En los últimos meses de 2015, los escándalos en la Unidad de Prevención Social del ayuntamiento de Guadalajara –conocida como La Correccional– se desbordaron. Varios trabajadores entregaron a Proceso Jalisco un video en el que se observa a un menor en una celda de la institución. El actual director de Justicia Municipal en Guadalajara, Alain Fernando Preciado, asegura que eso sucedió durante la gestión de Ramiro Hernández García, pero que ya se investiga a los presuntos responsables.
En la Unidad de Prevención Social del ayuntamiento de Guadalajara –conocida como La Correccional– los derechos humanos de ancianos y menores son violados por igual, o por lo menos así fue durante la administración anterior, que encabezó el priista Ramiro Hernández García.
Quienes eran remitidos a ese lugar –ubicado en la calle Real de Minas 3076, en la segunda sección de la Zona Industrial, casi esquina con López de Legazpi– por infringir el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara o por alguna falta administrativa que amerita un arresto no mayor de 36 horas son vejados por el personal de la dependencia.
Las cosas se extralimitaron el año pasado. Los empleados de La Correccional proporcionaron a este semanario un video de 71 segundos presuntamente grabado a finales de noviembre en el que se observa a un niño de cuatro años dentro de una celda presuntamente en espera de ser entregado a su familia. El menor, dicen, estuvo recluido por lo menos 36 horas.
En el video, un adulto camina por un pasillo cuyo piso y paredes son blancas. Al final, donde se encuentra una puerta roja, el área está iluminada y el presunto trabajador camina en esa dirección, pero antes de llegar a ella gira hacia la izquierda y entra en un espacio oscuro donde se escucha el lamento de un niño que está pegado a las rejas.
“Ya van a venir por ti” – le dice al menor César, quien se encuentra en una celda. Detrás de él, junto a un ventanal enrejado también, está una cama individual con sábanas de rayas negras y blancas que evocan a los uniformes usados por los reclusos en la décadas de los veinte. A su derecha hay otras dos camas. Todas están tendidas.
El niño no escucha el comentario. Continúa llorando. “¿Cómo te llamas?” –le pregunta el adulto. No responde. Le vuelve a preguntar y el menor deja de llorar y le contesta, lacónico: “César”. Luego se lleva las manos a la cara y sigue llorando.
–Ahorita van a venir tus papás por ti, César –le dice el adulto.
–¿Qué?… No van a venir, no saben dónde estoy.
–Sí, ya saben. Ahorita van a venir por ti.
César no deja de llorar. Recarga su cabeza sobre sus brazos, aferrados a los barrotes.
Este semanario obtuvo otro video de 20 segundos; está borroso. En él se escucha cuando un anciano es reprendido en su celda por gritar, aunque no aparece el funcionario que lo fustiga.
Según el personal de La Correccional, es común el maltrato a menores y a las personas de la tercera edad que padecen de sus facultades mentales, como el anciano del segundo video. Algunos de ellos duran hasta cuatro días encerrados.
Y aunque no controlan sus esfínteres, nadie los asea, pese a que hay una enfermera. Ella, dicen, sólo hace trabajo administrativo; no se preocupa tampoco de darles de comer. Si los detenidos quieren recuperar su libertad tienen que barrer, trapear, lavar los vehículos de los funcionarios o los baños de la dependencia.
La versión oficial
El secretario de Justicia Municipal en Guadalajara, Alain Fernando Preciado López, comenta a Proceso Jalisco que César tiene seis y no cuatro años y fue llevado a La Correccional como extraviado. Aclara que el video fue grabado en julio de 2015, no en noviembre, durante la administración del priista Ramiro Hernández García.
Según Preciado López, cuando Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, tomó posesión el 1 de octubre ordenó cambios a las instalaciones de La Correccional, en particular en el área de Trabajo Social, donde ahora se atiende de manera inmediata a los menores que llegan. Las nuevas autoridades les dan una plática, elaboran un informe e incluso les toman una fotografía.
“Estamos en contra de cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Un niño no tendría por qué estar encerrado. Jamás un menor se vuelve a quedar solo en ese lugar”, comenta el funcionario.
–¿Se castigó a alguno de los responsables del maltrato a César? –pregunta la reportera a Preciado.
