La detención del dirigente nahua Miguel Monroy Gerardo por el supuesto despojo a un particular no se sostiene legalmente, dice el defensor del Consejo de Mayores de Ayotitlán, Jaime Hernández. Afirma que se trata de un litigio agrario en el que no se ha recurrido al tribunal correspondiente, lo que indica que es parte del hostigamiento contra los líderes que más se han opuesto al avance de las mineras en la sierra.
En la comunidad nahua de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, no cesa el hostigamiento. El miércoles 16, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron al dirigente Miguel Monroy Gerardo y a Marciana de los Santos López, acusados de despojar de un terreno al particular Marcelino Bracamontes.
Los policías llevaban la orden de aprehender a otra veintena de personas, entre ellas el líder del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla Roblada, pero no los encontraron, señala el abogado del dirigente comunal, Jaime Hernández Lamas, adscrito a la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara.
César Díaz, extitular de la UACI, relata que los agentes fueron al domicilio de Monroy en la comunidad de Loma Colorada, y cuando él salió a ver qué pasaba lo subieron a la patrulla sin explicación alguna.
De la misma forma aprehendieron a De los Santos López en la comunidad de La Huaca. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Vigésimo Noveno Partido Judicial con sede en Cihuatlán.
Para el abogado Hernández Lamas, el cargo contra los indígenas no es de la materia penal, sino agraria, pero el supuesto propietario no ha reclamado la posesión de la tierra en un tribunal agrario:
“Es un asunto estrictamente agrario que no se ha desahogado en el tribunal competente, no es materia penal. Para haberles configurado el delito de despojo, el denunciante debió acreditar que le asistía algún derecho, cuando menos precario, y sabemos que no es así.”
Precisa que el delito imputado data de 2012, cuando el particular interpuso una denuncia contra un grupo de mujeres de la comunidad por presuntas lesiones y despojo del terreno en disputa.
Agrega el abogado que la averiguación del Ministerio Público de Cuautitlán se cerró en 2013, sin cargos para nadie por falta de elementos. Sin embargo, el caso fue reabierto por el juez Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, David Axel Ruvalcaba, después que Bracamontes logró en apelación que la primera sala del Tribunal de Justicia del Estado ordenara las detenciones.
A su vez, Díaz precisa que el predio en litigio está en La Huaca, aproximadamente a 10 kilómetros de Ayotitlán, mide aproximadamente 14 hectáreas, y quien lo tenía en posesión lo vendió indebidamente a Bracamontes, ya que por ley los terrenos ejidales no pueden traspasarse.
El extitular de la UACI señala que el empresario ya estaba construyendo una finca en el lugar cuando un grupo de mujeres se enteró y dio aviso al Comisariado Ejidal, que les asignó ese predio para que cultivaran frijol, maíz, calabaza, chile y jamaica.
Asegura que de ese huerto depende hasta 40% de la alimentación en La Huaca y una parte se destina para el autoconsumo de Loma Colorada y Telcruz, por lo que es de suma importancia para la comunidad. No obstante, Díaz cree que no es coincidencia que se hayan librado órdenes de aprehensión contra los líderes que siempre se han opuesto a las grandes empresas mineras: Gaudencio Mancilla, Juan Mancilla, Vicente Hermenegildo y Miguel Monroy, entre otros.
“Vemos en el trasfondo una forma de golpear a los liderazgos para poder avanzar con el proyecto de la minería ilegal, que está en un momento muy álgido en la sierra, están queriendo volver a abrir las minas ilegales. A pesar de que el precio del hierro se haya caído a nivel mundial, sigue siendo un buen negocio… Es el pretexto ideal para perseguir a los líderes, encarcelarlos y tener el camino libre para explotar la mina”, explica.
El domingo 20 una brigada de la UACI salió hacia la comunidad de Ayotitlán, 300 kilómetros al sur de la capital del estado, en los límites con Colima, para conocer lo ocurrido y entregarle a cada señalado por Bracamontes una copia del amparo 1940/2015-2, que obtuvo el defensor Hernández Lamas en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.
