La vendetta de Mamá Rosa

Durante meses, el presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, Juan Manuel Estrada Juárez, ha vivido bajo acoso sistemático. Según el activista, sus agresores son “los hijos de Mamá Rosa”, la dueña del albergue infantil de Zamora, Michoacán, a quien él denunció por el maltrato a los menores. Aunque ha presentado denuncias, dice a Proceso Jalisco, las autoridades han actuado con tibieza.

En diciembre de 2014, cuando recibió el premio nacional de Derechos Humanos, el activista Juan Manuel Estrada Juárez ya había recibido varios mensajes intimidatorios en su domicilio, que atribuye a “los hijos de Mamá Rosa”, la dueña del albergue La Gran Familia –ubicado en Zamora, Michoacán–, a quien él denunció por el maltrato que se infligía a los menores cautivos en ese lugar.

Los ataques se repitieron durante 2015, algunos de manera indirecta, pues los agredidos fueron su madre y uno de sus colaboradores, dice el presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (Find).

Cuenta que el hostigamiento incluyó un secuestro fallido, un intento de asesinato y cuatro amenazas verbales. Todos ellos por sus señalamientos contra el albergue de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como Mamá Rosa.

Al principio, Estrada utilizó sus cuentas de Facebook y Twitter para dar a conocer las intimidaciones; meses después, y tras presentar las denuncias correspondientes, en conversación con este semanario, hace un relato pormenorizado del acoso sistemático que enfrentó.

El 20 de noviembre de 2014, dice, a las 20:45 horas dos sujetos –presuntos “hijos de Mamá Rosa”– intentaron secuestrarlo en el estacionamiento de una tienda Soriana a la que había ido a surtir su despensa.

Estrada Juárez presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Expuso que salió del supermercado y se dirigió al estacionamiento para subirse a su auto, un BMW modelo 2009, cuando vio un vehículo con dos personas a bordo ( de entre 23 y 26 años) que se acercó al suyo. Él vio que uno de ellos iba armado y que incluso cortó cartucho y le apuntó a la altura de la cabeza; le gritó que dejara de meterse con el albergue de Mamá Rosa y le ordenó pasarse al asiento del copiloto. Él se negó y comenzó a forcejar con su agresor hasta que logró salir del auto.

Los agresores intentaron meterlo a empujones pero no pudieron, por lo que le pidieron las llaves y se llevaron el BMW hasta el Parque de la Solidaridad, en las inmediaciones de Tonalá, y ahí lo estrellaron. Antes, abrieron la cajuela del vehículo y se llevaron los expedientes del activista.

Estrada menciona que mientras eso sucedía, una patrulla de la Secretaría de Movilidad (Semov) estaba a unos metros de distancia, pero los uniformados no hicieron nada por detener a sus atacantes.

Los policías vieron cuando los presuntos plagiarios estrellaron el BMW pero no los detuvieron porque, según declaró el director jurídico de la Semov, Saúl Cotero Bernal, compañeros de los asaltantes arribaron al sitio fuertemente armados para defenderlos.

La fiscalía atrapó a uno de sus agresores, quien está preso por el delito de robo, pero no por intento de secuestro. El otro no ha sido capturado, cuenta a Proceso Jalisco el activista de Find.

Un mes después, el 24 de diciembre, Estrada descubrió en la puerta de su oficina una caja de cartón con una cabeza de cerdo; estaba pintarrajeada con símbolos esotéricos. El 6 de enero de 2015 recibió como “regalo de Día de Reyes” otro paquete en cuyo interior había 10 cabezas de pollo amarradas con un alambre y cruzadas por los ojos, con un mensaje que decía: “Felicidades a la familia”.

Las intimidaciones subieron de tono, relata. El 17 de junio pasado, dos sujetos armados irrumpieron en la casa de su madre, Irene Juárez, y le robaron dinero y alhajas. También maniataron a su empleado, Alfredo Hernández Trinidad, y antes de retirarse uno de ellos le espetó a la señora: “Dígale a su hijo que le vaya bajando de huevos”, según expuso Estrada ante la FGE cuando denunció el atraco.

El intento de asesinato

El 1 de agosto de 2015 Mamá Rosa envió a cuatro jóvenes que se criaron con ella para asesinarlo. Estrada acudió a la FGE a presentar su denuncia, que quedó en el expediente 373/2915-10757/2015.

En su relato, Estrada expuso que los cuatro jóvenes se le acercaron para reprocharle el cierre del albergue La Gran Familia. Ante ese acoso, él solicitó ayuda policiaca vía telefónica. Los uniformados llegaron al lugar y detuvieron a Cristian Emiliano Chávez Guajardo o Cristian Emiliano Chávez Barragán, así como a Félix Efraín Lizama Moreno, César Francisco Jiménez Paredes y Jonathan Alejandro Chávez Hernández, todos ellos procedentes del estado de Michoacán.

Según Estada, se trata de una venganza porque gracias a las quejas que interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por las denuncias que presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las condiciones insalubres en las que vivían los internos del albergue de Zamora, las autoridades cerraron el inmueble.

Desde 2011, a través de Find, Estrada denunció la privación ilegal de la libertad a los menores y el abuso que sufrían en el albergue La Gran Familia. En 2014, la PGR incluso levantó la indagatoria contra la dueña del lugar y sus principales colaboradores (expediente 168/2014).

