El gobierno argentino encabezado por Mauricio Macri no tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, hasta ahora se ha manejado, al decir de la oposición, “a golpe de decretos”. El más reciente de ellos ya causa revuelo: se trata de uno que borra la Ley de Medios expedida durante el kirchnerismo, la cual evitaba que los consorcios mediáticos se convirtieran en monopolios. Ahora podrán hacerlo, especialmente el Grupo Clarín. Y los críticos del régimen argumentan que esa medida es simplemente un pago de favores a ese grupo empresarial.
Buenos Aires.- El presidente Mauricio Macri desmanteló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, del 29 de diciembre. En los considerandos se aduce que la llamada Ley de Medios –buque insignia del anterior gobierno– era una “norma anticuada y distorsiva”.
La nueva norma se propone acompañar la “convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía –voz– y banda ancha –internet–”, según se lee.
Se define esta convergencia de servicios ofrecidos por un mismo soporte como “una realidad indiscutible” en los “países líderes del sector”. Entre ellos se menciona a Estados Unidos, México, Gran Bretaña y Australia. Se pretende de este modo dar impulso a las inversiones.
El decreto deroga los artículos que sustentaban el carácter antimonopólico de la Ley de Medios. Eleva de 10 a 15 el tope a la concentración de licencias de aire en el orden nacional y de tres a cuatro en el orden local. Permite la transferencia de licencias y prorroga 10 años el plazo de las vigentes. Elimina las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable, radio y televisión abierta. Las empresas de cable pasan a tener una licencia nacional única.
Estos puntos constituyeron el núcleo de la demanda presentada en 2010 por el grupo Clarín contra una ley que lo obligaba a desprenderse de gran cantidad de activos. Esta corporación de medios es la más importante de Argentina.
La disputa legal fue zanjada en 2013 por la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal argentino desestimó la demanda del grupo Clarín y dictaminó la constitucionalidad de la ley en todos sus términos.
El decreto sancionado por el gobierno de Mauricio Macri echa por tierra ese fallo y favorece así al poderoso consorcio multimedios. Deja sin efecto su “plan de adecuación” a la ley, que en los hechos nunca se hizo efectivo y que implicaba dividir al holding en seis empresas.
El negocio más rentable de Clarín, la televisión por cable, operado por Cablevisión, pasará a regirse por la Ley de Telecomunicaciones y ya no por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las telecomunicaciones se rigen por las normativas desreguladas de la Organización Mundial de Comercio. Los servicios audiovisuales, por el contrario, deben supeditarse al derecho de cada Estado a formular y aplicar sus políticas culturales.
Además el grupo Clarín podrá participar de inmediato en el negocio de la telefonía celular. Completa de este modo el denominado “triple play”, es decir, la oferta de servicios de internet, telefonía y cable.
El otro gigante del sector, Telefónica, es el segundo gran beneficiado por el decreto. A partir del 1 de enero de 2018 podrá ofrecer televisión por cable, el único negocio que le faltaba. La Ley de Medios kirchnerista vedaba esta posibilidad, desalentando la concentración en ambos sectores.
El decreto de Macri modifica además la Ley de Telecomunicaciones sancionada durante el gobierno kirchnerista. Fusiona las políticas de medios audiovisuales y de telecomunicaciones en aras de la convergencia tecnológica. Designa un nuevo organismo de aplicación común, el Ente Nacional de Comunicaciones, y el Poder Ejecutivo se asegura su control: nombra a cuatro de los siete miembros de un directorio que decide por mayoría simple.
Los principales operadores de los sectores audiovisual y de telecomunicaciones, que veían en la “Ley de Medios k” un obstáculo para la expansión de sus negocios, se han mostrado conformes con el decreto de Macri. La oposición kirchnerista, por el contrario, lo considera anticonstitucional y anunció que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diversos constitucionalistas, algunos muy críticos del kirchnerismo, cuestionaron la legalidad de modificar por decreto la ley más debatida en 32 años de democracia.
Necesidad y Urgencia
El Congreso argentino comenzará a sesionar nuevamente en marzo, tras un periodo vacacional. Cambiemos, alianza política por la cual Macri llegó a la Presidencia el pasado 22 de diciembre, no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Por lo tanto el gobierno se ha manejado hasta ahora simplemente a golpe de decretos.
El Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Medios afirma que “la crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios” determina “la necesidad de efectuar la reorganización y modificación normativa proyectada, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
En realidad, el oficialismo no cuenta con ninguna posibilidad de sancionar en el Congreso una ley que soporte su decreto. La oposición kirchnerista anunció que defenderá su Ley de Medios cuando la normativa requiera el trámite de aprobación parlamentaria.
“La única necesidad de urgencia es la de responder a los intereses” de Clarín y de su director ejecutivo, Héctor Magnetto, “de pagarles los favores que le han hecho en campaña y de tener un blindaje mediático por las medidas antipopulares que han puesto en marcha”, dijo Martín Sabatella, quien dirigió el organismo de aplicación de la Ley de Medios hasta su intervención y disolución por decreto, durante una entrevista con Radio Continental difundida el domingo 3.
