El tercer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, como es lógico, presume de sus logros en diversos rubros. Sin embargo, ni los especialistas consultados ni los políticos opositores creen que el estado avance en el rumbo correcto y señalan que las acciones oficiales en educación, seguridad, migración, cultura, empleo y salud fueron totalmente rebasadas por las necesidades de la población. Además, cuestionan las cifras en que el mandatario priista basa su optimismo.
A la mitad del sexenio, la administración de Aristóteles Sandoval Díaz carece de estrategia política y muestra rezago e improvisación en seguridad, salud, educación, economía y cultura, lo cual afecta directamente a la ciudadanía, coinciden analistas, académicos y políticos opositores consultados por este semanario.
Concuerdan en que los problemas urgentes son los relativos a seguridad pública, salud, educación y empleo.
Antes del informe que el gobernador presenta al Congreso por escrito el 1 de febrero –un día antes del acto oficial en el que fuera recinto legislativo del Palacio de Gobierno–, sus funcionarios de primer nivel difundieron una lista de avances en sus instituciones. Ni sombra de autocrítica.
El presidente electo del PAN estatal, Miguel Ángel Martínez Espinosa, considera que “el gobierno ha estado ausente en tareas fundamentales… No sólo se trata de promesas incumplidas, sino del abandono de muchas de las tareas fundamentales del estado, por ejemplo el mantenimiento de carreteras y caminos o la falta de proyectos de inversión en materia educativa: pasamos de construir 5 mil espacios educativos al año a menos de 500”.
Extitular de la SEJ, Martínez Espinosa señala que en ese rubro Sandoval Díaz se abocó a repartir útiles y mochilas, pero “no hay atención al rezago en la educación ni una mejora en sus índices, porque carece de una política”.
Además, considera que falta infraestructura hospitalaria, abrir las casas de salud que permanecen abandonadas y dotarlas de medicamentos y equipo, en especial a las de los municipios. En cuanto a seguridad, le preocupa que Jalisco ocupe el segundo lugar nacional en desapariciones forzadas y hayan repuntado delitos que ya estaban disminuyendo, como los secuestros.
En tanto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ismael del Toro, dice que su partido espera a tener el documento del tercer informe de gobierno para realizar un análisis técnico. No obstante, adelanta que la “evaluación más contundente” sobre el Ejecutivo la realizaron los electores el 7 de junio pasado, cuando el PRI fue derrotado.
En su opinión, entre los principales retos del mandatario está generar empleos bien remunerados y proporcionar seguridad, lo cual, “si bien no es exclusivo del Ejecutivo del estado, evidentemente… es un pendiente y, por más que presenten números, la percepción es que la inseguridad sigue”.
A su vez, el presidente del PRI Jalisco, Hugo Contreras, declaró en el programa Forma y fondo, de Radio Metrópoli, que Sandoval Díaz consiguió avances en ciencia y tecnología, así como en el combate a la pobreza y al cambio climático. Destacó que en Jalisco se generaron más de 80 mil empleos en 2015 y es líder en exportación agropecuaria.
Con muchos matices, admitió que falta, “en materia de seguridad, combatir más. No es una responsabilidad del gobierno del estado, sino de todos los poderes, de todos los órganos, y con la cooperación de los ciudadanos”. También la necesidad de crear más fuentes de empleo, “para que no se vayan a emigrar nuestras familias. Yo creo que en estas áreas sí hace falta impulsar más”.
Inseguridad y crisis judicial
Aunque el gobierno del estado afirma que en 2015 redujo delitos de alto impacto como secuestros, robo a bancos, a negocios, a personas y de vehículos, el especialista en temas de seguridad egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, cuestiona los resultados que presentó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer Ramírez, el 21 de enero.
El fiscal informó que se evitaron 17 mil extorsiones por un monto total de 546 millones de pesos, se capturó a más de 10 mil presuntos delincuentes, se aseguraron 451 mil litros de hidrocarburo robado y cerca de 8 toneladas de mariguana, además de que se destruyeron 128 plantíos de la hierba.
También destacó 17 detenciones presuntamente vinculadas con la desaparición de personas. Sin embargo, más de 2 mil 300 familias jaliscienses esperan el regreso de un ser querido.
“Es bueno que estén bajando varios de los delitos referidos, pero lo malo es que se mantienen en niveles muy altos, si lo comparamos con lo ocurrido en Jalisco en 2006, 2007”, comenta el investigador.
Zepeda Lecuona lamenta la impunidad de 72% de los homicidios dolosos y el aumento de 12.5% de este ilícito en relación con 2014. Según la FGE, en 2013 se reportaron mi l99 de esos crímenes; en 2014 fueron 904 y el año pasado mil 17 asesinatos.
