Hace dos décadas, Instalaciones Fica obtuvo la cesión de 64 mil metros cuadrados para un desarrollo turístico y comercial en Vallarta, pero el proyecto se extravió durante años. Sin embargo, a principios de octubre pasado el titular de Turismo del estado, Enrique Ramos Flores, y el representante de Administración Portuaria Integral de Vallarta, Miguel García Beltrán, dieron a conocer el anteproyecto para la modernización y ampliación de la terminal marítima vallartense. El representante de Fica, Rubén Figueroa, dice que no se pueden violar los acuerdos firmados hace 20 años y expone sus argumentos.
Sin tomar en cuenta que desde hace 20 años Instalaciones Fica obtuvo de Puertos Mexicanos y Marina Mercante la cesión parcial por 40 años sobre una superficie de 64 mil metros cuadrados de los derechos de uso y explotación comercial y turístico, el representante de la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta (API), Miguel García Beltrán, y el secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos Flores, anunciaron a principios de octubre que en ese sitio se construirán obras por 400 millones de pesos.
El 7 de octubre en Cozumel, Quintana Roo, durante la 22 Conferencia Anual de Cruceros de la Florida-Caribbean Cruise Association (FFCA), Ramos Flores anunció el anteproyecto para la modernización y ampliación de la terminal marítima de Puerto Vallarta, que incluye la construcción de un museo del tequila y un acuario.
En ese evento, García Beltrán agregó que en esa obra se invertirán alrededor de 400 millones de pesos con recursos privados: 250 millones para el acuario y 150 millones para la terminal de pasajeros, en ambos casos se realizarían con recursos privados. También habló de una terminal de pasajeros y otros servicios.
Tres semanas después, el día 27 de ese mes, Rubén Figueroa López, administrador general de Fica, envió a Ramos Flores un escrito en el que le expone que su empresa libra una batalla legal para hacer valer un viejo contrato por el que pagó 35 millones de pesos a los funcionarios de la paraestatal Puertos Mexicanos y Marina Mercante, la cual fue privatizada en 1994 y ahora su razón social es API (Proceso Jalisco 92).
Figueroa López considera que García Beltrán omitió hablar del contrato de cesión parcial de derechos suscrito en 1995 entre API, dueña de la concesión del puerto de Vallarta, y la empresa que él administra.
Las omisiones
El enredo legal comenzó el 6 de febrero de 1991, cuando Fica solicitó a Puertos Mexicanos y Marina Mercante la concesión para construir un centro comercial, un mercado de artesanías y un hotel, entre otros negocios en una superficie de 64 mil metros cuadrados (expediente DPM-PV-006/91).
En ese tiempo el área operativa de Puerto Vallarta era aproximadamente de 90 mil metros cuadrados, pero sólo ocupaba 30% del espacio, incluido el único muelle de cruceros. En esa operación estuvieron involucrados los vocales ejecutivos de la paraestatal, Pedro Pablo Zepeda Bermúdez y Francisco Martínez Narváez, así como Feliciano Garciarramos Larrauri, delegado y director local del puerto.
El proyecto fue avalado por la vocalía de planeación de Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Héctor López Gutiérrez.
El 14 de marzo de 1991, Fica entregó a Garciarramos un cheque por 35 millones de pesos a favor de Puertos Mexicanos y Marina Mercante, delegación Puerto Vallarta, como garantía de la solicitud. El 11 de diciembre de ese mismo año, Pedro Cervantes Campos, director jurídico de la SCT, comunicó a Puertos Mexicanos y a Fica la autorización para construir el centro comercial Puerto Marina.
El 10 de julio de 1995 la API y Fica suscribieron el contrato de cesión parcial de derechos para el uso y aprovechamiento de la superficie mencionada. El trámite se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Puertos, fracción I y II, último párrafo, y en el título de concesión para la API Vallarta, en la condición vigésima segunda fracción II.
Sin embargo, el 29 de octubre de 1997 las autoridades le impidieron a Figueroa López iniciar las obras previstas en el contrato. La API Vallarta le comunicó que “en la administración portuaria no obra ningún documento referido de nuestra gestión desde el año 1991, ni del contrato de cesión parcial de derechos”.
“¿Qué destino se le dio a toda la documentación de mi representada desde el año 1991?”, comenta el administrador de Fica a la reportera.
Las demanda
Once años después, el 22 de julio de 2008, la empresa presentó una demanda civil contra la API (expediente 254/2008-IV) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil de Jalisco. No obstante, la querella fue remitida indebidamente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, cuyos responsables la desecharon con el argumento de que se trataba de un tema mercantil.
