La Fiscalía Anticorrupción y el fisco españoles decidieron “perdonar” a la infanta Cristina –hermana del rey Felipe VI– en el proceso que enfrenta por actos ilegales instigados por su esposo, Iñaki Urdangarín. Con estas decisiones, el gobierno de Mariano Rajoy defiende a la otrora duquesa de Palma pese a las evidencias de que ella participó activamente en la trama Nóos, algo que le podría acarrear hasta ocho años de cárcel.
MADRID.- El inicio del juicio por el caso Nóos, la trama de corrupción encabezada por Iñaki Urdangarín y en la que está acusada su esposa, la infanta Cristina –sexta en la línea sucesoria al trono–, dejó una imagen inédita de estos miembros de la familia real, con rostros desencajados, en el banquillo de los acusados.
Pero también evidenció las maniobras del gobierno de Mariano Rajoy para salvar a la hermana del rey Felipe VI de los ocho años de prisión que contra ella pide la acusación que encabeza el sindicato Manos Limpias.
Dos entidades dependientes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía General del Estado –esta última representa a la Agencia Tributaria en el proceso penal– se abstuvieron de presentar acusaciones contra la hermana del monarca, pese a las evidencias de su implicación, alineándose así con la estrategia jurídica de su defensa, que pide el sobreseimiento de la causa.
Piden que se le aplique una retorcida jurisprudencia del Tribunal Supremo, llamada Doctrina Botín, que se aplicó por única vez en 2007 para salvar de un juicio al extinto y poderosísimo banquero Emilio Botín (Grupo Santander), según la cual una causa judicial se debe archivar, sin siquiera llegar a juicio, si sólo existe una “acusación particular” y si la Fiscalía y los perjudicados solicitan el sobreseimiento de la causa.
Pese a que la Agencia Tributaria –dependiente de Hacienda— es la parte afectada por los delitos de fraude fiscal de Iñaki, Cristina y otros 16 acusados en la trama, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, llegó al extremo de argumentar que lo de “Hacienda somos todos” sólo es un “lema publicitario” y no jurídico, con el fin de salvar de la imputación a la infanta.
Entre las múltiples críticas a dicho argumento destaca la de Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos fiscales del Ministerio de Hacienda (Gestha), que aseguró en una entrevista televisiva que el gobierno retuerce los conceptos para salvar a una persona, incluso yendo “en contra de la propia pedagogía fiscal que debe impulsar el gobierno, obligado a elevar esa conciencia fiscal hacia la ciudadanía.
“A lo largo de este proceso estamos viendo demasiadas circunstancias que hacen pensar que, como decía la abogada del Estado de manera poco afortunada, que Hacienda no somos todos.”
Pero ésta no es la única vez que Hacienda ha sido complaciente con la infanta Cristina, a la que ya hizo otros favores previos para librarla del entuerto: Le aceptó la presentación de facturas falsas que le sirvieron para desgravar impuestos y le permitió deducir impuestos con el pago a empleados domésticos inexistentes, con el propósito de disminuir el monto defraudado y no rebasar el límite de 110 mil euros, algo que le hubiera implicado ser imputada por delitos fiscales.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca decidirá en próximas fechas si la infanta afronta los próximos seis meses del juicio como acusada o su caso se archiva. Su esposo, Iñaki, lo tiene más complicado: Contra él, la fiscalía pide 19 años y medio de cárcel por dos delitos fiscales, prevaricación, malversación, fraude, estafa, falsedad en documento público y blanqueo de capitales. Y tiene en contra nuevos acuerdos que otros acusados están haciendo con la fiscalía, que corroboran los señalamientos contra Urdangarín.
Pero en contra de Cristina está el demoledor auto judicial que emitió el responsable de la investigación, el persistente juez de instrucción tercero de Palma de Mallorca, José Castro, quien pese a las presiones del gobierno, en diciembre de 2014 la señaló como “colaboradora necesaria” de dos delitos cometidos por su marido.
Felices años reales
El semblante de la infanta y el de su esposo, derrumbados y ojerosos, durante el inicio del juicio, contrasta con los años de gloria que vivió la pareja, cuyos vínculos con la familia real hoy parecen estar rotos, según lo recogen a detalle los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardiés, en su libro La Corte de Felipe VI (Esfera de los Libros, 2015).
Urdangarín fue “el yerno perfecto del rey”, apuntan, desde que contrajo matrimonio con Cristina en 1997, en la catedral de Barcelona. “Él era un deportista de élite, miembro de la selección de balonmano de España”, sin embargo, añaden, “su único defecto, y quizá a la postre su condena, era una ambición que muchos no supieron o no quisieron vislumbrar y que otros achacan a su complejo de inferioridad frente a los Borbones”.
