La revolución bolivariana que impulsó el fallecido Hugo Chávez se convirtió en una autocracia que saqueó las arcas nacionales en beneficio de una cúpula cívico-militar y de empresarios ávidos de enriquecerse de manera rápida y fácil. Ese despojo a las riquezas del país –documentado por los periodistas Carlos Tablante y Marcos Tarre en su libro El gran saqueo– se calcula en unos 350 mil millones de dólares, casi la mitad de lo que Venezuela recibió por ventas de petróleo, créditos internacionales y emisión de deuda durante casi dos décadas de chavismo.
Caracas.- Pocas semanas después de su lanzamiento, el libro El gran saqueo: quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos, se ha convertido en el más demoledor expediente de la corrupción en Venezuela durante los 17 años de chavismo.
Sus autores, Carlos Tablante y Marcos Tarre, documentan en 382 páginas cómo la Revolución Bolivariana prometida por Hugo Chávez al asumir como presidente de Venezuela, el 2 de febrero de 1999, terminó convertida “en una autocracia que, en nombre de los pobres, instaló en el país un capitalismo salvaje cuya materia prima son el despilfarro de recursos públicos, la corrupción y la impunidad”.
También cuantificaron “el saqueo” al que fueron sometidas las arcas del Estado por parte de la cúpula chavista cívico-militar, en alianza con particulares ávidos de enriquecerse en forma fácil y rápida, los llamados “bolichicos” o “la boliburguesía”.
“Estimamos que en Venezuela hubo un desfalco de 350 mil millones de dólares en estos 11 años de bonanza petrolera, entre 2004 y 2014”, dice a Proceso Carlos Tablante, un excongresista, exzar antidrogas y presidente del portal especializado en temas de corrupción Cuentas Claras Digital (cuentasclarasdigital.org).
Según las cuentas de Tablante y Tarre, esa suma –equivalente al PIB venezolano en 2015 o a 6.5 veces la fortuna de Carlos Slim– representa una “jugosa tajada” de los 746 mil 497 millones de dólares que ingresaron al país por concepto de exportaciones petroleras entre 2004 y 2014.
Fueron 186 millones de dólares cada día, en promedio, los que recibió Venezuela en ese periodo. Si se hubieran repartido entre la población, a cada habitante le habrían correspondido 186 dólares al mes, mucho más que un salario mínimo actual.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que desde este mes controla la unicameral Asamblea Nacional (AN), utilizará la investigación de Tablante y Tarre para llamar a cuentas a varios de los mencionados en el libro.
“Hay miles de implicados en este saqueo. Nuestra conclusión es que el asalto a los dineros del pueblo se situó en casi la mitad de lo que recibió Venezuela por ventas de petróleo, créditos internacionales y emisión de deuda en estos años, aunque podría ser más por la opacidad y secretismo con que se manejan las cuentas nacionales”, explica Tablante.
El coautor del libro, Marcos Tarre, experto en seguridad e investigador del crimen organizado, sostiene que “en los hechos, lo que ocurrió en Venezuela es que el chavismo construyó un Estado delincuente que sustituyó al Estado de derecho”.
En El gran saqueo, que circula en Venezuela desde el mes pasado, los autores establecen que “el robo cometido” a los venezolanos se realizó a través de fraudes en el sistema cambiario oficial, el pago de sobornos en compras gubernamentales –de alimentos, armas, medicinas y equipos médicos–, el cobro de comisiones por contratos de obra púbica y la malversación de fondos en las empresas estatales.
Y es que con la bonanza petrolera que vivió el mundo entre 2004 y 2014, cuando los precios del crudo rebasaron los 150 dólares por barril –seis veces más que su cotización actual–, la Revolución Bolivariana se convirtió en un proyecto político con un enorme músculo financiero.
“Con tanto dinero y con un líder único que asumió el control de todos los poderes del Estado, el camino quedó abierto para que la corrupción se convirtiera en un poder omnipotente y devastador”, asegura Tarre.
Explica que, de esa manera, el aparato del Estado no quedó al servicio de los ciudadanos sino de un proyecto político en el que lo único que importa es la lealtad. En esa lógica, lo que menos importa en la función pública es servir a la gente y hacer bien el trabajo.
“Si usted es leal, usted puede robar, que nadie lo va a molestar”, afirma.