Dentro del proceso legal, la SCT respondió que el 29 de junio de 1993, fecha en que Fica solicitó la concesión, “no existía la API –que fue constituida el 22 de junio de 1994– ni la figura de cesión parcial de derechos (a Fica). Por lo que se pretende fundar la solicitud en la Ley de Puertos que fue promulgada el 19 de julio de 1993 y entró en vigor al día siguiente”.
Según la SCT, el 10 de julio de 1995 se suscribió “aparentemente” un contrato de cesión parcial de derechos. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo de todo lo actuado en documentos, la dependencia estableció que la Dirección General de Puertos resolvió el 28 de noviembre de 1997, mediante el oficio 115.2880.97, “que el supuesto contrato carece de los requisitos legales exigidos para ser registrado y no puede surtir efecto”.
En su escrito del 27 de octubre pasado, el administrador de Fica expone que “la última sentencia resolutiva deja a salvo los derechos del contrato, pues en ningún resolutivo se sentencia su nulidad. Por lo tanto, los derechos que emanan del mismo dejan en la discrecionalidad de ejercer los procesos legales correspondientes a su titular o en su caso negociar en los términos contractuales la entrega de las prestaciones o penalidad que enuncia el contrato”.
Figueroa López reitera: “Los contratos como el que suscribieron la API con Fica no se archivan. No se pueden borrar derechos en un archivero, menos aun cuando dicho contrato se rige por disposiciones del derecho privado. En este caso, API Vallarta en ningún momento ha rescindido dicho contrato”.
Ese criterio legal lo confirmó la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados mediante el oficio DGJ-F (02)-1772/99, fechado el 14 de septiembre de 1994 y dirigido al administrador único de Fica. Según el documento, las operaciones de API están regidas por disposiciones de derecho privado.
Figueroa López le subraya al titular de Turismo que si el proyecto que anunció en Cozumel a principios de octubre último se encuentra dentro de los límites del área concesionada a Fica: “Tome cartas en el asunto y evite que lo vuelvan a engañar”.
Y le recuerda que en su fracción cuarta, el contrato de cesión parcial de derechos establece que Instalaciones Fica está obligada a hacer una inversión para construir, conservar y dar mantenimiento al área.
Las razones de Fica
Hoy, la inversión de Fica “podría llegar hasta los 300 millones de dólares, conforme al último anteproyecto presentado” y, según Figueroa, incluiría un área de ingreso peatonal y vehicular cubierto, así como oficinas de migración, agencias comerciales, servicios generales y controles de ingreso al recinto portuario.
Además, incluye la construcción de un hotel de gran turismo de 250 habitaciones y otro de nivel ejecutivo con 120, además de un área de casinos en tres niveles, un auditorio con 600 butacas y plazoletas para 2 mil 500 personas, entre otras instalaciones.
Figueroa López le dice al titular de Turismo en su escrito: “Sin menospreciar la inversión que acaban de anunciar (en Cozumel) de 24 millones de dólares, con la que tendría que realizar Fica de 200 a 300 millones de dólares, no hay comparación, pero con esto se demuestra el sinnúmero de obstáculos que mi representada ha enfrentado durante más de una década”.
Hasta el cierre de edición, el funcionario no había respondido al administrador de Fica.
El 20 de marzo de 2014, Figueroa Flores envió una tarjeta informativa al coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, para que conociera de manera directa el asunto. El funcionario le respondió por escrito que los recursos jurídicos presentados por Fica contra API fueron desechados en tribunales:
“Dada la defensa legal realizada por la PGR y SCT, por conducto de la Coordinación General de Puerto y Marina Mercante, y la Dirección General de Puertos, quienes señalaron que, por carecer de registro, el contrato no surtió efecto legal alguno.”
Según Ruiz de Teresa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una tesis que “deja clara la constitucionalidad del registro de los contratos de cesión parcial de derechos y que protege a API Vallarta de eventuales reclamaciones que pudiera hacer Fica”.
Figueroa López replicó: Si no se registró el contrato fue por la deshonestidad del entonces director y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Hugo Cruz Valdez y Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, respectivamente.
Ambos, dijo, tenían conocimiento e intervinieron en las gestiones desde 1991 para realizar los contratos a favor de Fica, ante la SCT, como lo demuestran los oficios y escritos de Puertos Mexicanos, y de Comunicaciones y Transportes que él conserva.
También comenta que cuando fue vocal de Finanzas de Puertos Mexicanos, Francisco Martínez Narváez se enteró del depósito hecho por Fica a banca Serfín –ahora HSBC– por 35 millones de pesos (cheque número 47763254) a favor de la paraestatal con el fin de obtener la concesión.
