La indiferencia ante el creciente y complejo fenómeno de la migración en el estado ha desembocado en una crisis humanitaria. Desde su campaña por la gubernatura, Aristóteles Sandoval integró el asunto a su agenda, pero éste desapareció en cuanto asumió el cargo. Ahora, a la mitad de su sexenio y tras la derrota de su partido en las urnas en la pasada elección intermedia, no se ve cómo cristalizará su prometida política de protección a la gente que busca mejores oportunidades en Estados Unidos.
Se quedó en promesa aquel apoyo que Aristóteles Sandoval Díaz daría a migrantes originarios de Jalisco y los que cruzan el estado, coinciden académicos consultados por este semanario en el marco del tercer informe de gobierno, el 1 de febrero.
El 18 de septiembre pasado, en la entrega de apoyos al programa 3X1 para migrantes, el mandatario estatal dijo que es un orgullo “colaborar en la construcción de este vínculo social, económico y cultural que nos da identidad y nos distingue en todo el mundo”.
Reconoció que Jalisco es la tercera entidad mexicana de la que se van más personas a Estados Unidos, sin contar a los miles de mexicanos y centroamericanos que cruzan el estado para llegar a ese país.
Eduardo González Velázquez, investigador en migración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), dice en entrevista que el gobierno de Sandoval Díaz no tiene una política de reconocimiento jurídico a la realidad migratoria que permita generar condiciones para que las personas transiten con seguridad por la ruta ferroviaria que atraviesa los municipios de El Salto, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.
“No existe una intención política enfocada a atender las condiciones de migración, no existe siquiera un presupuesto estatal dedicado a los migrantes. Prometer no empobrece, y el gobierno sólo ha hecho promesas. La comunidad y las ONG están atendiendo el tema. Si el gobernador no lo atendió durante sus primeros tres años, no lo va a hacer ahora, que su gobierno va en declive.”
Para el especialista, en los primeros tres años el mandatario tenía sobre él los reflectores para un proyecto nacional, pero no le dio importancia a la migración en su agenda.
Señala que el tema está en el abandono dentro de los programas sociales del estado. En el discurso oficial siempre se habla del respeto a los derechos humanos, pero es el propio gobierno el principal encargado de criminalizar a los migrantes, en especial a los centroamericanos.
En 2013 Sandoval Díaz declaró que los migrantes que están de paso por Guadalajara deben ser objeto del operativo de seguridad porque se había detectado, en algunas zonas, que “quienes asaltan las casas son de otra nacionalidad”.
González Velázquez recuerda que en los últimos cinco años los migrantes han sido extorsionados por los policías estatales y municipales, que les exigen una cuota de 20 pesos por caminar sobre las vías del tren que van del Salto a Tlajomulco.
“Fue a partir de 2000 que los migrantes centroamericanos y mexicanos optaron por tomar la ruta del tren en la zona occidente, porque era menos peligrosa que la de Veracruz. Pero en los últimos cinco años la violencia y criminalización de los migrantes ha sido una constante. Muchos llegan a Jalisco golpeados y asaltados”, dice.
“Al salir a charolear (pedir dinero) el propio discurso gubernamental ha reforzado la idea de que son criminales –explica el investigador–. Esto hizo que la sociedad relacionara a los migrantes con indigentes y asaltantes. Pero aquéllos van de paso, no se quedan, y si bien puede haber quienes incurran en delitos, la mayoría no quieren ocasionar problemas, pues saben que pueden ser deportados y lo único que quieren es llegar a su destino final, Estados Unidos.”
Al respecto Iliana Martínez, académica del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), escribió en el apartado “La migración en Jalisco” del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2014, que se ha investigado poco acerca de la inseguridad que padecen los migrantes y la influencia del crimen organizado en la ruta migratoria que pasa por la entidad, así como sus posibles riesgos.
Sin embargo, señala que desde 2011 se percibe un aumento del paso de migrantes en la zona metropolitana de Guadalajara, Ciudad Guzmán y Ocotlán. Pese a que no existen cifras oficiales, en el estudio se estima que entre 91% y 94% de esas personas en tránsito son centroamericanos, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
Pero además registra que también es fuerte el flujo de mexicanos provenientes del sureste.
Martínez, igual que González Velázquez, destaca la importancia de atender a quienes regresan voluntaria o forzosamente al estado, quienes carecen de apoyo para incorporarse productivamente a su entidad.
Otro aspecto de migración que tampoco figura en las políticas estatales ni en los planes municipales es la numerosa comunidad de adultos mayores estadunidenses y de otros países que vive en las poblaciones de Puerto Vallarta y la Ribera del Lago de Chapala.
Vulnerables
Asociaciones civiles de apoyo humanitario al migrante han solicitado que el estado se sume en la creación de campañas de información y concientización sobre el adecuado tratamiento a ese sector de la población, ante la evidente crisis humanitaria.