De acuerdo con Tarre, uno de los pilares de la malversación de fondos públicos en Venezuela es el nepotismo, una práctica generalizada en todos los niveles de gobierno que no está sancionada en la ley.
“Boliburguesía”
Para Tablante y Tarre en el núcleo del engranaje de corrupción están precisamente varios clanes familiares que han tejido extensas redes de poder en los ámbitos político, militar y económico.
Los principales –dicen los autores– son el del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores; el del diputado y capitán en retiro Diosdado Cabello, número dos del régimen; y el del expresidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez.
La familia del fallecido presidente Chávez, encabezada por sus hermanos Adán, Argenis y Aníbal, y por sus hijas María Gabriela y Rosa Virginia, y por su yerno, el ministro de Educación Universitaria Jorge Arreaza, tiene su propia cuota de poder, pero en el pasado ha actuado en la órbita financiera de Ramírez.
Tablante indica que aunque el enriquecimiento personal no estaba dentro de las prioridades de Chávez, éste, quien gobernó hasta su muerte en marzo de 2013, “propició, para consolidar su proyecto autocrático, la creación de una casta corrupta, militarista, que se fue adueñando de áreas claves del Estado, en especial, la económica”.
La Oficina Nacional del Tesoro (ONT), dice el exdiputado y exgobernador del estado Aragua, se convirtió en un enclave “de delincuencia organizada financiera, donde se vendían a banqueros y operadores bursátiles papeles y títulos valores a tasas de cambio preferenciales que luego se revendían en dólares en el mercado negro de divisas a 10 veces su valor”.
En 2007 Chávez designó jefe de la ONT a su exguardaespaldas y exsecretario privado Alejandro Andrade, un teniente retirado del Ejército que de acuerdo con Tablante “comenzó una serie de prácticas dirigidas a aprovechar el diferencial cambiario en beneficio de la élite financiera cercana al régimen y de la cúpula chavista”.
Y es que desde 2003, cuando entró en vigor un control oficial de cambios en Venezuela para evitar la fuga de capitales –meta que no se ha logrado–, el negocio más rentable en el país de la Revolución Bolivariana es comprar dólares a la tasa de cambio oficial y venderlos en el mercado negro.
En la actualidad, por ejemplo, un dólar preferente, que se adquiere por 6.30 bolívares en el mercado oficial, puede venderse en 910 bolívares en el mercado paralelo, lo que arroja una ganancia de 14 mil 344%.
Para realizar ese tipo de transacciones, los funcionarios chavistas que manejan las arcas estatales debieron aliarse con una élite financiera cercana al régimen y con particulares que crearon cientos de empresas fantasmas mediante las cuales simularon importaciones de alimentos y productos básicos.
Esta alianza generó en Venezuela una camada de nuevos ricos a la que se conoce como “la boliburguesía”, o “los bolichicos” cuando son menores de 30 años.
La expresidenta del Banco Central, Edmée Betancourt, estimó que sólo en 2012 el país perdió 20 mil millones de dólares –cifra equivalente a 6% del PIB de ese año– por operaciones fraudulentas de dólares a tasas preferentes que se entregaron a “empresas de maletín” para realizar supuestas importaciones que jamás llegaron.
Andrade, extesorero de Chávez, amasó una gran fortuna y vive en Florida. En 2010 lo sucedió en el cargo el coronel Rodolfo Marco Torres, quien había acompañado al entonces mandatario en la intentona golpista de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez.
En 2011 Chávez designó tesorera de la Nación a la sargento de la Guardia Nacional Claudia Díaz Guillén, quien había sido su enfermera. “Ella también se fue del país con una gran fortuna y actualmente está viviendo en República Dominicana. Y ni la justicia ni nadie en el gobierno ha investigado estos casos”, dice Tablante.
De acuerdo con el presidente de Cuentas Claras Digital, aunque las prácticas fraudulentas en el mercado cambiario comenzaron con Chávez, continuaron en la Presidencia de Maduro. “Este modus operandi perdura”, afirma.
Tanta corrupción asquea a los propios chavistas. La corriente Marea Socialista, que reivindica el ideario de Hugo Chávez, fue expulsada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por exigir que se investigue a los funcionarios corruptos.
