Las personas que reciben atención médica desde 1992, cuando las explosiones que devastaron el Sector Reforma de Guadalajara las mutilaron o lesionaron de gravedad, tuvieron que movilizarse otra vez para que el Hospital Regional de Occidente les surtiera los medicamentos que necesitan para vivir. Desde junio pasado el gobierno de Aristóteles Sandoval se desentendió de sus problemas; después dejó de aportar recursos para el fideicomiso que garantiza los servicios… hasta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo emplazó a reanudar la ayuda.
Los 63 lesionados por las explosiones del 22 abril de 1992 en el Sector Reforma de Guadalajara enfrentan un fin de año con mayores riesgos de salud, ante la reiterada negativa del gobierno estatal para cubrir un adeudo de 2 millones de pesos al fideicomiso que garantiza el pago de sus medicamentos.
El jueves 17, integrantes de la organización 22 de Abril en Guadalajara presentaron su tercera queja en 23 años ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en contra del Ejecutivo, específicamente la Secretaría de Salud y el Hospital Regional de Occidente (expediente 1901/2915/IV).
El documento indica que las autoridades señaladas dan un trato “inhumano” a los sobrevivientes de la tragedia que, en cifras oficiales, dejó 210 personas muertas y una devastación de 8.5 kilómetros de calles y viviendas la mañana del miércoles de Pascua de 1992.
Hoy no queda claro el número de lesionados. De manera oficial se informó que se registraron 600, pero muchos fallecieron en estos 23 años que han pasado; mientras que otros lograron recuperarse totalmente y 63 continúan con sus padecimientos.
Ellos están inscritos en el fideicomiso que se formó en la administración del entonces gobernador panista, Alberto Cárdenas Jiménez, para darles servicios médicos, fármacos, una pequeña pensión y gastos funerarios en caso necesario. La falta de pago a ese fideicomiso provocó que el Hospital Regional de Occidente dejara de surtir los medicamentos.
El viernes 18, la CEDHJ le dio entrada a la queja, firmada por 17 personas que encabeza Ana Lilia Ruiz Chávez. El expediente se turnó a la Cuarta Visitaduría de la comisión.
Ruiz reclama: “Parece que nos quieren ver muertos, todo hace indicar que así les convendríamos mejor. Pero aunque no nos quieran ver somos el testimonio de una de las peores tragedias de Jalisco y México, de la que nosotros nunca fuimos responsables”.
Cuestiona que no se haya sancionado a Pemex pese a los indicios de que fue culpable del derrame de cientos de miles de litros de gasolina al Colector Intermedio Oriente, que al gasificarse provocó las explosiones.
La líder de los damnificados señala que muchas veces han sido burlados por los políticos que han llegado al gobierno del estado desde 1995, incluidos dos gobernadores priistas y tres panistas, que han usado sus demandas para ganar votos.
“Independientemente del partido, el trato no ha sido el mejor y siempre tenemos que reclamar para conseguir los apoyos que requerimos”, dice Ruiz.
Recuerda que en 2014 Sandoval Díaz les ofreció un número de teléfono celular para que hablaran directamente con él. Al siguiente año hubo elecciones. “Ese número es el 0443336678672, pero ya no lo contesta”, comenta Ruiz.
Una de las promesas del mandatario fue que inyectaría recursos al fideicomiso para proporcionarles servicios médicos y medicamentos. Sólo la cumplió año y medio.
“En todo ese tiempo, 2014 y parte del 2015, tuve la oportunidad de comunicarme con el gobernador al menos en 20 ocasiones…Yo me sentía muy protegida, sabía que cuando hubiera algo urgente podía hablar con él.
“No quise abusar de ese privilegio que nos concedió y por eso acudí en contadas ocasiones, sólo cuando era estrictamente necesario. A veces ni lo llamaba porque sabía que estaba muy ocupado y le enviaba un mensaje de texto.