No obstante, el investigador indica que las autoridades “reportaron mil 17 homicidios en 2015; lo que no dicen es que ese dato corresponde al número de averiguaciones previas, pero en el reporte de víctimas de homicidios hay un número mayor”.
Como ejemplo recuerda que en 2012, durante el sexenio del panista Emilio González Márquez, se encontraron 26 cadáveres en los Arcos del Milenio y todos los homicidios fueron incluidos en una sola averiguación, y aunque se tenía que abrir un expediente por cada víctima, lograron reducir de un plumazo el número de crímenes detectados.
El gobierno del estado se justificó diciendo que el Consejo Nacional de Seguridad exige que se traten así las estadísticas. “Lo que no dice es que en la Conferencia Nacional de Procuradores se estuvo pidiendo por mucho tiempo que se aclarara el dato hasta que se adoptaron criterios similares”, comenta Zepeda Lecuona.
–¿Es decir que se maquillan las cifras?
–se le pregunta.
–Por desgracia eso es parte de la retórica oficial: un combate estadístico a la delincuencia. Nosotros, en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, a través de la Ley de Transparencia les hemos dicho que nos digan el total de víctimas registradas y allí se demuestra que los homicidios dolosos registrados en 2015 son mil 143.
Zepeda Lecuona apunta que el Ejecutivo es opaco cuando tiene que rendir cuentas sobre seguridad, y agrega que ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quiere brindar información.
Menciona que cuando participó en el Comité de Evaluación de Políticas Públicas del gobierno del estado –un organismo independiente y formado por académicos– no se calificaba el apartado de seguridad. “El gobierno, según me explicaron, pidió que por estrategia el asunto de seguridad se manejara con mayor discreción. Dijeron que no se iban a evaluar las políticas de la fiscalía”.
–¿Es normal esa forma de manejar la información?
–No. No quiero que me digan cuáles son los casos de homicidio doloso, sino cuántos por cada 100 se resuelven. Pero es información muy reservada. Las cifras que por Ley de Transparencia hemos obtenido dicen que por cada 100 averiguaciones previas, sólo se resuelven alrededor de 13%; la impunidad en esos crímenes está creciendo: anda alrededor de 72%.
En su informe, Almaguer Ramírez sostuvo que separó a más de 200 funcionarios de la FGE señalados por irregularidades como abuso de autoridad, tortura y hasta evasión de presos, e incluso aseguró que bajaron en más de 20% las quejas por violación a los derechos humanos.
Zepeda Lecuona considera que para confirmar la cifra es necesario contrastarla con los registros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y las de organismos civiles.
Respecto al sistema penitenciario, el investigador dice que el área de sentenciados en Puente Grande presenta una sobrepoblación de más de 320% de su capacidad. “Somos de los estados con más prisión preventiva, andamos por ahí de 55%. Tres de cada cinco internos se presumen inocentes, pero duermen en la cárcel”, indica.
Al comienzo de la actual administración había 15 mil 900 internos y este año suman 18 mil 400. Jalisco tiene sólo 4 mil presos menos que el Estado de México, pero con la mitad de habitantes. Lo anterior significa que existe una reincidencia de 28%. “Nuestro programa de reinserción social está en crisis –plantea el investigador–. Tenemos 8 mil personas en el área para sentenciados de Puente Grande, que está diseñada para 2 mil 300, lo que representa un trato inhumano”.
Es más, añade, en el Plan Estatal de Desarrollo se contemplaba pasar de 180% de ocupación penitenciaria a 150% al término del sexenio. Es una meta “modesta”, dice, porque la ONU considera que más de 100% de ocupación es “un trato cruel para los internos”.
En cuanto a la impartición de justicia, Zepeda Lecuona enfatiza la necesidad de una gran transformación. Recuerda que en su campaña Sandoval Díaz promovió un nuevo esquema para la elección de jueces, y sin embargo “el tema está intocado; da mucho de qué hablar con el asunto de los bonos y la serie de prebendas que siguen teniendo los representantes del Poder Judicial”.
Menciona que en los indicadores del Instituto Mexicano de Competitividad, Jalisco está en el lugar 26 en ejecución de sanciones e imparcialidad de los jueces. “Los jueces a nivel local van mal, incluso ya están mejor evaluados los ministerios públicos que ellos, según la Encuesta Nacional de Victimización (de 2015)”.
Agrega que la entidad “estaba entre las más rezagadas para la implementación de los juicios orales al inicio de la actual gestión, hasta que la doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, vino a decirles que era necesario sacar adelante la iniciativa”.
