A pesar que a nivel internacional la legislación tiende a proteger los derechos de la comunidad lésbico, gay, trans e intersexual (LGBTI), y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor del matrimonio igualitario, estados como Guanajuato y Jalisco se aferran a normas patriarcales e inoperantes. De ahí la importancia de que en el primer estado se haya elegido a la primera regidora transexual, que está dispuesta a llevar la agenda pendiente al pleno del cabildo. A su vez, activistas jaliscienses hacen un balance de logros y pendientes en esa ardua lucha cívica.
GUANAJUATO, Gto.- Llegó sonriente, vestida con un blazer naranja y unos jeans que resaltaban con su blusa azul marino estampada de anclas blancas. “Soy Rubí, mucho gusto”, dijo mientras saludaba a los reporteros y otros ciudadanos que la esperaban en la pequeña oficina de la sala de regidores, en la Presidencia Municipal de Guanajuato.
Afuera de esta oficina está el mosaico que conmemora el 265 aniversario de la fundación de la ciudad, firmada por el entonces presidente municipal Eduardo Romero Hicks, el panista que durante su administración (2006-2009) propuso “recuperar los valores de la ciudad”. Como política de buen gobierno impuso castigo de hasta 36 horas de cárcel a quienes manifestaran su afecto o se besaran en la vía pública.
Ya con la ascensión del PRI a la alcaldía, el saludo políticamente correcto en Guanajuato sigue siendo de mano. Rubí, transgénero que antes se llamaba José Luis Suárez Araujo, lo sabe y saluda sólo de mano a propios y extraños.
No teme hablar en público, aplicarse maquillaje ni utilizar la palabra transexual en su discurso. La primera sonrisa de esta servidora pública se dibuja cuando accede a ser entrevistada en exclusiva para este semanario. La segunda, cuando abre la conversación y reafirma: “Es correcto, soy la primera mujer transgénero que llega a un cargo público en Guanajuato. En realidad, soy la primera mujer transgénero que se convierte en regidora suplente en todo el país”.
El pasado 10 de marzo Rubí llegó a la administración guanajuatense como suplente del regidor del PRD Julio César García Sánchez, obligado a pedir una licencia de dos meses tras verse envuelto en una acusación penal por violencia de género contra una expareja. Irónicamente, la regidora que lo suple está dispuesta a luchar para que se castigue la violencia contra las mujeres, ya que el fenómeno ha repuntado de forma alarmante en el estado.
“Venimos aquí a trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a promover los derechos humanos de todos y todas, incluyendo los derechos de aquellas minorías que han sido discriminadas, me refiero también a la comunidad LGBTI (Lésbico, Gay, Trans e Intersexual).”
Esta joven de tez morena se refiere a la creación de políticas públicas incluyentes a favor de los derechos de las personas transgénero y transexuales, como lo es el derecho a la identidad. Hasta ahora la Ciudad de México es la única entidad donde dicho reconocimiento ha dejado de ser resultado de un proceso judicial y desde 2014 sólo implica un trámite administrativo consistente en elaborar una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica.
Esto significa que la ley entiende por identidad de género “la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia”. Sin embargo, para algunos políticos del cabildo guanajuatense, por su cultura personal e intolerancia, llaman a la regidora por su nombre de pila: José Luis.
“El día que tomé protesta hubo un intento por parte de la fracción del PAN para oponerse a la lectura de mi discurso. Gracias a Dios uno de ellos llamó a la cordura, pues fue en ese mismo discurso en donde llevé a votación la propuesta para pedir que se refirieran a mí en sentido femenino, pues soy una mujer trans de nombre Rubí, aunque estoy registrado como José Luis. Por unanimidad se votó a favor, aunque muchos me seguían diciendo ‘bienvenido, bienvenido’… También había el morbo de adivinar cómo iría yo vestida, pues yo no sé si creían que me sentiría en un carnaval, pero yo tomo mi trabajo en serio.”
Ese día Rubí llegó al salón de sesiones acompañada de Antonio Medina Trejo, secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD; del dirigente estatal del partido, Baltazar Zamudio; del exdiputado local Guillermo Romo, así como de integrantes de la comunidad lésbico-gay. Vestía un traje sastre de dama, llevaba suelto el cabello lacio y usaba unos zapatos de tacón que resaltaban su altura de casi un metro y ochenta.
Recuerda sus primeras etapas de vivir bajo una identidad trans. Fue a los 12 años, dice, cuando confrontó a sus padres y les dijo que le gustaban los hombres, no los hombres gays, sino los hombres heterosexuales. Tres años más tarde entendió que su identidad no era la de un hombre, sino la de una mujer. Cuando se lo dijo a su madre, ella respondió “No te entiendo, yo parí un varón”. Quizá las dudas se despejaron cuando Rubí depilaba su ceja cada vez más delgada, cuando los tacones se volvieron su fascinación y cuando las burlas en la escuela secundaria orillaron a sus padres a cambiarla más de tres veces.
“Lo que ahora llaman bullying, antes lo tomaban como simple carrilla, incluso hasta de los mismos profesores. Me cambié tres veces de secundaria y hasta ahora estoy cursando la prepa en línea. Creo que nunca es tarde para empezar y todo lo que en su momento me lastimó, con el tiempo me hizo más fuerte. Logré la aceptación de mis padres y aquí estoy. Ahora me toca luchar por los derechos de otros, para que las condiciones mejoren y no tengamos que pasar por un proceso tan humillante al asumirnos como personas trans.”
