La paz está al alcance de la mano en Colombia. Después de 51 años de guerra, el gobierno y las FARC acordaron que el 23 de marzo debe haber un acuerdo final. Los diferendos más agudos han sido solventados, pero aún es pronto para el optimismo total: las divergencias que quedan por negociar son fundamentales, y una vez que esté listo el pacto, habrá que ratificarlo, algo que no luce fácil. E incluso si esto se logra, aún restará desmovilizar a otro grupo rebelde, el ELN, asunto ineludible para dar por terminada la fase armada del conflicto.
BOGOTÁ.- Todo indica que éste será el año de la paz en Colombia. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esperan poner fin a un conflicto armado de 51 años que ha dejado 218 mil muertos, y que el grupo rebelde más antiguo y poderoso de América Latina se incorpore a la vida política institucional.
Las partes, de hecho, están comprometidas con una fecha, el 23 de marzo próximo, para firmar el acuerdo final de paz. Y hasta el debate político en Colombia ya dejó de girar en torno a los altibajos de las negociaciones, que están en su última fase, para centrarse en los enormes desafíos que esperan al país en la etapa de posconflicto.
Uno de ellos es el plebiscito para refrendar los acuerdos, ya que nada asegura que los términos en que ha sido negociada la paz con las FARC contarán con el aval mayoritario de los colombianos. Los jefes rebeldes responsables de crímenes de lesa humanidad nunca pisarán una cárcel y este punto es rechazado por una parte importante del país.
El segundo reto es el arranque de un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, ya que si este grupo queda al margen de un acuerdo sería imposible hablar de la finalización total del conflicto armado en Colombia.
Además, las FARC y el gobierno tienen que resolver de manera expedita los dos puntos de la agenda de negociación que están pendientes: la manera como se harán la concentración y el desarme del grupo insurgente, y la instauración, verificación y refrendo de los acuerdos.
“2016 será sin duda un año muy difícil para Colombia, de gran debate político, pero también será un año fascinante e histórico porque vamos a lograr la paz”, dice a Proceso la congresista Ángela María Robledo, quien es copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes (de diputados).
Robledo, del centroizquierdista Partido Verde, señala que esta misma semana se realizará una reunión de las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado, en la que “la mayoría” de sus miembros acordará una estrategia de apoyo al plebiscito e iniciarán la campaña por el “Sí”.
“Todos los congresistas de esas comisiones, con excepción seguramente de los del Centro Democrático (el derechista partido opositor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que rechaza las negociaciones con las FARC), vamos a comenzar a trabajar muy fuerte por todo el país para promover una votación de respaldo a los acuerdos de paz”, indica.
La batalla que viene
La pugna política que se avecina en torno al plebiscito será intensa, sobre todo por el polémico acuerdo de justicia que anunciaron el gobierno y las FARC el mes pasado y que prevé que los jefes de esa guerrilla paguen delitos graves cometidos en el marco del conflicto con trabajo comunitario y “restricción efectiva de la libertad” de entre cinco y ocho años. Esta figura equivale a una especie de prisión domiciliaria con la posibilidad de que los condenados puedan movilizarse en una zona autorizada por un tribunal especial.
Pero este modelo de justicia transicional, que fue el tema más duro de negociar, sólo es apoyado por 29% de los colombianos, según una encuesta de noviembre anterior de la firma Ipsos.
Según ese sondeo, 71% de los entrevistados rechaza la participación electoral de los máximos jefes de las FARC y ocho de cada 10 están en contra de entregar curules especiales en el Congreso a desmovilizados de esa guerrilla. Ambos puntos figuran entre los acuerdos que se han pactado en La Habana, sede de los diálogos, con el grupo rebelde.
Para el senador del cogobernante Partido Liberal Horacio Serpa, a pesar del rechazo a algunas de las concesiones otorgadas a las FARC a cambio de su desmovilización, “Colombia es un país cansado de la guerra y asumirá con conciencia la decisión de apoyar la paz, aunque algunos de sus costos duelan a mucha gente”.