Actualmente, el nuevo sistema de justicia penal adversarial funciona en Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán, pero por ley debe operar en todo el estado a más tardar el 5 de febrero.
Aun con el nuevo sistema, dice, “las cifras de Vallarta y Zapotlán que hemos visto hasta ahora son muy graves. Por ejemplo, se ha desplomado la consignación de asuntos al grado que el Ministerio Público no ha podido investigar con mayores estándares, ha caído como un 85% la consignación”.
Así, “en lugares donde se consignaban 600 casos ahora sólo se trabajan 45; no hay defensores de oficio”, comenta.
Alfonso Partida Caballero, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura de Jalisco, asegura que se tiene un avance de más de 58% en la implantación del nuevo sistema. En 2014 él fue de los primeros en reclamar a los poderes Legislativo y Judicial el abandono en que se encontraba la promoción de los juicios orales al no realizarse la reforma correspondiente.
Otro compromiso del gobernador era la instauración del Mando Policial Único en la zona metropolitana, pero incumplió. “Se acaba de desintegrar el convenio de la Fuerza Única Metropolitana, y no fue un mando único, porque no quedaron todas las fuerzas bajo un mando: se trató de hacer un grupo de élite con 12% de las policías que dieron permiso a su personal municipal, pero el convenio acaba de ser revertido el pasado 1 de octubre”.
Empleos paupérrimos
En materia de empleo, predominan los de bajos salarios y sin prestaciones sociales, afirma Jorge Barajas Martínez, encargado del área de Investigación y Comunicación del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
Afirma que las aproximadamente 80 mil nuevas plazas creadas en la entidad desde enero del año pasado no se deben al esfuerzo del gobernador, sino al efecto de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Lo que no dice Sandoval Díaz, según Barajas Martínez, es que alrededor de 2 millones de personas económicamente activas se encuentra desempleadas, 60% de la población jalisciense trabaja en empleos temporales, las nuevas plazas son precarias, temporales, mal pagadas y con mayores exigencias de producción.
Además, precisa, la mayoría de los empleos que presume el gobernador corresponden al sector maquilador, con un sueldo promedio de 5 mil pesos mensuales, que sólo alcanza para adquirir 60% de la canasta básica para una familia de cuatro personas.
“Según nuestros propios registros, durante la administración de Sandoval Díaz y la de Peña Nieto el salario ha perdido 16% de su valor bruto. Ni siquiera hablamos todavía de su poder adquisitivo”, señala.
Barajas Martínez enfatiza que además los trabajadores tienen que padecer a los sindicatos oficiales, que velan por los intereses de las empresas, y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que no ha podido abatir el rezago en sus resoluciones.
Empleos como los 80 mil de reciente creación duran seis meses cuando mucho, luego el trabajador es arrojado a la calle y su búsqueda puede llevar entre tres y cuatro meses. “La vida laboral de un jalisciense consiste en acumular en 10 años 20 empresas, en promedio. Son empleos inestables que dependen mucho del mercado internacional, porque la mayoría están vinculados a empresas trasnacionales”.
Con tal de obtener ingresos, explica Barajas Martínez, las personas despedidas se incorporan a empleos informales como el comercio en la vía pública y servicios de aseo doméstico. Esto implica que carecen de prestaciones de ley y no cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que los llevará a posponer su jubilación.
De esa forma, agrega, los tres niveles de gobierno promueven los cinturones de miseria, ya que un trabajador no puede conseguir vivienda digna y opta por los fraccionamientos de interés social que crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en lugares periféricos, sin agua potable, electricidad ni transporte público.
“Somos un estado maquilador, cuyo principal aporte es la venta de mano de obra… y ni siquiera a empresas nacionales, sino trasnacionales, por lo que el valor agregado no se queda aquí.”
A su vez Enrique Cuevas, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, expone que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2015, al cierre del año pasado Jalisco ocupó el lugar 27 a nivel nacional en la tasa de desempleo, pues mientras Puebla, Durango, San Luis Potosí y Veracruz mantuvieron la suya abajo de 4.3%, la de Jalisco creció a 5.3%.
También descendió el sector informal. El académico del CUCEA indica que Jalisco ocupaba el sitio 13 de la tabla nacional y ahora está en el 11.
“Si el gobierno del estado se empeña en reducir la informalidad por la vía del retiro de los puestos ambulantes… como han hecho no solamente el gobierno del estado, sino los gobiernos municipales, la gente del sector informal también se queda sin trabajo”, explica.
Apunta que, pese a ser uno de los estados con mayor atracción de inversión a nivel nacional, Jalisco no logra superar la cuarta posición desde hace dos sexenios.