La lucha de Rubí comenzó hace nueve años como activista, a raíz de dos crímenes de odio que se suscitaron en la capital de su estado, Guanajuato. Posteriormente fundó la asociación civil Colectivo Rubí Ayuda, pero fue en 2015 que se integró a la plantilla ciudadana del PRD, quedando como regidora suplente de Julio César García.
Indignada, choca sus uñas rosadas sobre la mesa de madera cuando habla de afrontar las leyes y costumbres de los estados más moralistas, como lo son Guanajuato y Jalisco. Recuerda que, durante la campaña electoral, la panista Ruth Esperanza Lugo Martínez utilizó a la comunidad lésbico-gay para sumar votos, pero días antes de su elección habló de la importancia de preservar el concepto de familia y oponerse rotundamente al matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Lo viví con mi amigo Carlos Rendón, quien apoyó a Lugo Martínez, ahora regidora. Carlos terminó poniendo su escuela de danza folclórica y alejándose de la política, pero hay que respetar los derechos de las minorías. Basta ya de hipocresías: Jalisco, igual que Guanajuato, tiene la capacidad suficiente para combatir criterios retrógrados, es hora de quitarnos la venda de los ojos. Venimos para quedarnos, estos son los primeros pasos para la defensa de los derechos consagrados en la Constitución y que los estados conservadores se niegan a respetar.”
Reformas pendientes
En Jalisco, el siguiente paso en políticas públicas para promover la igualdad de género es el derecho a la identidad, a la salud y la no discriminación de las personas transgénero y transexuales, dice a este semanario Rosa María Laguna, defensora de los derechos de la comunidad LGBTI e integrante de la asociación Unión Diversa por Jalisco, a quien el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Guadalajara le entregó el Reconocimiento a Mujeres Destacadas “Irene Robledo García”.
“La lucha de la comunidad LGBTI en Jalisco comenzó por impulsar el matrimonio igualitario. Una vez promulgada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzamos a presionar para que se pudieran expedir actas de nacimiento para los hijos e hijas de estas parejas en el Registro Civil. Hemos logrado esto, pero ahora sigue garantizar los derechos de las personas trans, garantizar su derecho a la identidad y crear una clínica especializada en asignación sexo-genérica, como ya se hace en la Ciudad de México”, explica Laguna.
La Clínica de Especialidades Condesa, ubicada en la Ciudad de México, ofrece a la población en general, y en especial a la comunidad LGBTI, la realización gratuita de pruebas de detección de VIH y Sida, así como atención médica especializada a la población trans mediante terapia hormonal y seguimiento médico.
Ante la falta de una atención de salud especializada en Jalisco, Laguna menciona que “en Jalisco, y en general en otros estados, aún estamos en pañales en el tema de garantizar políticas públicas de igualdad”.
Pero además de que “en Jalisco no existe un sistema de salud especializado que pueda atender a la población trans, hay muy pocos especialistas en el sector privado y persiste aun la automedicación ante la falta de información en terapias hormonales. El tema aún es incomprendido y muchos medios de comunicación siguen refiriéndose a la comunidad transgénero de una manera despectiva. Tenemos que empezar por hacer conciencia y visibilizar los derechos de aquellos que están siendo invisibilizados”.
Su opinión concuerda con la de Fascinación Jiménez, también activista por los derechos de la comunidad LGBTI en Jalisco, quien señala el desinterés de la presente Legislatura en el tema de los derechos humanos. “Es por eso que en la siguiente marcha del orgullo gay llevaremos la consigna de garantizar el derecho a la identidad a la comunidad trans”, refiere.
Recuerda que tan sólo en la zona metropolitana de Guadalajara existen alrededor de 500 personas trans que buscan un tratamiento médico y psicológico especializado, quienes no cuentan con documentos válidos que garanticen el derecho a la identidad.
Este semanario publicó recientemente que si bien la población trans en Jalisco y en otros estados puede acudir a la capital del país para obtener un acta de nacimiento acorde a su género, el documento no es válido aquí, sólo se toma en cuenta la primera emitida en los registros civiles de la entidad (Proceso Jalisco 590).
Fascinación Jiménez dice que este sector de la población es el más vulnerable en la adaptación de sus documentos ante el IMSS, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, enfatiza, la realidad es que no hay una voluntad en los legisladores de reformar el Código Civil y pugnar por los derechos de estas personas.
“No hay voluntad política, pues quienes integran la Comisión de Puntos Constitucionales no han subido al pleno y aprobado la ley del matrimonio igualitario para Jalisco, pese a la resolución de la Suprema Corte. Lo que haremos es solicitarlo de nuevo por oficio, pues si no tendremos que acudir a instancias internacionales para garantizar los derechos humanos.”
Recalca que si bien ya existe una ley para prevenir y eliminar la discriminación en Jalisco, existe un vacío legal porque no cuenta con un protocolo de actuación que garantice e informe a la sociedad qué hacer, a dónde acudir o cuáles son las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la no discriminación en el estado. l