Iñaki se dedicó a su familia y a “estrechar vínculos con su cuñado, el futuro rey”. Queda claro, escriben, que “la relación entre Urdangarín y Felipe llegó a ser estrecha”, al grado de que “el primero adquirió en una joyería de Barcelona el anillo de compromiso que el segundo entregó a Letizia. Por motivos obvios, el entonces príncipe de Asturias no podía entrar en una tienda de joyas para adquirir una alianza”, señalan.
Recuerdan en su investigación que “una vez llegada Letizia a La Zarzuela, ambas parejas pasaron muchos y muy buenos momentos juntos, en cenas íntimas hasta altas horas. De hecho, el duque fue uno de los invitados a la despedida de soltero de Felipe. Tras la boda entre los hoy reyes, en 2004, había buena sintonía entre los cuatro”.
El duque de Palma y el príncipe de Asturias compartían un amigo que resulta “clave tanto en el impulso como en la congelación de sus relaciones: José Luis Pepote Ballester, un regatista que formaba parte del círculo de amistades de Felipe y Cristina en Mallorca”.
En 2003, Urdangarín y su socio, el profesor de la escuela de negocios ESADE, Diego Torres, crearon el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que, con el paso de los años, se convirtió en el centro de sus manipulaciones para evadir al fisco.
Siempre junto a su socio Diego Torres, “el duque se valió de su amistad con Ballester para hacer jugosos negocios con el gobierno de Baleares, dado que Pepote fue director general de Deportes del ejecutivo que dirigía Jaume Matas entre 2003 y 2007. Gracias a su sintonía fuera y dentro de los despachos, llegaron los primeros negocios de Nóos”.
Resaltan que es evidente que “Urdangarín se beneficiaba de su condición de miembro de la familia real para abrir muchas puertas y lograr determinados contratos, ¿quién iba a decirle que no a ese yerno del rey tan atractivo y tan modélico? ¿Cómo no se iba a colaborar con una ONG en la que era directiva la propia infanta Cristina?”.
Un caso de este tráfico de influencias fue documentado por Proceso en mayo de 2013 (edición 1906), en la que reveló que Urdangarín utilizó su parentesco y el acceso a la agenda del rey para entrevistarse en La Zarzuela con el presidente Felipe Calderón, cuando el mandatario mexicano hizo su visita de Estado en 2008, encuentro en el que el duque de Palma pretendía que le fuera facilitada la entrada a negocios en México.
En esos años de prosperidad para la pareja real, concretamente en 2004, compran el Palacete de Pedralbes, en el barrio más caro de Barcelona, por 6 millones de euros. “Tampoco eran los tiempos de mayor transparencia de las instituciones públicas” y en los que para cualquiera era imposible pensar que “alguien de la corona sufriera problemas económicos”, señalan.
La revista semanal El Siglo publicó por primera vez sobre “la mansión de los duques”, en junio 2005, y cuestionaba si con su sueldo podrían hacer frente a tremendo compromiso hipotecario.
Un año después, en el Palacio de la Zarzuela saltaron las alarmas cuando el diario El Mundo y El Siglo publicaron nueva información que denunciaba irregularidades en un foro celebrado en Baleares, con participación de la entidad de Urdangarín.
El rey Juan Carlos encargó a su amigo y abogado José Manuel Romero, conde de Fontao, “la misión de escrutar en qué estaba metido exactamente su yerno”. Al ver la situación, Romero recomendó que el matrimonio y Carlos García Revengas, secretario particular de las infantas, debían abandonar la directiva de ese instituto Nóos. Pero no cumplieron.
Los autores relatan que en enero de 2008, durante una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Urdangarín, “el duque comentó al futuro rey que andaba muy mal de dinero. No era una súplica, pero si una sugerencia de ayuda, a la que Felipe respondió con un no rotundo. Las cosas se estaban torciendo, pero todavía no había llegado el desastre que se avecinaba”.
“En agosto de 2009, la Policía Nacional detuvo a Pepote Ballester, el compañero de regatas de Felipe y amigo de Urdangarín, en el curso de las investigaciones del caso Palma Arena”. La caída en desgracia de Ballester se debió a que intentó pagar con fondos públicos por unas obras en su vivienda. “Aunque pidió ayuda a la familia real, le fue negada”.
Arrinconado y solo, se convirtió en testigo de la Fiscalía y empezó a hacer revelaciones que fueron la base para las indagatorias sobre Urdangarín.
Ese mes de agosto, los duques de Palma y sus hijos se mudaron a Washington. “Los grandes empresarios amigos de Juan Carlos I hicieron fácil el traslado”. Telefónica, que preside César Alierta, creó “un puesto para colocar a Urdangarín como responsable del negocio en Estados Unidos”, con un suculento sueldo. “La Caixa de Isidro Fainé no tuvo reparos en guardar el asiento a Cristina mientras ella vivía en la ciudad estadunidense”.