“Aquí no fracasó el modelo socialista, fracasó el capitalismo de Estado. Esto es una vagabundería. La corrupción carcome a la revolución”, dijo el mes pasado el exministro de Educación, Héctor Navarro.
El “supersobrino”
El diputado opositor Fredy Guevara, quien preside la Comisión de Contraloría de la AN, señala que el libro de Tablante y Tarre es una investigación “muy bien documentada” que les va a servir “para llamar a cuentas a muchos de los funcionarios mencionados en ella”.
“Tenemos que llamarlos a todos, interpelarlos, abrir investigaciones y pedirles que rindan cuentas. Si no lo hacen, los vamos a llevar ante la justicia, para que esta actúe. Sin duda, la investigación de los más de 300 mil millones de dólares que se robaron estos años será una prioridad en la agenda legislativa”, dice a este semanario el legislador de la MUD.
De acuerdo con Guevara, esta legislatura –instalada el martes 5 y en la cual la oposición es mayoría por primera vez en 17 años de chavismo– tiene la responsabilidad “de develar la verdad de lo que ha ocurrido con los fondos públicos y demostrar quiénes son los corruptos en el país”.
El diputado piensa que la escasez de alimentos, productos básicos y medicamentos que padece el país es responsabilidad “de la ineficacia del gobierno y de la corrupción, porque el dinero que debía ser utilizado para importar y resolver estas necesidades ha desaparecido”.
Tarre considera que el nuevo papel fiscalizador de la AN, que nunca existió mientras estuvo dominada por el gobernante PSUV, debe ser motivo de preocupación en el gobierno.
La semana anterior, de hecho, ocurrió en el gobierno un movimiento que puede ser sintomático de los nuevos tiempos políticos. En sigilo, sin que mediara ningún anuncio público, uno de los más poderosos funcionarios de Venezuela fue cesado de manera abrupta por el presidente Maduro.
Se trató de Carlos Erik Malpica Flores, quien ejercía varios cargos de manera simultánea: era vicepresidente de Finanzas de PDVSA, jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto y tesorero de la Nación.
Por sus manos pasaban los dineros que ingresaban al país por exportaciones petroleras y todo el gasto público. Además manejaba los títulos valores de la nación, las emisiones de deuda y los préstamos que hace China a Venezuela a cambio de suministro de petróleo.
La confianza del presidente en Malpica está fincada en una relación familiar. El extesorero es sobrino de la primera dama, Cilia Flores, y había sido operador financiero de Maduro desde 2005, cuando éste presidía la AN.
El llamado “supersobrino”, quien manejó más de 200 mil millones de dólares en los últimos tres años, figura entre los 300 funcionarios chavistas, miembros de las Fuerza Armada Nacional y particulares mencionados en El gran saqueo.
Para Tablante y Tarre, la remoción de Malpica como vicepresidente de PDVSA y tesorero de la Nación se debe a dos factores: los duros señalamientos en su contra –desde corrupción hasta lavado de dinero– y la reconfiguración política de Venezuela desde que la oposición asumió el control de la AN con una cómoda mayoría.
“Carlos Erik Malpica Flores tuvo durante casi tres años un control casi total de las finanzas públicas y está muy cuestionado. Sus familiares más cercanos (entre ellos su mamá, Eloísa Flores, hermana de la primera dama) abrieron 16 empresas en Panamá entre 2014 y 2015 que podrían formar parte de una plataforma dedicada al lavado de dinero”, afirma Tablante.
Incluso, fuentes judiciales estadunidense citadas por el diario español ABC aseguraron que el extesorero de la Nación fue señalado por sus primos Efraín Campo Flores y Francisco de Freites Flores –ambos procesados en una corte de Nueva York por pretender ingresar en noviembre pasado 800 kilos de cocaína a Estados Unidos a través de Haití– como un conducto para lavar dinero del narcotráfico.
El cantante de salsa
Una de las más duras luchas políticas de Chávez fue la que le permitió tomar el control de PDVSA tras una huelga de dos meses que culminó en febrero de 2003 con el despido de 15 mil trabajadores y el reemplazo de la junta directiva de la empresa por incondicionales del presidente.