“Siempre me contestó. El mismo día que le enviaba alguna solicitud o le planteaba un requerimiento, yo recibía respuesta y las demandas se resolvían, sin importar de qué se tratara.”
Pero en las elecciones del 7 de junio, en las que el PRI perdió los principales municipios conurbados, Sandoval Díaz se olvidó del compromiso con los 63 sobrevivientes de las explosiones. Ruiz afirma que el número celular está bloqueado.
“Como no le llamaba a diario no supe cuándo se bloqueó… pero pasó después de las elecciones del 7 de junio, entonces ya no me pude comunicar con él”, aclara.
La entrevistada recuerda que el fideicomiso para la atención a los lesionados del 22 de abril se creó durante la administración del primer gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas. Ante la falta de atención de las instituciones, se logró con la movilización de los lesionados.
“Cómo olvidar que Cárdenas Jiménez vetó un raquítico aumento a la mensualidad que habíamos conseguido, que era de mil 200 pesos. No estuvo de acuerdo con que se nos diera un peso más, aunque el dinero provenía de Pemex, que se ofrecía quizás para lavar su culpa, pero el entonces gobernador lo rechazó.”
Al siguiente gobernador panista, Francisco Javier Ramírez Acuña, lo recuerdan por la virulencia con que actuó contra los afectados. En su administración, en 2006, agentes de la entonces procuraduría local detuvieron a Ruiz supuestamente por golpear a un taxista.
La aprehensión se realizó el 14 de febrero de 2006, día en que las autoridades estatales desmantelaban el consultorio 22 de abril del Hospital Regional de Occidente. El verdadero motivo, dice Ruiz, era su oposición a que cerraran ese espacio dedicado a su atención médica. A final de cuentas el servicio se siguió otorgando.
Dice que el gobierno también panista de Emilio González Márquez mostró frivolidad y lejanía: “Para el gobierno de Emilio los lesionados nunca existimos, y para nosotros su administración fue sólo un tiempo perdido en nuestras vidas”, comenta Ruiz.
“Él se mostraba más preocupado por la construcción de las Villas Panamericanas u otros asuntos que demostraban la frivolidad de su gobierno”, apunta.
En tanto ella, la líder de la organización 22 de Abril, perdió una pierna en las explosiones y dice que hace semanas tuvo que dejar la prótesis porque le causó una herida profunda en el muñón de su pierna e intensos dolores. Ahora pasa casi todo el tiempo en su silla de ruedas.
En octubre pasado, los lesionados tuvieron que esperar 28 días para recibir un pago. En noviembre se repitió la situación, y lo mismo ocurrió los primeros 20 días de este mes. Por eso decidieron acudir a la CEDHJ.
Emplazamiento
Mientras los heridos de las explosiones de 1992 sufrían para obtener sus medicamentos, la prensa local informaba que los magistrados y el gobernador recibían aguinaldos que iban de 277 mil a 390 mil pesos cada uno.
“Con el dinero de los aguinaldos de cinco o seis funcionarios de ese rango nosotros tendríamos para pagar los adeudos que tiene el fideicomiso, para que se destrabara la entrega de medicamentos”, lamentan los afectados.
Cuando su queja fue admitida por la CEDHJ, la Cuarta Visitaduría emplazó por escrito al secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, a que responda en un plazo no mayor de 15 días e informe sobre los señalamientos de los inconformes.
En el mismo documento, la comisión dicta medidas cautelares para que Salud Jalisco y el responsable del Hospital Regional de Occidente, José Miguel Van-Dick Puga, “restablezca en forma inmediata” el suministro de medicamentos para los afectados por la tragedia.
Al cierre de la edición se informó que el suministro de medicamentos comenzó a fluir lentamente después del día 20. Este medio solicitó una entrevista con el secretario de Salud y con el director del Hospital Regional de Occidente, pero ninguno de los dos funcionarios respondió.