El exministro de gobierno y excandidato presidencial considera que muchos colombianos “harán ‘de tripas corazón’ y acabarán apoyando los acuerdos, porque saben que eso significa progreso para Colombia y el fin de las FARC como movimiento subversivo”.
Pero el senador del opositor partido Cambio Radical, Alfredo Rangel, considera que los acuerdos de paz “serán repudiados en las urnas por la mayoría de los colombianos, porque así lo indican todas las encuestas”.
El legislador del partido del expresidente Uribe sostiene que “cuando 80% del país está en contra de que los responsables de crímenes de lesa humanidad participen en política y no paguen sus delitos con cárcel, no vemos cómo el ‘Sí’ pueda ganar un plebiscito”.
Según Rangel, el malestar de los colombianos se debe a que el acuerdo “garantiza la impunidad de los jefes de las FARC que son responsables de delitos atroces, porque no irán a la cárcel, como exigen las leyes colombianas e internacionales, y en cambio recibirán penas irrisorias y podrán participar en política”.
Esto, considera, “es desproporcionado frente a la gravedad de los delitos”.
El Centro Democrático será el único partido que hará campaña contra los acuerdos de paz en el plebiscito de refrendación, su fundador, Uribe Vélez, aún conserva una popularidad superior a 50% y refleja a amplios segmentos del país irritados con los secuestros y destrucción de infraestructura que cometieron las FARC.
El jurista Rodrigo Uprimny sopesa, sin embargo, que a pesar de la impopularidad de las FARC y de la controversia en torno al acuerdo de justicia, la paz goza del respaldo mayoritario del país, y esa expectativa –la de un país sin conflicto armado, con los guerrilleros echando discursos en el Congreso en vez de balas– es suficientemente poderosa como para inclinar la balanza a favor del “Sí”.
El profesor de derecho de la Universidad Nacional sostiene que los modelos de justicia transicional, como el que se pactó con las FARC, son “siempre imperfectos porque están hechos para tiempos de guerra radicalmente imperfectos, y por ello no puede evaluarse con los estándares de la justicia ordinaria en tiempos de normalidad”.
Pero el acuerdo de justicia “es realmente justicia, y con esta justicia imperfecta la paz es posible”.
Uprimny indica que, más allá de la controversia, “quienes apoyamos la salida negociada al conflicto armado tenemos la tarea democrática de construir el máximo apoyo político a favor de la paz, porque para que ésta sea realmente sostenible tiene que ganarse en la discusión política y democrática”.
La representante (diputada) Ángela María Robledo sostiene que el plebiscito, que según el presidente Santos deberá realizarse entre mayo y junio de este año, “generará un debate enorme que los amigos de la paz deberemos aprovechar para explicar a profundidad a los colombianos las enormes ventajas de terminar un conflicto armado de 50 años”.
De acuerdo con la ley del plebiscito por la paz, aprobada el mes pasado por el Congreso, para que los pactos sean refrendados se requiere que el “Sí” obtenga una cantidad de votos mayor a 13% del padrón electoral (4 millones 396 mil 625 votos) y que supere los sufragios que obtenga el “No”.
Un sondeo de Cifras y Conceptos señaló el mes pasado que 59% de los encuestados acudirá a votar en un plebiscito y, de éstos, seis de cada 10 respaldarían los convenios de paz.
El Centro Democrático aún debate si llamará a votar por el “No” o convocará a la abstención. Pero al margen del camino que elija, ya está en plena campaña a través de las redes sociales para derrotar en las urnas los acuerdos con las FARC.
Los ciudadanos sólo deberán responder “Sí” o “No” a la pregunta sobre si aprueban los pactos.
Lo que falta en La Habana
Pero antes de convencer a los electores, el gobierno deberá persuadir a las FARC de que acepten la figura del plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos.
Los delegados de la guerrilla en La Habana buscan una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar los acuerdos y darles seguridad jurídica. El gobierno cree que con el plebiscito y con una ley que le daría poderes especiales al presidente Santos para legislar sobre los acuerdos de paz quedaría resuelto el tema.
