Cansados por la falta de atención por parte del ayuntamiento tapatío, empleados de la Cruz Verde acudieron a Proceso Jalisco a documentar las irregularidades que arrastran desde hace años en las unidades de esa institución. A la falta de personal, se suma la carencia de equipo y medicamentos para atender a los pacientes que provienen de municipios jaliscienses, e incluso de entidades vecinas. Los empleados pensaban que con la llegada de Enrique Alfaro Ramírez al ayuntamiento les iría mejor, pero ya pasaron 100 días de su administración y las cosas no mejoran.
Durante sus primeros 100 días de gobierno, el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez no ha logrado que la Cruz Verde se componga. En sus unidades médicas la falta de medicamentos es notoria, lo que afecta a los pacientes y alarma al personal médico.
Trabajadores del Organismo Público Descentralizado (OPD) entregaron a Proceso Jalisco una carta en la que documentan las anomalías acumuladas en las últimas administraciones tapatías. Los pacientes, dicen, tienen que comprar gasas, algodón y jeringas para que los curen; también deben surtir sus recetas por su cuenta, pues la institución no les proporciona analgésicos, corticoides, antibióticos ni antídotos.
Peor aún, se quejan porque, dicen, las donaciones de equipo clínico que llegan desaparecen sin que nadie investigue ni se sancione a los directivos. Así pasó en diciembre de 2013, cuando el Comité Médico de la Asociación Industrial de El Salto, Jalisco, donó una computadora portátil, una cámara digital y un proyector al Centro Regional de Información y Atención Toxicológica (CRIAT).
El material fue recibido por Fernando Arias Corona, Martha Alicia Hernández García y Esmeralda Macías Serrano, empleados del CRIAT –ubicado dentro de la unidad Ernesto Arias, por la calle Los Ángeles, a un costado de la central camionera vieja–, en representación del doctor Alberto Iram Villa Manzano, actual jefe de Servicios de Toxicología.
Ya pasaron dos años y nadie sabe dónde están los aparatos, comentan los empleados del centro, al que llegan personas de los municipios de la entidad, así como de Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, por una dependencia especializada en atender picaduras de alacrán, serpientes venenosas y arañas. Cada año son cientos los pacientes que se atienden en el CRIAT, pues la Secretaría de Salud Jalisco no cuenta con instalaciones de ese tipo.
El problema no es la cantidad, sino la falta de medicamentos y sistemas de ventilación adecuados. El centro, dicen, tampoco tiene recursos para comprarlos. Cada ampolleta de Aracmyn, que se usa para las picaduras de araña, por ejemplo, cuesta alrededor de 3 mil pesos, en tanto que un kilo de carbón activado se cotiza en mil 200 pesos.
Con respecto a personal médico, en la unidad médica Ernesto Arias sólo hay dos urgenciólogos, un traumatólogo y un médico de consulta externa, quienes trabajan como pueden, lo que eleva el riesgo de muerte de los enfermos, comentan al reportero, al tiempo que le muestran un audio en el que uno de los médicos afirma que algunos pacientes han estado al borde de la muerte por falta de medicamentos y por el sistema de ventilación defectuoso.
Control laboral
Lo único que logró la administración de Alfaro Ramírez, dicen los promoventes de la carta, fue que todos sus compañeros del OPD se opusieran al checador de tarjeta para controlar su jornada laboral. Uno de los médicos generales explica que algunos de sus colegas trabajan también en otras unidades médicas y estarían más preocupados en checar su hora de ingreso que en atender adecuadamente a sus pacientes.
La medida fue impuesta por el titular de los Servicios Médicos Municipales, Fernando Petersen Aranguren, dicen los trabajadores, quienes también se quejan del Sindicato de Servidores Públicos del ayuntamiento de Guadalajara porque no los defendió.
“Hoy por hoy –exponen en su carta– del sindicato al cual pertenecemos, lejos de exigir la homologación salarial como primera premisa para que se lleven a cabo modificaciones de cualquier tipo a los médicos de base sindicalizados, tal parece que se encuentra apoyando las acciones emprendidas por la actual administración, lo que nos hace reflexionar qué tan conveniente es seguir dejando que se nos siga extrayendo de nuestro de por sí mediocre salario una cuota sindical quincena tras quincena.”
