Jueces municipales y policías señalan al director operativo de la comisaría, Camilo González Lara, de no respetar un acuerdo con la Fiscalía General del Estado y la PGR para remitir de inmediato a sus detenidos al Ministerio Público. El comisario Salvador Caro Cabrera defiende a su segundo y afirma que son los jueces quienes retrasan las remisiones. Lo grave es que ambas instancias se atribuyen el mismo objetivo: favorecer a los delincuentes.
El director operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, Camilo González Lara, detiene a personas sin motivo alguno y asegura vehículos sin llenar actas, sostienen policías de la corporación en una carta que entregaron a Proceso Jalisco.
Señalan que dicho funcionario también retrasa la presentación de los detenidos ante el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común, para prolongar su proceso, con lo que los presuntos criminales ganan tiempo.
Los agentes anexaron copias de actas levantadas contra González Lara ante los juzgados municipales, donde consta que el 24 de octubre pasado dos policías se presentaron alrededor de las 10:00 horas ante el juez municipal, Reyes Baltazar López López, en la calle Pablo Valdez 3385 y le pidieron orientación para remitir a un detenido que portaba “varios tiros útiles de diferentes calibres” y varias bolsas de plástico que en su interior contenían “al parecer estupefaciente conocido como cocaína base”.
Según ese documento, López López y el secretario del juzgado, Carlos Alberto Zárate, les comentaron a los oficiales que para salvaguardar el principio de inmediatez debían poner directamente al detenido a disposición del Ministerio Público federal y del fuero común en la Agencia Mixta de la Calzada Independencia Norte 480, junto con los objetos asegurados.
“Esto, con la finalidad de que no transcurriera mucho tiempo en la puesta a disposición, toda vez que la precipitada autoridad federal estaba abriendo averiguaciones a los policías cuando dilataban injustificadamente en poner a disposición a los retenidos”, continúa el documento.
Sin embargo, del mismo oficio se desprende que los policías no remitieron al detenido adonde se les indicó, sino que lo mantuvieron en el patio de maniobras del cuartel de la Zona 6, en espera de indicaciones de sus jefes.
El juez López López menciona que el no haber aceptado que se remitiera al detenido en su instancia suscitó la molestia de González Lara, quien alrededor de las 11:00 horas se comunicó al juzgado y agresivamente le dijo a Zárate “que no queríamos recibir el servicio y que sólo los bateamos, que éramos unos flojos”. Después cuestionó, textualmente, “entonces qué chingados hacemos y que esto ya va a cambiar”.
El juez municipal menciona que González Lara incluso amenazó con detenerlos y aproximadamente a las 17:00 horas fue al juzgado para increparlo: “El licenciado Camilo González Lara inició la charla diciéndome: ‘Lic., ¿por qué tanto problema para recibir a los detenidos?”.
López López le explicó que había un acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) para remitirles a los detenidos en forma directa y con inmediatez, con la finalidad de salvaguardar su seguridad jurídica, ya que la autoridad federal está abriendo averiguaciones a todos los policías que demoran en poner a disposición a los arrestados.
“Una vez escuchado lo anterior, el licenciado Camilo González Lara me manifestó que cuando ocurrieran estos casos lo apoyáramos con decirle a los policías que traían el servicio el nombre del Agente del Ministerio Público con quien tenían que llegar a presentar al detenido, concluyendo la charla con el intercambio de celulares a fin de estar en comunicación constante.”
En otra acta con fecha del 27 de octubre, el juez Tercero municipal, José Guadalupe Díaz Saavedra, informa al titular de la Unidad de Juzgados Municipales, Ernesto Cástor Castanedo Medina, que el día 14 del mismo mes alrededor de las 21:00 horas recibió una llamada proveniente del estacionamiento oficial de la corporación C-95 y que el encargado del mismo le notificó que los policías de las unidades G-638 y G-465 remitían un automóvil sin reporte de robo, sin averiguación previa ni registro de falta administrativa, por lo cual no se admitió su ingreso.
Ese hecho, afirma Díaz Saavedra, molestó al director operativo de la Comisaría de Seguridad Pública, quien se presentó a las oficinas del juez Primero municipal, Gerardo Nille Molina, “con lujo de prepotencia” para manifestarle que “el suscrito era un ignorante e incompetente al no ejecutar sus indicaciones y debido a ello iba a exigir la destitución”.
De acuerdo con los policías que entregaron la carta, al menos son una decena de casos en los que “detienen personas sin argumento alguno, aseguran vehículos sin llenar actas, ni reportes, mantienen detenidos sin presentarlos al Ministerio Público federal o del fuero común, dilatando la justicia y favoreciendo al criminal”.
La defensa de Caro Cabrera
Entrevistado al respecto, el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, Salvador Caro Cabrera, dice conocer la queja del juez López López, pero niega que se deba remitir a los detenidos directamente al Ministerio Público federal o del fuero común, pues la corporación que encabeza no es policía investigadora.
Precisa que el detenido al que se refiere el oficio del juez municipal fue turnado primero con un juez y éste a su vez lo remitió con otro, en espera de que el director operativo se cansara para liberar al sujeto.
“Nosotros nunca remitimos al fuero federal por una razón simple: es la fiscalía la que tiene el registro de personas y el registro de armas. Nosotros, cuando hacemos una detención, lo primero que buscamos es si hay antecedentes penales del detenido, pero en este caso concreto los jueces
trajeron al detenido de un juzgado a otro unas 11 horas. Lo que querían era que nosotros nos descuidáramos para ellos liberarlo”, afirma Caro Cabrera.
Precisa que los jueces municipales deben remitir a los detenidos después de ordenar una revisión médica, pero en este caso “se pasaron la bolita por alguna razón que nosotros no logramos comprender y lo único que nosotros necesitábamos fue una detención en la Zona 6, que el juez municipal emitiera un oficio para remitir, porque nosotros no podíamos remitir directamente a una Agencia del Ministerio Público”.
El comisario de Seguridad Pública aclara que ese es el único caso que conoce, y no de una decena como mencionan los policías en su carta.
“A muchos policías se les instruye hacer detenciones y no las quieren hacer porque les parece una pérdida de tiempo, porque una remisión te saca de tu turno. Por ejemplo, estás en un servicio, llega un grupo de policías y el comandante designa de los que llegaron quién remite. A muchos no les parece, se quejan porque si están de salida, les toca a las seis de la tarde, les asignan el caso o están en horas imaginarias, pues ya se fregaron hasta el otro día en la mañana”, dice.
Sin embargo, esta postura de Caro Cabrera contradice el artículo 16 Constitucional, el cual establece que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, existirá un registro inmediato de la detención”. l