La congresista Ángela María Robledo considera que lo mejor sería una combinación de las fórmulas que proponen las FARC y el gobierno: plebiscito, leyes promulgadas por el presidente para implementar los acuerdos “y que quede abierta la posibilidad de convocar a una Constituyente”.
La copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes asienta: “Si los acuerdos se someten a refrendo en una Asamblea Constituyente corremos el enorme riesgo de que sean rechazados, por el ambiente tan polarizado que hay en el país”.
Señala que “por ello debemos lograr, con argumentos, que las FARC acepten como mecanismo de refrendación el plebiscito y dejarles abierto el espacio para una futura Constituyente”.
El pasado miércoles, los delegados de las FARC y el gobierno reanudaron las negociaciones de paz en La Habana, tras el receso de fin de año, y se declararon en “sesión permanente” hasta resolver los dos puntos que falta por desahogar: “Implementación, verificación y refrendación” y “Fin del conflicto”.
El director de acuerdos de la verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga, expresa que son “dos temas muy difíciles, pero ya las partes superaron lo más difícil, que era el modelo de justicia, y eso crea un nuevo ambiente para negociar”.
El tema del “Fin del conflicto”, que incluye cese bilateral y definitivo del fuego, concentración de tropas de la guerrilla y dejación de armas, ya presenta avances importantes porque desde hace un año ha sido discutido por una subcomisión técnica de la que forman parte altos oficiales de las fuerzas militares colombianas y comandantes de las FARC.
Villarraga apunta que, “en este punto, la discusión difícil está en el número de zonas de concentración que tendrán los guerrilleros desmovilizados de las FARC y las condiciones de seguridad que les brindará el Estado. Recordemos que en los años ochenta y noventa ya hubo un exterminio de un movimiento político emanado de un proceso de paz con las FARC (el de la Unión Patriótica, que sufrió el asesinato de 3 mil de sus integrantes por parte de paramilitares y agentes estatales)”.
El gobierno y la guerrilla tienen aún una gran distancia en las zonas de concentración porque las FARC aspiran a quedar en sus bastiones históricos, en unos 60 puntos del país, mientras que los negociadores oficiales insisten en un número mucho más reducido de sitios por las dificultades logísticas de verificar el cese bilateral del fuego y, posteriormente, el desarme de los rebeldes.
La verificación será realizada por Naciones Unidas y un organismo regional.
La llegada del ELN
Al despedir a sus negociadores, el pasado martes, el presidente Santos señaló en su cuenta de Twitter que les dio instrucciones de “meter el acelerador para terminar el conflicto armado lo antes posible”.
Santos y el comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, acordaron en septiembre pasado en La Habana firmar un acuerdo definitivo de paz el 23 de marzo de 2016 a más tardar, y aunque el gobierno persiste en cumplir ese plazo, el grupo guerrillero ha sugerido ampliarlo para junio próximo.
De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, no es imposible firmar la paz el 23 de marzo, y para lograrlo están buscando una fórmula flexible que, eventualmente, deje temas no fundamentales para ajustes futuros.
En un comunicado divulgado el jueves anterior, las FARC señalaron que su compromiso sigue siendo “firmar con la mayor celeridad posible el acuerdo final, para lo cual trabajaremos con ahínco”.
Luego de tres años y dos meses de negociaciones con las FARC, y de la inminencia de un acuerdo de paz con ese grupo insurgente, la expectativa del país es que en las próximas semanas inicie un proceso de paz con la otra guerrilla colombiana: el ELN.
“Para que la paz sea definitiva y completa tiene que sumarse el ELN. Es impostergable que se lancen las negociaciones con esta guerrilla, con la que delegados del gobierno llevan casi dos años de diálogos exploratorios”, dice Villarraga.
El comandante en jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, dijo hace dos semanas en una entrevista con el diario Gara del País Vasco que esa organización rebelde ya tiene “una agenda de negociación” acordada con el gobierno colombiano y que “falta muy poco” para iniciar los diálogos de paz. En la fase exploratoria ha jugado un papel muy importante Ecuador, país que podría ser sede de las negociaciones.
De esta manera quedaría allanado el camino para que 2016 pase a la historia como el año en que Colombia alcanzó la paz.
