuncias, por lo que nuevamente se les perdió la presentada por Patricia en 2015.
Finalmente, con copias en la mano, la afectada presentó otra denuncia por violencia intrafamiliar y abandono de hogar, integrada en la averiguación número 001380/2016 de la misma agencia 6.
“Estamos molestos con el trato que se le ha dado a Patricia, y más porque se trata de un delito de impacto social. La justicia para la protección a las mujeres sigue siento letra muerta. Si bien existe una legislación a favor de la mujer, en la práctica la actitud y los vicios de quienes trabajan en la fiscalía la hacen inoperante. Se requiere gente con sensibilidad y mayor comprensión de violencia de género”, comenta Becerra Cárdenas.
Mensajes de impunidad
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 44.5% de las mujeres jaliscienses han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas en el último año. 25% de ellas vive con miedo en su propio hogar, 12.2% se han visto obligadas a tener relaciones sexuales y 6.1% han sido amenazadas de muerte.
En cuanto a la violencia económica, las mujeres jaliscienses también se encuentran en desventaja pues ganan 40% menos que los hombres, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la dependencia económica de la mujer es un factor clave para ser presa de violencia en el hogar.
La más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), de 2011, señala que Jalisco ocupa el cuarto lugar en violencia contra las mujeres, sólo por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California. Dicho estudio precisa que 44 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia en su relación de pareja, de las cuales 91.2% no lo denuncia formalmente, es decir, ocho de cada 100 mujeres agredidas proceden legalmente (Proceso Jalisco 585).
En el estado, los casos registrados por violencia contra la mujer en 2015 son los más numerosos desde 2009, según datos de la FGE. Tan sólo las denuncias penales por violencia intrafamiliar se duplicaron, pues al cierre del año pasado los agentes del MP iniciaron 2 mil 193 averiguaciones por ese delito, siendo el municipio de Guadalajara donde se reportaron más casos. Estas cifras duplicaron las de 2014, cuando la FGE reportó mil 45 denuncias por violencia intrafamiliar.
En entrevista con Proceso Jalisco, la abogada e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Alejandra Cartagena López, señala que las autoridades del estado han sido rebasadas por la violencia contra las mujeres. Añade que tan sólo el Centro de Justicia para las Mujeres recibe más de 250 querellas diarias de esa clase, pero la mayoría de estas denuncias se quedan en actas de hechos, no llegan a una averiguación previa y terminan archivándose.
A decir de Cartagena López, si bien la de violencia contra la mujer es un delito que se sigue por querella, en la mayoría de los casos es la víctima quien tiene que estar presionando al MP presentando pruebas para que se le dé continuidad a su denuncia. Explica que de los pocos casos en que se logra consignar al agresor, éste puede salir al poco tiempo mediante una fianza porque el delito no se considera grave:
“Lo grave está que estos agresores, al salir, ejercerán violencia de una manera más severa que conlleve incluso a la muerte de la denunciante, en donde el mensaje a la autoridad sigue siendo de impunidad.”
Recuerda el caso de la joven Betsabé García, quien murió a golpes el 9 de septiembre de 2015 a manos de su cónyuge. Indica que poco antes Betsabé había denunciado ante la FGE y ante el DIF la violencia de su pareja, pero las dos denuncias fueron inútiles.
“Hace falta entender que la violencia contra la mujer es un delito. Seguimos viendo al agresor como una víctima y se requiere una política pública clara de prevención. La autoridad ha sido rebasada por esta realidad y lo grave es que la violencia contra las mujeres en Jalisco sigue siendo impune”, comenta.
El pasado 8 de febrero, tras una prolongada renuencia a atender los señalamientos de organizaciones civiles, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz accedió a activar la alerta de género en ocho municipios de Jalisco, luego del análisis realizado por integrantes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. De acuerdo con la investigación del gobierno, de 2012 a 2015 se registraron 560 feminicidios.
Los municipios donde se declaró la Alerta de Violencia contra las Mujeres son: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.
Aunque Jalisco se convirtió en el tercer estado en activar la alerta de género y para aplicarla cuenta con un presupuesto de 25 millones de pesos proveniente de fondos federales, no ha sido de gran ayuda, como lo comprobó Patricia. l