Al corte de la edición, el litigante aún esperaba que el juez en turno dictara el auto para que Monroy y De los Santos enfrenten el proceso en libertad.
El mismo fin de semana, el Consejo de Mayores convocó a una asamblea en Ayotitlán. Ahí, Gaudencio Mancilla dijo que pistoleros de Bracamontes han amenazado de muerte a las mujeres que instalaron el huerto.
Algunos de los asistentes propusieron pedir una audiencia con el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, quien les prometió el 31 de agosto de 2013, en una visita relámpago, terminar con los ataques a la comunidad y dotarla de servicios básicos e infraestructura.
Aquella vez el gobernador conversó con Mancilla, quien durante las últimas semanas de junio se había refugiado en la sierra porque un comando armado llevaba días acosándolo.
El gobernador prometió ayudarlo. El 23 de diciembre siguiente el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal condenó a Mancilla a tres años y tres meses de prisión por portación ilegal de arma (Proceso Jalisco 481). El dirigente nahua no entró a prisión gracias a la labor de Hernández Lamas, pero no pudo revocar la decisión del juez federal, que le retiró sus derechos civiles y políticos durante tres años (la penalidad vence a finales de 2016).
Talamontes, mineras y crimen organizado
Díaz expone que Monroy es uno de los líderes más connotados de la comunidad de Ayotitlán, de la cual es delegado ante el Consejo Estatal Indígena; fue pionero en la fundación de la Reserva de la Biosfera en la Sierra de Manantlán y enfrentó a grupos de talamontes en la década de los ochenta.
“Ha estado combatiendo a las minas legales e ilegales y es miembro del Consejo de Mayores. Recientemente acaba de terminar su periodo como presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena”, señala.
En 2007, el líder nahua evidenció cómo la comunidad indígena había sido despojada de la mina Los Juanes por grupos ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Díaz insiste que el encarcelamiento de líderes se ha vuelto una táctica recurrente para quitarlos del camino de las mineras, pues mientras éstas avanzan ellos deben ocuparse del juicio.
Comenta que familiares de Monroy le contaron que lo sacaron de su casa en la madrugada, de forma violenta y sin mostrar la orden de aprehensión. Según ellos, lo detuvieron con un citatorio sin firma del Ministerio Público y con sellos de la Policía Investigadora de Casimiro Castillo, cuando los agentes que se llevaron al líder eran de Cihuatlán.
Hernández Lamas indica que el “papelito” que traían los elementos de la FGE para llevarse a los detenidos era una “carnada con la que pretendían apañarlos porque ya había una orden de aprehensión” contra ellos.
Díaz recuerda que así operó el grupo armado que se llevó a Celedonio Monroy Prudencio hace poco más de tres años de su casa en Loma Colorada y lo desapareció. Dice que probablemente Monroy Gerardo hubiera corrido la misma suerte si su familia no hubiera dado pronto aviso a la UACI.
Los detenidos y otros dirigentes nahuas encabezan la resistencia de los indígenas del sur de Jalisco contra la minería a cielo abierto y se oponen al despojo de sus recursos naturales por empresas mineras, tanto legales como clandestinas.
Además, señala Díaz, los miembros de la delincuencia organizada siguen “paseándose” por la comunidad sin que nadie los moleste, y no se ha concretado la promesa del gobernador de enviar guardias de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
El sábado 19 el fiscal general, Eduardo Almaguer, anunció que ya no ejercería acción penal contra los otros 20 denunciados indígenas hasta que el área jurídica de la dependencia revisara si las órdenes de aprehensión son legales.
“No fue una orden de la FGE. El caso está sujeto a revisión, pues la fiscalía no se va a prestar a que los litigios de tierras los resuelvan por la vía penal y a partir de la utilización de la justicia para presionar a estos líderes sociales”, declaró.
No obstante, legisladores federales de Movimiento Ciudadano hicieron un exhorto al gobernador del estado para que se respeten los derechos de las comunidades. Además, acordaron presentar un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue las presuntas violaciones a las garantías de los pueblos indígenas jaliscienses.