Para colmo, a juicio del especialista las nuevas inversiones que ha anunciado el mandatario son inciertas porque la crisis económica se agudizará por la caída en los precios del petróleo y la subvaluación del peso respecto del dólar, así como por las elevadas tasas de interés.
Precisa que a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa el estado tenía industrias competitivas de producción de alimentos, ropa y textiles, muebles y zapatos, que fueron sacrificadas para privilegiar al sector maquilador.
Recalca que la clase política es la única que no ha resentido la crisis económica porque tiene buenos sueldos y las percepciones de un funcionario de primer nivel son escandalosas.
La entrega del sector cultural
El crítico de arte Arturo Camacho Becerra expresa que “los escándalos” caracterizan la administración de Sandoval Díaz, incluido el ámbito cultural.
Como ejemplo, menciona el cierre del Museo de Arqueología de Occidente (Proceso Jalisco 517) en octubre de 2014 para convertirlo en las oficinas de la Secretaría de Cultura, cuya titular es Myriam Vachez Plagnol.
Otro es el despido de los músicos más longevos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Proceso Jalisco 571) en septiembre de 2015 por iniciativa del director del ensamble, el italo-canadiense Marco Parisotto, y la entrega de becas en forma “amañada”.
“Tenemos una carencia enorme de museos –lamenta–. Aquí son fenicios, comerciantes. Ve a Zacatecas: tienen 12 museos y todos son de primer mundo. Aquí hasta el (Instituto Cultural) Cabañas reculó, su consejo curatorial está en manos de una galería privada, entonces no puedes ver grandes exposiciones nacionales.”
Por la ignorancia que ha demostrado la Secretaría de Cultura, dice, no se podrá ver en Guadalajara una colección de pintura del siglo XVII que pertenece al Museo Franz Mayer, la cual estará en ocho ciudades del país de México.
En opinión de Camacho Becerra, la política cultural está trastocada cuando el gobierno estatal desaparece un museo y le entrega a particulares espacios públicos para que construyan otros. Se refiere al de Arqueología de Occidente y al Museo Barranca que promueve la asociación civil Guadalajara Capital Cultural, que encabeza Lorenza del Rayo Dipp Reyes, quien lleva al menos ocho años tratando de edificarlo (Proceso Jalisco 374).
Un caso similar es el del Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco), de la asociación Radiodifusoras y Televisoras de Occidente (Rato), integrada por Televisa, TV Azteca, Promomedios de Occidente, Radiorama y Nueva Era Radio de Occidente, que recibió del gobierno del panista Emilio González Márquez más de 140 millones de pesos (Proceso Jalisco 326) y en lo que va del sexenio de Sandoval Díaz se le han expedido cheques por más de 30 millones (Proceso Jalisco 541).
“Dime qué han regresado todos los empresarios aquí. Darles dinero para que hagan un Museo de la Barranca está bien, la sociedad tiene que participar, pero hay que ver las formas. Ese museo lo veo más en plano que en la realidad”, comenta.
A decir del crítico, el ejemplo más lamentable de los malos manejos es el Instituto Cultural Cabañas (ICC), cuyo edificio continúa utilizándose como salón de fiestas y su curaduría está controlada por la Galería Diéresis, que el año pasado cambió su nombre por Galería Páramo.
Al respecto, el editor y promotor cultural Avelino Sordo Vilchis, en su columna del diario Milenio Jalisco (8 de marzo de 2014) advirtió que falta un proyecto museístico para el inmueble más importante del estado (la UNESCO lo incluyó entre los bienes que son patrimonio universal), pues en el Plan Estatal de Cultura 2013-2018 el Cabañas ocupa sólo dos párrafos.
Añade que, al no mencionarse un programa de mantenimiento ni un proyecto de investigación, queda claro que las autoridades carecen de un plan institucional y que “las ocurrencias” continuarán marcando la pauta.
“Tampoco asumen compromiso alguno en cuanto al objetivo principal de la existencia del Cabañas: José Clemente Orozco, sino que lo visualizan más bien como una limitante, como un estorbo del que hay que deshacerse, pero ya”, escribió.
Por todo eso, Camacho Becerra dice que el gobierno de Sandoval Díaz ha hecho a un lado su responsabilidad como rector de la vida cultural de la entidad para depositarla en la Universidad de Guadalajara, a través de las empresas culturales que dirige el exrector Raúl Padilla López, como el Teatro Diana y el Auditorio Telmex.
“El que la Secretaría de Cultura se borre de la zona metropolitana tiene ese propósito: que te fijes más en la Arrolladora Banda El Limón que se presenta en el Telmex. Estamos en un monopolio que nos ofrece una industria cultural de chatarra”, concluye. l