Alonso Hernández López, coordinador general de una de esas agrupaciones, FM4 Paso Libre, explica que pese a la inconformidad de los vecinos se estableció en la colonia Arcos una nueva sede en la que, con apoyo de otras organizaciones mexicanas e internacionales, FM4 cubre las necesidades básicas de la población en tránsito, como alimentación, higiene y descanso.
Hernández tampoco tiene estadísticas sobre la cantidad de personas que pasan por el estado, pero informa que el centro de atención recibe a más de cinco mil personas por año, es decir, entre 15 y 20 al día.
El activista considera que el aumento de la gente que solicita su apoyo puede deberse a que el centro ha mejorado, pues además del comedor, también brindan servicio y acompañamiento médico y psicológico.
Señala que el estado debería aplicar una política hospitalaria y brindar al migrante acceso a la salud y a la justicia, facilitarle mecanismos de identificación, además de aliarse con las organizaciones que trabajan ya en ello. Como eso no sucede, enfatiza Hernández, como mínimo el estado puede ayudar a combatir la discriminación:
“Se trata de trabajar en conjunto y crear conciencia para erradicar la discriminación hacia el migrante. En Jalisco las agresiones hacia a esta población se han vuelto común, por la misma percepción que se tiene de ella. Se trata de generar un entorno en donde la convivencia sea posible.”
Sobre todo es preocupante la situación de las mujeres migrantes. De acuerdo con el Diagnóstico y pronunciamiento sobre el ejercicio y garantía de los Derechos Humanos de las personas migrantes, publicado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en 2013, siete de cada 10 migrantes tiene entre 18 y 35 años.
Según datos de FM4, la proporción de mujeres en el flujo de migrantes ha crecido hasta alcanzar 6%. Hernández explica que en años anteriores recibían a ocho al mes, mientras que ahora calcula que son alrededor de 30.
Entre los riesgos que corren en el trayecto destaca el de ser objeto de trata y de agresiones sexuales a manos de delincuentes, otros migrantes y policías o funcionarios públicos.
“La mujer migrante todo el tiempo está en riesgo, pero éste se incrementa desde que cruza la frontera sur de México hasta el centro del país. Sabemos que seis de cada 10 sufren agresiones de tipo sexual y atender la huella de éstas es un gran reto para nosotros”, comenta Hernández.
Frente a este peligro, dice, muchas de estas mujeres toman anticonceptivos desde sus lugares de origen, porque saben que serán víctimas de abuso sexual y quieren reducir el daño.
El problema se complica porque, por otra parte, se ha vuelto práctica recurrente que algunas de ellas otorguen favores sexuales a cambio de seguridad cuando viajan en el tren de carga. Otras acceden a tener sexo como parte del pago a los camioneros que las llevan hacia la frontera, o para negociar con funcionarios su liberación cuando son detenidas.
Por eso, además de los problemas de salud más frecuentes en los migrantes –enfermedades gastrointestinales y daños graves en la piel, por la exposición al frío y al sol–, las mujeres son más vulnerables a ser contagiadas de una enfermedad de transmisión sexual.
El instituto, atorado
A finales del año pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, dijo ante los medios de comunicación que se crearía un Instituto Jalisciense del Migrante (Ijami) que empezaría a operar este enero. Sin embargo, aún no se sabe si tiene aprobados presupuesto, personal y sede para su funcionamiento. Si bien la actual coordinación tiene asignados 3.5 millones de pesos anuales, según Castro Reynoso el nuevo instituto requiere de al menos 10 millones para su arranque.
La coordinadora general de Atención a Jaliscienses en el Exterior y encargada del despacho del Ijami, Mariana Márquez Laureano, reconoció que en la entidad hay un déficit en las políticas públicas para la protección del migrante.
En cambio, dijo, Michoacán y Zacatecas ya cuentan con una secretaría encargada de atender las necesidades de los connacionales que viven en Estados Unidos y con una ley estatal de protección a migrantes.
La funcionaria explica que el gobierno tampoco tiene estadísticas sobre las personas que están de paso hacia el norte, aunque las organizaciones civiles atienden anualmente a 10 mil personas.
Márquez Laureano menciona que entre las funciones del Ijami estará el seguimiento de un protocolo para migrantes con perspectiva de género, ante la violenta situación que viven las mujeres que cruzan el estado.
Y aunque confirma que el Ijami se inaugurará a mediados de año, recalca:
“La idea del instituto surge de la promesa de campaña del señor gobernador y nos dimos cuenta del déficit de atención a la migración. Los programas anteriores ya están obsoletos. Actualmente estamos en un reordenamiento presupuestal para poder operar y buscamos cambiar de domicilio a uno que también sea fácil de encontrar para los migrantes.” l
