El miércoles 13 inició una nueva legislatura de las Cortes Generales de España. Lo hizo en medio de la incertidumbre. La fragmentación del Congreso de los Diputados obliga a los partidos a establecer alianzas, pero han pesado más los desacuerdos. Si para fines de febrero no existe una alianza que permita integrar un gobierno, se convocaría a nuevas elecciones. Todo ello con un agravante: la nueva administración de Cataluña ya anunció que continuará con el proceso soberanista.
MADRID.- Superada la era del bipartidismo, España transita ahora por un escenario político complejo e inédito en el cual priva la incertidumbre sobre si las viejas y las nuevas fuerzas lograrán las alianzas que les permitan conformar gobierno para los próximos cuatro años.
La fragmentación en el nuevo Congreso de los Diputados y lo dispar de sus argumentos políticos se está convirtiendo en un obstáculo difícil de librar.
A este caldeado escenario se suma el hecho de que, in extremis, el Parlament de Cataluña logró integrar el gobierno de la Generalitat de esa comunidad autónoma, sin Artur Mas pero sí con el hasta ahora alcalde de Girona, Carles Puigdemont, quien en su toma de posesión, el lunes 11, anunció que continuará con el proceso soberanista.
El reto independentista dio nuevos bríos a las negociaciones entre los partidos nacionales. En el diálogo se baraja una serie de posibilidades: desde un gobierno del Partido Popular con el apoyo de socialistas y de Ciudadanos, o una “gran coalición progresista a la portuguesa” con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al frente, Podemos y otras fuerzas minoritarias de izquierda e independentistas.
Si ninguna de estas opciones logra los apoyos suficientes, se analiza repetir los comicios, que tentativamente se celebrarían el 25 de mayo, esto en caso de que para finales de febrero no sean capaces de conformar un gobierno de alianzas.
Hasta ahora, desde el PP y el PSOE reconocen que el escenario de unas elecciones anticipadas representa un obstáculo, si se toma en cuenta que esto mantendría hasta después de mayo un gobierno en funciones, el cual no tendría el peso político suficiente para hacer frente al reto catalán.
Escaños y rastas
El 13 de enero quedó constituida la nueva legislatura de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), donde fue posible ver una Cámara con formas distintas de comportamiento, con la llegada de los nuevos legisladores de Podemos y de Ciudadanos.
Gracias a esta renovación, 218 de los 350 nuevos diputados pisan por primera vez la Cámara. De ellos, 109 pertenecen a los dos nuevos partidos, Podemos (69) y Ciudadanos (40); Las mujeres representan 40% del hemiciclo (140 legisladoras, 15 más que la anterior administración); la edad media de los parlamentarios es de 47.4 años, prácticamente igual a la de los votantes, 48 años, según el censo de 2011.
El 95% de los miembros de la nueva Cámara tiene estudios universitarios, un nuevo récord que contrasta con el nivel medio educativo a nivel ciudadano, que es de 19%. El 22% de los legisladores proviene de la abogacía y 16% de la enseñanza.
La primera jornada en el nuevo hemiciclo estuvo cargada de gestos y simbolismos distintos a las anteriores legislaturas. Los viejos políticos conviviendo con algunos nuevos legisladores de Podemos que provienen de las protestas masivas de los indignados del 15-M, que en 2011 tomaron las plazas del país y rodearon el Congreso en repudio a las políticas anquilosadas contrarias a los ciudadanos.
Los políticos tradicionales, con trajes y corbatas, con rostros de sorpresa, conviviendo en sus escaños con diputados con el cabello largo y las barbas desaliñadas, con pantalones de mezclilla, camisetas y hasta con las rastas del diputado canario de Podemos, Alberto Rodríguez.
Otro de los protagonistas de la primera jornada fue Diego, el hijo de seis meses de la diputada Carolina Bescansa, que llegó en brazos de su madre –quien le dio de mamar en la sesión. En la votación para elegir presidente del Congreso, un diputado votó al pequeño, sufragio que fue anulado.
