Un jurista de Guadalajara se dice afectado por dos juzgadoras en el juicio por una vivienda, pero además señala que tras ellas está el tráfico de influencias de un abogado, cuyo hermano es el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Gilberto Ernesto Garabito.
El especialista en derecho privado Luis Ignacio Navarro González señala a las jueces Marissa Vargas Castolo y María del Rosario Martín del Campo Chávez por una serie de violaciones procesales en su contra, al no permitirle defenderse en el juicio contra sus hermanas Dolores y Yolanda Margarita por una casa en la colonia Americana de Guadalajara.
Vargas Castolo es juez Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Martín del Campo Chávez es juez Octavo de lo Familiar, también del Primer Partido Judicial. Sin embargo, indica que en esa actuación parcial “se ve la mano” del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ) Gilberto Ernesto Garabito, cuyo hermano Enrique Garabito García es abogado de sus hermanas.
Según Luis Ignacio, sus padres fallecieron y la finca quedó en “usufructo vitalicio”, por lo que el siguiente paso era la extinción de ese estado para después consolidar la propiedad. Sin embargo, dice que Vargas Castolo continuó el procedimiento y aceptó testimoniales falsas de su hermana Yolanda como pruebas irrefutables.
Añade que le pidió a Vargas Castolo un legajo de copias certificadas de todas las actas que levantó sobre el caso para que él pudiera interponer una denuncia penal contra sus hermanas, pero la juez le dijo que tendría que pagarlas, a pesar de que el artículo 28 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco exenta de ese cobro cuando los documentos son requeridos para ejercer acción penal.
Señala que el 20 de noviembre pasado Vargas Castolo dictó sentencia contra él y designó como administradora del bien inmueble a su hermana Yolanda, cuando no debía ser así porque ésta fue denunciada penalmente debido a que sustrajo de la casa algunas posesiones sin orden judicial, en colusión con sus otros hermanos Dolores y Francisco Javier.
“A mí me nombraron resguardante de los bienes, cuidarlos, mientras se resuelve todo el fondo de la averiguación, y el fondo de las sucesiones de mis padres”, señala en entrevista.
Precisa que, por si fuera poco, la juez determinó que en los cinco días siguientes a su sentencia Yolanda podría hacerse cargo de la administración del inmueble, como si se tratase de una “cosa juzgada”, cuando por procedimiento legal deben transcurrir 10 días para darle la oportunidad de apelar a quien no esté de acuerdo.
“Tráfico de influencias”
Luis Ignacio refiere que su padre, Felipe Navarro, en su testamento nombró como heredera a su esposa María Concepción González Ruvalcaba, quien a su vez revocó ese testamento para dejar al entrevistado como albacea y único heredero.
La señora González Ruvalcaba falleció en 2015, pero la disputa inició en 2012, cuando Yolanda y Dolores solicitaron al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco que se declarara en estado de interdicción a su madre, según el expediente 1197/2012.
Luis Ignacio dice que en este juicio, interpuesto por el abogado Enrique Garabito García, la juez María del Rosario Martín del Campo Chávez actuó igual que Vargas Castolo al designar a Yolanda como tutriz de su madre sin darle a él oportunidad de oponerse.
Atribuye esa conducta de la juez a la influencia del abogado Enrique Garabito García, hermano del magistrado Gilberto Ernesto Garabito, quien está a punto del retiro forzoso del STJ por su avanzada edad. Incluso existe ya una lista de candidatos para reemplazarlo, según el acuerdo legislativo 30-LXI-15 del Congreso local.
Entre los nominados para suceder al magistrado está precisamente Vargas Castolo, quien otras veces ha sido señalada de actuar parcialmente. El 20 de junio de 2007, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) demandó a esa juez y al gobierno estatal por ordenar la expropiación de la casa y el terreno de la ambientalista Guadalupe Lara Lara, habitante de Arcediano que se negó a desalojar su propiedad, afectada por el proyecto de la presa de Arcediano en la barranca de Huentitán.
Luis Ignacio Navarro menciona que acudió con Augusto Valencia López, diputado de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de Justicia del Congreso local, para advertirle de los antecedentes de Vargas Castolo y solicitar que no sea tomada en cuenta en la sucesión del magistrado Garabito García.
Explica que el abogado Enrique Garabito consiguió que se declarara a su madre en estado de interdicción para embargarle todos los bienes. La juez Octavo de lo Familiar admitió la solicitud (expediente 1197/2012) y, asegura, ordenó que se ejecutara el procedimiento sin notificarle a él. “Tengo derecho a saber sobre el estado de salud de mi madre, ¿por qué no me permitieron intervenir?”, cuestiona.
El entrevistado añade que el 14 de diciembre pasado presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de la juez Martín del Campo Chávez por no haberlo notificado oportunamente. Según ese documento, los psiquiatras designados el 11 de julio de 2012 como peritos para valorar la salud de la señora son José Luis González Moya, Flavio Miramontes Montoya y Vicente Xicoténcatl Molina Ojeda.
El 7 de septiembre siguiente la juez celebró la audiencia en la cual se reconoció a los peritos y tres días después publicó la designación en el Boletín Judicial.
El señor Navarro señala que el 27 de marzo de 2013 la juez ordenó que se realizara a su madre un segundo reconocimiento médico, que otra vez se realizó sin notificarle a su hijo.
Cuestiona la decisión de nombrar a su hermana como tutriz de su madre, con base en la averiguación previa 5484/2013 de la agencia 01-C, en la que se le acusa de robo calificado.
En la apelación 139/15, que entregó el entrevistado a la juez sexta de lo civil, afirma que dicha demanda “pone en entredicho su calidad moral (de Yolanda Navarro) y más aún, la juzgadora omite, sea por ignorancia o por conceder ventajas indebidas, tomar en cuenta que en la casa materia de la litis se encuentra un ordenamiento judicial ministerial de resguardante de los bienes”.
Precisa que a partir de la fecha que su hermana quedó a cargo de su madre, sus otros hermanos han tratado de demandarlo a él, pero ninguna acción ha prosperado, como consta en el Boletín Judicial.
En cuanto a su presunción de que el magistrado saliente está involucrado en la disputa del inmueble a través de su hermano Enrique, señala que su hermana Dolores Navarro es muy amiga del abogado, y que el magistrado ya la sacó de un problema que enfrentó por un crédito hipotecario.
“Es tráfico de influencias –puntualiza–. Los juristas los llamamos ilícitos atípicos… Se da, por ejemplo, el delito de robo cuando yo me apodero de algo sin el permiso de dueño; se llaman delitos de la administración de justicia cuando están reclamando algo a lo que no tienen derecho. En este asunto, yo lo que veo es que hay una mano muy bien puesta.”
Considera que el magistrado Garabito García “debe salir del tribunal ya. Hay magistrados que tienen 40 a 50 años ahí sentados y no sueltan” el puesto.
Días después de realizar la entrevista con Luis Ignacio Navarro, el 11 de enero, el magistrado Garabito García dejó su cargo, pues los tribunales federales no le concedieron el amparo que había solicitado para que se respetara su condición de inamovilidad, que le había sido concedida antes de la resolución de una controversia constitucional.
El magistrado debía retirarse al cumplir los 70 años, pero el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo la concedió la suspensión provisional, que posteriormente le fue revocada. Sin embargo, aún falta que se dicte la sentencia de fondo.
Este semanario contactó a la juez Vargas Castolo para conocer su versión, pero respondió que no concede entrevistas. l
