En esta última semana, que marca el fin del mes de marzo, los 125 gobiernos municipales de Jalisco están cumpliendo ya medio año, tiempo que parece suficiente para evaluar su desempeño inicial, su estilo de gobernar y lo que razonablemente puede esperarse de ellos en los cinco semestres que aún les restan. Por su relevancia (política, social, económica, mediática…) los casos más llamativos son, muy explicablemente, los ayuntamientos más cotizados de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), a cuyo mando llegó un nuevo partido político, Movimiento Ciudadano (MC) y el cual no sólo arrasó en la capital tapatía, durante los comicios del pasado7 de junio sino que, contra todos los pronósticos, se alzó también con el triunfo en Zapopan y Tlaquepaque, así como en la mayoría de los distritos electorales del estado, lo que le vino a redituar a esa organización política una nutrida representación tanto en el Congreso de Jalisco como en la Cámara de Diputados.
Pero más allá de la manifiesta voluntad ciudadana para que las cosas se hicieran de otra forma en la ZMG y también en el poder legislativo de la comarca, se encuentra aquello que las nuevas autoridades municipales han podido hacer hasta ahora, durante el medio año que están cumpliendo en funciones, a fin de no decepcionar a sus electores. Es obvio que dichas autoridades –unas más, otras menos– se encontraron con un acotado margen de maniobra, sobre todo por la abultada deuda pública que les heredaron sus antecesores en el cargo. Se toparon también con los añejos compromisos de toda índole que sus predecesores mantenían con clientelas políticas como serían las agrupaciones de comerciantes informales, más de una junta de colonos, gremios de burócratas, etcétera. Capítulo aparte son los proyectos inconclusos heredados, con todo y su cauda de problemas, como sería el caso del nuevo mercado Corona en Guadalajara.
También es una costumbre inevitable que cada nueva administración municipal deba gobernar con los mismos elementos policiacos y con el grueso de los demás servidores públicos (con comillas y sin ellas), que por lo general han hecho huesos viejos en la administración pública. Asimismo deben de lidiar con el caso de aquellos “empleados de confianza” que se niegan a presentar su renuncia y optan por irse a juicio, con la esperanza de poder ser ratificados en su plaza, con el consecuente pago de salarios caídos y otras ventajosas prerrogativas. Aparte de ello, también está el caso de la abultada nómina de empleados supernumerarios e igualmente con la legión de otros que de manera sospechosa habrían conseguido su nombramiento de base al cuarto para las doce, es decir, cuando equis administración saliente estaba a punto de entregar el cargo.
Bien se podría decir que todo lo anterior forma parte de los gajes del oficio de quienes llegan a gobernar un municipio, independientemente de su origen partidista, y que ello no es ni debiera ser ninguna excusa para no cumplir de forma satisfactoria con las obligaciones (sobre todo en lo que hace a la prestación de servicios) que cada administración municipal adquiera con sus ciudadanos.
Y es precisamente a partir de lo anterior como debiera ser evaluado el desempeño que hasta ahora han tenido los nuevos gobiernos municipales de la ZMG. Todos han enfrentado sin demasiado éxito el flagelo de la delincuencia y de la inseguridad pública. En algunos de ellos ha habido incluso una especie de continuismo administrativo: en Tonalá, por ejemplo, porque el PRI y el cacicazgo de Jorge Arana han sido punto menos que inamovibles; en Zapotlanejo porque ha repetido el mismo alcalde, si bien con las siglas de partidos políticos diferentes, y en Tlajomulco porque dicho municipio se ha convertido, desde hace varias administraciones consecutivas, en una suerte de bastión del MC y específicamente del grupo político que encabeza Enrique Alfaro, cuya buena estrella lo llevó de gobernar dicho municipio a hacer ahora lo propio en la capital jalisciense.
Donde las cosas han estado un poco más movidas es en el resto de los municipios de la ZMG y particularmente en los centrales: Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que MC le arrebató en las urnas al PRI en los comicios del año pasado. De los tres, en Zapopan es donde, para bien o para mal, ha habido menos sobresaltos como si el alcalde (Pablo Lemus) y colaboradores, a diferencia de sus pares de otros municipios, se hubieran propuesto llevar la fiesta en paz lo mismo con sus antecesores en el cargo que con las fuerzas vivas de la otrora villa maicera y del resto de la comarca.
En Tlaquepaque, en cambio, las cosas se han llegado a poner al rojo vivo, lo mismo por la novatez o cierta impericia de la presidente municipal (María Elena Limón) que por la hostilidad manifiesta de un arraigado cacicazgo (el clan priista de la familia Barba), que al parecer no termina de hacerse a la idea de que el electorado del municipio alfarero le dio la espalda. Para colmo, más de un suceso trágico ha venido a enlutar la administración de la única alcaldesa de la ZMG. Tal fue el caso del atentado que, hace varias semanas, privó de la vida a tres mandos policiacos, a plena luz del día y ante cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública.
Pero sin duda el municipio en que, por mucho, ha estado puesta la mayor atención es Guadalajara. Resulta obvio que lo que ocurra o deje de ocurrir en la capital de Jalisco será determinante para el futuro del alcalde Enrique Alfaro y de su grupo político. Por lo pronto, hay que reconocer que en este su primer semestre al frente del primer ayuntamiento del estado la administración alfarista ha tenido hasta ahora un saldo a su favor, lo que también ha redundado –y esto es lo más importante– en beneficio de la ciudad y de los tapatíos.
Apenas hubieron tomado posesión del cargo, Alfaro y colaboradores se dieron a la tarea de tratar de poner orden en el tozudo comercio informal que ahogaba la zona centro de la ciudad, retirando a unos (por incumplir flagrantemente con el reglamento), reubicando a otros y despejando con ello calles, banquetas, andadores y plazas del primer cuadro tapatío. Cierto, aún quedan remanentes de vendedores ambulantes en algunas rúas céntricas y en plazas como la del templo Expiatorio, pero es indudable que el primer cuadro de Guadalajara luce ahora una mejor fisonomía.
Si bien con altibajos, se ha dejado sentir también una agradecible baja en los excesos del comercio informal que, con la venta de toda clase de géneros, tenía atosigadas igualmente otras demarcaciones como el barrio de San Juan de Dios, en particular la calle de Obregón, o la zona de Medrano, en pleno el Sector Reforma, o el barrio del Santuario, donde se logró ponerle un alto a la caótica venta de medicina de procedencia más que dudosa. También habría que calificar aprobatoriamente la entrada gratuita a todas las unidades deportivas del municipio, incluido el parque de los Colomos.
Menos bien le ha ido a la administración alfarista con el programa de Banquetas Libres, pues éste se ha centrado en pequeños lunares (sobre todo en la zona de Chapultepec), desentendiéndose olímpicamente de los cientos y cientos de colonias y barrios que conforman el extenso municipio tapatío.
Pero lo que de plano ha sido hasta ahora el mayor dolor de cabeza para Alfaro y para más de uno de sus colaboradores es el mercado Corona, un proyecto ciertamente precipitado que, aún en obra, fue heredado por la administración pasada y que más que a su promotor (el exalcalde priista Ramiro Hernández) ha venido a salpicar a las autoridades en funciones.
Y así, entre luces y sombras, ha transcurrido el primer semestre de las nuevas administraciones municipales de la comarca. l