Los políticos tradicionales y varios medios de comunicación criticaron a Bescansa por considerar que hacía un “uso político” del niño y le recordaron que el Congreso tiene guardería –aunque la inscripción la debía haber hecho en marzo pasado, cuando no era diputada.
El gesto de la diputada también tuvo opiniones a favor, por considerar que era una imagen reivindicativa para visibilizar el problema de la conciliación de la vida familiar de la mujer trabajadora.
Esto le quitó protagonismo a la muy polémica presencia del diputado Pedro Gómez de la Serna (PP), quien está acusado de realizar negocios como asesor de empresas españolas en el extranjero desde su curul en legislaturas anteriores.
La baja de Gómez de la Serna se produjo la misma jornada en la que se constituyeron las nuevas Cortes y después de que la Audiencia Nacional admitió el martes 12 una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra él y contra el exembajador Gustavo de Aristegui por presuntos delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Durante la jura individual de los diputados hubo también cosas nuevas. Mientras los representantes de los partidos tradicionales y de Ciudadanos se limitaban a decir el habitual “juro” o “prometo” cumplir con la Constitución y las leyes españolas, los diputados de Podemos prometieron acatar la Carta Magna pero apostillando su compromiso por cambiarla con añadidos como el de Íñigo Errejón, número dos de esta nueva formación, quien añadió la coletilla: “Nunca más un país sin su gente, nunca más un país sin sus pueblos”.
Una vez constituida la Cámara, Patxi López y el senador del PP Pío García Escudero, presidente del Senado por segunda ocasión, tuvieron audiencias por separado con el rey Felipe VI, quien siguiendo la liturgia constitucional propondrá a la Cámara el partido más votado para que intente conformar gobierno.
El convulso escenario político que el monarca tendrá que gestionar, a sólo año y medio de su proclamación, es muy similar al que su padre, Juan Carlos I, enfrentó durante el inicio del proceso de transición, hace ya 40 años.
Ofertas y rechazos
Felipe VI “recomendará” a la Cámara al presidente en funciones, Mariano Rajoy, quien encabezó la lista más votada en las elecciones del 20 de diciembre. Su boleta obtuvo 28.72% de los sufragios (sumó 123 escaños, 63 menos que en la elección de 2011), por lo cual tiene la opción de intentar formar un gobierno, sin embargo, salvo un “gran pacto” con el PSOE, es difícil que pueda gobernar, porque ha recibido el rechazo de todas las fuerzas políticas.
Y es que los números no le cuadran, ya que el apoyo de los 40 diputados de Ciudadanos, única fuerza política dispuesta a permitir su gobierno, no lo deja arribar a los 176 diputados requeridos para obtener mayoría absoluta.
Por esta razón, Rajoy lanzó en repetidas ocasiones su oferta al PSOE para conformar un gobierno junto con Ciudadanos, para los próximos cuatro años, porque lo que requiere España en estos momentos son “grandes acuerdos sobre los grandes temas que duren cuatro años”, dice.
En una rueda de prensa previa a la conformación de la nueva Cámara, Rajoy reconoció que existen otras dos alternativas; una de ellas es un gobierno tripartito (PSOE, Podemos y Ciudadanos), o bien una gran alianza que incluya a las pequeñas formaciones de izquierda e independentistas.
Ambas fórmulas serían en su opinión “muy negativas para el interés de todos los españoles”.
Incluso, desde la formación conservadora están dispuestos a que se lleve a cabo una serie de reformas constitucionales que demandan PSOE y Ciudadanos. Lo que no resulta fácil, debido a que estos partidos prometieron en campaña modificaciones en los renglones fiscal, educativo, del funcionamiento del Estado y las relaciones con las comunidades autónomas, a las que el PP se ha negado.
En su primer encuentro con Rajoy, tras las elecciones del 20 de diciembre, Pedro Sánchez, líder del PSOE, anunció que no apoyaría una nueva legislatura del PP ni de Rajoy al frente del gobierno y, por el contrario, le anunció que si no lo consigue, él encabezará los esfuerzos para conformar “un gobierno progresista”.