El 15 de julio de 2014, la PGR rescató a 596 personas de las instalaciones del albergue de Zamora. Michoacán, y detuvo a Mamá Rosa, de 80 años, y a ocho de sus colaboradores. Semanas después, el 21 de julio, la octogenaria quedó en libertad por presunta inimputabilidad a causa de su edad, informó el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Según Estrada, el dictamen de inimputabilidad es inválido porque lo aplicó una psicóloga y no una psiquiatra, por lo que a finales de diciembre pasado, dice, la CNDH giró una recomendación a la PGR para que vuelvan a evaluar a Mamá Rosa.

Una de las hipótesis, dice, es que presuntamente gente que luego se integró a La Familia Michoacana salió del albergue porque la dueña del lugar está denunciada por “encubrir a mucha gente”, señala el presidente de Find.

Y argumenta: el único recurso que entraba directamente a la cuenta de Verduzco Verduzco era el dinero que le otorgaba el gobierno federal para becas; y aunque su escuela estaba catalogada como de excelencia, lo cierto es que sus muchachos no sabían ni escribir.

Admite que durante la administración de Emilio González Márquez, él envió al albergue de Mamá Rosa a más de 200 niños jaliscienses a través del Consejo Estatal de Familia, que dirigía Claudia Corona Marseille.

Hostigamiento creciente

El 15 de agosto por la noche, uno de los escoltas de Juan Manuel Estrada –se omite su nombre por cuestiones de seguridad– conducía su vehículo cuando comenzó a recibir insultos desde un Volkswagen Bora negro. Iba sobre Avenida Circunvalación cuando, poco antes de llegar al cruce con Avenida Américas, el auto negro se le cerró.

El escolta los evadió. Al llegar al cruce con Avenida Plan de San Luis el Bora volvió a alcanzarlo y se le cerró por segunda vez, pero él continuó. Al llegar al cruce de Mar Rojo, sus perseguidores lo alcanzaron. Él observó a tres personas dentro del Bora negro de entre 27 y 30 años, quienes le gritaron que tanto él como su jefe debían “bajarle de huevos”. Dijeron que no me tenían miedo.

El agente tuvo que estacionarse en una gasolinera por un momento; pero como continuaba la persecución, optó por incorporarse de nueva cuenta a Avenida Circunvalación. El conductor del Bora negro impactó su vehículo contra el de él. Dos de los agresores descendieron del Bora y se dirigieron a él, pero se percataron de que solicitaba ayuda por radio y estaba armado, por lo que huyeron del lugar.

–¿Qué ha hecho para recibir tantas amenazas? –se le pregunta al presidente de Find.

–He metido muchísima gente a la cárcel, son como 40.

–¿Todos pederastas?

–La mayoría… otros por delitos sexuales contra menores.

–¿Quiénes son los que más rencor le tienen?

–Los familiares de un canadiense. Está relacionado con el caso de Las Águilas –ocurrido en 2002 en Zapopan–, donde fueron detenidos cuatro estadunidenses (presuntamente relacionados con una banda de pederastas).

“La investigación se fue a Acapulco y allá fueron capturadas más de 30 personas. Uno de los detenidos era el director de la Orquesta Filarmónica de Canadá, de Vancouver, quien terminó por suicidarse, por vergüenza. Su familia comenzó a amenazarme, a decirme que lo había hecho por mi culpa.”

Según los reportes de la prensa de esa época, en la calle de Río Tuito había una casa que servía para enganchar a menores. En ese domicilio marcado con el número 725 acudían los menores, quienes por 250 pesos posaban frente a cámaras que videogrababan escenas de sexo explícito.

Find presentó una denuncia y la Agencia Federal de Investigación envió a sus agentes, quienes detuvieron a los estadunidenses James Hull, El Jimmy; Philip Anthony, El Tony, y Robert Kenneth Olson, El Güerito, en posesión de material de pornografía infantil.

Según las autoridades, los enganchadores eran mexicanos. Ellos contactaban a los menores en la zona de la Plaza Tapatía y les tomaban fotos y video que después vendían a través de internet a potenciales clientes de Estados Unidos (Proceso
Jalisco 100).

Estrada fue el único que enfrentó al entonces procurador estatal Tomás Coronado Olmos, quien durante el sexenio de González Márquez se vio implicado en casos de pedofilia (Proceso Jalisco 150).

Dice que quien le dio carpetazo a la averiguación previa contra Coronado fue Guadalupe Morfín Otero durante el último año que estuvo a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Hoy, Morfín Otero es regidora en el ayuntamiento de Guadalajara, que encabeza Enrique Alfaro Ramírez.

El presidente de Find refiere que a partir de este mes comenzará a apoyar a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, apoyado por el forense Alfredo Rodríguez García, “el único médico de la PGR que posee maestría y doctorado”.

Actualmente, Estrada tiene dos escoltas que le proporcionó la Secretaría de Gobernación. Cada seis meses, dice, debe someterse a un examen de riesgo para que no se los quiten. Comenta que incluso le instalarán cámaras de vigilancia en su casa y su oficina, además de geolocalizadores.

Estrada ha adquirido muchos reconocimientos, después de que el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos. A lo largo de 2015 recibió tres doctorados honoris causa, lo que le hace sentir bien, aunque aclara que su activismo está dirigido a transformar a la sociedad, no a ganar reconocimientos. l