Confían en que la imposición de Petersen Aranguren sea revocada pues, según ellos, el artículo 13 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco indica que el cambio de titulares en las entidades públicas “no afectará los derechos de los servidores públicos”. Sin embargo, el secretario general del sindicato, Fernando Jaime Gaytán, no tiene voluntad de hacerlo.
La medida adoptada por la nueva administración agudiza la crisis que se inició en octubre pasado, cuando la OPD dejó de atender a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) por falta de pago de la institución federal.
Hoy, añaden los denunciantes, ninguna de las unidades de la Cruz Verde de la zona metropolitana de Guadalajara tiene certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El 29 de diciembre pasado, el comisionado de esa dependencia federal en Jalisco, Celso Montiel, declaró a la radiodifusora Notisistema que la certificación sólo avala que las unidades médicas están en condiciones óptimas de infraestructura y equipamiento necesario, como salas, quirófanos y áreas de rayos X.
El 23 de diciembre, el Seguro Popular firmó un convenio con el ayuntamiento de Guadalajara para restituir la prestación del servicio a sus beneficiarios en las unidades médicas de la Cruz Verde. Pagó 9 millones de pesos, que se invertirán en la compra de equipamiento, medicinas, contratación de personal y obras de infraestructura.
Sin embargo, ese mismo día el coordinador de Construcción de Comunidad del municipio, Bernardo Fernández Labastida, comentó a los reporteros locales que el recurso era suficiente. Les dijo que se requieren alrededor de 30 millones de pesos para arreglar las cinco instalaciones de la Cruz Verde.
“Este es un primer apoyo, quiero dejarlo claro, no es suficiente para poder llegar nosotros a la meta de la acreditación, pero estamos ya en pláticas para en las primeras semanas de enero hacer un convenio similar, o ver cómo le podemos hacer para que el gobierno del Estado o el Seguro Popular nos apoye”, expuso Fernández Labastida.
Afirmó también que el Seguro Popular adeuda al ayuntamiento de Guadalajara 73 millones de pesos por 104 mil servicios realizados a 64 mil derechohabientes entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2015.
Parasitismo
Los firmantes de la carta entregada a Proceso Jalisco aseveran que el doctor Gildardo Flores, quien asumió la coordinación de la unidad de la Cruz Verde Ernesto Arias la segunda quincena de octubre pasado, sólo labora de las 9:00 a las 16:00 horas.
En su ausencia, quien toma las decisiones es Irma Veliz Polanco, una amiga cercana a Flores que ni siquiera está incluida en la nómina.
Con respecto a la jefa administrativa, la odontóloga Brenda Livier Miranda Pérez, quien es apoyada por su colega Claudia Araceli Valdés, según los empleados inconformes, no cumple con el perfil.
También se quejan de un médico, Fernando Arias, porque, dicen, sólo trabaja los sábados durante 24 horas y algunos días festivos. Lo mismo sucede con el jefe de Servicios de Toxicología, Alberto Iram Villa Manzano –quien tiene también una plaza como investigador asociado A en el Instituto Mexicano del Seguro Social y es médico familiar adscrito a la Unidad 52 del IMSS–, pues sólo acude al CRIAT los domingos y un viernes cada 15 días para completar sus 30 horas laborales.
Dora Elizabeth Arriaga Rosa, hermana de Lorena Arriaga, esposa del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ingresó a la nómina el 15 de diciembre de 2012, cuando él era presidente municipal de Guadalajara. Su sueldo inicial era de 22 mil 294 pesos brutos; hoy es de 24 mil 440 pesos brutos, según la página de Transparencia del ayuntamiento.
Dora Elizabeth tiene plaza como médico especialista C y el pasado 16 de diciembre cobró 30 mil pesos de aguinaldo, pero nunca va al trabajo, dicen.
Por su parte, personal de la Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, ubicada en la calle Mariano Bárcenas, a espaldas del parque Alcalde, muestran al reportero fotografías de las malas condiciones del inmueble. Se observan cuarteaduras y humedad en las paredes del área de hospitalización y en un rincón de la rampa están abandonados cinco aparatos médicos.
El área verde que rodea los cuartos de hospitalización está llena de camillas inservibles, restos de camas y desechos metálicos; y en el interior, los colchones de las camas de hospitalización están sucios. l