La llamada “joya de la corona” de Venezuela quedó desde entonces como la principal fuente financiera de la Revolución Bolivariana. El presidente de PDVSA entre 2004 y 2014, Rafael Ramírez, se convirtió en parte del círculo de hierro de Chávez y desde la paraestatal salieron los recursos para las misiones sociales, las ayudas a los países aliados del chavismo y el derroche.
Diego Salazar Carreño, primo hermano de Ramírez, y su cuñado, Baldo Sansó, manejaron durante años millonarias transacciones financieras de la empresa estatal como encargados de los seguros y reaseguros petroleros.
Ambos figuran entre los “boliburgueses” más acaudalados de país. Salazar Carreño tiene como pasatiempos viajar por el mundo en su avión privado y cantar en su propia orquesta de salsa. Tiene grabado un disco homenaje a Agustín Lara que, desde luego, él mismo produjo.
El año 2012 no fue bueno para él. Le apareció una cuenta por 200 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA). La Fiscalía de ese principado europeo la bloqueó por considerar que el dinero era de procedencia ilícita. Con ayuda de su abogado, el exprimer ministro francés Dominique de Villepin, consiguió liberar los fondos dos años después. Argumentó que eran pagos por asesorías a inversionistas asiáticos.
Tablante cree que “el dinero correspondía a sobornos pagados por contratistas de PDVSA. Ramírez debe responder por ese escándalo. Es ingenuo pensar que desconocía las operaciones fraudulentas que corroían a la estatal, donde sus familiares y amigos estaban en puestos clave”.
La cuenta de Salazar Carreño no es la única de funcionarios o “boliburgueses” venezolanos en el BPA.
“Son por lo menos 24 los jerarcas de la casta cívico-militar de Venezuela que tienen cuentas millonarias en Andorra con fondos que no han justificado. En estas investigaciones que adelanta la Fiscalía de Andorra no ha habido ninguna cooperación del gobierno venezolano”, afirma el coautor de El gran saqueo.
Tablante ubica como parte del círculo de Ramírez –quien vive en Nueva York y ha perdido relevancia a nivel interno– al hermano mayor de Hugo Chávez, Adán, gobernador del estado Barinas, y a su primo hermano, Asdrúbal Chávez, exministro del Petróleo y Minería.
Las redes del capitán
Los autores de El gran saqueo consideran que en Venezuela hay un hombre cuyo poder puede equipararse al de Maduro y que hasta se puede hablar de una “Presidencia bicéfala”. Se trata del capitán retirado y diputado Diosdado Cabello, el militar de mayor peso político en el país.
Es el líder de la promoción de 1987 de la Academia Militar, conocida como Los Montilleros. Se trata de 216 suboficiales y oficiales del Ejército que conformaron el núcleo duro de la intentona golpista que encabezó Chávez en 1992. Todos ellos ocupan posiciones clave, desde ministerios, gubernaturas, alcaldías, empresas y bancos públicos, hasta guarniciones, comandancias militares y la titularidad de los organismos de seguridad del Estado.
Además de diputado, Cabello es vicepresidente del PSUV. Su hermano menor, José David, es director del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, lo que le da el manejo de la recaudación fiscal y las aduanas. Su esposa, Marleny Contreras, es ministra de Turismo, y su cercano compañero de armas Gustavo González López es ministro del Interior.
Tablante y Tarre señalan que Diosdado cuenta con una amplia red de complicidades en el mundo empresarial y financiero.
Entre 2006 y 2013, ejerció el control de la Comisión de Administración de Divisas, encargada de asignar dólares a tasas preferentes, por medio de su exasistente, el hoy general Manuel Barroso, quien presidió el organismo durante ese periodo.
La Administración Antidrogas de Estados Unidos tiene testimonios que vinculan a Cabello con el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de activos.
El exzar antidrogas de Venezuela y político opositor considera que hay dos grupos que pugnan permanentemente por el control y reparto del aparato estatal: el de Maduro y su esposa, y el de Cabello. “Son grupos con intereses distintos, que se enfrentan a veces, sutilmente, que hacen y deshacen redes de acuerdo con sus intereses, y que se mueven dentro de una estructura de poder que oscila en una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal”, considera.
Para Tablante y Tarre, más allá de las disputas entre los herederos políticos de Chávez, en Venezuela “ha habido un gran saqueo y el país es un caos. ¿Y quiénes son los responsables? La respuesta es simple, quienes tienen más poder: Maduro y Cabello”.