Con respecto al entonces director general de la API, Jesús Roberto Hernández Camalich, Figueroa López recuerda que el 19 de noviembre de 1997 el funcionario envío un oficio a Cruz Valdez en el que le pedía analizar los documentos relativos a la cesión parcial de derechos a Fica, aunque ahora las autoridades portuarias nieguen que los documentos referidos se encuentran en los archivos de la administración Portuaria Integral.
Lamenta que Ruiz de Teresa no mencione en su escrito los documentos oficiales extraviados para negar que la cesión de derechos a Fica se hizo legalmente y conforme a los lineamientos marcados por la SCT. “Es vergonzoso lo que afirma”, dice.
Decisión suspendida
Con relación a la resolución de la SCJN, Figueroa expresó que la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila “tenía impedimento, como lo solicitamos mediante escrito con fecha de 13 de mayo de 2001, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de conocer el presente juicio de amparo en revisión, ya que ella es hermana de Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, notario público 153 del Distrito Federal, quien atiende los asuntos notariales y asesora a API”.
Prosigue: “Por lo tanto se configura el impedimento para conocer de este juicio de amparo conforme a la fracción I del artículo 66 de la ley de la materia (…) jamás se excusó, y tardó dos años y siete meses en resolver, fue parcial su dictamen”.
El jueves 3, la SCT y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante publicaron en el periódico Mural a dos planas la convocatoria pública API/VAL/01/15, en la que autorizan la construcción de tres proyectos en el recinto portuario de Vallarta: un área para pasajeros, otra de servicios recreativos y culturales, así como una de comercio, servicios y estacionamiento en una superficie de 33 mil metros cuadrados.
Uno de los requisitos para obtener el contrato de cesión parcial de derechos de la concesión por 20 años –prorrogable a una década–, es que las firmas participantes cuenten con un capital mínimo de 10 millones de pesos; si participa en dos concursos, la cantidad aumenta a 15 millones, y si los hace en los tres, es de 20 millones.
El fallo y adjudicación de los proyectos se dará a conocer entre el 29 de febrero y el 8 de abril de 2016.
Proceso Jalisco buscó al secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, quien a través del área de comunicación social informó que no tiene injerencia en el asunto, al tratarse de un juicio que involucra sólo a una dependencia federal.
También este semanario buscó vía telefónica a García Beltrán, quien admitió que hace 20 años el quejoso aspiraba a ser el concesionario de todo el recinto portuario. Dice que incluso hizo el trámite oficial, pero se le negó. Según él, no existe ningún impedimento legal para desarrollar la zona portuaria, y expone:
“Hay un cruce de información, por la antigüedad no tenemos toda la documentación en la API, pero lo que investigamos fue lo siguiente: Hay cierta petición de manera oficial en la que se registra la aspiración de esta empresa por tener la cesión parcial de derechos de prácticamente todo el recinto portuario, lo cual le es negado en la coordinación de Puertos y Marina Mercante que depende de la SCT… pero al negársele, él entra en un proceso de demandas y de judicializar esta aspiración que tiene, y hasta donde tenemos registro ha perdido todas las instancias.
“Nunca tuvo una cesión parcial o algún derecho sobre el recinto portuario. Nunca lo ha tenido. De tal suerte que aquí hay muchos negocios y cesiones parciales de derechos que se han estado llevando a cabo en los últimos 20 años, ninguna ha sido cuestionada ni nada por el estilo. Esta persona, creo, trata de revivir un asunto que está terminado judicialmente.”
García Beltrán dice desconocer si Figueroa López aportó 35 millones de pesos para obtener la concesión. Y asevera: “No hay un registro de esos ingresos”.
La reportera también se comunicó con el notario Sánchez Cordero, quien respondió que él siempre ha sido respetuoso del Poder Judicial Federal: “Jamás en mi vida fui a ver a un ministro, y menos a mi hermana; jamás le pregunté en sus 21 años a la señora ministra (Olga Sánchez Cordero) sobre los asuntos que tenía en su cartera; jamás me enteré de la forma en que ella resolvía (los casos), salvo lo que se publica. No conozco el expediente (de Fica)”, insistió.
Con relación a si fue “asesor” de la API, explicó que el hecho de ser notario no implica ser “asesor”. “Lo único que hago (como notario) es recibir el acto jurídico y… autorizarlo dentro de los términos que establece la ley”.
Puntualizó: “Hace muchísimo tiempo constituí muchas API; es más, no recuerdo si fue la de Puerto Vallarta. No conozco el litigio y no quiero hacerlo”.