El especialista en comunicación Martín Becerra, investigador de la Universidad de Quilmes, consideró en su cuenta de Twitter, el lunes 4, que “en vez de gestionar la adecuación de los multimedios a la ley, el Estado adecua la ley a la estructura y necesidades de los multimedios”.
Becerra siempre fue muy crítico de la implementación que hizo el kirchnerismo de la ley que supo alzar como bandera. De hecho, a la hora de obligar el cumplimiento de la ley, la presión no recayó del mismo modo frente a Clarín que frente a grupos mediáticos cercanos al kirchnerismo. La Ley de Telecomunicaciones, impulsada en 2014, contrariaba el espíritu de la Ley de Medios, al permitir el ingreso de las telefónicas al negocio de la televisión por cable.
Paradigmas
Becerra recalca, sin embargo, que la ley de Medios “consagró y amplió la noción del derecho a la libertad de expresión”. Y que “mientras el paradigma de la libertad de expresión como derecho social comprende obligaciones del Estado de garantizar acceso y desconcentración, el paradigma de la convergencia tecnológica en abstracto conduce –si no hay políticas expresas en otro sentido– a confiar en la regulación del mercado, toda vez que la economía gobierna la innovación tecnológica a nivel global”, sostiene en martinbecerra.wordpress.com.
“La convergencia es la posibilidad de ofrecer servicios de naturalezas disímiles a través del mismo soporte”, aclara Diego de Charras, director de la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires, en declaraciones a Página 12 del domingo 3. “Lo fundamental no es el soporte, a través del cual se distribuye el servicio, o en otras palabras el continente. Lo fundamental es el contenido. Y, por eso, las obligaciones del Estado al respecto”, sostiene.
Así lo entiende la directiva 65/2007 de la Unión Europea en la que se basó la Ley de Medios del kirchnerismo. En ella se reafirma la potestad de los Estados de regular los servicios audiovisuales, con el fin de proteger la producción cultural propia, fijando políticas de fomento y cuotas de pantalla.
“Sobre este punto los europeos siguieron los parámetros de la UNESCO, que fijó en su Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales –que Argentina suscribió– que ‘las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial’”, cita el especialista.
El decreto presidencial, por el contrario, trata a la televisión por cable no como un servicio audiovisual, sino como uno de telecomunicaciones. Estos se rigen por las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio y obligan a un tratamiento igualitario hacia los prestadores nacionales y extranjeros. La potestad del Estado argentino de asegurar el derecho de los ciudadanos de acceder a manifestaciones culturales diversas y plurales y robustecer así el debate democrático se restringe de manera drástica, en función de los intereses del mercado.
“Más allá de la coexistencia de servicios en el mismo soporte de distribución, mantener las lógicas de regulación separadas –y en la mayoría de los países también las autoridades de aplicación separadas– da cuenta de fundamentos y objetos de regulación diferentes”, expresa De Charras, recordando que incluso en Estados Unidos el cable se encuentra desde 1978 bajo la potestad de regulación estatal que rige el ámbito audiovisual.
“En el mundo político existe la coincidencia de que el Grupo Clarín es el principal beneficiado por los cambios que impulsa el gobierno de Mauricio Macri en el esquema de los medios de comunicación y las telecomunicaciones. En el mundo empresarial coinciden, aunque también reconocen que están todos contentos”, publicó el diario Perfil el lunes 4.
De hecho, el decreto les permitirá a todos los grupos mediáticos y telefónicos operar en internet, telefonía y cable, y ya ninguno tendrá que impulsar planes de adecuación que lo obliguen a desinvertir.
El jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, aseguró que con los cambios a la Ley de Medios se terminó con “la guerra del Estado contra el periodismo”, llevada a cabo, según dijo, por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El planteamiento resulta simplista. La Ley de Medios del kirchnerismo también es hija de la crisis terminal de 2001.
El kirchnerismo hizo suya la creciente crítica social hacia los grandes medios por su apoyo a los gobiernos neoliberales de los noventa y a la dictadura entre 1976 y 1983.
La madre de todas las batallas. Así denominó el kirchnerismo la disputa en el plano político, judicial y cultural para lograr que el Grupo Clarín deje de marcar la agenda política de los sucesivos gobiernos democráticos.
“Nunca antes la sociedad había discutido tanto y tan intensamente sobre los intereses y la regulación de los medios, poniendo así en entredicho su inmaculada concepción y la ideología de objetividad e independencia a la que tributaba el campo mediático desde hacía décadas”, apunta Becerra en el artículo citado.
El hecho de que la modificación de una ley trascendental se haga por decreto no sólo le resta legitimidad a la norma, sino que abre la puerta para que futuros gobiernos impulsen cambios por la misma vía.