Por su parte, el diputado Albert Rivera, dirigente de Ciudadanos, apoya que gobierne la fórmula más votada, es decir, el PP, y frenar el independentismo. En este escenario, advirtió, no harán ningún tipo de acuerdo con Podemos, que puso como “línea roja” para sus negociaciones que haya un referéndum en Cataluña. “No vamos a pactar con los partidos que quieren romper España”, ha dicho en repetidas ocasiones.
En su propuesta al PSOE, Rivera le planteó a Pedro Sánchez que ambas formaciones se abstengan en la primera votación, con el propósito de que, en una segunda vuelta de votaciones, el PP pueda hacer gobierno sin la necesidad de alcanzar la mayoría absoluta, sólo con mayoría simple.
El jueves 14, un día después de la constitución de la Cámara, los dirigentes de Ciudadanos anunciaron que hasta que se defina el nuevo Ejecutivo, se comprometen a apoyar al gobierno en funciones de Rajoy frente al reto independentista de la Generalitat de Cataluña.
Para ello presentaron una proposición en la que plantean ejercer una “activa defensa de la Constitución española, de igualdad, de la solidaridad y de la unión entre todos los españoles y de la integridad de la soberanía nacional”.
En el documento registrado, anuncian que pondrán “en marcha todas las iniciativas que el Estado de derecho permita para frenar cualquier acción de cualquier gobierno autónomo u otras instituciones del Estado que pretendan subvertir el orden constitucional”.
De ser aprobada, esta propuesta avalaría las acciones que el gobierno en funciones aplique, como es el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno de la nación tomar el control de una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, si se ponen en marcha las medidas para su independencia.
El protagonismo de Albert Rivera y de Ciudadanos también ayudó a destrabar un acuerdo para nombrar a la nueva mesa directiva del Congreso de los Diputados.
Como partido bisagra, Ciudadanos se sumó a la propuesta de los socialistas y consiguió que el PP se abstuviera de presentar un candidato a la presidencia de la Cámara baja. De esta manera, con los votos del PSOE y de Ciudadanos, el socialista vasco Patxi López se convirtió en el primer presidente de las Cortes que no es miembro del partido mayoritario.
Divorcio progresista
Este acuerdo para votar a la presidencia y la mesa directiva del Congreso de los Diputados provocó un enfrentamiento entre Podemos y el PSOE, las dos fuerzas participantes en una posible alianza alternativa al PP. De hecho, el partido de Pablo Iglesias sólo obtuvo dos posiciones, pese a ser la tercera fuerza en importancia en el parlamento.
Iglesias tachó de “vergüenza” ese acuerdo y criticó a Sánchez por haber conformado un “búnker” con Ciudadanos y PP y haber cedido “sólo por conseguir una posición”, la presidencia de Patxi López. Asentó que este pacto es la antesala ante un posible convenio para que el PP llegue nuevamente a La Moncloa.
Los dos líderes se reunieron el martes para acercar posiciones, pero el resultado fue negativo.
Los socialistas y Podemos chocaron por la negativa del PSOE a apoyar que la formación de Iglesias tuviera cuatro grupos parlamentarios diferenciados en función de las candidaturas de coalición que presentó en Cataluña, Galicia y Valencia.
Pedro Sánchez discrepó de ese supuesto por la proporcionalidad en el hemiciclo y lamentó que Podemos no se sumara al acuerdo.
Sin embargo, esto ensancha el abismo entre ambos partidos para formar una alternativa de gobierno al PP.
En este inestable marco político, el rey Felipe VI iniciará la ronda de consultas entre los líderes de los partidos políticos que lograron representación parlamentaria, ejerciendo un papel de árbitro o moderador, a fin de proponer un candidato a la presidencia de Gobierno.
El monarca tendrá un escenario complicado y tendrá que implicarse a fondo, pues en caso de que no se pueda formar gobierno, es a él, como jefe de Estado, a quien le corresponda disolver las Cortes para que se celebren las nuevas elecciones. l
