En Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, los precarios resultados que se han venido dando en el campo de la administración pública de la cultura se deben principalmente a dos factores: a las limitaciones en las partidas presupuestales, que en números relativos han evolucionado a la baja por más que el demagógico discurso oficial hable de un imaginario “crecimiento”; y por la improvisación de muchas de las personas que, por el azar político y no precisamente por su capacitación y su competencia, han llegado a encabezar instituciones y dependencias culturales, que para funcionar como es debido requerirían de verdaderos profesionales en la materia.
Por lo que hace al problema de los bajos presupuestos hay todavía un agravante: la mayor parte de los fondos públicos que se asignan para este propósito habitualmente se va en sueldos y en el gasto corriente, quedando una parte ínfima para los proyectos y tareas propiamente culturales. En este mismo sentido, hay quien ha dicho que la burocracia cultural –la cual para colmo de males no ha dejado de crecer en las décadas recientes tanto en el ámbito estatal como en no pocos municipios y también en el campus de la universidad pública– suele confiscar para sí misma la mayor parte de los recursos destinados a acercar las manifestaciones artísticas e intelectuales a la sociedad jalisciense, con lo cual se ha terminado creando una irónica y regresiva paradoja: aunque hay más promotores o presuntos promotores de la cultura, la promoción ídem es menos y sobre todo de menor calidad.
Pero no ha sido menos grave el otro lastre señalado: el de la improvisación. Aun cuando el deber gubernamental en el campo de la promoción de la cultura es una batalla que se ganó hace mucho tiempo y no la han podido revertir ni siquiera quienes en el pasado reciente dijeron estar convencidos de que “la cultura tendría que esperar mientras existieran colonias sin agua potable” (Alberto Cárdenas Jiménez, a principios de 1995, cuando ya era gobernador electo de Jalisco), en la práctica esta responsabilidad pública ha sido vista por no pocos gobiernos locales, sin importar su origen partidista, como un asunto periférico u ocioso, con las consecuencias de que no sólo se le regatean recursos económicos, sino que se acostumbra designar para el cargo a personas que no tuvieron cabida en puestos públicos más cotizados. Basta con voltear a ver quiénes encabezan actualmente el Instituto Cultural Cabañas, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Dirección de Cultura de Guadalajara.
Lo menos que se podría decir es que para esos cargos no fueron nombradas las personas más capaces del medio, sino aquellas con las que el gobernador, el rector o equis presidente municipal tenía ya un compromiso previo, un acuerdo político o le había llegado una “recomendación” punto menos que ineludible. No de otra manera se entiende que una persona como Olga Ramírez acabara siendo nombrada directora de una institución cultural tan importante como el Cabañas, cuando su palmarés profesional no la acreditaba para encabezar una tarea de esa naturaleza, ya que sus antecedentes laborales la ubicaban en el ámbito de las relaciones públicas y el voluntariado, pero no en el de la promoción de las manifestaciones artísticas e intelectuales.
No obstante, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz decidió ponerla al frente del Cabañas, aparte de su añejas credenciales priistas (es nuera del difunto exgobernador de Jalisco Juan Gil Preciado) y por haber sido hija del destacado arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, también alto funcionario priista, como si la importancia del padre pudiera heredarla cualquiera de los hijos por la simple relación de consanguinidad.
El resultado de lo anterior se puede ver en el letargo que vive una institución cultural como el Cabañas, con exposiciones que llegan de rebote de otras sedes, pues han sido rarísimas las que se han curado aquí, y con carencias presupuestales que se han venido agravando año a año, a pesar de que se calculaba que con la llegada de la señora Ramírez, dadas sus relaciones con el sector privado, conseguiría buenos patrocinios, cosa que no ha sucedido, aparte de que el patronato de la institución sigue sin funcionar.
Myriam Vachez, quien bajo la protección de su jefe Sandoval Díaz pasó de la extinta Secretaría de Cultura de Guadalajara –que desde fines del año pasado fue convertida en dirección– a la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), representa el caso de quien ni siquiera echando a perder aprende. Por ser la esposa de un presunto ideólogo del PRI de la comarca (Juan García de Quevedo), hace ocho años llegó a la administración pública como regidora, cuando su correligionario priista Leobardo Alcalá perdió la alcaldía de Guadalajara contra el panista Alfonso Petersen Farah. En la siguiente administración municipal, encabezada por Sandoval Díaz, quedó al frente del área de Cultura y tres años después fue designada por el actual gobernador como titular de la SCJ.
El saldo de los seis años que madame Vachez lleva como administradora de la musas, primero en Guadalajara y ahora en el estado, es claramente deficitario: cerró un museo (bueno, malo o regular) para habilitarlo como la sede de lo que ahora son sus nuevas oficinas; le entregó el control absoluto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco a un director de medio pelo (el ítalo-canadiense Marco Parisotto), quien ha manejado esa institución en beneficio de sus intereses personales; el Sistema Jalisciense de Radio Televisión ha caído a los niveles más bajos y degradantes desde que se creó a principios de los noventa; las áreas de Artes Visuales, Música, Patrimonio, Literatura, Teatro y Publicaciones han venido considerablemente a menos en comparación con lo realizado en otras administraciones, y entre otras pifias, se dejó pasar la oportunidad de poder subsanar verdaderamente algunas de las carencias de la Colección del Pueblo de Jalisco, no obstante que el año pasado se contó para ello con un presupuesto de 6 millones de pesos.
La administración de la Universidad de Guadalajara no desentona en la práctica de improvisar favoritos en el ámbito de la promoción cultural. Por ejemplo, Maribel Arteaga, quien había estado al frente de una preparatoria, de súbito fue nombrada directora del Museo de las Artes de la UdeG, en el cual, lo mismo que en el Cabañas, predominan ampliamente las exposiciones curadas en la Ciudad de México sobre los proyectos museográficos propios, ya sea por pereza, falta de imaginación, cortedad de miras o limitaciones presupuestales, o por todo ello junto.
Y en Guadalajara, no obstante el cambio de partido en el poder y el doble “compromiso” que el actual alcalde Enrique Alfaro se autoimpuso durante su campaña ante buena parte de la comunidad cultural tapatía, para hacer las cosas de otra manera y ampliar significativamente el presupuesto en el área de Cultura, a la hora de la hora las cosas terminaron siendo puro jarabe de pico. Para comenzar asignó a la Dirección de Cultura el mismo presupuesto de 18 millones de pesos anuales que tenía con su predecesor Ramiro Hernández y, para colmo, optó también por el continuismo en dicha dependencia, a cuyo frente nombró a una funcionaria de medio pelo: Susana Chávez Brandon, quien acaba de exhibir una ignorancia enciclopédica en asuntos tapatíos, al afirmar que en Tetlán, en el oriente del municipio, tuvo lugar “una de las fundaciones” de Guadalajara (Mural, 19 de enero), cuando dichas fundaciones ocurrieron muy lejos de ahí: Nochistlán, en el actual estado de Zacatecas, aparte de Tonalá, Tlacotán y el valle de Atemajac.
Ni hablar, la vida cultural de la comarca es gobernada por musas anoréxicas. l
