En Ocotlán las cosas se le complican al priista Enrique Robledo Sahagún y a Juan José Flores López, quienes fungieron como alcalde y síndico durante el trienio anterior. Ambos fueron denunciados por sus sucesores de Movimiento Ciudadano: El primero debe explicar cómo adquirió sus cuatro propiedades; al segundo le toca aclarar por qué firmó un convenio con la polémica empresa poblana Autotraffic, encargada de aplicar las escandalosas fotomultas a los automovilistas que circulen por Ocotlán.
OCOTLÁN.– El alcalde Paulo Gabriel Hernández Hernández, del partido Movimiento Ciudadano (MC), denunció ante la Fiscalía General del Estado a su antecesor, el priista Enrique Robledo Sahagún, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.
Hernández presentó su querella el 17 de diciembre pasado y entre sus fundamentos incluyó el reportaje “La magia financiera del alcalde”, publicado en este semanario el 29 de agosto de 2015, semanas antes de que tomara posesión de su actual cargo.
Según el reportaje, Robledo se posicionó en el PRI municipal y adquirió varias casas en cotos privados o fraccionamientos cotizadas en aproximadamente 5 millones de pesos, suma muy superior a lo que ha ganado en sus últimos seis años como servidor público en Ocotlán, primero como encargado de la hacienda municipal y luego como alcalde.
Una de las fincas citadas se ubica en el número 5765 del fraccionamiento Ciudad Tepeyac, en Zapopan. Mide 107.25 metros cuadrados y su valor comercial ronda los 2 millones de pesos, según las escrituras del Registro Público de la Propiedad (boleta registral 2294022). Robledo la compró el 7 de octubre de 2011.
El exalcalde tiene otra vivienda en Bulevar Valle del Silicio 33, colonia Nueva Galicia, en Tlajomulco de Zúñiga. Su valor es similar a la de Zapopan (boleta registral 2389839) y la obtuvo el 15 de febrero de 2013.
El 21 de marzo siguiente, Robledo se hizo de una tercera propiedad, esta vez en el fraccionamiento San Felipe, Calle Kenia número 140, en Ocotlán. De acuerdo con las escrituras del Registro Público su valor comercial es de 1 millón de pesos.
Tras interponer su querella, Hernández expresó: “Quiero aprovechar para decirles a todos los ciudadanos ocotlenses que estamos sentando precedentes y uno de los compromisos que tenemos es no solapar actos de corrupción y denunciar presuntos delitos que pongan en riesgo la integridad de nuestro municipio”.
Hernández también entregó una copia del documento a la Comisión de Responsabilidades del Congreso estatal para que se inicie un procedimiento contra su antecesor.
El alcalde y el síndico Carlos Álvarez Ramírez aseguran que Robledo Sahagún adquirió cuatro casas en varios municipios valuadas en 12 millones de pesos, siendo que su sueldo como servidor público en Ocotlán era de 4 millones 200 mil pesos.
El propósito de la denuncia es que Robledo compruebe de qué forma obtuvo el recurso económico para comprar las cuatro viviendas, sostiene Álvarez Ramírez.
Más querellas
En agosto pasado, este semanario sólo mencionó las tres propiedades citadas (Proceso Jalisco 564), pero el alcalde Hernández y su equipo localizaron una más: la del fraccionamiento Hacienda del Rincón –Calle Ruiseñor número 13, entre Coto de los Dolores y Coto el Sauz– cuyo valor catastral estimado es de 7 millones de pesos.
La denuncia presentada por Hernández fue respaldada por los regidores de MC y algunos ediles de representación proporcional.
Este semanario también informó que, según la nómina de Transparencia del ayuntamiento de Ocotlán, entre 2010 y 2012 Robledo era encargado de la Hacienda Municipal y cobraba 28 mil 312 pesos al mes. Es decir, en ese trienio obtuvo 1 millón 19 mil 232 pesos, cifra menor a los 2 millones de pesos que pagó por la vivienda de Zapopan.
De octubre de 2012, cuando asumió la alcaldía de Ocotlán, a febrero de 2013 –cuando compró la casa de Tlajomulco–, sólo tuvo ingresos oficiales por 308 mil 440 pesos, pues su sueldo mensual era de 61 mil 688 pesos.
Apenas comenzó 2016, la Fiscalía General del Estado envió un oficio al Congreso local en el que le solicita copia de la declaración patrimonial que Robledo presentó cuando fue funcionario del ayuntamiento de Ocotlán; al Registro Público de la Propiedad también le pide los documentos de las casas que presuntamente tiene el expresidente municipal.
Asimismo, la fiscalía puso como fecha límite el lunes 18 para que los demandantes, el alcalde y el síndico, ratifiquen la querella ante la Agencia del Ministerio Público adscrita al Departamento de Visitaduría de la Fiscalía Central.
En sus tres meses de administración, Hernández y Álvarez denunciaron también ante el Órgano de Control Disciplinario del ayuntamiento al anterior síndico, Juan José Flores López, quien presuntamente actuó en varias ocasiones contra los intereses del ayuntamiento ocotlense.
El pasado 4 de noviembre Álvarez dijo a los medios de comunicación de Ocotlán que presentaría la denuncia contra su antecesor, pero la entregó hasta el 11 de diciembre.
Según el documento, Flores López fue denunciado por la presunción de dolo en la firma del convenio firmado entre el ayuntamiento y Autotraffic, la polémica empresa poblana encargada de aplicar las fotoinfracciones a los automovilistas en Ocotlán y una treintena de ciudades del país.
En Puebla, Pachuca y la Ciudad de México la firma poblana ha causado polémica por las fotomultas y el elevado porcentaje que se lleva. Fundada el 3 de noviembre de 2003, Autotraffic pertenece a Jaime Enrique Ferrer Aldana y Alfonso Miguel Vélez, según informó el 8 de septiembre pasado el diario Cambio de Puebla.
El lunes 4, la coordinadora de MC en la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta, presentó una solicitud ante la Secretaría de Economía para que investigue si los aparatos de Autotraffic cuentan con las certificaciones y consideraciones establecidas en las normas oficiales mexicanas para la operación de los aparatos que se ocupan para las fotomultas.
De acuerdo con el síndico de Ocotlán, el convenio es perjudicial para el ayuntamiento; además, dice, para invalidarlo, la autoridad debe pagar 4 millones de pesos a la compañía.
Otra anomalía de Flores López, agrega el denunciante, es la mala defensa que hizo ante la Comisión Nacional del Agua, que aplicó al ayuntamiento dos multas por medio millón de pesos, que pudieron evitarse, pero las autoridades no interpusieron los recursos adecuados. l