–Estamos investigando el asunto con personal de Trabajo Social y Psicología, para saber quién estuvo en ese momento. Te reitero: eso fue en la pasada administración, por lo que el responsable es el anterior director de la Unidad de Prevención Social, el anterior secretario de Justicia Municipal. Hay que ver si se configura un delito en ese caso para presentar una responsabilidad penal o de carácter administrativo contra ellos.
–En caso de que algunos de esos sujetos sigan trabajando en La Correccional, ¿se puede repetir la situación?
–Es posible, pero te repito: la actual administración es totalmente diferente. Estamos ahí casi a diario. Esa área trabaja las 24 horas, incluidos los fines de semana. Yo he ido en fin de semana o de madrugada y afortunadamente se siguen los lineamientos de pleno respeto a los derechos humanos.
Asegura que algunos custodios que estuvieron cuando César fue encerrado indebidamente han cambiado su actitud hacia los detenidos. Habla incluso de un curso que se impartirá a vigilantes y jueces sobre el respeto a los derechos humanos de las personas que cometan alguna falta administrativa y sean remitidos a La Correccional, así como a los niños.
La celda donde son retenidos los menores se va a transformar en un espacio agradable que contará con televisión y un área de juegos. Hoy, asegura Preciado, una trabajadora social acompaña a los niños, algunos de los cuales permanecen en La Correccional hasta 48 horas, “por cortesía con la fiscalía”.
Se quedan ahí porque fines de semana y por las noches la dependencia no tiene a dónde llevarlos, pues los albergues del DIF están cerrados. Entonces, el único lugar que trabaja las 24 horas y cuenta con un pequeño espacio para dejar en depósito a los menores es la Unidad de Prevención Social.
“En la pasada administración dejaban a los menores hasta 15 días. De hecho, a mí me lo platicó el anterior secretario (de Justicia Municipal de Guadalajara) Enrique Velázquez. Eso estaba permitido; nosotros no pensamos así.
“En cuanto llegamos, hablamos con gente de la fiscalía y les dijimos que sí podíamos ayudar, pero sólo 48 horas. Nos dejan a los menores y no nos dan ni un solo centavo. Nosotros les damos un trato humanitario, agua y comida. Los menores son atendidos por trabajadoras sociales, psicólogas y cuentan con un área educativa. Tienen todos los servicios”, recalca Preciado.
Con relación a los adultos mayores que son maltratados, asegura que si se comprueba, los responsables serán castigados. Y adelanta que se van a realizar cambios en el área donde son canalizadas las personas de la tercera edad. Según Preciado, algunos detenidos acuden al huerto de La Correccional a cosechar la comida que van a consumir.
–¿Es válido que laven los autos de los funcionarios, o los baños del lugar? –se le comenta al funcionario.
–En la legislación sí existe el trabajo comunitario. Eso hacía la pasada administración, pero nosotros no los ponemos a lavar carros, mucho menos los de los funcionarios. Lo único que sí hacen es trabajar en el huerto urbano; cortan el pasto, incluido el de la cancha de futbol que está ahí. Un punto importante es que no se obliga a nadie. Por cada hora de trabajo se les quitan dos horas. Si no quieren hacerlo, se les da su pena de 36 o 24 horas, como lo marca el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
Proceso Jalisco acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para preguntar si había alguna queja contra la Unidad de Prevención Social del ayuntamiento de Guadalajara. No hubo ninguna.
Cuando se le pregunta a Preciado si tienen cámaras de vigilancia en las celdas, responde que hay en toda la Dirección de Justicia Municipal, aunque admite que la pasada administración “nos dejó un desastre. Todas las cámaras de vigilancia en Prevención Social están inservibles. Aquí, en juzgados –dice–, funciona cerca de 70%, gracias a que las reparamos”.
Asegura que incluso acaban de solicitar a la Dirección de Innovación Gubernamental recursos para sustituir cerca de 95 videocámaras y el equipo de grabación, cuyo costo aproximado es de 2 millones de pesos.
“Se haría un arrendamiento centralizado, en ocasiones en lugar de comprar, sale mejor arrendar, y la misma empresa te da el mantenimiento a tus videocámaras. Ya también pedimos la sustitución de vehículos y de las computadoras que son un desastre”, comenta el entrevistado. l