El 25 de septiembre, El Mundo publicó un reportaje donde daba los pormenores de la trama corrupta con entidades presuntamente destinadas a fines benéficos, pero en los hechos con actividades para conseguir dinero público y evadirlo a paraísos fiscales mediante empresas falsas, para evitar pagar impuestos.
El mismo periódico también publicó en octubre que “la infanta Cristina figuraba en la directiva de Nóos y era dueña a 50% de la sociedad Aizóon, a la que se enviaban los fondos opacos”. Ese mes, los duques fueron apartados de la agenda oficial de la Casa Real.
El 7 de noviembre, el juez Castro ordenó el registro policial en la sede del Instituto Nóos, en Barcelona, en el domicilio de Diego Torres, entre muchos otros, de donde se obtuvo ingente documentación.
Luego, Urdangarín se reunió con el rey Juan Carlos y con el príncipe de Asturias, quienes “reclamaron al duque que hiciera una declaración en la que desvinculara por completo a la infanta de cualquier relación en las irregularidades que se estaban destapando. La testarudez de Iñaki irritó a ambos. Ahí las relaciones entre el duque y Felipe se resquebrajaron para siempre”, citan.
Prosiguieron los desencuentros, porque Iñaki abogaba por seguir defendiendo su inocencia, mientras en “la casa, donde ya tenía información sobre lo feo que era el asunto, exigían una desvinculación completa porque no querían que el caso salpicase a toda la familia real”.
Desde Washington, Iñaki envió un comunicado, el 11 de noviembre, en el que decía que defendería su “honorabilidad e inocencia en este asunto desde la convicción de que mi actuación profesional ha sido siempre correcta”.
El enfado en la Casa Real era de tal magnitud que llegó a proponer a Cristina que “se divorciase de este personaje que amenazaba el porvenir de la institución”. Pero los intentos fueron fallidos.
En respuesta, el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, declaró que los negocios del duque de Palma “no son ejemplares”, lo que era una ruptura en toda regla. Los autores del libro citado sostienen que esa declaración “satisfizo a Felipe y Letizia, pero enfureció a Iñaki y Cristina, dos matrimonios enfrentados ya sin remisión”.
En la navidad de 2011, “tanto Juan Carlos como Felipe y Letizia habían concluido que Urdangarín no era de fiar y debía ser expulsado de palacio”, por lo cual, en su mensaje navideño, el rey Juan Carlos dijo que “la justicia es igual para todos” y agregó que “las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”.
El monarca encomendó a Fernando Almansa, antiguo jefe de la Casa Real, comunicar a Urdangarín que debía renunciar a su condición de miembro de la familia real, pero tanto Iñaki como Cristina “reaccionaron airadamente y se negaron a asumir lo que Zarzuela les pedía”, apuntan.
El 29 de diciembre de 2011, sólo cinco días después del mensaje navideño del rey, el juez Castro imputó a Urdangarín por varios delitos y lo citó a declarar el siguiente febrero. Y el 22 de diciembre de 2014, Castro llevó a juicio también a la infanta como “cooperadora necesaria” en varios delitos fiscales perpetrados por su esposo, “justo el mismo día que su hermano, el nuevo rey Felipe VI, grababa su alocución navideña”.
Esto “ensombrecía y condicionaba” el esperado mensaje navideño de Felipe VI, el segundo en importancia tras el de la proclamación del 19 de junio anterior, “al que la Casa Real llegaba sin que Cristina renunciase a sus derechos dinásticos y justo cuando eran cada vez más las voces que, desde el arco parlamentario, reclamaban con mayor insistencia un gesto de estas características”.
El abismo en las relaciones entre los actuales reyes y los duques de Palma era obvio: “El 12 de junio de 2015, cuando había pasado el primer año de su reinado, Felipe VI sorprendió a los españoles al revocar el uso del título nobiliario del ducado de Palma a su hermana”. Horas después del golpe recibido, “la hermana del rey aseguró, por boca de su abogado Miquel Roca, que fue ella quien solicitó al monarca, días antes, el 1 de junio, que le retirase el título. Extremo que la propia Casa del Rey negó después. Una confusión que evidencia el nivel de profundo deterioro al que han llegado las relaciones entre los dos hermanos”.
Un elemento más de la ruptura, aseguran, es que “la hoy reina dejó de lucir su anillo de compromiso, el mismo que había comprado su cuñado en una joyería de la Ciudad Condal, esa alianza tan especial para cualquiera y que ella utilizó durante casi una década, al enterarse por la prensa de que Urdangarín y Torres había adquirido la joya con dinero de Nóos”. l
